I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CARECER DE LEGITIMACIÓN EL PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR NORMAS QUE NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 306 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA PENAL EN SU INTEGRIDAD, A PESAR DE QUE SÓLO SE MODIFICARON LAS SANCIONES PREVISTAS PARA EL DELITO, PUES COMO ÉSTAS FORMAN PARTE DEL TIPO PENAL, DEBE ESTIMARSE QUE SE TRANSFORMÓ LA INSTITUCIÓN JURÍDICA REGULADA (ARTÍCULO 307 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO). IV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL DE ESTE DERECHO HUMANO. V. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. ALCANCE DE ESTE DERECHO HUMANO. VI. LIBERTAD DE REUNIÓN. ALCANCE DE ESTE DERECHO HUMANO. VII. DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL. ALCANCE DE ESTE DERECHO HUMANO. VIII. PROTESTAS O MANIFESTACIONES PÚBLICAS. LAS NORMAS QUE PENALIZAN EL MERO ACTO DE PARTICIPAR EN ELLAS VULNERAN LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE REUNIÓN Y DE PROTESTA SOCIAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 196 BIS, 299 Y 308 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO). IX. DELITOS DE IMPEDIR O TRATAR DE IMPEDIR EJECUCIÓN DE TRABAJOS U OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS EN EL ESTADO DE TABASCO. SU FINALIDAD A LA LUZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE LES DIO ORIGEN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 196 BIS Y 299 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO). X. DELITOS DE IMPEDIR O TRATAR DE IMPEDIR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS U OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS EN EL ESTADO DE TABASCO. RESTRINGEN DE MANERA INADECUADA, INNECESARIA Y DESPROPORCIONAL LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE REUNIÓN Y DE PROTESTA SOCIAL, PUES PUEDEN APLICARSE INDISCRIMINADAMENTE EN PERJUICIO DE ACTOS DE PROTESTA SOCIAL U OTRO TIPO DE EXPRESIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE DIVERSA NATURALEZA QUE SEAN PACÍFICOS Y RESULTAN, POR ENDE, SOBREINCLUSIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 196 BIS Y 299 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO). XI. DELITO DE INTERRUPCIÓN O DIFICULTAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO. EL QUE SANCIONA LAS CONDUCTAS DE EXTORSIONAR, COACCIONAR, INTENTAR IMPONER O IMPONER CUOTAS E IMPEDIR TOTAL O PARCIALMENTE EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPO ESPECIALIZADO O SIMILAR PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS U OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS, RESTRINGE DE MANERA INADECUADA, INNECESARIA Y DESPROPORCIONAL LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE REUNIÓN Y DE PROTESTA SOCIAL, PUES PUEDE APLICARSE INDISCRIMINADAMENTE EN PERJUICIO DE ACTOS DE PROTESTA SOCIAL U OTRO TIPO DE EXPRESIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE DIVERSA NATURALEZA QUE SEAN PACÍFICOS Y RESULTA, POR ENDE, SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 308 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO). XII. DELITO DE INTERRUPCIÓN O DIFICULTAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO. EL QUE SANCIONA LAS CONDUCTAS DE EXTORSIONAR, COACCIONAR, INTENTAR IMPONER O IMPONER CUOTAS E IMPEDIR TOTAL O PARCIALMENTE EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPO ESPECIALIZADO O SIMILAR PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS U OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE PREDETERMINACIÓN LEGAL DE LAS PENAS, AL CONTEMPLAR DIVERSAS CONDUCTAS EN UN MISMO TIPO QUE SON REPLICADAS EN OTRAS DISPOSICIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 308 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO). XIII. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. XIV. DELITO DE INTERRUPCIÓN O DIFICULTAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO. EL QUE SANCIONA LA CONDUCTA DE DESTRUIR O DAÑAR ALGUNA VÍA LOCAL DE COMUNICACIÓN, ALGÚN MEDIO LOCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS O DE CARGA O CUALQUIER OTRO MEDIO LOCAL DE COMUNICACIÓN, RESPETA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL (ARTÍCULO 307 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO). XV. DELITO DE INTERRUPCIÓN O DIFICULTAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO. EL QUE SANCIONA LA CONDUCTA DE DESTRUIR O DAÑAR ALGUNA VÍA LOCAL DE COMUNICACIÓN, ALGÚN MEDIO LOCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS O DE CARGA O CUALQUIER OTRO MEDIO LOCAL DE COMUNICACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN EN MATERIA PENAL (ARTÍCULO 307 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO). XVI. DELITO DE INTERRUPCIÓN O DIFICULTAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO. EL QUE SANCIONA A QUIEN OBSTACULICE ALGUNA VÍA LOCAL DE COMUNICACIÓN O SECUESTRE O RETENGA ALGÚN MEDIO LOCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS O DE CARGA, O CUALQUIER OTRO MEDIO LOCAL DE COMUNICACIÓN, RESTRINGE INNECESARIA Y DESPROPORCIONALMENTE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE REUNIÓN Y DE PROTESTA SOCIAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO). XVII. DELITO DE INTERRUPCIÓN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 91/2019 Y SUS ACUMULADAS 92/2019 Y 93/2019. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN TABASCO, PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE MARZO DE 2021. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de marzo de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por escritos recibidos el veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pedro Federico Calcáneo Argüelles, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tabasco, José Clemente Castañeda Hoeflich, Jorge Álvarez Máynez, Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, Royfid Torres González, Perla Yadira Escalante Domínguez, Vania Roxana Ávila García y Verónica Delgadillo García, quienes se ostentaron como coordinador, secretario general de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional e integrantes del Partido Político Movimiento Ciudadano y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez del decreto que más adelante se señala, emitido y promulgado por las autoridades que a continuación se precisan.
AUTORIDADES EMISORA Y PROMULGADORA DE LA NORMA IMPUGNADA
A. Congreso del Estado de Tabasco
B. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
NORMAS GENERALES IMPUGNADAS
Los artículos 196, 196 Bis, 299, 306, 307, 308 y 308 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco. Publicados en el Decreto 115 en el Periódico Oficial del Estado del Estado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.
SEGUNDO.—La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tabasco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido Político Movimiento Ciudadano, formularon en síntesis los siguientes conceptos de invalidez.
A. Acción de inconstitucionalidad 91/2019 (Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tabasco)
Primer concepto de invalidez. Vulneración a los derechos de libertad de expresión y reunión, en relación con los artículos 196 Bis, 299, y 308 Bis del Código Penal del Estado de Tabasco.
Los artículos impugnados vulneran los derechos de libertad de expresión y reunión, mediante la criminalización de las conductas, imponiendo de forma arbitraria penas privativas de la libertad para cualquier ciudadano que opte por plantear un reclamo o protesta, aun y cuando sea pacífica, frente a un acto u omisión de las autoridades.
Lo anterior es así, ya que en el artículo 6o. de la Constitución Federal se señala que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.
Por su parte, el derecho de reunión contemplado en el artículo 9o. constitucional establece que no podrá coartarse el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, sin que pueda considerarse ilegal una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta frente a un acto o autoridad.
Atendiendo al principio de interdependencia entre ambos derechos (expresión y asociación), se obtiene que la manifestación social de ideas que implica la expresión de algún reclamo o protesta constituye un ejercicio legítimo de dichas prerrogativas.
Desde luego, el ejercicio del derecho a la manifestación pública no es absoluto, pues acepta algunas limitaciones expresamente contempladas en el texto constitucional cuando en su ejercicio se vulnere la moral, la vida privada, los derechos de terceros, se comentan delitos o se perturbe el orden público.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos al emitir la Observación General 31, estableció que en los casos en que lleguen a aplicarse restricciones a los derechos del Pacto, los Estados deberán demostrar su necesidad y sólo podrán tomar las medidas que guarden proporción con el logro de objetivos legítimos a fin de garantizar una protección permanente y efectiva de los mismos, sin que se permita aplicar o invocar restricciones que menoscaben sus elementos esenciales.
En el mismo sentido, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos en su informe sobre las dificultades encontradas en el desempeño de sus funciones, instó a los Estados a que se abstuvieran de criminalizar actividades pacíficas y legítimas que pudieran restringir los derechos de los defensores, recomendando incluso a México, en dos mil diecisiete, evitar la aprobación de instrumentos legislativos que restrinjan los derechos a la libertad de asociación, reunión y expresión.
