RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO PARA JUSTIFICAR LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO, LA AUTORIDAD INVOCA EN EL CAPÍTULO DE PROCEDENCIA DE SU ESCRITO QUE EN LA SENTENCIA RECURRIDA LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA INOBSERVÓ O TRANSGREDIÓ TRATADOS INTERNACIONALES, PERO NO LO HACE VALER EN LOS AGRAVIOS, NI ELLO FUE MATERIA DE LA LITIS EN EL JUICIO DE ORIGEN.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 115/2020. COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE AMPAROS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 13 DE AGOSTO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL. SECRETARIA: MAYRA GUADALUPE MEZA ANDRACA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Resulta innecesario el estudio de los agravios y de las consideraciones que sustentan el fallo recurrido, dado que el presente medio de defensa es improcedente, por las consideraciones siguientes:
Del escrito de agravios se advierte que la autoridad recurrente, para justificar la procedencia del presente asunto, plantea los siguientes argumentos:
"Procedencia del recurso
"Es procedente el presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que se transcribe a continuación:
"Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
"‘Artículo 63.’ (se transcribe)
"Importancia
"Asimismo, se manifiesta que en la sentencia emitida por la Sala del conocimiento no sólo se violentan los artículos 87, 90, fracción IV y 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y 59 de su reglamento (en virtud de las consideraciones que tuvo la autoridad demandada para negar la solicitud de registro de marca que se encuentra en estos dispositivos), sino también la aplicación de la clasificación internacional de Niza, la cual es sustentada por un convenio internacional para su aplicación en el cual México es Parte; el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, se promulgó en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001; por lo tanto, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligatoria la aplicación de esa clasificación a través de ese tratado. Por lo tanto, la sentencia que por esta vía se recurre (sic) queda acreditada su importancia y trascendencia al violentar los artículos antecitados, pues como lo podrá inferir esa superioridad, es trascendental mencionar que una marca ya registrada tiene un prestigio establecido dentro del público consumidor y, a su vez, constituye uno de los principales y más importantes activos en una empresa. Así, a fin de ilustrar objetivamente sobre el tópico conviene citar a José Ignacio Domínguez que señala: (se transcribe).
"Por lo tanto, no obstante que no se aporta en el presente caso un estudio específico sobre el valor de los derechos sobre la marca base del procedimiento original; ese H. Tribunal podrá inferir que se cumple con el requisito de procedibilidad invocado, porque hoy por hoy el valor de una marca representa el activo más importante de una empresa. Inclusive, debe resaltarse que dada la importancia de la función económica de la marca, se han celebrado numerosos tratados internacionales para proteger los derechos sobre estos signos distintivos, ya que sobre el interés particular se encuentra el general.
"Trascendencia
"La sentencia que por esta vía se recurre es trascendente, en virtud de que la misma atenta en contra del sistema jurídico mexicano en materia de propiedad industrial, al determinar que no se actualiza la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues dicho criterio afecta principalmente al público consumidor, quien fundamentalmente merece la protección de este H. Instituto, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que al momento de otorgar un registro marcario siempre se debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrán garantizar la integridad y buena fama del signo marcario y registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado.
"Es así que se acredita la trascendencia del presente asunto, toda vez que éste estriba en el hecho que de prevalecer la sentencia que se recurre se estaría formando un precedente sobre el asunto particular, permitiendo, en su caso, diversas partes que a su consideración estimasen encontrarse en el supuesto del caso que nos ocupa, lo invocarían, dejando de valorar el interés general, el cual se encuentra acreditado por el hecho de que existe un indebido estudio de los argumentos expuestos en el juicio de nulidad, que en definitiva acreditan que la marca solicitada por la actora es descriptiva de los productos que pretende amparar, mismos que fueron indebidamente atendidos."
De lo anterior se advierte que la autoridad recurrente refiere, esencialmente, que la importancia y trascendencia del asunto radica en que la sentencia recurrida cuestiona la aplicación de disposiciones de orden público que predominan sobre cualquier interés privado.
