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Modo: Corpus Pro

AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI) TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O RETENCIÓN DE PAGO DE UNA PENSIÓN O JUBILACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. · Registro digital (IUS): 29939
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-07-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Pág. 1803.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, BLANCA EVELIA PARRA MEZA, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, SUSANA MAGDALENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO, ALEJANDRO GRACIA GÓMEZ, ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO Y MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA. PONENTE: ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Quinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Quinto de este Décimo Quinto Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 227, fracción III, de la Ley de Amparo y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se formuló por el Magistrado Adán Gilberto Villarreal Castro, presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios, se precisa que el tema de la contradicción expresado en la denuncia no vincula a este Pleno de Circuito a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, ya que por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, al resolverla se puede acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis, con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de sus integrantes.

Apoya lo expuesto, la tesis 2a. V/2016 (10a.),(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."

Bajo tal marco normativo, es necesario reseñar brevemente y en lo conducente, las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 187/2019, sostuvo, en esencia, lo siguiente:

• Relató que se recurrió un acuerdo dictado en un juicio de amparo indirecto, del que indicó que los quejosos reclamaron diversos actos a diversas autoridades (entre ellas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California [ISSSTECALI]), de entre los que destacó la determinación de carácter administrativo de la que deriva la modificación, cancelación, retención o retraso en el pago de su pensión y su ejecución, la cual refirieron desconocer.

• Agregó que el Juez de Distrito determinó desechar la demanda de amparo, al estimar que respecto a la omisión y retraso a pagar en tiempo y forma la pensión correspondiente al mes de julio de dos mil diecinueve, se actualizaba de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos de los actos reclamados.

• Decisión que apoyó en la circunstancia de que, al aclarar la demanda de amparo, los quejosos manifestaron que reclamaban la determinación consistente en modificar, cancelar, retener o retrasar el pago de la nómina de pensiones y jubilaciones, así como que ya se les había efectuado el pago del mes de julio de dos mil diecinueve, por lo cual concluyó que la omisión y retraso cesó en sus efectos.

• Enseguida, declaró fundado el segmento de los agravios expresados en el que los recurrentes invocaron el criterio jurisprudencial de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."

• Después explicó lo que se debe entender por motivo manifiesto e indudable de improcedencia para efectos del desechamiento de una demanda de amparo indirecto, previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, para concluir que en el caso no se actualizó de esa manera la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito.

• Agregó que fue así, dado que los quejosos plantearon un contexto que aseguraron revela un retraso continuo en el pago de su pensión, con la finalidad de acreditar la inminencia de los actos que reclamaron; cuestiones que no pueden analizarse en el auto inicial del juicio, dado que ello es propio de la sentencia constitucional que se dicte, luego de que se recaben los informes justificados de las autoridades responsables, se valoren las pruebas de las partes y se atienda el contexto en que se planteó la violación de derechos fundamentales.

• Seguidamente, el Tribunal Colegiado de Circuito acotó que el auto de inicio no es el momento procesal para determinar si los actos omisivos derivan o no de las órdenes o determinaciones emitidas por las autoridades señaladas como responsables.

• Posteriormente, declaró fundado el recurso de queja y ordenó al Juez de amparo pronunciarse de nueva cuenta sobre la admisión de la demanda, prescindiendo de las consideraciones analizadas. Finalmente indicó que era innecesario el estudio de los demás agravios.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el recurso de queja 210/2019, cuyos pormenores son los siguientes:

• Se recurrió un auto emitido por un Juez de Distrito que desechó la demanda de amparo indirecto con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), no tiene el carácter de autoridad al actuar como asegurador, así como por el hecho de que el acto reclamado se encontraba consumado al momento de la presentación de la demanda de amparo indirecto.

• Indicó que era fundado el agravio en el que los quejosos recurrentes adujeron que al no existir causa indudable y manifiesta de improcedencia, debió admitirse la demanda de amparo; además, que el auto inicial no era el momento procesal oportuno para efectuar un análisis de fondo, y que el estudio realizado por el juzgador involucró esa cuestión.

• Luego de realizar un análisis de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en torno a la posibilidad de desechar una demanda de amparo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y los pormenores del caso, concluyó que la improcedencia que invocó el a quo para desechar de plano la demanda no tenía esa característica (ser manifiesta e indudable).

• Lo anterior, bajo el argumento de que hasta esa etapa no era evidente, claro y fehaciente, que los actos reclamados no constituyeran actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ni que fuesen futuros e inciertos, puesto que se requería hacer un análisis exhaustivo al respecto, cuyo estudio es propio de la sentencia definitiva.

• Finalmente, declaró fundado el recurso de queja al efecto de que se dejara insubsistente el proveído recurrido y el Juez de Distrito proveyera nuevamente sobre la admisión de la demanda, absteniéndose de reiterar las consideraciones que se declararon inexactas.