Contrario a lo anterior, los preceptos impugnados inhiben la libre expresión de las ideas y la asociación de personas para manifestarse públicamente, al criminalizar con pena de prisión a quienes "por cualquier medio" impidan la realización de trabajos u obras privadas o públicas.
Con la expresión "cualquier medio" se cubre todo acto de impedimento, sin importar que sea legítimo, pacífico o legal, pues el legislador fue omiso en delimitar la norma penal, pudiendo llegar al absurdo de que no se permita a los ciudadanos algún recurso administrativo en contra de la autorización o ejecución de obras, pues de hacerlo se encuadrarían en el supuesto previsto en los numerales 299 y 196 Bis, primer párrafo, pudiendo enfrentar una pena privativa de la libertad de tres a seis años, duplicando tal pena en caso de que se realice por dos o más personas.
Además, es importante destacar, que en el artículo 299 con anterioridad a la reforma, se preveía una sanción de sesenta a ciento ochenta días de semilibertad y actualmente se contempla por la misma conducta una pena de prisión de seis a trece años, lo que claramente criminaliza gravemente cualquier acto de protesta frente a un acto de autoridad.
Por otra parte, el artículo 308 Bis criminaliza a priori a quienes impidan total o parcialmente el libre tránsito de las personas, vehículos o maquinaria en las vías de circulación estatal, inhibiendo así la prerrogativa constitucionalmente adquirida por los ciudadanos cuando opten por manifestarse pública y pacíficamente en lugares de fácil acceso, pues bastaría que impidieran aunque sea parcialmente el libre tránsito de terceros para que puedan ser aprehendidos y enfrentar una pena privativa de libertad de seis a trece años.
Al respecto, cabe agregar que en nada atenúa la criminalización apuntada, la parte inicial del citado artículo "Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito ... en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local...", ya que el legislador sólo trató de crear la apariencia de que la criminalización de la manifestación pública estaba supeditada a la extorsión u obtención de algún beneficio por parte del sujeto activo del delito, lo cual no se refleja en el tipo penal, pues, la redacción es ambigua e imprecisa para señalar la extorsión como finalidad para impedir el libre tránsito; por el contrario, basta con que una protesta social sea realizada por una persona y que se genere afectación a las vías de comunicación para estar en presencia de un criminal sin importar los fines de su reclamo.
Por otro lado, se afirma que con las modificaciones normativas el bien jurídico que se pretende proteger es el "patrimonio" dejando a un lado libertades trascendentales de las personas, reduciéndolas a una actividad delictiva y señalando las manifestaciones como fuente principal de la inseguridad, sin importar la raíz de la protesta social.
Se dice lo anterior porque ninguna de las consideraciones que sirvieron de base para la reforma en cuestión, acreditan los extremos mencionados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que la restricción impuesta a la libertad de asociación o reunión, no persiguen objetivos legítimos como: 1) Protección de la seguridad nacional; 2) la protección del orden público; 3) la protección de la salud pública o la moral; mientras que en lo relativo a la libertad de expresión: 4) el respeto a los derechos o a la reputación de otros que permitirían justificar indubitablemente la necesidad de acudir al derecho penal para regular las libertades referidas, tal como se estimó en el Dictamen 1119/2012 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es innegable que el pleno ejercicio de la democracia implica un alto grado de tolerancia al pluralismo y a la manifestación social pública, siendo uno de sus cauces el uso y/o apropiación temporal del espacio físico público (muchas veces el único, dado el retardo de las autoridades) que tienen las personas para expresarse y dar a conocer de forma eficaz al resto de la población o a las autoridades sus ideas, pensamientos, inconformidades, molestias o reclamos.
Al respecto, en su primer informe temático del año dos mil doce, el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas señaló que para las concentraciones humanas en espacios públicos podría solicitarse un procedimiento de notificación con una antelación máxima de 48 horas al evento. Dicho aviso será con el objeto de que las autoridades faciliten el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y tomen las medidas para proteger la seguridad y el orden público, así como los derechos de los demás, pero nunca para criminalizar tales actos.