Este órgano colegiado considera que tales argumentos resultan insuficientes para justificar la procedencia del presente recurso de revisión fiscal, por los siguientes motivos:
A fin de justificar la anterior postura, se impone citar el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece lo siguiente:
"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:
"...
"II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso."
Como se advierte de la lectura de la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de revisión fiscal será procedente en aquellos casos de importancia y trascendencia, cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera (tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente a la Ciudad de México, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia) o de cuantía indeterminada, a condición de que en ambos casos la recurrente razone esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso.
De conformidad con las consideraciones expuestas, es inconcuso que los argumentos señalados no pueden servir de base para examinar si a criterio de este tribunal federal, se colma el tópico de importancia y trascendencia para la procedencia del recurso de revisión fiscal, ya que dichos razonamientos se limitan a expresar que la resolución recurrida tiene como finalidad garantizar la sana convivencia en el mercado de diversos signos distintivos que no se limitan a proteger intereses particulares, sino a toda la sociedad; así como el que la sentencia atenta en contra del sistema jurídico mexicano en materia de propiedad industrial, al determinar que no se actualiza la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues dicho criterio afecta principalmente al público consumidor, quien fundamentalmente merece la protección de ese H. Instituto para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que al momento de otorgar un registro marcario siempre se debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrán garantizar la integridad y buena fama del signo marcario y registrado, asegurando de esa forma, la fácil identificación de los productos en el mercado, argumentos que no son idóneos para acreditar la importancia y trascendencia de este asunto en particular, por lo que con ello no se justifica la procedencia del presente recurso.
Es aplicable a lo anterior el contenido de la jurisprudencia número 306 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 510 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tercera Parte, que dice:
"REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. FUNDAMENTOS INEFICACES PARA JUSTIFICAR ESOS REQUISITOS. Teniendo en cuenta el alcance conceptual que a las palabras ‘importancia y trascendencia’ ha dado esta Segunda Sala en la tesis jurisprudencial publicada en el Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, página 59, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyas consideraciones, traducidas en forma breve, implican que se estará en presencia de un asunto de importancia y trascendencia cuando se expresen razones que demuestren que se reúnen los dos requisitos, o sea, que se trata de un asunto excepcional (lo que se advertirá cuando los argumentos no pueden convenir a la mayoría o a la totalidad de asuntos) debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia, y además, que la resolución que se pronuncie trascenderá en resultados de índole grave, resultan ineficaces los argumentos para justificar los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión fiscal ante la Suprema Corte que se mencionan, de involucrarse razonamientos que miran al fondo del negocio y que, lógicamente, no pueden ser tenidos en cuenta en este examen previo, que se refiere a la procedencia o improcedencia del recurso, y de exponerse las mismas razones para justificar simultáneamente la importancia y trascendencia del negocio, lo que conforme a la tesis de jurisprudencia invocada, resulta inadmisible."
Así, se advierte que para examinar los requisitos de importancia y trascendencia del recurso debe partirse de la naturaleza propia del acto impugnado, tomando en cuenta los razonamientos que en ese sentido exponga el recurrente y, en el caso, es incontrovertible que una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declara la nulidad de una resolución dictada por el Coordinador Departamental de Examen de Marcas "C" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por las razones que expone la autoridad recurrente, no tiene la naturaleza de importante y trascendente, pues ello puede ocurrir en un sinnúmero de asuntos.
De no ser así, cualquier asunto en el que se resuelva sobre el otorgamiento de un registro marcario sería importante y trascendente para decidir la procedencia del recurso de revisión fiscal, con lo que desaparecería la calidad excepcional exigida por el legislador; máxime que la propia acepción del vocablo "excepcional" denota que el asunto, en sí mismo examinado, se aparta de lo ordinario, común o que se presenta rara vez; de ahí que no sea útil para examinar la procedencia del recurso que se atiende el argumento a estudio.
En las relatadas condiciones, es evidente que, en relación con la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 63 en cita, el recurso de revisión no justifica su procedencia.
