I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LEY ELECTORAL, TODAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) (CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LEY ELECTORAL, TODAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (INVALIDEZ DE LOS DECRETOS NO. LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E. Y LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E., PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). IV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE QUE LAS MEDIDAS IMPUGNADAS PUDIERAN BENEFICIAR EN ALGÚN GRADO A ESTE SECTOR POBLACIONAL, SI SON SUSCEPTIBLES DE AFECTARLES DIRECTAMENTE (INVALIDEZ DE LOS DECRETOS NO. LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O. Y LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E., PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN MANDATO CONVENCIONAL EN LA ELABORACIÓN DE LEYES Y OTROS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONDICIÓN DE AQUÉLLAS (INVALIDEZ DEL DECRETO NO. LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO TOMANDO EN CUENTA LAS INICIATIVAS DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANA A.C. Y DE LA REGIDORA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA MUJER, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA NO EXIME DE REALIZAR ÉSTA, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NO. LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LAS DISPOSICIONES QUE COMPARTEN LOS VICIOS ADVERTIDOS EN LAS NORMAS INVALIDADAS, AUN CUANDO NO FUERAN IMPUGNADAS (INVALIDEZ DEL DECRETO NO. LXVI/DRFCT/0688/2020 I D.P., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE UNA FECHA DETERMINADA (INVALIDEZ DE LOS DECRETOS NO. LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E. Y LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E. Y, POR EXTENSIÓN, LA DEL DECRETO NO. LXVI/DRFCT/0688/2020 I D.P., PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, A LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LOS RESOLUTIVOS DE LA PRESENTE SENTENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A UN CONGRESO LOCAL A REALIZAR LA CONSULTA INDÍGENA, AFROMEXICANA Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO A EMITIR LA REGULACIÓN APLICABLE (VINCULACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA QUE SUBSANE EL VICIO DE INVALIDEZ DE LOS DECRETOS NO. LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E., LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E. Y LXVI/DRFCT/0688/2020 I D.P., PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, CONSISTENTE EN REALIZAR LA CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LOS RESOLUTIVOS DE LA PRESENTE SENTENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 201/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al diez de noviembre de dos mil veinte, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 201/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra los Decretos No. LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E. y LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E., publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el cuatro de marzo de dos mil veinte, por medio de los cuales se reformó la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley Electoral, todas del Estado de Chihuahua.
I. Antecedentes
1. Aprobación y publicación de las normas generales impugnadas. El diez de diciembre de dos mil diecinueve la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el Decreto No. LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O., por medio del cual se reformó el artículo 9, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua (en lo sucesivo "Constitución de Chihuahua" o "Constitución Estatal"), y lo remitió para su aprobación a los sesenta y siete Municipios que integran la entidad federativa. El decreto aprobado disponía, en esencia, el establecimiento de instancias especializadas para asistir a los pueblos indígenas con personas traductoras, intérpretes y defensoras con conocimiento de su cultura.
2. Ese mismo día el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el Decreto No. LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O., por medio del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley Electoral, todas del Estado de Chihuahua. Estas modificaciones implementaban a nivel legal, mediante nuevas obligaciones e instancias especializadas, la asistencia de traductores, intérpretes y defensores a los pueblos y comunidades indígenas en distintos procedimientos judiciales y administrativos.
3. El treinta de enero de dos mil veinte el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el Decreto No. LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E., por medio del cual se adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Las adiciones instauraban un Centro de Personas Traductoras e Intérpretes como órgano auxiliar del Poder Judicial del Estado para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas con discapacidad y a los pueblos y comunidades indígenas.
4. El mismo día, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el Decreto No. LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E., por medio del cual se adicionó un párrafo tercero al artículo 18 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua. La adición obligaba a las autoridades estatales a informar a los pueblos y comunidades indígenas en su lengua materna diversas cuestiones relacionadas con la salud.