Segundo concepto de invalidez. Violación al derecho de huelga como prerrogativa laboral, en relación con los artículos 196 Bis, 299, y 308 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco.
Se vulnera el derecho de huelga como prerrogativa laboral al ampliar las conductas delictivas y tratarse de tipos penales generales, pues se criminalizan las protestas públicas encaminadas a detener las obras públicas o privadas, como ejercicio de derechos laborales.
Para sostener la idea anterior, debe decirse que el derecho de huelga es reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su numeral 8, en el cual los Estados Partes se comprometieron a garantizar el referido derecho, ejercido de conformidad con las leyes de cada país, señalando que nada autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías reconocidas en el referido Convenio o a aplicar leyes que igualmente las disminuyan.
No obstante lo anterior, el legislador local contempló en los numerales 196 Bis y 299, primer párrafo, que sería delito el impedimento para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, realizado "por cualquier medio", lo que implica que la norma penal es amplia y no limita los actos que realmente vulneran el bien jurídico que se intenta proteger, ya que incluso sería factible su aplicación cuando se susciten huelgas o paros laborales, pues en nada importará si se realizan de forma lícita o no, al entrar en esa amplia gama de acciones que se ejecutan "por cualquier medio".
Agrava la inconstitucionalidad detectada el hecho que la norma aumenta la pena cuando el acto se realiza por dos o más personas, por lo que un grupo de trabajadores inconformes, serían criminalizados en el caso que se reúnan para el reclamo de sus derechos y ejecuten la huelga en legítima defensa de sus intereses, toda vez que a pesar de que cumplieran los requisitos para el emplazamiento de huelga, la ley penal combatida no distingue el medio utilizado para el impedimento.
La misma vulneración se genera con el artículo 308 Bis de la norma cuestionada, al establecer que el impedimento al libre tránsito de personas o maquinaria para la realización de trabajos u obras públicas o privadas, en las vías de comunicación de jurisdicción local, será objeto de privación de la libertad.
Esto porque es inconcebible que una protesta social como la huelga cuyo distintivo es hacer valer los derechos laborales, pueda llevarse sin la suspensión de las actividades, como sería el permitir que los trabajos u obras se continúen realizando cuando es precisamente en contra de éstos que se plantea la inconformidad, por lo que el acto legítimo de la huelga se estaría coartando y criminalizando ya que la naturaleza de la huelga es precisamente impedir la realización de los trabajos u obras, ocupando para ello la obstrucción del tránsito de personas, vehículos o maquinaria, misma que puede ser ejercida en cualquier vía de comunicación estatal.
Tercer concepto de invalidez. Vulneración a la legalidad y a la seguridad jurídica por inobservancia de los principios de taxatividad, proporcionalidad de la pena, última ratio legis en materia penal y bien jurídico tutelado, en relación con los artículos 196, 196 Bis, 299, 307, 308 y 308 Bis.
Del párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal se desprende el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, concretamente sobre tres aspectos: reserva de ley en materia penal, el principio de taxatividad y la prohibición de imponer penas por analogía o por simple mayoría de razón.
En ese orden de ideas, en materia penal, es menester establecer que existe una exigencia de racionalidad lingüística, conocida precisamente como principio de taxatividad. Este principio constituye un importante límite al legislador penal en un Estado democrático de derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho.
Este principio brinda la certeza de que el texto penal que contiene una sanción debe describir claramente la conducta que regula y las sanciones penales que se pueden aplicar a quien las realice. Dicho principio tendrá entonces por objeto preservar la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación de la ley penal.
Las características que debe reunir el texto penal es contener una acción (debe ser exterior, empíricamente visible y concreta), un efecto o resultado (un daño tangible) y en la culpabilidad (que debe permitir la adscripción causal de la acción a la persona que la lleva a cabo).
De acuerdo a lo anterior, violan el principio de taxatividad de la ley penal y por ende la legalidad y seguridad jurídica, todas las disposiciones legislativas que sancionen penalmente una conducta vagamente descrita o aquellas que dispusieran de consecuencias jurídicas también indeterminadas.
