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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL IFECOM DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES POR IRREGULARIDADES O INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A LAS QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS, CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 5/2018. · Registro digital (IUS): 28289
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-01-25
Promovente: SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL Y EL JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Pág. 2344.

CONFLICTO COMPETENCIAL 5/2018. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL Y EL JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 6 DE AGOSTO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ELISEO PUGA CERVANTES. PONENTE: EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO. SECRETARIO: HIRAM CASANOVA BLANCO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—Estudio del asunto.

A) Consideraciones previas.

El presente asunto deriva del conflicto suscitado por dos Jueces de Distrito –uno en materia civil y otro en materia administrativa– con residencia en la Ciudad de México, por el que refieren carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por **********, en la que señaló como acto reclamado la resolución emitida por la junta directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles –en adelante IFECOM– en un procedimiento de sanción administrativa seguido en su contra como especialista registrado ante dicha institución.

En esa resolución reclamada se estableció la cancelación del registro del quejoso como especialista del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como sustituirlo en diversos concursos mercantiles, debido a que se consideró que no desempeñó adecuadamente sus funciones.

Los motivos específicos por los cuales se estimó que el citado especialista incurrió en un desempeño indebido y poco diligente de sus deberes fueron, esencialmente: 1) que durante un año dejó de gestionar la enajenación de los bienes de la masa para pagar a los acreedores; 2) omitió tomar las medidas necesarias a fin de conservar los bienes de la masa, provocando que se perdieran bienes muebles; 3) omitió apersonarse y dar debido seguimiento a un juicio laboral en el que la concursada fue condenada, denotando falta de conocimiento de la totalidad de las constancias del concurso; 4) arrendó en forma desventajosa parte de los bienes de la masa; y, 5) contrató a un trabajador que tenía intereses contrarios a la masa.

El juzgador de Distrito en Materia Civil sostuvo que carece de competencia, esencialmente, porque la naturaleza jurídica de la autoridad que emitió la resolución impugnada como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal y las facultades que la ley le otorga, se vinculan con la materia administrativa, aunado a que el acto reclamado pertenece al ámbito del derecho administrativo.

Por su parte, el Juez de Distrito en Materia Administrativa sostuvo, esencialmente, que la resolución reclamada, al contener una sanción para el quejoso como especialista del IFECOM, ello implicaba que se tuviera que valorar la conducta del impetrante a la luz de la legislación concursal; de ahí que no fuera factible analizar el asunto desde el punto de vista netamente administrativo, sino materialmente civil, máxime que se juzgarían actos jurídicos llevados a cabo por el impetrante relacionados con el procedimiento concursal.

B) Bases necesarias para dirimir el asunto.

Expuesto lo anterior, cabe precisar que para la solución del presente asunto resulta oportuno establecer algunas bases sobre los aspectos involucrados en la controversia, tales como la competencia en el amparo, la naturaleza jurídica del IFECOM, así como los alcances de las facultades con las que cuenta ese órgano auxiliar para establecer sanciones de los especialistas registrados ante dicho instituto; todo lo cual, será desarrollado en el presente apartado.

1. La competencia en el amparo.

La competencia para conocer y resolver un juicio de amparo deriva de diversas situaciones conocidas como ámbitos de competencia, los cuales en el juicio constitucional se clasifican en: 1) ámbito de materia, es decir, atendiendo a la materia sobre la cual versa la controversia constitucional (penal, civil, laboral, administrativa); 2) ámbito territorial, que atiende específicamente al lugar donde resida la autoridad responsable, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo; y, 3) el turno, que obedece a una forma de organización para repartir equitativamente las cargas de trabajo entre juzgados y tribunales que se encuentran en una misma jurisdicción, sin que se cargue el trabajo judicial en unos, para que en los demás se equilibre la entrada de los asuntos que les correspondan.

Para el caso, lo que interesa analizar son las reglas que prevé la Ley de Amparo para determinar el ámbito de competencia por materia. Dicha competencia puede definirse como la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho.

Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el título cuarto, determina las atribuciones de los Jueces de Distrito en los artículos 48, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 en los que se regula su competencia por materia, de los Jueces de Distrito, estableciendo: Jueces Federales Penales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; Jueces de Distrito Civiles Federales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil; y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Asimismo, precisa que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo señalado, como acontece en algunos circuitos del interior de la República.

El artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece como atribuciones de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, las siguientes:

"Artículo 52. Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán:

"I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden;

"III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo;

"IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente;

"V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y

"VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

A su vez, el artículo 54 del mismo ordenamiento en comento, dispone que las atribuciones de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil, son las siguientes:

"Artículo 54. Los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil conocerán:

"I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"III. De los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta ley; y

"IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

De la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios:

a) La naturaleza del acto reclamado; y,

b) La naturaleza de la autoridad responsable.

Los criterios señalados justifican la especialidad por materia pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, entre otros, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho y, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando, con ello, dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que garantiza la prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios.

Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Juzgados de Distrito especializados, tratándose de juicios de amparo indirecto, deben tomarse en cuenta tales criterios, pues la constitucionalidad del acto reclamado se analiza en relación con las disposiciones que lo rigen, las que determinan, por consecuencia, la materia. Sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegue el quejoso, es decir, que sean éstos quienes la determinen, de acuerdo con lo que manifiesten, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.

En consecuencia, para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito especializado, respecto de un juicio de amparo indirecto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable en el referido juicio analizándolo, de forma integral, de acuerdo con sus consecuencias; por lo que para evidenciar a quién compete conocer de determinado asunto, es necesario desentrañar las características jurídicas del acto de que se trate, de qué procedimiento surge éste, qué carácter tiene la autoridad responsable en ese procedimiento, siendo irrelevante qué normas se apliquen.

Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada 2a. XVIII/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXV, marzo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 702, que dice:

"COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.—De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, tratándose de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo indirecto, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado."

2) El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles –IFECOM– y su naturaleza jurídica.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer párrafo, de la Constitución Federal;(1) 1o., fracción VI, 81, fracción XXXI, 85, fracción VI y 88, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como 311, párrafo primero, fracciones I a VIII y X y 313 y 314 de la Ley de Concursos Mercantiles,(3) el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que está encomendado a una junta directiva integrada por el director general del instituto y cuatro vocales, nombrados por el mencionado Consejo a propuesta de su presidente; así como que, tanto a este funcionario, como al propio Consejo les compete supervisar el funcionamiento del citado instituto.

De conformidad con el contenido de los transcritos artículos de la Ley de Concursos Mercantiles, el referido instituto cuenta con facultades de carácter meramente administrativo, que tienen que ver, esencialmente, con la selección, designación, registro y revocación de los especialistas en concursos mercantiles –visitadores, conciliadores y síndicos–, establecer el régimen aplicable para la remuneración de éstos y proveer su capacitación y actualización, así como expedir las reglas de carácter general necesarias para el ejercicio de las atribuciones de designación citadas.

Lo anterior se corrobora con el contenido de la exposición de motivos que dio origen al citado instituto y en la que se señaló, en lo que interesa, lo siguiente:

"... Para asegurar que se contará con las personas que tienen los requisitos necesarios para llevar a cabo su tarea con competencia y honestidad, así como la transparencia en su designación la iniciativa propone la creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, como un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura Federal y cuya función principal será la de autorizar a las personas que acreditan cubrir los requisitos necesarios, para prestar servicios de visitadores, conciliadores o síndicos. También, entre otras funciones, tendrá la de la solicitud del Juez del concurso, designar por sorteo de entre las personas acreditadas, a quienes prestarán las funciones de visitadores, conciliadores y síndicos. De esta manera se prevé contar con un medio transparente de selección de los especialistas que actuarán en los procedimientos concursales. Se atribuye así a dicho instituto la concentración de las listas de síndicos, y de los legajos de cada una de las personas que en ellas figuren, para centralizar los datos de toda la República, y facilitar la depuración de las listas, así como la publicidad de ellas y de algunos de los actos que conciernan a las funciones que la iniciativa les encomienda. Con esta reforma se procura aliviar la tarea del Juez en los procedimientos concursales sin privarlo de su función primordial, y permitir que la labor de los especialistas produzca resultados inmediatos y reales en la solución de los problemas de una empresa en crisis. ..." (énfasis añadido)

La citada transcripción revela que las facultades que el legislador confirió al instituto se refieren, exclusivamente, a atribuciones de carácter administrativo, en tanto que constituye un auxiliar del Juez del concurso, sobre todo en lo referente a la designación y revocación de los especialistas que deban intervenir en el procedimiento concursal; pero no puede considerarse a dicho instituto como parte en ese tipo de juicios; de ahí que sus actuaciones deban entenderse en el contexto de su carácter de órgano auxiliar tanto del Juez concursal como del Consejo de la Judicatura Federal.

Respecto a la naturaleza jurídica del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, resulta aplicable la tesis(4) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, y que dice:

"CONCURSOS MERCANTILES. NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES.—El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con autonomía técnica y operativa, que de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Concursos Mercantiles debe quedarse al margen de una intervención directa en los procedimientos concursales, y las facultades que dicha ley le otorga en su artículo 311 deben entenderse de carácter meramente administrativo, pues tienen que ver esencialmente con la selección, designación, registro y revocación de los visitadores, conciliadores y síndicos, establecer el régimen aplicable para la remuneración de éstos y proveer su capacitación y actualización, así como expedir las reglas de carácter general necesarias para el ejercicio de las atribuciones de designación antes citadas. Tales facultades que el legislador confirió al instituto se refieren exclusivamente a atribuciones de carácter administrativo en tanto constituye un auxiliar del Juez encargado esencialmente de los actos anteriormente precisados; pero de ninguna manera se puede considerar a dicho instituto como parte en ese juicio, ni menos que pueda realizar actuaciones sustantivas motu proprio, tales como supervisar los informes que rinden periódicamente los síndicos, pues el hecho de que la fracción VIII del invocado artículo 311 establezca que entre otras cosas tiene la facultad de ‘supervisar la prestación de los servicios que realicen los visitadores, conciliadores y síndicos’, esta atribución debe entenderse limitada a su carácter de órgano auxiliar del Juez y en todo caso se traduce en la posibilidad que tiene de acceder al expediente con el objeto de comprobar, desde un punto de vista netamente administrativo, el funcionamiento de los visitadores, conciliadores y síndicos, constituyéndose así dicho instituto en un mero espectador del proceso con miras a en su caso sancionar (revocar) la autorización de tales especialistas cuando se actualice alguna de las hipótesis que sobre el particular prevé la ley de la materia."

3) Alcances de la facultad otorgada al IFECOM para imponer sanciones administrativas, conforme a lo previsto en los artículos 336 y 338 de la ley de la materia.

Los citados numerales establecen expresamente lo siguiente:

"Artículo 336. El instituto podrá imponer como sanción administrativa a los visitadores, conciliadores y síndicos, según la gravedad de la infracción cometida a lo dispuesto en esta ley, amonestación, la suspensión temporal o la cancelación de su registro."

"Artículo 338. La junta directiva del instituto resolverá sobre la amonestación, la suspensión temporal o la cancelación del registro de los visitadores, conciliadores y síndicos, dando audiencia al interesado. Contra la resolución que dicte la junta directiva no procederá recurso alguno." (énfasis añadido)

Las normas transcritas evidencian la facultad que otorga directamente la Ley de Concursos Mercantiles al IFECOM –órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal– para sancionar a los especialistas cuya actuación regula, en los casos en que incurran en alguna infracción prevista por la propia ley.

En ese contexto, la facultad referida tiene carácter técnico-operativo de la materia con la que se vinculan, pues su finalidad es lograr una adecuada y eficaz aplicación de la ley respecto de una determinada cuestión específica, a saber, la imposición de sanciones administrativas a los especialistas concursales en caso de que transgredan la ley que regula su actuación.

En efecto, la exposición de motivos de la Ley de Concursos Mercantiles, en su parte conducente, señala:

"... Al diseñar la estructura interna del instituto se buscó, en todo momento, procurar que cuente con la mayor autonomía técnica y operativa posible. Asimismo, se buscó mantenerla al margen de su intervención directa en los procedimientos concursales y que los miembros de su junta directiva fueran personas de reconocido prestigio en las materias relevantes (administrativa, contable, financiera, económica y jurídica) para la acreditación, designación y supervisión de los especialistas en el proceso concursal. Finalmente, para propiciar su memoria institucional, se decidió que su junta fuera integrada por cinco miembros que serían designados de manera escalonada." (énfasis añadido)

Como se observa, la intención del legislador fue que el citado instituto contara con la mayor autonomía técnica y operativa posible, manteniéndolo al margen de su intervención directa en los procedimientos concursales; de ahí que a través de los artículos 336 y 338 de la citada ley concursal, le asignó directamente la atribución de sancionar administrativamente a los especialistas cuya actuación regula, en los casos en que dichos profesionales incurran en alguna infracción prevista por la propia ley.

La facultad sancionadora en comento guarda congruencia y armonía con una de las funciones asignadas directamente por el legislador ordinario al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, en cuanto a la supervisión que debe hacer de la actividad que desarrollan los especialistas concursales, la cual está conferida, expresamente, en la fracción VIII del invocado artículo 311 de la ley concursal; por lo que desde esa perspectiva, la atribución en cita no afecta ni se contrapone a las facultades que la Constitución Federal, en su artículo 100, otorga al Consejo de la Judicatura Federal, para encargarse de la vigilancia y disciplina internas del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo dispone el artículo 94 de la Constitución Federal.

Lo anterior se corrobora por el hecho de que los citados especialistas guardan vinculación con el citado instituto, debido a la finalidad que se persiguió con su creación, máxime que dicha relación se desarrolla de manera directa con el citado instituto, en su carácter de auxiliares del Juez del concurso.

En relación con la creación de la figura de los especialistas de concursos mercantiles y su vinculación con el instituto, la exposición de motivos de la Ley de Concursos Mercantiles señaló, en lo que interesa, lo siguiente:

"... Una preocupación de la comisión redactora de la iniciativa fue la de reorganizar las funciones del Juez, del síndico y de la intervención de tal manera que éstas se puedan desarrollar en forma más independiente, disponiendo cada uno de los órganos de plazos determinados para el desempeño de sus funciones, con el objeto de dar mayor transparencia a los procedimientos concursales y evitar que se prolonguen demasiado tiempo.

"Se buscó, primeramente, redefinir la función del Juez dentro de los procedimientos concursales. La comisión llegó a la conclusión de que los más importantes problemas que se presentan en una empresa en estado de falta de liquidez, son de naturaleza comercial y administrativa y pueden solucionarse por expertos en esas materias comerciales. Sólo un número limitado de cuestiones, relativas a las relaciones del comerciante con terceros y a la protección de sus derechos, requiere necesariamente la intervención de la autoridad judicial y el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento.

"La iniciativa mantiene al Juez como órgano central y rector de la quiebra, pero reconoce que la especialización en las ramas del derecho privado y de procedimientos que tienen los Jueces y los abogados litigantes no los prepara en nuestros días para resolver sobre materias en las que no están necesariamente instruidos. Para resolver adecuadamente sobre problemas financieros, del tiempo, de personal competente y de los medios materiales, que resultan indispensables para superar la obvia crisis que confronta una empresa que se ha visto imposibilitada para hacer frente a sus obligaciones de manera generalizada, es necesario contar con la participación de especialistas que asistan a la autoridad judicial en sus resoluciones.

"Se percibieron entonces, como graves, los inconvenientes de seguir el sistema tradicional de dejar al Juez la responsabilidad de todas las decisiones, no solamente las jurisdiccionales que corresponde a su función natural, sino las decisiones administrativas, industriales, comerciales, económicas y financieras que resultan necesarias para la rehabilitación o, en su caso, liquidación de la empresa fallida. ... la tendencia moderna ha sido la de reservar al Juez solamente los problemas jurídicos que en los procedimientos jurídicos que en los procedimientos concursales se presenten. Y a otros órganos de la quiebra la responsabilidad administrativa: el Juez debe intervenir en las controversias jurisdiccionales, en relación con una cuestión administrativa o financiera pero no pueden tener la responsabilidad de tomar decisiones en tales materias.

"Las razones arriba apuntadas llevaron a la Comisión, que redactó la iniciativa, a elaborar una cuidadosa distinción entre aquellas cuestiones que por afectar los derechos del comerciante y de otras partes interesadas, o suponer un litigio entre ellas, son de naturaleza judicial y aquellas otras de carácter comercial, contable, financiero o administrativo y que deben ser resueltas por especialistas en esos ramos. La iniciativa que se propone hace una consecuente distinción entre las tareas y atribuciones judiciales y las que son propiamente comerciales. ...

"Según las fases del procedimiento concursal, la iniciativa atribuye facultades a tres clases de especialistas: los visitadores, conciliadores y síndicos. Las atribuciones de los especialistas son importantes y delicadas. Los especialistas deben tener solvencia moral, conocimientos y experiencia en el ramo de la actividad que corresponde a sus atribuciones. Los profesionistas cuya preparación les permite atender estas funciones forman un grupo en donde fácilmente pueden reclutarse estos especialistas, tales son los licenciados en derecho, los licenciados en administración de empresas, los licenciados en economía, los contadores y los especialistas en ingeniería financiera. Tales profesionistas son los más indicados, en la actual situación de nuestra sociedad, para que acepten y desempeñen las funciones que típicamente se han reservado a las sindicaturas, más aquellas que les atribuye la iniciativa.

"Para asegurar que se contará con las personas que tienen los requisitos necesarios para llevar a cabo su tarea con competencia y honestidad, así como la transparencia en su designación, la iniciativa propone la creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, como un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura Federal y cuya función principal será la de autorizar a las personas que acreditan cubrir los requisitos necesarios, para prestar servicios de visitadores, conciliadores o síndicos. También, entre otras funciones, tendrá la de la solicitud del Juez del concurso, designar por sorteo de entre las personas acreditadas, a quienes prestarán las funciones de visitadores, conciliadores y síndicos. De esta manera se prevé contar con un medio transparente de selección de los especialistas que actuarán en los procedimientos concursales. Se atribuye así a dicho instituto la concentración de las listas de síndicos, y de los legajos de cada una de las personas que en ellas figuren, para centralizar los datos de toda la República, y facilitar la depuración de las listas, así como la publicidad de ellas y de algunos de los actos que conciernan a las funciones que la iniciativa les encomienda.

"Con esta reforma, se procura aliviar la tarea del Juez en los procedimientos concursales sin privarlo de su función primordial, y permitir que la labor de los especialistas produzca resultados inmediatos y reales en la solución de los problemas de una empresa en crisis..." (énfasis añadido)

Resulta evidente que la intención del legislador al crear la figura jurídica del especialista concursal –visitador, conciliador y síndico– fue que intervinieran en el concurso como órgano integrante del mismo, pero en auxilio del Juez, que conservaría la rectoría del procedimiento concursal, ello con la finalidad de solucionar de manera más rápida y eficaz los problemas de la empresa afectada; por lo que, en congruencia con lo anterior, también se propuso la creación del organismo que regularía la actuación de los mencionados especialistas.

Por consiguiente, de acuerdo con la intención del legislador ordinario al crear la figura de los especialistas en concursos mercantiles, y la regulación existente respecto de su actuación –artículos 325 a 333 de la Ley de Concursos Mercantiles–, tales expertos se encuentran ligados directamente al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

Por tanto, al revisarse y evaluarse el desempeño de dichos especialistas dentro de los concursos mercantiles, derivado del incumplimiento de alguna de las obligaciones legales a que se encuentran sujetos, ello se hace en su carácter de auxiliares del Juez del concurso en que intervienen –no de parte en el procedimiento–, por lo que en esa medida, se vinculan a un tema de control y disciplina dentro del propio instituto que los regula; todo lo cual corrobora que la atribución para sancionar a los citados profesionistas encuentra sustento netamente administrativo, para verificar el funcionamiento de los especialistas concursales, constituyéndose así dicho instituto en un mero espectador del proc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28289-60683d63/competencia-por-materia-para-conocer-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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