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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA QUE FORMA UN SISTEMA NORMATIVO A PARTIR DE SU INTERACCIÓN CON OTRAS LLEVA A FIJAR COMO MATERIA DE LA LITIS LA TOTALIDAD DE DICHO SISTEMA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE REFRENDAR DECRETOS Y REGLAMENTOS, A CARGO DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO, CONSTITUYE UN ACTO AUTÓNOMO QUE LES OTORGA LEGITIMACIÓN PASIVA INDEPENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA NORMA IMPUGNADA EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULO 135, PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (DECRETO 654, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICA A LA MAGISTRADA NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 354/2019. · Registro digital (IUS): 29948
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-07-09
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Pág. 1487.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 354/2019. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 26 DE ABRIL DE 2021. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 354/2019 promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos. El problema jurídico a resolver consiste en determinar si existe o no una invasión a la esfera de competencias del Poder actor con motivo del Decreto 654, mediante el cual se ratificó a Guillermina Jiménez Serafín como Magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; ello, a partir de un análisis de regularidad constitucional tanto del acto en sí mismo como de los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos aplicados en dicho decreto.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO

1. Presentación de la demanda. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y en representación del Poder Judicial de dicha entidad, promovió una demanda de controversia constitucional en la que impugnó el acto y las normas que se señalan a continuación:(1)

a) El Decreto 654, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en su sesión celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve y publicado en el Periódico Oficial de Morelos al día siguiente, a través del cual se ratificó a Guillermina Jiménez Serafín como Magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

b) Los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos (con motivo de su primer acto de aplicación consistente en dicho decreto).

2. Antecedentes del asunto. Para la comprensión plena del asunto es necesario tener en cuenta los siguientes antecedentes, los cuales no se restringen a los hechos estrictamente relacionados con la ratificación de Guillermina Jiménez Serafín como Magistrada, sino que comprenden el contexto normativo constitucional en el que se insertan el acto y las normas impugnadas.(2) Para mantener un orden explicativo, los antecedentes serán narrados de manera cronológica, con ciertas aclaraciones fácticas o normativas.

Antecedentes relacionados con el decreto reclamado

a) Mediante el Decreto 1569, publicado en el Periódico Oficial de Morelos el veintinueve de julio de dos mil nueve, se designó a Guillermina Jiménez Serafín como Magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado.(3) De acuerdo con el articulado de la Constitución Local vigente en ese momento, los Magistrados supernumerarios se mantendrían en su encargo por un periodo de seis años, al término del cual podrían ser designados nuevamente para el mismo cargo y por el mismo periodo.(4)

b) El nueve de junio de dos mil catorce, Guillermina Jiménez Serafín presentó una solicitud de licencia ante el Poder Legislativo Local para separarse por tiempo indefinido del cargo de Magistrada que venía desempeñando, pues el titular del Poder Ejecutivo de la entidad la había invitado a ocupar el cargo de Consejera ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Morelos. Esta solicitud fue concedida en sus términos mediante el Decreto 1475;(5) no obstante, en el cuerpo considerativo del decreto emitido por el Congreso morelense se precisó que "los efectos de la presente licencia será (sic) hasta el día veintiocho de julio del año dos mil quince, fecha en la que termina la vigencia del Decreto Número Mil Quinientos Sesenta y Nueve".

c) El trece de junio de dos mil catorce, el titular del Poder Ejecutivo de Morelos designó a Guillermina Jiménez Serafín como Consejera del Consejo de la Judicatura Estatal; cargo que ejerció desde el veintitrés de junio de dos mil catorce hasta el quince de febrero de dos mil dieciocho, fecha en la que se extinguió el Consejo de la Judicatura de Morelos.

d) Durante el lapso de ese tiempo, el quince de julio de dos mil quince, el Congreso de Morelos aprobó el "ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MAGISTRADA SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CON LICENCIA INDEFINIDA GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN.", en el que determinó que era improcedente iniciar con el procedimiento de evaluación de dicha Magistrada a efecto de decidir sobre su nueva designación.(6) Para llegar a esta determinación el Congreso morelense formuló tres argumentos: primero, que Guillermina Jiménez Serafín no se encontraba ocupando su cargo de Magistrada supernumeraria y que no había solicitado la reinstalación en dicho cargo; segundo, que no cumplió con el periodo constitucional de seis años que exige el puesto y, tercero, que los Magistrados supernumerarios no tienen el derecho a la inamovilidad sino hasta que se les nombre Magistrados numerarios.

e) En desacuerdo con esta resolución legislativa, Guillermina Jiménez Serafín promovió un juicio de amparo, el cual le fue favorable en ambas instancias.(7) Con esto, la justicia federal ordenó al Congreso de Morelos dejar sin efectos el acuerdo mencionado y, hecho lo anterior, dictar otro con plenitud de jurisdicción en el mismo o diverso sentido pero purgando los vicios formales que fueron destacados en la sentencia de amparo. De este proceso es destacable que el Congreso de Morelos, en su escrito de revisión, reconoció que la licencia que le había otorgado a Guillermina Jiménez Serafín no interrumpió su plazo constitucional como Magistrada supernumeraria.(8)

f) El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete se publicó el Decreto 1613 mediante el cual se reformó la Constitución del Estado de Morelos.(9) Esencialmente, el objeto de esta reforma fue eliminar la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de modo que estos funcionarios fueran nombrados por un periodo único de catorce años; asimismo, en el tercer artículo transitorio se determinó que los Magistrados que en ese momento se encontraban en funciones, por esta única ocasión, durarían en su encargo hasta cumplir veinte años de ejercicio en el cargo desde su primera designación.(10) Debe mencionarse, además, que en la parte considerativa del decreto se formuló una lista de los Magistrados que en ese momento integraban el Tribunal Superior de Justicia, entre los que no se refería a Guillermina Jiménez Serafín.

g) El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se publicó el "ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE REVOCA EL ACUERDO QUE RESOLVIÓ LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MAGISTRADA SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CON LICENCIA INDEFINIDA GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN [...] EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 1507/2015, RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL ESTADO DE MORELOS.".(11) Con este Acuerdo, el Congreso de Morelos ordenó a la Junta Política y de Gobierno del mismo órgano que llevara a cabo la evaluación de Guillermina Jiménez Serafín.

h) En seguimiento a la determinación anterior, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete se publicó el Decreto 2356. A través de su único artículo, el Congreso de Morelos sostuvo que Guillermina Jiménez Serafín "no reúne los requisitos para su designación por un periodo más", por lo que no se le ratificaba en su cargo de Magistrada supernumeraria; asimismo, el decreto especificaba que Guillermina Jiménez Serafín "cesará en sus funciones a la conclusión del periodo para que fue nombrado (sic)".(12) Los argumentos con los que le Congreso de Morelos sostuvo esta determinación fueron: (a) que Guillermina Jiménez Serafín pretende ocupar dos puestos públicos a la vez a través de este proceso de ratificación (el de Magistrada supernumeraria y consejera de la Judicatura), lo que es contrario al artículo 135 de la Constitución Local; (b) que dejó de cumplir el periodo constitucional para el cual fue designada como Magistrada supernumeraria, y (c) que incurrió en una conducta deshonesta al no haberle manifestado al Congreso Local que había promovido una denuncia de repetición de acto reclamado.

i) Nuevamente, Guillermina Jiménez Serafín promovió un juicio de amparo en contra de esta determinación y tanto la sentencia del Juez de Distrito como la del Tribunal Colegiado le fueron favorables.(13) Al igual que en la ocasión anterior, el efecto del amparo fue que el Congreso de Morelos dejara sin efecto el Decreto 2356 y que dictara una nueva determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, se pronunciara en el mismo o en diverso sentido, pero purgando los vicios formales destacados en la sentencia de amparo.

j) El quince de febrero de dos mil dieciocho se publicó una modificación a la Constitución Local relevante para el caso (Decreto 2589).(14) Con esta reforma, en primer lugar, se extinguió el Consejo de la Judicatura del Estado, por lo que en la disposición transitoria décima quinta se estableció que los consejeros de la Judicatura (entre los que se encontraba Guillermina Jiménez Serafín) realizarían la entrega recepción de su cargo. El segundo efecto de la reforma fue la desaparición de la categoría de Magistrados supernumerarios, de modo que se ordenó que los funcionarios que en ese momento se encontraran ejerciendo en este puesto adquirirían el carácter de Magistrados numerarios, previa ratificación por parte del Congreso del Estado. En la disposición transitoria vigésima de este decreto se ordenó la derogación de todas las disposiciones legales que se opongan a este decreto de reforma.(15)

k) El trece de mayo de dos mil dieciocho, el Legislativo Local emitió el Decreto 2610, el cual fue publicado el día treinta del mismo mes y año. Con este decreto, el Congreso morelense expidió los nombramientos de los Magistrados a los que se refiere la disposición transitoria tercera del Decreto 1613; esto es, expidió los nombramientos de los Magistrados que durarían veinte años en el cargo de acuerdo con la disposición transitoria mencionada. Guillermina Jiménez Serafín no fue incluida dentro de la lista de personas que recibieron estas magistraturas.

l) Ahora bien, mediante el Decreto 427, publicado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, el Congreso de Morelos dejó sin efectos el Decreto 2610 recién mencionado.(16) Concretamente, el Congreso morelense argumentó que la disposición transitoria tercera del Decreto 1613 había perdido vigencia pues se contraponía con la reforma constitucional de quince de febrero de dos mil dieciocho (reforma con la que se extinguió el Consejo de la Judicatura y el puesto de Magistrados supernumerarios), la cual prevé en su disposición transitoria vigésima la derogación de cualquier norma que se le oponga. Con esto, el Congreso Local sostuvo que los nombramientos de veinte años para los Magistrados carecían de sustento legal.

m) Finalmente, en la sesión ordinaria del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Congreso de Morelos emitió el Decreto 654, mediante el cual: (a) dejó sin efecto el diverso Decreto 2356 y (b) ratificó a Guillermina Jiménez Serafín como Magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para que ocupara dicho cargo por un periodo de ocho años a partir de que rinda su protesta de ley ante el Pleno del mismo Congreso.(17) Este decreto, al igual que el anterior, fue aprobado por trece de los veinte diputados que integran el Congreso.

Antecedentes relacionados con la norma impugnada

a) El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante Decreto 1865, el Poder Constituyente morelense modificó la Constitución Estatal (en específico, el artículo 24). El objeto de la reforma fue reducir el número de integrantes del Congreso de Morelos de treinta a veinte diputados. Este cambio se vio implementado hasta el inicio de la LIV Legislatura, la cual entró en funciones el primero de septiembre de dos mil dieciocho.

b) Partiendo de esa integración, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, iniciada el veintidós de noviembre, seguida el veintisiete de noviembre y concluida el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se aprobó el Decreto 646 mediante el cual se modificó el artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos (en particular, su aprobación ocurrió el veintisiete de noviembre). El objeto de esta reforma fue definir o especificar qué se debía entender por "mayoría calificada" cuando se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Para tal efecto, la modificación tuvo como objeto reformar el tercer párrafo y adicionar dos párrafos más en donde se dispuso que cuando las dos terceras partes del número de diputados arroje como resultado un número que contenga una fracción, si el decimal es menor a .49, se debe atender al número entero inmediato inferior, mientras que en caso de ser mayor se atendería al número inmediato superior.(18)

c) Sobre esta reforma es importante apuntar tres aspectos. Primero, que fue aprobada por una mayoría de trece diputados de un total de veinte que integran la Legislatura; segundo, que fue publicada hasta el doce de febrero de dos mil veinte y, tercero, que en su artículo segundo transitorio se dispuso que entraría en vigor en el momento de su aprobación.(19)

3. Conceptos de invalidez. En relación con estos antecedentes y el acto y norma cuestionada, el Poder Judicial del Estado de Morelos sostuvo los razonamientos de invalidez que se sintetizan a continuación:

a) Primer concepto de invalidez: El artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos es inconstitucional al haberse emitido con violaciones en el procedimiento legislativo con impacto invalidante. En principio, se explica que de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Local, para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto es necesario que ésta sea aprobada por las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, lo que se traduce en una mayoría calificada de catorce votos. De este modo, la reforma al artículo 135 resulta inválida, pues la misma fue aprobada con sólo trece votos.

b) Sobre este aspecto, se sostiene que los propios argumentos utilizados por el legislador para reformar el artículo demuestran su inconstitucionalidad. Si antes de la reforma ya se entendía que la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados era igual a trece (como se pretendió destacar en el procedimiento legislativo), entonces no tenía sentido la reforma, pues la misma únicamente vino a definir el concepto de mayoría calificada en el sentido de que se requieren trece votos para conformarla.

c) Para el poder actor, el concepto de mayoría calificada tiene como finalidad ampliar el consenso entre las fuerzas políticas, lo cual tiene lógica particularmente cuando se trata de ciertas reformas legales o asuntos trascendentales que requieren de un apoyo considerable del Poder Legislativo. Así, a su juicio, cuando las dos terceras partes de la integración de un Congreso den como resultado una fracción, es necesario atender al número entero inmediato superior. Por ello, es incorrecto que la reforma al reglamento se haya realizado con tan sólo trece votos de los veinte que integran la Legislatura, pues la mayoría calificada necesariamente tuvo que haber sido catorce votos.

d) Para fortalecer el argumento anterior, el Poder Judicial formula la siguiente analogía: la Suprema Corte de Justicia está compuesta por once Ministros, por lo que las dos terceras partes serían 7.3. No obstante, el artículo 105, fracción segunda, último párrafo, de la Constitución Federal prescribe que las resoluciones en materia de acciones de inconstitucionalidad sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas cuando sean aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. De acuerdo con el Poder actor, la lógica de este artículo es la misma que la del requisito de una mayoría calificada para el Congreso de Morelos, por lo que debe seguirse el mismo razonamiento e ir al número entero inmediato superior.

e) Finalmente, se sostiene que esta violación de carácter formal en el procedimiento legislativo trasciende de manera fundamental a la norma en cuestión. Para esto se apoya en las tesis de jurisprudencia P./J. 94/2001, de rubro: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA." y P./J. 23/97 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS."

f) Segundo concepto de invalidez: En primer lugar, se sostiene que el decreto por el que se aprobó la nueva designación de Guillermina Jiménez Serafín es contrario al artículo 40, fracción XXXVII, de la Constitución Local, pues este precepto requiere el voto aprobatorio de las dos terceras partes del Congreso para designar Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (que de acuerdo con el Poder Judicial equivale a catorce votos). Consecuentemente, el acto legislativo es inválido pues fue emitido únicamente con trece votos a favor de los veinte que integran la Legislatura.

g) En segundo lugar, se señala que a partir de la reforma al artículo 135 impugnado, trece miembros del Poder Legislativo Local terminan obteniendo el control del Poder Judicial. Esto porque, si con trece votos es suficiente para conformar una mayoría calificada en el Congreso Local, entonces éstos trece diputados podrían por sí mismos designar y remover a los Magistrados del Poder Judicial, ya que la Constitución Local habilita la designación de Magistrados y el juicio político de los mismos justamente a partir de una mayoría calificada en el Congreso.

h) Tercer concepto de invalidez: El decreto reclamado viola disposiciones de la Constitución Local y de la legislación secundaria. El artículo 116, fracción III, párrafo quinto, de la Constitución Federal debe interpretarse en el sentido de que establece una condición sine qua non para la ratificación de los Magistrados locales es que éstos se hayan desempeñado en su cargo por el tiempo que señala su Constitución Local. A partir de esta premisa, se argumenta que Guillermina Jiménez Serafín no cumplió con este requisito, pues se apartó del cargo de Magistrada para el que fue designada y no se reincorporó al mismo aun cuando terminó el plazo de la licencia que le había conferido el Congreso de Morelos.

i) Además, Guillermina Jiménez Serafín originalmente fue designada como Magistrada Supernumeraria y este tipo de Magistrados integraban la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Con base en esta situación, se trae a cuenta el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y se señala que sólo a él le corresponde determinar si el Tribunal Superior de Justicia requiere de la formación de una Sala Auxiliar, de acuerdo con las necesidades de la administración de justicia. Consecuentemente, la ratificación llevada a cabo por el Congreso resulta inconstitucional al obviar esta facultad del Poder Judicial.

j) Sobre este último punto, el Poder Judicial reconoce que en virtud de las modificaciones constitucionales en el Estado se ha suprimido la figura de los Magistrados supernumerarios; no obstante, argumenta que el caso presente a las disposiciones vigentes en el momento de los hechos, pues fue con base en ellas que se dictó la ejecutoria de amparo en virtud de la cual se realizó la evaluación para la reelección de Guillermina Jiménez Serafín.

k) Cuarto concepto de invalidez: El Congreso demandado violó el procedimiento legislativo al emitir el decreto por el que ratifica a Guillermina Jiménez Serafín. Esto en la medida en que este decreto no contiene una evaluación del impacto presupuestario de esta ratificación, y de acuerdo con el artículo 97 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos todos los decretos que impacten en la estructura ocupacional de las entidades para la creación de plazas laborales requieren de esta evaluación.

l) Como complemento de lo anterior, se señala que desde que Guillermina Jiménez Serafín se separó del cargo de Magistrada no se designó a ningún funcionario para que ocupara su lugar, de modo que no se presupuestó el costo de dicha plaza. Así, la ratificación de Guillermina Jiménez Serafín sin una evaluación del impacto presupuestario resulta en una violación a la autonomía de gestión presupuestal del Poder actor.

m) Escrito adicional presentado al día siguiente de interposición de la demanda (cinco de diciembre). Al día siguiente en que se interpuso el escrito inicial, en vía de alcance a la demanda de controversia constitucional, el Poder Judicial actor insistió en que se demandaba la reforma realizada al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos; señalándose que no se tenía conocimiento de la publicación en el Periódico Oficial de dicha reforma, pero que debía tomarse en cuenta que en términos del artículo 4o. de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la aprobación y modificación de dicha legislación y de su reglamento no están sujetas al veto del Ejecutivo ni requieren de su promulgación para tener vigencia. Bajo esa tónica, se impugnaba el referido artículo con motivo de su aplicación en el decreto reclamado, siendo contrario a los artículos 14, 16, 17, 41, 49 y 116 de la Constitución Federal a la luz de los conceptos de invalidez expresados en el escrito inicial de demanda.

4. Trámite y admisión de la demanda. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 354/2019 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

5. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro Instructor admitió la demanda y ordenó emplazar como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos. Asimismo, se mandó dar vista del asunto a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación correspondiera. Respecto a la suspensión solicitada, se ordenó formar el cuaderno incidental respectivo con copia certificada de las constancias que integran el expediente.(20)

6. Incidente de suspensión. En su escrito de demanda, el Poder actor requirió como medida cautelar la suspensión de la ejecución del decreto por el que se ratificó a Guillermina Jiménez Serafín en el cargo de Magistrada. Esto a efecto de que el Poder Legislativo demandado no ordenara al Pleno del Tribunal Superior de Justicia que adscribiera y diera de alta a Guillermina Jiménez Serafín como Magistrada de dicho Tribunal.

7. En respuesta a esta solicitud, el mismo seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro Instructor dictó un acuerdo en el que concedió la suspensión solicitada para el efecto de que no se llevaran a cabo los actos de instalación o adscripción y/o alta de nómina de Guillermina Jiménez Serafín como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva en el asunto. Esto con el fin de asegurar provisionalmente la situación jurídica existente, el derecho o el interés de la parte actora y que se evite que se le cause un daño irreparable.(21)

8. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo local dio contestación a la demanda por medio de su consejero Jurídico, exponiendo en síntesis lo siguiente:

a) Respecto al Decreto 654 mediante el cual se ratificó a Guillermina Jiménez Serafín como Magistrada, el Poder Judicial actor no señaló ningún acto atribuible al Poder Ejecutivo local, pues se abstuvo de formular conceptos de invalidez con los que combatiera los actos de promulgación y publicación del decreto. Además, el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad de promulgar y publicar las leyes y decretos a través del Periódico Oficial de Morelos, por lo que no incurrió en ninguna violación de las disposiciones constitucionales invocadas por el Poder Judicial.

b) Sobre el artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, manifiesta que éste versa sobre una materia que no es competencia del Poder Ejecutivo, pues el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos dispone que todas las reformas, adiciones o derogaciones que se realicen a dicha ley o a su reglamento no serán sujetas al veto del Poder Ejecutivo Estatal y no requieren de promulgación para entrar en vigencia. En esta medida, lo procedente es sobreseer en la presente controversia respecto a este Poder.

9. Contestación de la demanda del secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo Local formuló los mismos planteamientos que le Poder Ejecutivo Local.

10. Contestación de la demanda del Poder Legislativo. El Poder Legislativo demandado contestó la demanda por medio del presidente de su Mesa Directiva en los siguientes términos:

a) En torno a los argumentos de invalidez relativos al artículo 135 impugnado. En materia legislativa, la garantía de audiencia y el debido proceso no llegan al extremo de implicar una obligación del órgano legislativo a oír a todos los posibles afectados antes de que se expida una ley; más bien, lo que exigen estas garantías es que se consignen en las leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé una oportunidad de defenderse cuando se afectan sus derechos. Bajo este parámetro, señala que es claro que la adición al artículo 135 impugnado no contraviene estas garantías.

b) Al respecto, sostiene que se cumple con el requisito de fundamentación cuando el órgano emisor de la norma está facultado para ello, es decir, que actúe conforme al marco de atribuciones que le confiere la Constitución; por lo que hace a la motivación legislativa, ésta se acredita cuando las disposiciones emitidas se refieren a relaciones sociales, situaciones o conductas que reclaman ser reguladas jurídicamente. Así, señala que ambas garantías se encuentran satisfechas en el caso concreto: el requisito de fundamentación, pues, en términos de los artículos 38 de la Constitución Local y 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el Congreso Local tiene facultades tanto para expedir su propio Reglamento como para reformarlo y, respecto a la motivación, la organización interna del Congreso del Estado es un aspecto que requiere ser regulado.

c) Para fortalecer el argumento anterior sobre la motivación de la norma impugnada, el Poder Legislativo trae a cuenta el dictamen con el que justificó por qué resultaba procedente la aclaración sobre el concepto de mayoría calificada. En éste se argumenta que la adición realizada al artículo 135 impugnado: (a) da certeza jurídica en la aplicación de la votación calificada, ya que desde la reducción del número de diputados del Congreso Local de treinta a veinte se presentaba la duda respecto a cuántos diputados son necesarios para alcanzar las dos terceras partes de los votos, y (b) incluye en la toma de decisiones a las representaciones minoritarias, pues dado que el Congreso de Morelos se compone de doce diputados electos por el principio de mayoría relativa y ocho por el de representación proporcional, para que se alcance la mayoría calificada de las dos terceras partes de los votos es necesario contar con el voto favorable de al menos un diputado plurinominal.

d) A continuación, el Congreso demandado relata cómo en la sesión en la que aprobó la reforma al artículo 135 impugnado, el Presidente de la Mesa Directiva acordó que se distribuyera a todos los diputados integrantes de la Legislatura una copia de la iniciativa de ley; esto a efecto de señalar que no se impidió que las distintas fuerzas políticas conocieran la iniciativa planteada. Asimismo, indica que la rapidez en el trámite de esta reforma no es motivo suficiente para invalidar la norma, ya que aun cuando esta velocidad pudiera constituir una violación al procedimiento legislativo, esta transgresión no habría trascendido a la norma.

e) En su siguiente argumento, manifiesta que si bien la reforma al artículo 135 fue aprobada por trece votos a favor y siete en contra, los diputados opositores han aprobado diversas reformas de conformidad con los requisitos de votación establecidos en este artículo.

f) Respecto al Decreto 654 mediante el que se ratificó a Guillermina Jiménez Serafín en su cargo de Magistrada, el Congreso de Morelos plantea que la demanda es improcedente, toda vez que este acto se emitió en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos en el expediente 1917/2017 y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en la revisión 657/2018. Además, destaca que el acto se emitió en cumplimiento de la facultad de designar Magistrados para el Tribunal Superior de Justicia del Estado que le confiere el artículo 40 de la Constitución Local.

g) En cuanto al proceso legislativo que siguió la emisión de este decreto, señala que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29948-295d4742/i-controversia-constitucional-el-estudio-de-la-constitucionalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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