Respecto de la importancia y los elementos que componen el referido principio ya se ha pronunciado la Corte Interamericana en casos como Fermín Ramírez vs. Guatemala (párrafo 90) y Castillo Petruzzi y otros vs. Perú (párrafo 121).
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis «1a./J. 54/2014 (10a.)», de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.", señaló que es exigible al legislador la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, para lo cual el principio de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinario de la norma.
Sin que pase inadvertido el criterio de la tesis «1a./J. 24/2016 (10a.)», de título y subtítulo: "TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE."
En este sentido, es claro que, en el derecho humano de exacta aplicación de la ley en materia penal, se puede advertir una vertiente consistente en un mandato de "taxatividad", pues los textos que contengan normas sancionadoras deben describir claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a quienes las realicen.
Ahora bien, de un análisis integral de los artículos impugnados es posible advertir que existen diversos términos que podrían considerarse ambiguos, tal como sucede con el artículo 196 en la parte que señala: "obligue por cualquier medio", así como en el artículo 196 Bis, en el que en el primer párrafo refiere textualmente: "Al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas. ..."
El término "por cualquier medio" incluido en ambos preceptos, es por demás general, vago e impreciso, ya que el legislador no distingue el medio de comisión de lo conducta delictiva, no define si el medio utilizado deba ser legal o ilegal, con dolo o sin dolo, únicamente decidió que cualquier conducta o medio utilizado para impedir la ejecución de trabajos u obras será motivo de sanción penal (artículo 196 Bis).
Aunado a lo anterior, el artículo 196 Bis, dirige la norma a cualquier persona, es decir, un ciudadano común, por ende, el tecnicismo utilizado en primer lugar como "facultad legal", es ambiguo y polisémico, dado que por facultad legal puede entenderse una atribución especifica que otorgue la ley o la autoridad, o bien la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Por otro lado, el primer párrafo del artículo 299 en el que el legislador local reitera: "Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas...", también es general, vago e impreciso, aspecto claramente contrario al principio de taxatividad de la ley penal, pues no queda claro si un ciudadano puede cometer un delito por el solo hecho de protestar, ejercer la huelga o interponer un recurso legal en contra de la ejecución de una obra.
Especial atención merece la porción normativa contemplada en los segundos párrafos de los artículos 196 Bis y 299, así como la establecida en los numerales 308 y 308 Bis. En los primeros dos numerales en cita, el legislador estableció que: "Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras. ..."
Tal porción normativa también resulta vaga e imprecisa, ya que refiere una conducta genérica como es el realizar una obstrucción en el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, sin que se establezca con claridad cuál sería la conducta lesiva de derechos que deben evitar los ciudadanos.
La amplitud de los tipos penales en cita, permite que cualquier persona que se sitúe en el espacio físico del personal o la maquinaria para acceder a la obra, sea sujeto de una sanción penal de seis a trece años, o incluso en una mitad más si se realiza por dos o más personas (último párrafo de los artículos 196 Bis y 299). Dicha conducta ambigua no está acompañada de alguna calificativa de dolo que haga necesaria la intervención de la facultad punitiva del Estado.
Lo anterior, no dista mucho de lo que acontece con lo dispuesto en los numerales 308 y 308 Bis, el primero señala con generalidad: "...al que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación: obstaculizando alguna vía local de comunicación...", mientras que el segundo precepto refiere con la misma generalidad: "Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local a que se refiere el artículo 306. ..."
Ante ello, es evidente que el Congreso Local tipificó dos veces una misma conducta como lo es obstruir vías de circulación local, pues el verbo rector se reitera en ambos tipos penales y se dirige al mismo objetivo genérico, sin que se precise el dolo o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado.
Además, en el numeral 308 Bis, se contemplan diversas conductas en un mismo tipo penal y su redacción es notoriamente imprecisa generando un grado de indeterminación tal que provoca en los destinatarios confusión e incertidumbre, pues podría considerarse que cualquier circunstancia que de manera accidental impida total o parcialmente el libre tránsito de personas o vehículos constituirá una transgresión a la ley.
