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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO COMO SÍNDICO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 341/2018. · Registro digital (IUS): 30052
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo I, Pág. 74.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 341/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. AUSENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante oficio **********, presentado el nueve de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Eliseo Puga Cervantes (presidente), Walter Arellano Hobelsberger y Edith E. Alarcón Meixueiro, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por el mencionado órgano colegiado al resolver el conflicto competencial 5/2018 y el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión 225/2015.

SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la contradicción de tesis, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis número 341/2018.

En el mismo proveído se solicitó a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remitiera, por conducto del MINTERSCJN, copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 225/2015 de su índice, así como el proveído en el que informara si el criterio sustentado en ese asunto se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado y, en este supuesto, el envío electrónico del nuevo criterio.

Finalmente, se ordenó el envío de los autos para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

TERCERO.—Integración del asunto. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, signado por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia, en atención al cumplimiento dado a lo ordenado en el auto de admisión, se tuvo por debidamente integrada la presente contradicción de tesis, y se ordenó el envío de los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, designado ponente en el presente asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con el punto segundo, fracción VII del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece. Ello es así, en virtud de que aun cuando la posible contradicción de tesis se haya suscitado entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, lo cierto es que el ejercicio interpretativo lo desarrollaron en materias diferentes, en tanto que el Tribunal Colegiado denunciante está especializado en asuntos de naturaleza civil, mientras que el contendiente, ejerce su competencia en materia administrativa; aunado a que el punto de contradicción determinaría el pronunciamiento en materia común.

Sirven de apoyo a lo anterior las tesis de rubro: "COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.)."(1) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI SE SUSCITA EN AMPAROS EN MATERIAS DIFERENTES, CORRESPONDE CONOCER DE ELLA AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA."(2)

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I.Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien conoció del conflicto competencial 5/2018.

En relación con dicho conflicto competencial, se señalan los siguientes antecedentes:

Demanda de amparo indirecto. Gildardo Adolfo García Marín, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que a continuación se indican:

Autoridades responsables:

• Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (en lo subsecuente IFECOM), como ordenadora y ejecutora.

• Jueces Primero, Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; y Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; como ejecutoras.

Actos reclamados:

• Del IFECOM, reclamó la resolución contenida en el oficio número **********, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el procedimiento de sanción administrativa **********, por el que se determinó la cancelación de su registro como especialista del instituto referido.

• En vía de consecuencia, la sustitución del quejoso como especialista en diversos concursos mercantiles.

• De las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamó el cumplimiento que le pretendieran dar o hayan dado a la cancelación en comento.

• Las consecuencias que de hecho o por derecho transgredan sus derechos fundamentales que se generen con motivo de los actos reclamados mencionados.

Declinación de competencia. De la demanda conoció el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; sin embargo, por auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, no la admitió a trámite declarándose legalmente incompetente para conocer del asunto.

No aceptación de competencia. En atención a lo anterior y remitidos los autos, el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dictó resolución el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en la que no aceptó la competencia planteada.

Planteamiento del conflicto competencial. Devueltos los autos al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el tres de julio de dos mil dieciocho, sostuvo carecer de competencia para conocer del juicio de amparo e insistió en declinarla a su homólogo Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; por tanto, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, para que determinara a quién le correspondía la competencia del asunto.

Una vez realizados los trámites correspondientes, por razón de turno, correspondió conocer del conflicto competencial al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el número 5/2018.

Así, el conflicto fue resuelto mediante sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho, en el sentido de declarar competente al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ello, bajo los razonamientos siguientes:

El estudio realizado por el Tribunal Colegiado fue dividido en tres incisos, por lo que vale la pena seguir con tal estructura.

A) Consideraciones previas.

En este apartado enmarca el asunto que originó el conflicto competencial, el cual es una demanda de amparo en la que se señaló como acto reclamado la resolución emitida por la Junta Directiva del IFECOM en un procedimiento de sanción administrativa seguido en contra del quejoso como especialista registrado ante dicha institución.

En esa resolución se determinó la cancelación del registro del quejoso como especialista del IFECOM, así como su sustitución de diversos concursos mercantiles, por considerar que dicho especialista no desempeñó adecuadamente sus funciones.

B) Bases necesarias para dirimir el asunto.

Después, en este inciso, abordó los siguientes temas: la competencia en el amparo, la naturaleza jurídica del IFECOM, así como los alcances de las facultades con las que cuenta ese órgano auxiliar para establecer sanciones de los especialistas registrados ante dicho instituto.

1. La competencia en el amparo.

Explicó que la competencia para conocer y resolver un juicio de amparo se deriva de diversas situaciones conocidas como ámbitos de competencia, los cuales en el juicio constitucional se clasifican en: 1) ámbito de materia; 2) ámbito territorial; y, 3) el turno.

Que para el caso, lo que interesaba analizar eran las reglas que prevé la Ley de Amparo para determinar el ámbito de competencia por materia. Dicha competencia la definió como la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Aquélla tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el título cuarto, determina las atribuciones de los Jueces de Distrito en los artículos 48, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 en los que se regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito. Asimismo, precisa que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo referido, como acontece en algunos circuitos del interior de la República.

Después, refirió –en específico– que el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece las atribuciones de los Jueces de Distrito en materia administrativa y, por otra parte, el artículo 54 de la ley en comento, dispone las atribuciones de los Jueces de Distrito de amparo en materia civil.

Así, transcribió los preceptos referidos en el párrafo anterior, de lo cual obtuvo que de la interpretación de los artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios:

a) La naturaleza del acto reclamado.

b) La naturaleza de la autoridad responsable.

Tales criterios justifican la especialidad por materia, pues las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, en otros, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho y, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a que garantiza la prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios.

Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Juzgados de Distrito especializados, tratándose de juicios de amparo indirecto, deben tomarse en cuenta tales criterios. Sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegue el quejoso.

De allí concluyó que para determinar la competencia por materia de un juzgado de distrito especializado, respecto de un juicio de amparo indirecto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable en el referido juicio analizándolo de forma integral de acuerdo con sus consecuencias; por lo que para evidenciar a quién compete conocer de determinado asunto, es necesario desentrañar las características jurídicas del acto de que se trate, de qué procedimiento surge éste, qué carácter tiene la autoridad responsable en ese procedimiento, siendo irrelevante qué normas se apliquen.

2) El IFECOM y su naturaleza jurídica.

Precisó que, de acuerdo con lo previsto por los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer párrafo, de la Constitución; 1o., fracción VI, 81, fracción XXXI, 85, fracción VI y 88, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 311, párrafo primero, fracciones I a VIII y X, 313 y 314 de la Ley de Concursos Mercantiles, el IFECOM es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que está encomendado a una Junta Directiva integrada por el director general del instituto y cuatro vocales, nombrados por el mencionado consejo a propuesta de su presidente; así como que tanto a este funcionario como al propio consejo les compete supervisar el funcionamiento del citado instituto.

Pues bien, apuntó que –de conformidad con los artículos referidos de la Ley de Concursos Mercantiles–, el IFECOM cuenta con facultades de carácter meramente administrativo, que tienen que ver esencialmente con la selección, designación, registro y revocación de los especialistas en concursos mercantiles –visitadores, conciliadores y síndicos–, establecer el régimen aplicable para la remuneración de éstos y proveer su capacitación y actualización, así como expedir las reglas de carácter general necesarias para el ejercicio de las atribuciones de designación citadas.

Lo cual corroboró con el contenido de la exposición de motivos que dio origen al citado instituto, y de la cual desprendió que las facultades que el legislador confirió al instituto se refieren exclusivamente a atribuciones de carácter administrativo, en tanto que constituye un auxiliar del Juez del concurso, sobre todo en lo referente a la designación y revocación de los especialistas que deban intervenir en el procedimiento concursal; pero no puede considerarse a dicho instituto como parte en ese tipo de juicios, de ahí que sus actuaciones deban entenderse en el contexto de su carácter de órgano auxiliar tanto del Juez concursal como del Consejo de la Judicatura Federal.

3) Alcances de la facultad otorgada al IFECOM para imponer sanciones administrativas conforme a lo previsto en los artículos 336 y 338 de la ley de la materia.

En primer lugar, transcribió los artículos mencionados, de los cuales obtuvo la facultad que otorga directamente la Ley de Concursos Mercantiles al IFECOM –órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal– para sancionar a los especialistas cuya actuación regula, en los casos en que incurran en alguna infracción prevista por la propia ley.

Así, precisó que la facultad referida tiene carácter técnico-operativo de la materia con la que se vinculan, pues su finalidad es lograr una adecuada y eficaz aplicación de la ley respecto de una determinada cuestión específica, a saber, la imposición de sanciones administrativas a los especialistas concursales en caso de que transgredan la ley que regula su actuación.

Una vez más, se auxilió de la exposición de motivos de la Ley de Concursos Mercantiles, de la que desprendió que la intención del legislador fue que el citado instituto contara con la mayor autonomía técnica y operativa posible, manteniéndolo al margen de su intervención directa en los procedimientos concursales; por lo que, a través de los artículos en comento, le asignó directamente la atribución de sancionar administrativamente a los especialistas cuya actuación regula, en los casos en que dichos profesionales incurran en alguna infracción prevista por la propia ley.

Tal facultad sancionadora guarda congruencia y armonía con una de las funciones asignadas directamente por el legislador ordinario al IFECOM, en cuanto a la supervisión que debe hacer de la actividad que desarrollan los especialistas concursales, la cual está conferida en la fracción VIII del invocado artículo 311 de la ley concursal; por lo que desde esa perspectiva, la atribución en cita no afecta ni se contrapone a las facultades que la Constitución, en su artículo 100, otorga al Consejo de la Judicatura Federal, para encargarse de la vigilancia y disciplina internas del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo dispone el artículo 94 de la Constitución Federal.

Lo cual corroboró con el hecho de que los citados especialistas guardan vinculación con el citado instituto, debido a la finalidad que se persiguió con su creación, máxime que dicha relación se desarrolla de manera directa con el citado instituto, en su carácter de auxiliares del Juez del concurso.

Ahora, en relación con la creación de la figura de los especialistas de concursos mercantiles y su vinculación con el instituto, trajo a colación la parte conducente de la exposición de motivos de la Ley de Concursos Mercantiles, de la que obtuvo que la intención del legislador al crear la figura jurídica del especialista concursal –visitador, conciliador y síndico– fue que intervinieran en el concurso como órgano integrante del mismo, pero en auxilio del Juez, que conservaría la rectoría del procedimiento concursal, ello, con la finalidad de solucionar de manera más rápida y eficaz los problemas de la empresa afectada; por lo que en congruencia con lo anterior, también se propuso la creación del organismo que regularía la actuación de los mencionados especialistas.

Por consiguiente, de acuerdo con la intención del legislador ordinario al crear la figura de los especialistas en concursos mercantiles, y la regulación existente respecto de su actuación, tales expertos se encuentran ligados directamente al IFECOM.

Por tanto, al revisarse y evaluarse el desempeño de dichos especialistas dentro de los concursos mercantiles, derivado del incumplimiento de alguna de las obligaciones legales a que se encuentran sujetos, ello se hace en su carácter de auxiliares del Juez del concurso en que intervienen –no de parte en el procedimiento–, por lo que en esa medida, se vinculan a un tema de control y disciplina dentro del propio instituto que los regula; lo cual corrobora que la atribución para sancionar a los citados profesionistas encuentra sustento netamente administrativo, para verificar el funcionamiento de los especialistas concursales, constituyéndose así dicho instituto en un mero espectador del proceso concursal con miras, en su caso, a sancionar la actuación de tales especialistas cuando se actualice alguna de las hipótesis que sobre el particular prevé la ley de la materia.

C) Análisis del caso.

Con base en las consideraciones relatadas, concluyó que en el caso la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso, corresponde al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Nuevamente hizo referencia a que el acto reclamado en la demanda de amparo que dio origen al conflicto competencial fue una resolución dictada por la Junta Directiva del IFECOM, en la que se le impuso como sanción administrativa, la cancelación de su registro como especialista de concursos mercantiles; y decidió que dicha impugnación hace aplicable la regla de competencia contenida en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Refiere que, la materia de lo resuelto en la resolución reclamada versa sobre un procedimiento sancionatorio administrativo llevado a cabo por el IFECOM, y en el que finalmente se sancionó al quejoso con la cancelación de su registro como especialista, de conformidad con las reglas previstas en los artículos 336, 337 y 338 de la Ley de Concursos Mercantiles.

Lo que hace latente que dicha resolución reclamada constituye un acto que, por su naturaleza jurídica y características, puede considerarse –lato sensu– como de los realizados por uno de sus órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal, pues se vincula con el ejercicio de una facultad sancionadora otorgada directamente por el legislador ordinario al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, conforme a lo previsto en el artículo 73, fracción X, de la Constitución, respecto de una cuestión técnico-operativa como es la supervisión del desempeño que realizan los especialistas que participan en los concursos mercantiles, con la finalidad de lograr una adecuada y eficaz aplicación de la ley respecto de una cuestión específica como es la imposición de sanciones administrativas a dichos especialistas en caso de que transgredan la ley que regula su actuación.

En ese contexto, la resolución reclamada en amparo resulta ser un acto autónomo de naturaleza netamente administrativa, pues la Junta Directiva del multicitado IFECOM cuenta con autonomía técnica y operativa para realizarla.

Resaltó la distinción entre el procedimiento sancionador mencionado, el cual resulta diverso y se sustancia en forma separada del procedimiento concursal en el que el especialista actúa como auxiliar del Juez, pues el proceso concursal –de naturaleza jurídica sui géneris– se define como un conjunto de actuaciones seguidas ante la autoridad judicial que tiene como finalidad procurar que un comerciante –lato sensu– que incumple generalizadamente sus obligaciones de pago, pueda negociar sus pasivos o vender bienes de su propiedad para cumplir tales deberes, o en última instancia, liquidar su empresa a efecto de pagar a sus acreedores; mientras que el procedimiento sancionatorio derivado de la verificación de la actuación de un especialista en un concurso mercantil, es de carácter estrictamente sancionatorio y, por ende, se ciñe únicamente a verificar que su actuación se apegue a las obligaciones que tienen asignadas conforme al artículo 332 de la ley de la materia, y de resultar fundado, da lugar a la imposición de la sanción administrativa correspondiente.

Esto es así porque, el citado procedimiento sancionatorio no tiene como objeto la revisión del procedimiento concursal en calidad de otra instancia, sino que se concreta a la verificación de la debida actuación del especialista cuya conducta se encuentra cuestionada; de ahí que el hecho de que tal procedimiento sancionatorio se encuentre regulado en la Ley de Concursos Mercantiles no afecta su naturaleza administrativa, pues debe atenderse a que se instauró con la finalidad de revisar –en sede administrativa– que la actuación del especialista sujeta a escrutinio, sea apegado a sus obligaciones legales.

Además, en el procedimiento sancionatorio tampoco existe la intervención judicial para su tramitación y decisión, en tanto que deriva de una facultad legal otorgada a un órgano administrativo, de carácter autónomo y auxiliar de los Jueces concursales.

Lo cual corroboró con que el procedimiento administrativo sancionador de especialistas de concursos mercantiles se encuentra regulado en los artículos 336 a 338 de la ley de la materia, de los que se aprecia esencialmente que dicho procedimiento tiene como finalidad supervisar la actuación del especialista concursal dentro de los juicios de concurso mercantil donde participa –ya sea como visitador, conciliador o síndico–, pudiendo establecerse alguna sanción administrativa de las previstas en la ley concursal, que pueden ser amonestación, suspensión temporal, o bien, la cancelación de su registro ante el IFECOM.

La importancia de dicho procedimiento radica en que la autoridad que se encarga de conocerlo y resolverlo, puede llegar a afectar la esfera jurídica de un gobernado mediante la actividad punitiva del Estado, de ahí que tal autoridad deba ceñir su actuación a reglas específicas que lo regulen.

En ese sentido, recordó que conforme a lo previsto en los artículos 311, fracciones VIII y XIV, así como 321, fracción III, de la Ley de Concursos Mercantiles, el IFECOM –a través de su Junta Directiva– cuenta con facultades técnico-operativas para supervisar la actuación de los especialistas y, para ello, puede emitir las reglas de carácter general que la misma ley le indica, así como aprobar la normativa interna del instituto, lo que incluye manuales de organización y procedimientos.