El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el recurso de queja 176/2019, en lo que interesa, señaló lo siguiente:

• Destacó que del análisis integral de la demanda de amparo indirecto de origen, advertía que el acto que se reclamó al ISSSTECALI consistió en: la orden o determinación administrativa de paralizar, suspender, ajustar, modificar o retener el pago ordinario del monto de su pensión, incrementos, aguinaldos o cualquier otra prestación que les corresponda en su carácter de pensionados y/o jubilados, al no hacerse el pago en tiempo y forma en los plazos legales, así como el pago extemporáneo de la pensión o jubilación correspondiente al mes de julio de dos mil diecinueve y subsecuentes, y las consecuencias de su ejecución.

• Precisó que en el auto impugnado en el recurso de queja, se desechó de plano la demanda al considerar que el acto reclamado no era atribuible a una autoridad, causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo.

• Luego de resumir los agravios expresados, los calificó fundados, suplidos en su deficiencia en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo.

• Seguidamente, citó lo estatuido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, inherente a que cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia procede desechar de plano la demanda de amparo.

• Indicó que conforme a la litis del asunto debía, en principio, dilucidarse si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), emite actos de autoridad cuando actúa como ente asegurador.

• Luego, consideró que la Junta Directiva y el director del mencionado instituto sí emitieron un acto de autoridad, al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 5o., fracción II, primer párrafo, de «la» Ley de Amparo, al determinar de manera unilateral, y no en un plano de igualdad, la falta de pago oportuno de la pensión en la forma y plazos legales, de manera unilateral y obligatoria para la parte quejosa recurrente, sin mandamiento escrito, fundado y motivado.

• Concluyó que, por ello, la causa de improcedencia invocada por el resolutor no se surtió de manera manifiesta e indudable, mayor aún, si los propios promoventes manifestaron que acudían al amparo en defensa de su propio derecho por violación directa a la Constitución; y declaró fundado el recurso y acotó que el Juez de Distrito debía pronunciarse sobre la admisión de la demanda.

El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la queja 185/2019, en síntesis, consideró:

• Se recurrió un auto emitido por un Juez de Distrito, que desechó la demanda de amparo indirecto, por considerar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable, por una parte, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado consistente en el desfase del pago de las pensiones jubilatorias a partir de octubre de dos mil dieciocho, al mes de julio de dos mil diecinueve, se trataba de actos consumados; en concreto, porque de la lectura de la demanda de amparo se expresó que los pagos reclamados ya fueron cubiertos aunque de manera desfasada. Y, por otra parte, se actualizaba la diversa causal conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado consistente en el retardo injustificado del pago mensual de pensiones relativas al mes de agosto y meses subsecuentes, así como del aguinaldo, o cualquier otra prestación a que tuvieran derecho, se trataba de actos futuros e inciertos.

• El Tribunal Colegiado de Circuito indicó que era innecesario el análisis del auto recurrido y los agravios expresados por la quejosa recurrente, ya que respecto al desfase de pagos anteriores cuya determinación se reclamó al igual que los pagos subsecuentes, se actualizaban causas de improcedencia diversas a las invocadas por el Juez.

• Respecto a los pagos subsecuentes como resolvió que se actualizaba de forma indudable y manifiesta la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que no se trataba de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, causal que consideró demostrada.

• Seguidamente, indicó que esa decisión encontraba apoyó en lo expresado en la resolución de la que derivó la jurisprudencia citada en último término [2a./J. 66/2016 (10a.)], misma que transcribió en lo conducente.

• Luego, indicó que ese criterio permite dilucidar que, contrario a lo que pretendieron hacer ver los recurrentes, conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, sí es requisito esencial que la autoridad actúe en un plano de supra a subordinación, a efecto de considerarla autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que en la ejecutoria se destaca la diferencia entre los actos realizados en un plano de igualdad y aquellos que no se realizan de tal manera.

• Condiciones que consideró, permitían concluir que no resulta procedente el juicio de amparo en los términos propuestos, porque el acto reclamado consistió en la omisión del pago oportuno de una pensión, lo que trae consigo un incumplimiento a una obligación que tiene como ente asegurador, y no propiamente un acto emitido por una autoridad revestida de imperio sobre el gobernado.

• Citó como aplicable, por identidad jurídica, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la tesis 2a./J. 2/2019, respecto a que la existencia de una jurisprudencia que defina la naturaleza de los actos reclamados constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, para desechar la demanda de amparo indirecto.

• Por otra parte, en cuanto al diverso acto reclamado que distinguió como los pagos desfasados anteriores (que el a quo consideró como consumados), determinó se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que bastaba la confesión de los quejosos recurrentes vertida en su demanda de amparo, de que ya les habían sido cubiertos esos pagos, para considerar que cesaron los efectos del desfase reclamado, y agregó que el desfase en sí mismo tampoco es un acto de autoridad conforme a lo que expresó con antelación.

• Finalmente, luego de desestimar lo alegado por los recurrentes y ordenar la denuncia de la contradicción de tesis que aquí se resuelve, declaró infundada la queja.