5. El cuatro de febrero siguiente la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua expidió el Decreto No. LXVI/DRFCT/0688/2020 I D.P., por medio del cual se declararon aprobadas las reformas al artículo 9o. de la Constitución Estatal (véase supra párr. 1) y se remitieron al titular del Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
6. El cuatro de marzo de dos mil veinte los cinco decretos recién referidos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.(1)
7. Presentación de la demanda, trámite y admisión. El tres de agosto de dos mil veinte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de quien se ostentó como su presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Decretos No. LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E. y LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E. (supra párrs. 1, 2, 3 y 4, respectivamente).(2) Adujo, por un lado, que tales instrumentos legislativos eran contrarios al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "Constitución Federal"), así como a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (en lo sucesivo "Convenio 169 de la OIT"), porque las modificaciones que decretaban no habían sido sometidas a consulta con los pueblos y comunidades indígenas de esa entidad federativa.(3) Por otro lado, la Comisión accionante alegó que el Decreto No. LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E. (supra párr. 3) vulneraba, además, el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues las adiciones que aquél contemplaba no habían sido consultadas con las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua.(4)
8. El diez de agosto siguiente el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente respectivo, registrarlo con el número 201/2020 y turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.(5)
9. El diecisiete de agosto de dos mil veinte el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Chihuahua para que rindieran sus informes dentro del plazo de seis días naturales a partir de la notificación del acuerdo y les requirió para que con ellos enviaran, respectivamente, copia certificada de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados y el ejemplar del Periódico Oficial de la entidad federativa en que constara su publicación. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que hasta antes del cierre de la instrucción hicieran las manifestaciones que les correspondieran. Finalmente, el Ministro instructor solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión respecto de la acción de inconstitucionalidad y requirió al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para que informara cuándo daba inicio el próximo proceso electoral en la entidad.(6)
10. Rendición de informe del Poder Ejecutivo. El uno de septiembre de dos mil veinte el Poder Ejecutivo de Chihuahua, a través del director general de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado, rindió su informe en el sentido de sostener la validez de los decretos impugnados y remitió el ejemplar del Periódico Oficial de la entidad federativa que le había sido requerido.(7)
11. Desahogo de requerimientos por las autoridades electorales. Ese mismo día, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua informó que el próximo proceso electoral en la entidad federativa daría inicio el primero de octubre de dos mil veinte.(8) Por su parte, el siete de septiembre siguiente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió su opinión sobre la acción de inconstitucionalidad. Por un lado, señaló que no podía emitir juicio alguno en relación con los decretos que reformaban la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, todas del Estado de Chihuahua, toda vez que las reformas no se encontraban relacionadas con la materia electoral ni requerían, por tanto, de una opinión especializada. En relación con el Decreto No. LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O. (supra párr. 2), en cambio, la Sala Superior se pronunció por la inconstitucionalidad del instrumento. Estimó que, al expedirse dicho decreto, se había incumplido la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad federativa sobre medidas y acciones que afectaran sus derechos e intereses.(9)
12. Presentación extemporánea del informe del Poder Legislativo. El nueve de septiembre de dos mil veinte el Poder Legislativo de Chihuahua, a través del titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado, remitió un escrito con su informe.(10) Sin embargo, dado que su presentación había excedido el plazo de seis días naturales otorgado para tal efecto a dicha autoridad en el acuerdo admisorio (supra párr. 9), el Ministro instructor determinó que la promoción era extemporánea.(11)
13. Alegatos. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte el Ministro instructor puso los autos a vista de las partes para que en el plazo de dos días naturales a partir de que les fuera notificado el acuerdo formularan por escrito sus alegatos.(12) El uno de octubre siguiente se recibieron los escritos de alegatos presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Legislativo de Chihuahua.(13)
14. Manifestaciones del fiscal general de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En el presente asunto no realizaron manifestación alguna.