De manera que las expresiones "por cualquier medio" e "impida total o parcialmente el libre tránsito" empleadas por el legislador local generan inseguridad jurídica pues del contenido del capítulo I titulado "Interrupción o Dificultamiento del Servicio Público de Comunicación" no es posible advertir de forma clara y exacta la descripción del tipo penal, pues queda al libre arbitrio de los operadores jurídicos definir cuándo se puede impedir total o parcialmente el libre tránsito de personas.
Por otro lado, se advierte una afectación al principio de proporcionalidad de la pena, pues se trata de medidas lesivas que se pretenden imponer sin justificar si el sujeto activo del delito actuó de forma dolosa, juzgando a priori como delito una conducta genérica e incluso cualquier acto de protesta social sin importar su legitimidad.
Lo anterior es así, pues si bien la exposición de motivos hace referencia a la necesidad de regular conductas delictivas que inciden en la inseguridad pública, destacando la incidencia de la extorsión, lo cierto es que no se justifica el aumento desproporcionado de la pena y su calificación, pues si bien los actos que se regulan afectan el patrimonio de las personas e inciden en el desarrollo económico de la comunidad, no pueden compararse por ejemplo con la gravedad del delito de abuso sexual que sin calificativas es sancionado con 2 a 6 años de prisión.
Así, el legislador local empleó penas desproporcionadas tomando en cuenta los bienes jurídicos tutelados, pues resulta inconcebible que se hayan contemplado las mismas o mayores penas que las correspondientes a delitos que regulan la afectación a bienes jurídicos trascendentales como la vida, integridad personal, libertad sexual y libertad personal, por mencionar algunos. Además, cuando ciertas acciones son realizadas por más de una persona o se exijan dádivas, la pena aumentará al doble, lo que también resulta abiertamente desproporcional.
Por último, se advierte una vulneración del principio de última ratio legis, pues debe tenerse presente que la ley penal debe ser la última medida para regular la conducta de los individuos y no el primer recurso del Estado para combatir aquellas que pueden afectar derechos de terceros.
Lo anterior es así ya que el legislador local, acudió prima ratio al derecho penal para criminalizar dos nuevas conductas –artículos 196 Bis y 308 Bis, así como en el segundo párrafo del artículo 299–, desde la motivación no se hace referencia a estrategias menos lesivas en otras ramas del derecho para la regulación de esas conductas, sino que las conductas se tipifican como estrategia de carácter económico para asegurar la inversión privada, disminuir el desempleo e incentivar el crecimiento económico, situaciones que no guardan relación estrecha con la inclusión de nuevos tipos penales.
Así también acudió prima ratio al derecho penal al elevar las penas en el numeral 299, llevándolo de semilibertad de 60 a 180 días, a privación de la libertad de 6 a 13 años, sin que se haya justificado el no acudir a otra materia del derecho menos lesiva, haciendo un uso desproporcionado del derecho penal.
Cuarto concepto de invalidez. Vulneración a la legalidad y seguridad jurídica por inobservancia del principio de progresividad, en relación con los artículos 196, 196 Bis, 299, 307, 308 y 308 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco.
Las normas impugnadas resultan contrarias al principio de progresividad por recurrir a la forma más lesiva para inhibir la conducta de los particulares, limitando derechos previamente adquiridos y reconocidos por la Constitución Federal e imponiendo mayores restricciones que las contempladas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado forma parte.
Lo anterior es así, pues el legislador local estaba obligado a proteger el ejercicio de reuniones ciudadanas pacíficas; velar por que la libre manifestación de las ideas siga ejerciéndose como medio de participación directa de los ciudadanos; procurar la salvaguarda del derecho a la huelga como parte de la defensa de los intereses de los trabajadores y patrones frente a la ejecución de trabajos u obras; y preservar los principios que en materia penal deben observarse para respetar la legalidad y seguridad jurídica; sin embargo, tales obligaciones se inobservan en la norma impugnada.
Al respecto, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los derechos humanos no son absolutos, pudiendo ser restringidos, pero siempre en respeto al principio pro persona y de progresividad, siendo innegable que la libertad concedida será la regla y la restricción su excepción.