CUARTO.—Inexistencia de la contradicción. En principio, debe considerarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado qué se requiere para determinar si existe una contradicción de tesis, para lo cual deben advertirse los elementos siguientes:

a) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten, expresa o implícitamente, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales; y,

b) Que sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (2)

Y la diversa P./J. 93/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(3)

En la denuncia de contradicción de tesis se indica que la discrepancia de criterios se suscitó cuando los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes determinaron si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se le reclama la omisión y/o modificación y/o suspensión y/o retención de pago de una pensión o jubilación.

Punto jurídico sobre el cual no se pronunciaron los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Décimo Quinto Circuito, ya que los tres declararon fundado el recurso de queja respectivo, pero bajo la consideración de que no existió causa indudable y manifiesta de improcedencia, además de que el auto inicial no era el momento procesal oportuno para efectuar un análisis de fondo, y que el estudio realizado por el juzgador –al determinar la improcedencia del juicio de amparo indirecto promovido en contra del ISSSTECALI, con sustento en que no tenía el carácter de autoridad responsable– involucró esa cuestión.

De ahí que se considere que no existe la contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Décimo Quinto Circuito, al resolver las quejas 187/2019, 210/2019 y 176/2019, respectivamente, y lo decidido por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la queja 185/2019, en cuanto al tema de si el ISSSTECALI tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se le reclama la omisión y/o modificación y/o suspensión y/o retención de pago de una pensión o jubilación.

QUINTO.—Existencia de la contradicción. Por otra parte, sí existe la contradicción de tesis entre lo resuelto por el Segundo y Tercero y lo decidido por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

Lo anterior es así, ya que tanto que (sic) los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Décimo Quinto Circuito, al resolver las quejas 210/2019 y 176/2019, respectivamente, concluyeron que el auto inicial no era el momento procesal oportuno para analizar si el ISSSTECALI tenía el carácter de autoridad responsable cuando, en su calidad de ente asegurador, se le reclama la omisión y/o modificación y/o suspensión y/o retención de pago de una pensión o jubilación.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la queja 185/2019, consideró que se actualizaba de forma indudable y manifiesta una causa de improcedencia (diversa a las invocadas por el Juez de Distrito), prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a que los actos reclamados, consistentes en la modificación y omisión del pago oportuno de una pensión (pagos anteriores [desfasados] y subsecuentes [futuros]), no eran de aquellos que puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Decisión que fundó en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró aplicable por analogía y mediante la cual, implícitamente, consideró que el auto inicial era el momento procesal oportuno para analizar si el ISSSTECALI tenía el carácter de autoridad responsable cuando, en su calidad de ente asegurador, se le reclaman esos actos.

Decisión mediante la cual, implícitamente, consideró que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, sí es el momento procesal oportuno para analizar si en la hipótesis mencionada, el ISSSTECALI tiene la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, lo que puede deducirse indubitablemente de las circunstancias particulares del caso, con sustento en la jurisprudencia P./J. 93/2006,(4) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita en el considerando que antecede.

Bajo ese contexto, existe la contradicción de tesis puesto que los Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron criterios discrepantes sobre el mismo punto de derecho, inherente a si el auto inicial de trámite es el momento procesal oportuno para analizar si el ISSSTECALI tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto cuando, en su calidad de ente asegurador, se le reclama la omisión y/o modificación y/o suspensión y/o retención de pago de una pensión o jubilación.

SEXTO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno del Décimo Quinto Circuito que se desarrolla a continuación:

El punto jurídico a dilucidar, como se anticipó, es el relativo a determinar si el auto inicial es el momento procesal oportuno para analizar si el ISSSTECALI tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto cuando, en su calidad de ente asegurador, se le reclama la omisión y/o modificación y/o suspensión y/o retención de pago de una pensión o jubilación.

Para esclarecer lo anterior, se parte de la premisa de que conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la regla general es que la demanda de amparo debe admitirse y excepcionalmente desecharse. Es así, puesto que el precepto en cita establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

Hipótesis que ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

Contexto bajo el cual, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegarse las partes.

De esa manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y verificar si con ellos se encuentra acreditada la misma sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los argumentos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

Así lo interpretó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002,(5) que se transcribe:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."

También se parte de la premisa de que el auto inicial de demanda no es la actuación procesal oportuna para hacer un análisis profundo (que es propio de la sentencia definitiva), para determinar la improcedencia del amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y aclaratorios de la misma, de ser el caso, así como las pruebas que se acompañen a éstos.

En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al concluir que cuando se reclama en amparo la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.),(6) que establece:

"RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva."

Luego, para determinar si el ISSSTECALI tiene el carácter de autoridad responsable en la hipótesis que se analiza, se requiere un estudio informado, completo y fehaciente del acto reclamado, lo cual no se puede realizar en el auto inicial, ya que es propio de la sentencia que se dicte en la audiencia constitucional, tomando en cuenta los informes rendidos y las pruebas aportadas por las partes.

Importa destacar que la anterior es una regla general que admite excepciones, por lo cual debe analizarse y definirse caso por caso, atendiendo a sus características; uno de los supuestos en los que es factible realizar un estudio de esa índole al proveer sobre la admisión de la demanda, es cuando ex

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29939-63d78f32/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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