15. Cierre de instrucción. El siete de octubre de dos mil veinte el Ministro instructor consideró que el expediente estaba debidamente integrado y cerró la instrucción para el efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.(14)
II. Requisitos procesales
16. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(15) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "ley reglamentaria")(16) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(17) toda vez que la promovente plantea la posible contradicción entre diversas disposiciones de carácter general de una entidad federativa y la Constitución Federal, el Convenio 169 de la OIT y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
17. Oportunidad. De acuerdo con el artículo 60 de la ley reglamentaria(18) el plazo para ejercer una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que la norma general impugnada sea publicada en el medio oficial correspondiente, pero si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. Como es bien sabido, en atención a las circunstancias extraordinarias provocadas por la pandemia del virus SARS-CoV2 COVID-19, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte aprobó los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020. A través de dichos instrumentos se declararon inhábiles los días comprendidos entre el dieciocho de marzo y el dos de agosto de dos mil veinte. Si todos los decretos impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el cuatro de marzo de dos mil veinte y la demanda fue presentada el tres de agosto de ese mismo año –es decir, el primer día hábil siguiente al del vencimiento del plazo previsto en la ley reglamentaria, que fue inhábil por acuerdo del Tribunal Pleno–, entonces, es evidente que la promoción de la presente acción es oportuna.
18. Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(19) dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, en términos de los artículos 11 y 59 de la ley reglamentaria,(20) dicho órgano debe comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario quien comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. En el presente asunto se surten tales supuestos, pues la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien cuenta con facultades de representación del organismo, en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(21) La funcionaria acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo del Senado de la República por medio del cual se le designó como presidenta de dicha Comisión por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.(22)
III. Causas de improcedencia
19. En el presente asunto no se invocaron causas de improcedencia ni el Tribunal Pleno advierte de oficio la actualización de alguna otra que llevara a decretar el sobreseimiento de la acción.
IV. Estudio de fondo
20. Decretos impugnados. Por cuestión de método y claridad en la exposición, dado que no todos los decretos impugnados se controvierten exactamente por las mismas razones, a continuación se describe sintéticamente el contenido de cada uno de ellos:
A. El Decreto No. LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O.(23) reformó el artículo 9o., párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.(24) Por un lado, se introdujo lenguaje incluyente respecto de la obligación para el Estado de asistir en todo tiempo a los pueblos indígenas y las personas que los componen con "personas traductoras, intérpretes y defensoras" con dominio de su lengua, conocimiento de su cultura y del derecho indígena. Por otro lado, se agregó al texto constitucional local una precisión en el sentido de que para cumplir con esta obligación "(se establecerán) las instancias especializadas correspondientes".(25)
B. El Decreto No. LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O.(26) modificó cuatro ordenamientos legales distintos:
1. En primer lugar, este instrumento adicionó un segundo párrafo al artículo 35 y reformó la fracción XI del artículo 35 Quáter, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.(27) Se introdujo, por una parte, una nueva obligación para la Fiscalía General del Estado, a fin de dar cumplimiento al derecho de acceso a la justicia de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Concretamente, la fiscalía ahora debe garantizar que aquéllos cuenten con la asistencia de personas traductoras e intérpretes, debidamente certificadas, en toda actuación que les involucre, estableciendo para ello las previsiones necesarias y, de resultar indispensable, la celebración de convenios de colaboración o coordinación con las instituciones competentes (artículo 35). Por otra parte, se incrementaron las atribuciones legales de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas para celebrar convenios en materia de capacitación en materia de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas. Mientras que ahora también se incluyen el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura del Estado como posibles contrapartes de tales convenios, pues anteriormente sólo se mencionaba al Poder Judicial del Estado y al Consejo de la Judicatura Federal, los destinatarios de la capacitación ya no serán sólo quienes formen parte de la Defensoría Pública, sino también las personas traductoras e intérpretes que integren la instancia especializada correspondiente (artículo 35 Quáter, fracción XI).
