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Modo: Corpus Pro

RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA GARANTÍA EXIGIDA PARA SU TRÁMITE EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 568/2019. · Registro digital (IUS): 29957
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO E
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo I, Pág. 309.

CONTRADICCIÓNDE TESIS 568/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 20 DE AGOSTO DE 2020. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN VOTÓ EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CARLOS A. GUDIÑO CICERO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al día veinte de agosto de dos mil veinte.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante envío con número de folio electrónico 88232/2019 remitido a través del MINTERSCJN por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registrado con el número de folio 82357-MINTERSCJN en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Magistrado presidente del citado órgano colegiado denuncia la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por el órgano que preside, al resolver el impedimento 15/2019 y los criterios emitidos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de reclamación 11/2018, 26/2018, 27/2018, 13/2019 y 20/2019 de los que derivó la tesis III.6o.A. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "RECUSACIÓN EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PREVEER QUE EL SOLICITANTE DEBE EXHIBIR UN BILLETE DE DEPÓSITO POR EL MONTO MÁXIMO DE LA MULTA QUE SE LE PUDIERA IMPONER EN CASO DE RESULTAR INFUNDADA, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS.", y similares consideraciones sostuvo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de reclamación 16/2018, 22/2018, 26/2018, 28/2018 y 33/2018, que dieron origen a la tesis «III.7o.A. J/2 (10a.)»: "RECUSACIÓN EN EL AMPARO. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE LA MATERIA EXIJA UNA GARANTÍA PARA SU TRÁMITE, ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la contradicción de tesis, y ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis número 568/2019.

En el mismo proveído se solicitó a las Presidencias de los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito remitieran, por conducto del MINTERSCJN, versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias relativas a los recursos de reclamación 11/2018, 26/2018, 27/2018, 13/2019 y 20/2019; además de los diversos 16/2018, 22/2018, 26/2018, 28/2018 y 33/2018, respectivamente, así como el proveído en el que informaran si el criterio sustentado en dichos asuntos se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustentaran las consideraciones respectivas y, en su caso, el envío electrónico del nuevo criterio.

Además, se ordenó el envío de los autos para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

TERCERO.—Integración del asunto. Mediante acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, signado por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención al cumplimiento dado a lo ordenado en el auto de admisión, se tuvo por debidamente integrada la presente contradicción de tesis, y se ordenó el envío de los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, designado ponente en el presente asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece. Ello es así, en virtud de que los Tribunales Colegiados desarrollaron un ejercicio interpretativo en materias diferentes, por un lado, el Tribunal Colegiado denunciante está especializado en asuntos de naturaleza civil; mientras que los contendientes, ejercen su competencia en materia administrativa, aunado a que el punto de contradicción determinaría el pronunciamiento en materia común.

Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro: "COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS."(1) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI SE SUSCITA EN AMPAROS EN MATERIAS DIFERENTES, CORRESPONDE CONOCER DE ELLA AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA."(2)

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien conoció de los impedimentos 14/2019 y 15/2019, respectivamente, mismos que fueron resueltos en identidad de consideraciones, las cuales son, en la parte que interesa, las siguientes:

• Consideró que el artículo 59 de la Ley de Amparo, en la porción que establece que de no exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada la recusación, y ésta se desechara de plano vulnera la tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente genérica de acceso a la justicia.

• Sostuvo que si el artículo 59 de la Ley de Amparo, en la porción que se analiza únicamente estableciera la imposición de la multa para el caso de que la recusación se declarara infundada –sin exigir la garantía de esa multa– sería patente la vulneración al acceso a la justicia, al resultar claro que su establecimiento desalienta e inhibe la recusación, es decir, restringe de manera indebida el derecho fundamental de pedir justicia, sobre todo cuando lo que se rebate es la imparcialidad del Juez.

• Hizo énfasis a que el establecimiento de multa ante el resultado de la resolución de la recusación, condiciona en forma injustificada el acceso a la justicia, pues la multa constituye una traba innecesaria entre los gobernados y los tribunales para acceder a plantear una pretensión de inconformidad.

• La multa establecida en el artículo 59 de la Ley de Amparo, atiende al sentido en que sea resuelto en lo material el recurso, es decir, al analizarlo no en su procedencia sino en el fondo, pues el derecho de acceso a la justicia tiene como finalidad que a través de un proceso se decida sobre la pretensión que el gobernado plantea ante los tribunales; en el caso de la recusación, que ésta se califique de fondo.

• Consideró que si la finalidad del derecho de acceso a la justicia es que se decida una pretensión planteada ante los tribunales en un proceso, y si se condiciona el resultado de éste a la imposición de una multa, es claro que se obstaculiza el acceso a la jurisdicción.

• Agregó que de establecerse un requisito o condición para acceder a la justicia, éste debe resultar razonable o proporcional con los fines que lícitamente persiga el legislador, pero que, sin embargo, la imposición de multa para quien accede a la justicia, en el particular, para el recusante, en el caso que la recusación resulte infundada, no puede tener un fin razonable, como pudiera ser que el acceso a la justicia sea de manera pronta y expedita, toda vez que imponer multa por resultar infundada la recusación no atiende a desalentar la formulación de impedimentos improcedentes, sino a cuestiones de fondo.

• Sostuvo que al establecer el requisito de procedencia consistente en exhibir billete de depósito para garantizar el pago de la multa, el legislador lo que pretendidamente buscó fue desincentivar la promoción de recusaciones cuyo único fin fuera retardar el procedimiento constitucional.

• Afirmó que supeditar el análisis de fondo de la recusación a la satisfacción de una garantía constituye un requisito desproporcionado y excesivo.

• Consideró que la exhibición previa del billete de depósito no constituye un requisito de procedencia razonable y respetuoso del acceso a la justicia.

• Adujo que el no garantizar el pago de la posible multa en el trámite de la recusación de ninguna manera imposibilita que el órgano jurisdiccional dicte una resolución de fondo, ni beneficia a la contraparte de quien lo formuló porque ese dinero, en su caso, se irá al Fondo para la Administración de Justicia.

• Agregó que el artículo 59 de la Ley de Amparo es inconstitucional, en la parte que establece la imposición de la multa para el caso de que la recusación se declare infundada.

• Consideró que el artículo 59 de la Ley de Amparo vulnera la tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente concreta de "justicia imparcial", en la porción que establece que de no exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada la recusación, ésta se desechará de plano.

• Que para dimensionar la importancia de la imparcialidad judicial se debe recordar que dicho principio ha sido objeto de un gran desarrollo por parte del derecho internacional de los derechos humanos, dentro del cual destacan las aportaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya fuerza vinculante en México las hace un referente obligado en la materia, las del Comité de Derechos Humanos y las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

• Hizo énfasis en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la actuación oficiosa de las y los juzgadores al recabar pruebas para esclarecer la verdad no vulnera la garantía de imparcialidad, ello en atención a las tesis «1a./J. 104/2012 (10a.), 1a. XCIX/2011 (9a.) y 1a. CCVII/2009», de rubros: "PRUEBA TESTIMONIAL. EL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD.", "GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD. EL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA LA." y "DILIGENCIAS PROBATORIAS, LOS ARTÍCULOS 180 Y 206 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE FACULTAN A LOS TRIBUNALES PARA DECRETAR SU PRÁCTICA, REPETICIÓN O AMPLIACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL."

• Agregó que la recusación constituye un instrumento procesal de gran relevancia para la tutela del derecho a ser juzgado por un órgano imparcial e independiente, aunque sin llegar a confundirse con el derecho mismo.

• Citó como aplicable la tesis «1a. CCVIII/2018 (10a.)», de título y subtítulo: "IMPARCIALIDAD JUDICIAL. SU CONTENIDO, DIMENSIONES Y PRUEBA.", así como también la «2a./J. 139/2019 (10a.)», de título y subtítulo: "RECUSACIÓN DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. CUANDO SE DESECHA DE PLANO POR NO ACREDITARSE LA INSOLVENCIA ECONÓMICA PARA EXHIBIR LA GARANTÍA RESPECTIVA, NO PRECLUYE EL DERECHO DEL RECUSANTE A PLANTEARLA.". Respecto de la cual consideró conveniente transcribir parte de la ejecutoria que generó dicha tesis, la cual es del tenor literal siguiente:

"Ahora bien, la Ley de Amparo regula los impedimentos, excusas y recusaciones en el capítulo VI de su título primero, conformado de los artículos 51 al 60, de los cuales el numeral 59 establece los requisitos de procedencia de la recusación de un juzgador de amparo, siendo los siguientes:

"a) El escrito respectivo debe contener la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos que la fundamenten.

"b) Acompañarse el billete de depósito que garantice el monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada la recusación; salvo que se alegue insolvencia, caso en el cual el órgano jurisdiccional calificará esa manifestación y podrá exigir una garantía menor o prescindir de su exhibición.

"La consecuencia o sanción procesal de no observar esos requisitos, es que la recusación se deseche de plano, con la salvedad de que, respecto al requisito identificado bajo el inciso b), se alegue insolvencia, hipótesis en la cual el órgano jurisdiccional la calificará y, en su caso, podrá exigir garantía por el importe mínimo de la multa, o bien, exentar de su exhibición.

"Relacionado con lo anterior, el artículo 250 de la Ley de Amparo, es expreso en disponer que cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existan elementos suficientes que demuestren que su promoción se dirigió a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se impondrá multa de treinta a trescientos días de salario.

"De lo expuesto, se considera que no se pierde, extingue o consuma la facultad procesal de plantear la recusación de los juzgadores de amparo, cuando se desecha de plano por no haberse acreditado la insolvencia económica para exhibir la garantía consistente en el billete de depósito por el monto máximo de la multa que pudiera imponerse en el caso de declararse infundada la recusación.

"Ello, toda vez que no existe un pronunciamiento que haya dilucidado que en el caso específico se actualiza o no alguna de las hipótesis de impedimento previstas en el artículo 51 de la Ley de Amparo, es decir, no hay una calificación de fondo de la recusación, por lo que subsiste la vertiente de imparcialidad del derecho de acceso a la justicia establecido en los artículos 17 de la Constitución General y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que, como lo ha sostenido esta Segunda Sala, debe partirse de que la función jurisdiccional del Estado es única y, por tanto, todos los juzgadores deben no solamente estar capacitados para resolver los litigios sometidos a su conocimiento, sino ser aptos para emitir una decisión objetiva que satisfaga el derecho de acceso a la justicia.

"Esto es, al no encontrarse definida la actualización de alguna causa de impedimento, prevalece, por encima de aspectos meramente procesales, el derecho sustantivo a una justicia imparcial, como condición esencial de la función jurisdiccional, lo que lleva a la exigencia de garantizar que las resoluciones atiendan solamente criterios jurídicos y no a la inclinación subjetiva del juzgador de favorecer a alguna de las partes, sea la razón que sea.

"Lo anterior es así, máxime si se tiene en cuenta que la propia Ley de Amparo en su artículo 250 sanciona a quienes planteen una recusación encaminada a entorpecer o dilatar el procedimiento, es decir, la sanción procesal de promover una recusación con esos fines es la imposición de una multa que va de treinta a trescientos días de salario, lo cual contribuye a inhibir las prácticas dilatorias, pero no que se considere precluido el derecho procesal a hacerla valer, pues, como se dijo, subsiste sobre el particular el derecho a una impartición de justicia imparcial.