Por otro lado, se estima ineficaz el diverso argumento que hace valer la recurrente para acreditar la procedencia del recurso, consistente en que la sentencia emitida por la Sala del conocimiento no sólo violenta los artículos 87, 90, fracción IV y 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y 59 de su reglamento (en virtud de las consideraciones que tuvo la autoridad demandada para negar la solicitud de registro de marca que se encuentra en estos dispositivos), sino también la aplicación de la clasificación internacional de Niza, la cual es sustentada por un convenio internacional para su aplicación en el cual México es Parte; el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, se promulgó en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001; por lo tanto, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligatoria la aplicación de esa clasificación a través de ese tratado.
Para apoyar esta afirmación, conviene mencionar que en la sentencia recurrida, la Sala del conocimiento estimó fundado lo aducido por la actora en el sentido de que la resolución no se encuentra debidamente motivada, porque no se encontró ningún razonamiento lógico-jurídico que lleve a sostener la descriptividad de la marca propuesta; que la autoridad no motivó las razones por las que consideró que la traducción de la denominación resultaba caprichosa; que la autoridad no analizó la marca en su conjunto; que el término ********** puede significar diversas acepciones y no únicamente **********; asimismo, ********** significa ********** y debe enfatizarse que la actora agregó la vocal **********, lo que hace un distintivo adicional que acompaña al verbo ********** y que de ninguna manera puede ser considerado como descriptivo de los servicios a proteger; que la marca evoca los servicios, pero no los describe y que si bien la marca incluye el elemento **********, la marca no está únicamente conformada por tal palabra.
Destacó que al analizarse tal denominación en conjunto, para esa Sala la marca deviene evocativa y no descriptiva de los servicios a los que la actora busca aplicar la marca solicitada, ya que no describe la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los servicios, ni la época de producción.
Indicó que una marca es descriptiva cuando delinea o define cabalmente los productos o servicios a los que se destina, siendo que, en este caso, la denominación no guarda relación directa con tales servicios y no se advierte que sea así percibida por el consumidor mexicano al que se destinará la marca; además, que la palabra ********** traducida como **********, no es imprescindible para que otros prestadores de servicios similares identifiquen tales servicios, ya que existen muchas palabras que pueden aludir a una disputa o competencia y no necesariamente existe de forma exclusiva la palabra **********.
Que el eje distintivo de la marca es la palabra que alude a la contienda y hace referencia a ********** traducido por la autoridad como **********, lo que no dirige de manera inmediata la mente del consumidor a los servicios de entretenimiento en la forma de ********** (**********), aunado a que la palabra ********** puede ser aplicada a muy diversos ámbitos y no de manera exclusiva a competencias de **********.
Refiere que lo anterior permite concluir que la marca propuesta resultaría evocativa y no descriptiva de los productos que pretende amparar, toda vez que, al ser traducida, sólo refiere a ********** de **********; es decir, tal cual, la marca únicamente hace referencia a una especie de disputa o competencia entre **********, pero para arribar a la conclusión directa a la que llega la autoridad se requiere un análisis más elaborado no compatible con la posición de un consumidor promedio.
Menciona que a los servicios pueden atribuirse distintos calificativos y características propios de su naturaleza, composición, destino, especie, calidad, cantidad, lugar de origen o la época de su producción, por lo que la palabra ********** es una mera evocación en contraposición a una alusión directa de los servicios que la actora pretende identificar, por lo que los demás prestadores de los mismos servicios no tendrían la necesidad de usar la denominación propuesta para identificar servicios similares.
Concluyó que la marca solicitada sí es distintiva, porque no proporciona información completa y directa acerca de las propiedades, calidades y características de los servicios y que no existe necesidad de mantener la frase ********** libremente disponible, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado, por lo que procedía declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada, atendiendo a lo antes considerado, proceda al registro de la marca solicitada por la parte actora.
Asimismo, de la lectura de los agravios propuestos por la autoridad recurrente se advierte que de lo único que se duele es de que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada y que la marca fue analizada en su conjunto y lo que pretende evitarse es el registro de una marca compuesta de elementos principales o esenciales que describan la cualidad, calidad, finalidad o destino de un producto o servicio, porque se estaría privilegiando a una sola persona, lo que en el caso ocurriría, ya que la marca es descriptiva y no evocativa de los servicios.
De lo anterior se advierte que la litis en el juicio de nulidad solamente consistió en resolver si el signo propuesto a registro por la actora es descriptivo de los servicios que pretende identificar con tal signo en los términos del artículo 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que de la misma sentencia se aprecie que la Sala haya llevado a cabo la inaplicación de una norma general, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, como lo exige la fracción X del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual dice lo siguiente:
"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:
"...
"X. Que en la sentencia se haya declarado la nulidad, con motivo de la inaplicación de una norma general, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad realizado por la Sala, Sección o Pleno de la Sala Superior."
Por otro lado, de los agravios propuestos por la autoridad recurrente no se aprecia que haya hecho valer argumentos relativos a que la Sala del conocimiento haya omitido inaplicar una norma en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad a pesar de haberse solicitado, por tanto, el solo hecho de que la autoridad recurrente lo invoque en su capítulo de procedencia, mas no en sus agravios, ni que ello formara parte de la litis en la sentencia recurrida, tal circunstancia no es suficiente para acreditar los requisitos de importancia y trascendencia previstos en la fracción II del mencionado artículo 63 la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para la procedencia del recurso de revisión fiscal que nos ocupa.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de título, subtítulo y texto siguientes:
"Décima Época
"Número de registro digital: 2011936
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Tomo I, junio de 2016 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas»
"Materia: común
"Tesis: 1a./J. 29/2016 (10a.)
"Página: 508
"AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. NO SE ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DE ESTE RECURSO POR LA SIMPLE MENCIÓN EN LA SENTENCIA DE AMPARO RELATIVA A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ UN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. Para efectos de la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, en el caso del control de convencionalidad, es necesario que se actualice alguna de las siguientes hipótesis: (i) el análisis de una norma general frente a una disposición que contemple un derecho humano, contenida en un tratado internacional, aun cuando la conclusión sea convalidar la norma; o (ii) cuando el órgano que realice el mencionado control, a través del mismo, dote de contenido, alcance o significado a un derecho humano previsto en una norma internacional, o desentrañe el verdadero sentido del mismo a partir de esta última; y (iii) cuando se hubiere solicitado alguno de los ejercicios referidos y no se hubieren llevado a cabo por el órgano jurisdiccional sin justificación. En este sentido, resulta improcedente la revisión del juicio de amparo directo cuando no concurra alguno de los elementos descritos anteriormente, aun cuando en la sentencia de amparo se aduzca que la autoridad responsable realizó un control de convencionalidad, pues lo que actualiza la procedencia del recurso es que efectivamente se hubiere efectuado este ejercicio de control de regularidad, sin que la simple mención por parte del Tribunal Colegiado de que sí se hizo implique su procedencia."
No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado la existencia de la jurisprudencia establecida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de título, subtítulo y texto siguientes:
"Décima Época
"Número de registro digital: 2008158
"Instancia: Plenos de Circuito
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de diciembre de 2014 a las 9:35 horas»
"Materia: administrativa
"Tesis: PC.I.A. J/34 A (10a.)
"Página: 677
"REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE, EN EJERCICIO DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO, ORDENA INAPLICAR UN PRECEPTO, AL ACTUALIZARSE LOS REQUISITOS DE ‘IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA’ PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Los requisitos de ‘importancia y trascendencia’, para efectos de la procedencia del recurso de revisión fiscal, se actualizan cuando éste se interpone contra una sentencia definitiva en la que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad del acto impugnado al desaplicar una norma por una cuestión de fondo, en ejercicio del control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, y el examen preliminar del contenido de la sentencia recurrida y del escrito de expresión de agravios evidencie que la materia del recurso incide en la confrontación entre un tratado o instrumento internacional y una ley secundaria que implique la interpretación de una disposición normativa de una convención que, prima facie: a) Fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano; o, b) Exija la interpretación directa de una norma convencional que fije a su vez las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano; lo anterior, siempre que la autoridad recurrente haya razonado la importancia y trascendencia y que no exista jurisprudencia que resuelva la problemática respectiva."
Sin embargo, de su lectura se advierte que la misma no resulta aplicable al caso, puesto que a pesar de que, como se dijo anteriormente, la fracción X del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ya contempla el supuesto de procedencia del recurso de revisión fiscal, cuando en la sentencia la Sala haya llevado a cabo la inaplicación de una norma general, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, en dicho criterio jurisprudencial también se considera procedente dicho recurso, por reunirse los requisitos de importancia y trascendencia previstos en la fracción II de dicho numeral, cuando se declare la nulidad del acto impugnado al desaplicar una norma por una cuestión de fondo, en ejercicio del control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos.
En tal sentido, se reitera, si en la sentencia recurrida no se realizó dicho control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, ni en los agravios se hace valer tal circunstancia, sino que solamente en el capítulo de procedencia se invoca que la Sala viola la aplicación de la clasificación Internacional de Niza, la cual es sustentada por un convenio internacional para su aplicación en el cual México es Parte; el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la Marcas, se promulgó en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001 y que, por tanto, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es obligatoria la aplicación de esa clasificación a través de ese tratado, ello no conlleva tener por satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia previstos en la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; de ahí que, en el caso, resulte improcedente el recurso de revisión fiscal.
Una vez analizada la propuesta formulada por la recurrente, este órgano colegiado procede a examinar de oficio la procedencia del recurso de revisión fiscal, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 71/2011, sustentada por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 326, Tomo XXXIII, junio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 161765, que establece:
"REVISIÓN FISCAL. EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA DEBE HACERSE AUNQUE LA AUTORIDAD RECURRENTE NO EXPRESE ARGUMENTOS PARA UBICAR EL RECURSO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALVO QUE SE TRATE DEL DE SU FRACCIÓN II. Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 45/2001 y 2a./J. 193/2007 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procedencia del recurso de revisión fiscal debe examinarla el Tribunal Colegiado de Circuito de oficio, independientemente de que si la autoridad inconforme precisó o no el supuesto legal que consideró aplicable, e inclusive cuando haya señalado un ordenamiento diverso para apoyar la procedencia de dicho medio de defensa, caso en el cual ese órgano jurisdiccional debe superar tal inexactitud. En este tenor, en un avance progresivo sobre lo sostenido en dichos criterios, el indicado estudio oficioso debe hacerse aunque no se expresen argumentos para ubicar el recurso en alguno de los supuestos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, salvo que se trate del de su fracción II, caso en el cual el legislador obligó a la recurrente a razonar la importancia y trascendencia del asunto para efectos de la admisión del recurso, en el entendido de que cuando el órgano jurisdiccional federal estime que el asunto procede por ubicarse en alguno de los otros postulados establecidos en el numeral referido, debe fundamentar la procedencia y realizar el análisis relativo; sin embargo, cuando advierta que el asunto no se ubica en alguno de los supuestos de procedencia del indicado precepto legal, no necesariamente debe exponer las razones por las cuales el asunto no se sitúa en cada uno de los establecidos por el legislador, pues la falta de pronunciamiento expreso es indicativa de que no se actualizó alguna de las premisas de procedencia del dispositivo legal."
Este Tribunal Colegiado considera que no se surte la hipótesis de procedencia prevista en la fracción I, consistente en que la revisión fiscal será procedente cuando la cuantía del negocio exceda la cantidad equivalente a tres mil quinientas veces el salario mínimo general vigente al momento de la emisión de la sentencia y correspondiente al área geográfica de la Ciudad de México, ya que el acto impugnado en el juicio de nulidad consistió en la resolución emitida por el coordinador Departamental de Examen de Marcas "C" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Es decir, no se trata de un asunto cuantificable en dinero, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia aludida.
En relación con la hipótesis prevista en la fracción III, este tribunal considera que no se actualiza, porque no se trata de una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas en materia de ingresos federales, pues la autoridad administrativa que emitió la resolución impugnada en el juicio de nulidad depende del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Tampoco en relación con la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral 63, porque la resolución impugnada en el juicio de nulidad no se dictó conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en tanto que a la actora en el juicio de nulidad no se le sancionó conforme a la ley en comento.
Asimism
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30020-afc46c66/recurso-de-revision-fiscal-es-improcedente-cuando-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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