2. En segundo lugar, el decreto impugnado adicionó una sección sexta al título tercero, capítulo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua vigente al momento de la aprobación de este instrumento por el Congreso Estatal.(28) Dicha sección –integrada por los artículos 151 Bis, 151 Ter y 151 Quáter de la ley–(29) establece un "Centro de Personas Traductoras e Intérpretes" como órgano auxiliar del Poder Judicial, con autonomía técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de sus actividades sustantivas. Se dispone que el objetivo del centro es proveer lo necesario en materia de traducción e interpretación, a fin de que las instituciones de procuración, impartición y administración de justicia puedan garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas, pueblos y comunidades indígenas, así como apoyar a los Poderes Estatales y demás autoridades de la entidad federativa, a fin de que los actos cuya emisión tenga consecuencias jurídicas para ellos se desarrollen con la asistencia de personas defensoras, traductoras o intérpretes debidamente certificadas (artículo 151 Bis). También se dispone que el centro dependerá del Consejo de la Judicatura del Estado y que se establecerán centros regionales en los distritos judiciales que lo requieran, previo cumplimiento del procedimiento previsto para tal efecto en la ley (artículo 151 Ter). Finalmente, se dispone que el centro ejercerá sus atribuciones a través de la estructura orgánica que determine el consejo y que contará con el número necesario de personas traductoras e intérpretes que requiera cada distrito judicial (artículo 151 Quáter).
3. En tercer lugar, el decreto impugnado adicionó un tercer párrafo al artículo 11 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua.(30) La nueva disposición prevé que se determinará anualmente la partida presupuestal que permita al órgano especializado en personas traductoras e intérpretes cumplir con las funciones que la ley le señala.
4. Por último, el decreto impugnado adicionó un segundo párrafo al artículo 272 i, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.(31) Éste dispone que cuando el órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en ejercicio de sus atribuciones vincule a particulares, lo cual, en términos del régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, puede suceder por faltas graves, y dichos particulares se autoadscriban como personas indígenas, el referido órgano interno de control debe garantizar que aquéllos cuenten con la asistencia de persona defensora, traductora o intérprete, según corresponda. También se prevé que, tratándose de las dos últimas, el citado órgano podrá recurrir al apoyo del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
C. El Decreto No. LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E.(32) adicionó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua que entró en vigor el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve.(33)
1. En primer lugar, se agregó un inciso i) a la fracción II del artículo 16 de la ley.(34) Allí se dispone simplemente que el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes representa un área auxiliar de la función administrativa del Poder Judicial del Estado.
2. En segundo lugar, el decreto adicionó una sección novena al capítulo segundo del título tercero de la ley. En términos muy similares a como se había hecho para la anterior ley orgánica en el ya referido Decreto No. LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O. (véase supra B.2), la nueva sección –integrada por los artículos 177 Bis, 177 Ter y 177 Quáter–(35) establece un "Centro de Personas Traductoras e Intérpretes" como órgano auxiliar del Poder Judicial, con autonomía técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de sus actividades sustantivas (artículo 177 Bis, párr. primero). Dispone que el objetivo del centro es proveer lo necesario en materia de traducción e interpretación, a fin de que las instituciones de procuración, impartición y administración de justicia puedan garantizar el derecho de acceso a la justicia a personas con discapacidad, particularmente visual, auditiva o del habla, así como a los pueblos y comunidades indígenas, y que para tal efecto contará con personal especializado en lengua de señas mexicana, en la emisión de documentos en sistema de escritura braille, en lenguas indígenas y demás ayudas técnicas y humanas necesarias para la comunicación (artículo 177 Bis, párrafo segundo). También prevé que el centro apoyará a los Poderes Estatales y demás autoridades de la entidad federativa a fin de que los actos cuya emisión tenga consecuencias jurídicas para las personas con discapacidad visual, auditiva o del habla, así como para los pueblos y comunidades indígenas, se desarrollen con la asistencia de personas traductoras o intérpretes debidamente certificadas (artículo 177 Bis, párrafo tercero). Asimismo, dispone que el centro dependerá del Consejo de la Judicatura del Estado y se establecerán centros regionales en los distritos judiciales que así lo requieran, previo cumplimiento del procedimiento previsto para tal efecto en la ley (artículo 177 Ter). Finalmente, se establece que el centro ejercerá sus atribuciones a través de la estructura orgánica que el consejo determine y contará con el número necesario de personas traductoras e intérpretes que requiera cada distrito judicial (artículo 177 Quáter).
3. En tercer lugar, el artículo tercero transitorio del decreto impugnado derogó el artículo segundo del recién referido Decreto No. LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O. (véase supra B.2) y, por consiguiente, la adición de los artículos 151 Bis, 151 Ter y 151 Quáter a la ley anterior.(36)
D. Por último, el Decreto No. LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E.(37) adicionó un párrafo tercero al artículo 18 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua.(38) En dicho precepto legal ahora se dispone que la información que se difunda en las campañas de salud, tratamientos médicos o quirúrgicos a los pacientes, incluidas las autorizaciones para recibir éstos, deberá traducirse a la lengua materna de acuerdo al pueblo indígena de que se trate.
21. Conceptos de invalidez.(39) Como ya se anticipó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aduce que los decretos impugnados son inconstitucionales, porque las autoridades responsables omitieron llevar a cabo los respectivos procedimientos de consulta que el parámetro de regularidad constitucional requiere para expedir normas con ese contenido.
22. Por una parte, señala que todos los decretos impugnados vulneran el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Chihuahua reconocido en el artículo 2o. de la Constitución Federal,(40) así como en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT,(41) pues introducen modificaciones legislativas que impactan significativamente los intereses de las comunidades originarias de esa entidad federativa sin que se hubiera llevado a cabo un procedimiento para consultarlas al respecto. Explica que como las reformas versaban sobre la garantía para dichos grupos de contar con (i) asistencia de traductores e intérpretes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos de los que sean parte y (ii) la traducción a su lengua materna de información en materia de salud, aquéllas impactaban sustancialmente en la regulación y el reconocimiento de sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la salud. Afirma, por ende, que para expedir tales normas el Estado de Chihuahua tenía la obligación de consultar a dichos grupos sociales de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Aduce que si bien pudiera afirmarse que las reformas impugnadas son benéficas para las personas que se autoadscriben como indígenas, no puede soslayarse que a nivel convencional dicho sector social cuenta con el derecho a ser consultado precisamente para que ellos definan si las medidas legislativas les resultan benéficas o no. Al no haberse llevado a cabo una consulta indígena, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales en la materia, concluye la accionante, debe declararse la invalidez de los cuatro decretos impugnados en su totalidad.(42)
23. Por otra parte, la Comisión promovente aduce que el Decreto No. LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E. (supra C) también vulnera el derecho a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad previsto en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(43) (en lo sucesivo "la Convención"), pues al expedir dicho instrumento legislativo las autoridades responsables omitieron llevar a cabo una consulta previa a las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. Sostiene que, conforme a la interpretación de este artículo de la Convención por la Suprema Corte y por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Observación General No. 7, las autoridades de Chihuahua estaban obligadas a llevar a cabo una consulta sobre toda medida legislativa que pudiera afectar directa o indirectamente a las personas con discapacidad. Explica que, al establecerse un Centro de Personas Intérpretes y Traductoras enfocado en asistir a estas personas se adoptaron decisiones que guardan relación directa con distintos derechos tutelados por la referida Convención, como son los principios generales de autonomía e independencia, la igualdad ante la ley y el derecho a la participación. Pese a lo benéfica que pudiera resultar la existencia del centro, concluye la Comisión accionante, la falta de consulta de su creación con las personas con discapacidad lo torna inválido, pues en la medida que tal consulta no es optativa, su omisión constituye un vicio formal con efecto invalidante en el proceso legislativo.(44)
24. Informe de la autoridad responsable.(45) Por su parte, el Poder Ejecutivo de Chihuahua sostiene que los conceptos de invalidez son infundados.