"En tal contexto, es dable concluir que no precluye el derecho a recusar a los juzgadores de amparo, cuando se desecha de plano una recusación por no acreditarse la insolvencia económica para exhibir la garantía respectiva." (Énfasis añadido)

• Argumentó que las consideraciones anteriores dan sentido a la afirmación de que la porción analizada del artículo 59 de la Ley de Amparo contraviene la vertiente de imparcialidad del derecho de acceso a la justicia debido a que supone el reconocimiento expreso por parte de una de las Salas del Más Alto Tribunal, de que toda recusación para colmar su propósito se resolverá de fondo, en beneficio de las partes, de la dignidad del Juez y de la confiabilidad del sistema jurídico.

• Agregó que tales consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen un reconocimiento claro de que cualquier requisito que obstaculice o impida que una recusación se resuelva en el fondo –como lo es lo relativo a la exhibición del billete de depósito– vulnera el derecho sustantivo a una justicia imparcial. Además, el cumplimiento de la exhibición del billete de depósito no es indispensable para la imposición de la multa contemplada en el artículo 250 de la Ley de Amparo y ésta podría imponerse aunque no estuviera garantizada.

• El aspecto meramente procesal a que se refiere la Segunda Sala, no es la reiterada oportunidad de plantear la recusación, con el referido límite temporal, sino que dicha expresión debe entenderse referida a la exhibición del billete de depósito, el cual debido a que transgrede el derecho de acceso a la justicia, no debe ser exigido.

• Hizo referencia a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 50. Interpuesta la recusación, no podrá la parte alzarla en ningún tiempo, ni variar la causa, a menos de que sea superveniente." y cita los siguientes criterios de rubros: "IMPEDIMENTOS, DESISTIMIENTO IMPROCEDENTE DE LOS." e «4a. XIII/91» "IMPEDIMENTO. EN JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE EL DESISTIMIENTO."

II. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 20/2019.

La presente contradicción de tesis se denunció respecto del criterio expuesto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los impedimentos 15/2019 y 14/2019, respectivamente, y los criterios emitidos por el Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

En lo que respecta a los criterios emitidos por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en los recursos de reclamación 11/2018, 26/2018, 27/2018, 13/2019 y 20/2019, que dieron origen a la tesis III.6o.A. J/1 (10a.), de título y subtítulo siguiente: "RECUSACIÓN EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PREVER QUE EL SOLICITANTE DEBE EXHIBIR UN BILLETE DE DEPÓSITO POR EL MONTO MÁXIMO DE LA MULTA QUE SE LE PUDIERA IMPONER EN CASO DE RESULTAR INFUNDADA, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS.", las consideraciones a las que arribó dicho Tribunal Colegiado fueron esencialmente iguales y a continuación se exponen en la parte que interesa:

• En los agravios se controvierte lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Amparo, mismo que prevé la figura de la recusación como medio legal a través del cual las partes en el juicio de amparo tienen oportunidad de pedir a uno o más de los titulares de un órgano jurisdiccional, según se trate, que proceda a rehusar o rechazar el conocimiento y resolución de un asunto determinado por considerar actualizada alguna de las hipótesis de impedimento, ello de conformidad con los numerales 51 y 52 de la Ley de Amparo, todo esto en aras de garantizar el derecho a la imparcialidad.

• El precepto señala los requisitos por satisfacer al elaborar la solicitud de recusación, para lo cual el solicitante debe proceder de la forma siguiente:

a) Manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos en los cuales se funda la recusación; y,

b) Exhibir billete de depósito, cuyo monto debe cubrir la cantidad correspondiente a la sanción máxima de la multa por imponer en el supuesto de llegar a calificarse de infundada esa recusación.

• Agregó que la norma indica el deber de cumplir con tales requisitos, pues en caso de no satisfacerlos el efecto consecuente, señalado de forma expresa, es desechar de plano la solicitud.

• Después, el mismo precepto prevé como salvedad el hecho de alegarse insolvencia para cumplir con el segundo de los requisitos relativo a la exhibición del billete de depósito bajo las condiciones requeridas.

• En esa hipótesis de excepción a la regla, el legislador facultó al órgano jurisdiccional para proceder a la calificación de la garantía, medio a través del cual la cantidad requerida podrá ser reducida, e incluso llegar al monto mínimo o, en su caso, se podrá determinar la exención de esa garantía, todo ello según la evaluación que se lleve a cabo del caso concreto.

• Adujo que la estructura de la norma es imperativa en tanto exige al gobernado a cumplir con la condición de exponer los hechos bajo protesta de decir verdad y exhibir la garantía en los términos descritos, so pena de desechar la solicitud.

• Por tanto, dicha condición se debe evaluar por el órgano jurisdiccional a quien competa conocer y resolver la recusación, pues éste determinará si el promovente satisfizo o no tal exigencia.

• Agregó que la exhibición del billete de depósito es un requisito por cumplir para dar trámite a la solicitud de recusación o, desde otra perspectiva, se erige como una condición para acceder al análisis de la recusación propuesta, es decir, no basta con recusar a uno o más juzgadores para proceder al estudio de los hechos en los cuales se funde el recusante, sino que de manera adicional se debe garantizar la multa en los términos indicados.

• El artículo 59 llama la atención al recusante para que se conduzca con apego al valor de la verdad, sin maquinaciones y su aporte de hechos debe ser justificado con méritos suficientes para ser evaluados.

• Consideró que la exigencia de garantía sí se justifica en la medida de constituir un medio que permite concientizar al promovente de la recusación para exponer hechos éticamente válidos y ausentes de una generación preconcebida con ánimo de obtener un beneficio indebido para excluir de conocer y resolver del asunto a un órgano jurisdiccional determinado; además, permite evitar dilaciones innecesarias para hacer efectiva la sanción en caso de concluirse en la acreditación de haberse promovido la recusación con hechos indebidos, por tanto, el fin del precepto justifica la condición para acceder al trámite de la recusación y, en ese sentido, la finalidad es constitucionalmente válida, esto aun cuando el trámite de la recusación se condicione en su trámite inicial.

• Estimó conveniente sustentar sus consideraciones en las tesis «1a. CCLXIII/2016 (10a.) y 1a. CCLXV/2016 (10a.)» de títulos y subtítulos: "TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL." y "PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA."

• Se desechó de plano la solicitud de recusación con apoyo, entre otros, en el artículo 59 de la Ley de Amparo y, después, el auto por el que se desechó se impugnó vía recurso de reclamación en el cual se propuso la inconstitucionalidad de dicho artículo. Calificó el estudio de los agravios como procedente en la medida que la consecuencia jurídica reglada en dicha norma se proyectó en la esfera legal del impetrante de amparo, en la medida de haberse destacado que dado su omisión de cumplir con uno de los requisitos consistente en la exhibición del billete de depósito cuyo monto cubriese el importe relativo a la cantidad máxima por concepto de multa que se pudiese imponer en caso de ser infundada la recusación, el resultado jurídico fue desecharla de plano. Para ello citó la tesis «1a. XLVI/2016 (10a.)» de título y subtítulo: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. CONSTITUYE EL MEDIO IDÓNEO PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO PARA IMPUGNAR LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE UN ARTÍCULO DE ESE ORDENAMIENTO APLICADO DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LA VÍA DIRECTA."

• Calificó los agravios como infundados y para justificar lo razonable de la condición prevista por la norma atendió a los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, mismos que consideró se encontraban cumplidos, y para ello citó las tesis «1a. CCLXVIII/2016 (10a.), 1a. CCLXX/2016 (10a.) y 1a. CCLXXII/2016 (10a.)», de títulos y subtítulos: "SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA.", "TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA." y "CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA."

• Hizo referencia a que, contrario a lo argumentado por el inconforme, el auto de presidencia mediante el cual se desechó la recusación por omitir cumplir con el requisito de exhibir la garantía sí conserva el principio de congruencia con la previsión constitucional y la convencional, en la medida de erigirse sólo como una condición, en grado de molestia, para dar trámite a la solicitud de recusación.

• Determinó que tampoco impide el acceso a la tutela judicial efectiva porque la exhibición del billete de depósito genera únicamente la constitución de una garantía y no prejuzga sobre una conducta indebida del recusante ni tampoco adelanta que se hará acreedor a una sanción en términos del artículo 250 de la Ley de Amparo, de tal manera que una vez satisfecho el requisito y bajo las condiciones respecto al fin buscado por la norma, el promovente estará en condiciones de obtener una resolución justificada y con pleno acceso a la función judicial.

• Además agregó que la constitución de la garantía se exige en la fase inicial del trámite y no tiene como presupuesto la actualización de la multa, pues en caso de estar ante una conducta indebida y sancionable, el resolutor se concretará a hacerla efectiva cuando fuese procedente. Enfatizó que las tesis «1a./J. 42/2007, 1a. LXXIV/2013 (10a.) y 1a./J. 90/2017 (10a.)», de títulos y subtítulos: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS." y "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.", no benefician al recurrente porque, en el caso, la norma impugnada supera el test de proporcionalidad como parámetro propuesto por éste y, a su vez, los derechos fundamentales referidos se realizan en su totalidad cuando el recusante se concientiza de la solicitud de recusación.

• Hizo referencia a que no es irrazonable ni desproporcionado lo previsto en el artículo 59, porque la exigencia de exhibir una garantía en forma previa a dar trámite a la recusación obedece a un fin constitucionalmente válido generador sólo de una condición, en grado de molestia, para proceder a la tramitación de la misma sin restar méritos al análisis que se llegase a realizar sobre la base de la recusación, pues si ésta se soporta en hechos justificados, entonces, la probabilidad de hacerla efectiva se eleva y ello depende de la postura asumida por el recusante en la medida de aportar hechos con apoyo en la realidad; asimismo, la exigencia de mérito de ninguna manera impide contar con un juzgador dotado de imparcialidad, ya que dicha garantía sólo busca dar trámite a solicitudes justificadas bajo los parámetros del numeral 59.

• Estimó que el artículo 59 de la Ley de Amparo, no genera afectación previa al patrimonio y que, antes de evaluar si es o no aplicable la sanción, en virtud de estar ante un acto de molestia que justifica la exigencia de la exhibición de la garantía como medio para concientizar al recusante al elevar su solicitud y en aras de evitar la promoción injustificada de recusaciones.

• Calificó como infundado lo afirmado en el sentido de que quien no pueda garantizar queda a expensas de un Juez cuya parcialidad fue controvertida, pero que ello es infundado para avalar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la norma, debido a que la propia norma estatuye salvedades cuando se acredite la imposibilidad de pago, además de que el simple hecho de controvertir la parcialidad de un juzgador no implica, por sí mismo, la justificación del impedimento ya que éste se debe proponer con bases objetivas y sancionar por el órgano jurisdiccional correspondiente, cuyo trámite y resolución requiere la satisfacción de las condiciones previstas por el legislador.

• Hizo énfasis a que el artículo 59 de la Ley de Amparo resulta proporcional y es razonable, porque su interpretación permite advertir una finalidad justificada en tanto ninguna persona debe utilizar los recursos judiciales para obtener beneficios desleales, por eso, la exigencia de la garantía contribuye a inhibir esas conductas; de lo contrario la falta de la medida facilitaría el ejercicio arbitrario, irrazonable y desproporcionado de quien por su mera voluntad injustificada pretendiera excluir a un juzgador del conocimiento de un caso determinado.

• Consideró que las tesis «1a./J. 45/2015 (10a.), P./J. 11/2016 (10a.), 1a./J. 42/2007, 1a. CCXCIV/2014 (10a.) y 1a./J. 84/2006», de títulos y subtítulos: "LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL.", "LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29957-a20518f2/recusacion-en-el-juicio-de-amparo-la-garantia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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