Las reglas de carácter general actualmente expedidas por dicho órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, abarcan otros aspectos de la actividad de los especialistas concursales, tales como: su registro, procedimientos de selección y designación, la actualización de dichos especialistas, así como el cálculo y cobro de su remuneración, entre otros.

Por tanto, no obstante la regulación prevista en la ley concursal respecto de la sustanciación del citado procedimiento sancionador de especialistas en dicha materia, debe precisarse que también pueden aplicarse otras normas que, amén de que regulan el funcionamiento del multicitado instituto, permitirán complementar debidamente la forma de tramitar el procedimiento sancionador en comento.

Así, el contenido de los artículos de la ley concursal que regulan el procedimiento administrativo sancionador en estudio, concluyó que la naturaleza jurídica y materia de lo que se dirime en esa instancia administrativa se asemejan a la de los procedimientos de responsabilidad administrativa, seguidos contra servidores públicos integrantes de la administración pública.

Por ello, tomando como base que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo previsto en el artículo 88, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho instituto cuando sustancie procedimientos sancionadores relacionados con la actuación de los especialistas concursales, puede aplicar de manera complementaria, los preceptos contenidos en la citada ley orgánica, concretamente en el título octavo de dicha legislación, que se refieren al procedimiento de responsabilidad administrativa ahí previsto.

Lo anterior, atendiendo a la semejanza que guardan la naturaleza jurídica y materia de lo que se dirime en el mencionado procedimiento administrativo sancionador de especialistas concursales, con los procedimientos administrativos de responsabilidad regulados por la ley orgánica en comento; así como al hecho de que con ello la autoridad que conozca del asunto, cumple con el derecho fundamental del debido proceso.

Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es reconocida expresamente por el propio Consejo de la Judicatura Federal, como un ordenamiento que rige, directamente, el funcionamiento del IFECOM, tal y como se aprecia de los artículos 2o., fracción VIII y 114 del respectivo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta su organización y funcionamiento; todo lo cual permite concluir que tales ordenamientos complementan las citadas reglas generales.

Por lo tanto, de acuerdo con el análisis de la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la autoridad administrativa que la emitió, se llega a la conclusión de que si bien el quejoso señaló como algunas de las autoridades responsables a diversos Jueces Federales que conocen de diferentes concursos mercantiles donde interviene como especialista, e incluso la regulación del procedimiento sancionador que se le aplicó en la resolución reclamada encuentra apoyo en la Ley de Concursos Mercantiles; lo cierto es que tales circunstancias no definen la naturaleza jurídica del acto impugnado en el juicio de amparo, pues en realidad la impugnación fundamental es la determinación recaída en el procedimiento administrativo que se instauró en su contra y contenida en la resolución impugnada, consistente en cancelar su registro como especialista ante el IFECOM, esto es, por la ilegalidad de esa resolución que contiene determinaciones de índole administrativo que el impetrante –considera– transgreden en su perjuicio sus derechos fundamentales; y esa comunicación a los Jueces de Distrito en donde el especialista sancionado tenía intervención, únicamente fue para que tuvieran conocimiento de tal decisión.

Derivado de todo lo anterior, resulta inconcuso que –en el caso– se está en presencia de un acto reclamado que, atendiendo a su naturaleza jurídica, es formal y materialmente administrativo, y la autoridad emisora (IFECOM) es una autoridad administrativa, que forma parte –como órgano auxiliar– del Consejo de la Judicatura Federal, con atribuciones específicas para tanto implementar mecanismos técnico-operativos que permitan el control y disciplina de los especialistas que se registren ante ella, como la emisión de la resolución respectiva; aunado a que el procedimiento sancionatorio del que surgió la resolución impugnada, si bien se encuentra regulado en la Ley de Concursos Mercantiles, lo cierto es que ello no trastoca su naturaleza administrativa, pues tal procedimiento no tiene como objeto la revisión del procedimiento concursal en calidad de otra instancia, sino que se concreta a la verificación de la actuación del especialista cuya conducta se encuentra cuestionada.

II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 225/2015.

En relación con el recurso de revisión se señalan los siguientes antecedentes:

Demanda de amparo indirecto. Pablo Octaviano Mendoza García, por propio der

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30052-38cedeed/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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