25. En relación con el argumento relativo a la omisión de consultar a las personas, pueblos y comunidades indígenas para expedir los decretos controvertidos, la autoridad sostiene que no se vulnera el derecho a la consulta de estos grupos, pues del contenido de las porciones impugnadas se desprende que la finalidad del legislador fue solamente fortalecer los medios de los integrantes de las comunidades indígenas para acceder a los procedimientos de acceso de justicia y salud, garantizando, a través de la información en su lengua y del personal capacitado en su cultura, los principios de no discriminación reconocidos en el artículo 4o. de la Constitución Federal. Señala que, lejos de afectarlos, el contenido de las normas impugnadas sólo fortalece y abona a los derechos de los cuales ya son titulares las personas y comunidades indígenas. Afirma que no toda medida legislativa o administrativa que implique algo relacionado con las comunidades y pueblos indígenas da lugar al ejercicio de una consulta previa, sino sólo en aquellos casos en que se presente una posible afectación directa de sus derechos e intereses. Considera que se debe consultar a dicho grupo únicamente en aquellas situaciones en que el acto les genere un impacto significativo y que afecte sus condiciones de vida y el entorno en el que se desarrollan conforme al artículo 3, fracción VI, de la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.(46)
26. Por otra parte, en relación con los conceptos relativos a la omisión de realizar una consulta a las personas con discapacidad para expedir el Decreto No. LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E., el Ejecutivo Local señala que ello no vulnera el artículo 4.3 de la Convención, porque en este caso no había obligación de consultarlas. Sostiene que mediante dicho instrumento el Gobierno Local buscó incluir en los ordenamientos aplicables el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes para ayudar a que las personas con discapacidad –particularmente con discapacidades visuales, auditivas o del habla– pudieran ejercer adecuadamente su derecho de acceso a la justicia, mismo que el Estado ya se encontraba obligado a garantizar, razón por la cual, estima que la consulta no era necesaria. Explica que la finalidad de la reforma era que este grupo social tuviera una mejor calidad de vida en inclusión en la sociedad. Afirma que la comisión dictaminadora de la iniciativa presentada en el Congreso de Chihuahua hizo suya la solicitud de incorporar a las personas con discapacidad en relación con el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes presentada por el director del Instituto Chihuahuense de la Lengua de Señas Mexicana A.C. y por la regidora y presidenta de la Comisión de la Mujer, Familia y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Chihuahua. Consecuentemente, concluye que la reforma cuestionada es acorde con los artículos 4.3 y 13 de la Convención, 29 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y 51 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua.(47)
27. Cuestiones jurídicas por resolver. Como puede observarse, al abordar los planteamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su informe, el Poder Ejecutivo de Chihuahua reconoce que, efectivamente, no se llevó a cabo algún tipo de consulta para expedir los decretos impugnados, pues considera que en ninguno de los casos esto era necesario. Al estar fuera de duda que las autoridades del Estado de Chihuahua omitieron realizar dichos procesos consultivos, en el presente asunto la validez constitucional de los decretos impugnados depende básicamente de la respuesta que esta Suprema Corte dé a las dos siguientes preguntas:
1. ¿Existía obligación de llevar a cabo una consulta a los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Chihuahua para expedir los decretos impugnados?
2. ¿Existía obligación de llevar a cabo una consulta a las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua para expedir el Decreto No. LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E.?
28. A continuación, se aborda cada una de estas cuestiones:
1. ¿Existía obligación de llevar a cabo una consulta a los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Chihuahua para expedir los decret
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29890-9ddbf8cf/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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