Las restricciones sólo serán válidas si están previstas en ley y sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, seguridad pública, el orden público, la protección de la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
Para tales efectos, el legislador local debió realizar un escrutinio de proporcionalidad, compuesto por la identificación de un fin legítimo y la idoneidad, necesidad y en stricto sensu la proporcionalidad de la medida normativa para restringir el derecho o libertad sobre el cual se legislaba.
Al respecto, cabe decir que los derechos humanos, como los vulnerados en el caso que se expone, implican gradualidad y progreso. El progreso en este caso implica que lo alcanzado por el texto constitucional federal no debe restringir ningún derecho humano, sino en todo caso mejorarse, es decir, promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, lo cual no hace la reforma que ahora se combate.
La gradualidad implica que las prerrogativas establecidas a favor de las personas les sean asequibles plenamente para su ejecución, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que los derechos humanos adquieran plena vigencia a través de las herramientas idóneas que el Estado proporcione para su aplicación, lo que desde luego no propicia la reforma combatida, ya que no sólo no instrumenta algún medio o plan estratégico para el ejercicio de los derechos humanos anunciados en los conceptos de invalidez previos, sino que realiza una restricción a aquéllos sin hacer el análisis respectivo.
B. Acción de inconstitucionalidad 92/2019 (Partido Político Movimiento Ciudadano)
El partido político Movimiento Ciudadano manifiesta en primer lugar que se encuentra legitimado para promover la acción de inconstitucionalidad, pues si bien es cierto que la materia electoral comprende cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos electorales, también lo es que deben ser considerados como materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que influyan en los mismos.
En el caso concreto, la norma impugnada utiliza la expresión "asociación de individuos" a la que se le otorga la calificativa de extorsión, lo que de alguna manera busca disuadir y castigar el ejercicio de derechos políticos.
En el mismo sentido, dada la redacción de la norma que se impugna, su aplicación podría restringir el derecho de expresión y de asociación, pues como determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia 29/2002, ambos derechos están dotados de carácter electoral toda vez que tienen como principal fundamento promover la democracia representativa.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha redimensionado el artículo 105 de la Constitución Federal, pues dado el reconocimiento de los derechos políticos como derechos humanos, es necesario una redimensión de la materia electoral y de la acción de inconstitucionalidad, ya que ahora se trata de derechos que deben tutelarse por cualquier instrumento posible por autoridad que resulte competente.
La legitimación de los partidos políticos para actuar en su defensa tiene sustento en la calidad que tienen los mismos de actuar como garantes de la participación en la vida democrática y por las obligaciones emanadas del artículo 1o. constitucional.
Existen precedentes de la Suprema Corte en los que se ha reconocido la tutela de derechos políticos en ordenamientos diversos a los electorales, tal fue el caso del recurso de reclamación en controversia constitucional 12/2018, en el que se adujo que podía llegar a existir una conexión indirecta de la Ley de Seguridad Interior con los derechos político–electorales, razón por la cual se revocó el acuerdo por el que se había desechado la demanda de la acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano en relación con la referida ley.
Si bien con posterioridad la mayoría del Tribunal Pleno determinó sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, se considera que sería buena oportunidad para redefinir aquellos asuntos que pueden tener una incidencia significativa en los derechos políticos.
En su primer concepto de invalidez, el partido político Movimiento Ciudadano argumenta que existió violación al principio de legalidad por una indebida fundamentación y motivación ya que la reforma se sustentó en un dictamen en el que no se señalaron las facultades del Congreso Local para legislar en materia de seguridad pública y de administración de justicia, además de que no se analizaron posibles afe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29875-74d3d7ea/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-carecer-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [AR (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EXTORSIÓN. LA AGRAVANTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 204 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA. (XVII.2o.8 P (10a.))
- POLÍTICA CRIMINAL. AL SER UNA FACULTAD PROPIA DEL PODER LEGISLATIVO DISEÑAR SU RUMBO, NO PUEDE TOMARSE EN CUENTA POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA IMPONER MEDIDAS CAUTELARES PREVIS (VI.2o.P. J/1 (10a.))
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN (45)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN (P./J. 104/2008)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis