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Modo: Corpus Pro

RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES QUE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE A UNO DE ELLOS. AL CONSTITUIR UN ACTO AUTÓNOMO DERIVADO DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE SU ACTUACIÓN, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 338 DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 80/2016. · Registro digital (IUS): 27043
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-03-31
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Pág. 2927.

AMPARO EN REVISIÓN 80/2016. 12 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO. SECRETARIO: HIRAM CASANOVA BLANCO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Estudio de los agravios.

A) Análisis de las referencias a violaciones de artículos contenidos en la Constitución General de la República.

Ante todo, conviene precisar que resultan inoperantes las referencias genéricas que hace el recurrente al inicio de sus dos agravios, cuando aduce que la sentencia recurrida transgredió los artículos 1o., 14, 16, 17 y 100 constitucionales.

Lo anterior es así, porque cuando los Jueces de Distrito conocen del juicio de amparo es evidente que se encuentran ejerciendo la función de control constitucional y, por ello, es lógico que emitan determinaciones cuyo cumplimiento es obligatorio, o también realicen actuaciones tendentes a hacer cumplir esas determinaciones, sin que ello implique que tales juzgadores infrinjan derechos fundamentales o garantías individuales contenidos en preceptos de la Carta Magna, dada la propia naturaleza jurídica de la función que realizan.

Asimismo, aun cuando en contra de las decisiones de los Jueces de Distrito procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia a través del cual el tribunal de alzada, con amplias facultades, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que la autoridad recurrida tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a estudiar los agravios expuestos.

Por consiguiente, debe estimarse que en el recurso de revisión no pueden analizarse los agravios consistentes en que la Juez de Distrito violó garantías individuales o derechos fundamentales contenidos en preceptos de la Constitución, al conocer de un juicio de amparo, en razón de la propia naturaleza de ese medio de impugnación, así como de la función de control constitucional que desempeña el juzgador de amparo. Considerar lo contrario, sería desnaturalizar el juicio de amparo porque, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia,(1) sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

B) Análisis de las inconformidades contenidas a lo largo de sus dos agravios, relativas a la indebida aplicación al caso de la causa de improcedencia citada para sobreseer en el juicio de amparo.

Al respecto, el inconforme señala que el Juez de Distrito realizó el estudio de la actualización de la causa de improcedencia que citó partiendo de una premisa incorrecta, al señalar que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables de conformidad con el numeral 100, párrafo noveno, de la Constitución, en tanto que dicho Consejo es un órgano formal y materialmente administrativo y, por ende, no resulta aplicable lo dispuesto por el citado artículo constitucional, ya que la procedencia del juicio de amparo se fundamenta en la prerrogativa que ofrece el artículo 1o. de la Carta Magna, referida al respeto de los derechos humanos, lo que implica que las normas deban interpretarse conforme al principio pro persona, a fin de no hacer nugatorio el derecho de los gobernados de acudir ante los tribunales a que sus derechos sean decididos por un Juez imparcial e independiente.

A su vez, el recurrente destaca que en el sobreseimiento contenido al dictarse la sentencia recurrida no se tomó en consideración que "el derecho al juicio de amparo" se ha elevado a la categoría de derecho humano, por lo que debe ser respetado y garantizado por los tribunales previstos por nuestro sistema legal, y que las recientes reformas constitucionales ajustan nuestro derecho interno a las normas internacionales sobre derechos humanos.

En ese sentido, el inconforme señala que la definitividad de las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal se presenta solamente cuando dicho órgano emite decisiones relacionadas con servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y, en el caso, el inconforme es un simple gobernado, ya que no tiene el carácter de servidor público; de ahí que la inatacabilidad de las citadas decisiones no debe hacerse extensiva a las resoluciones que emite cuando decide una controversia judicial, es decir, cuando ejerce funciones jurisdiccionales, ya que la aludida prerrogativa -definitividad- está reservada para cuando actúa en ejercicio de las funciones administrativas para las que fue creado.

Con base en lo anterior, el disconforme precisa que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que son definitivas e inatacables, se refieren a las que emite en el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar lo que atañe a su régimen interno ya que, de lo contrario, se daría un carácter definitivo e inatacable a decisiones que si bien son emitidas por el citado órgano, también tienen efectos sobre situaciones o personas que no forman parte de las estructuras del Poder Judicial de la Federación.

Para evidenciar lo anterior, el inconforme precisa cuáles son, a su parecer, las excepciones al principio general de inimpugnabilidad aludido, resaltando que, de acuerdo con dichas excepciones, existe la posibilidad de que el juicio de amparo sea procedente contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que puedan afectar derechos de terceros que no forman parte o integran las estructuras del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, el recurrente señala que el artículo 100 constitucional debe ser interpretado de conformidad con el nuevo modelo constitucional en materia de derechos humanos, es decir, a la luz del texto vigente del artículo 1o. del Texto Fundamental, que prevé el principio pro persona, en relación con el diverso numeral 17, que establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia.

Por otra parte, el inconforme aduce que la inimpugnabilidad a que hace referencia la causa de improcedencia sustentada por el Juez Federal, es exclusiva del Consejo de la Judicatura Federal funcionando en Pleno o en Comisiones, ya que así se aprecia del contenido del artículo 100 constitucional, y como se advierte del acto reclamado -sentencia que dirime un procedimiento administrativo sancionador del síndico de varios concursos mercantiles-, dicha resolución la emitió un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal con autonomía técnica y operativa, como es la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; de ahí que resulte una determinación unilateral y autónoma al citado Consejo, es decir, que no se emitió en Pleno o en Comisiones.

Apoyado en lo anterior, el inconforme señala que resulta incorrecto el argumento sustentado en la sentencia recurrida en el sentido de que los órganos auxiliares descritos en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como son el Instituto de la Judicatura, la Visitaduría Judicial, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, emiten decisiones que gozan de la definitividad e inatacabilidad señaladas en la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo.

Por último, el recurrente precisa que la autonomía que la ley otorga a la autoridad responsable -Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles- es con efectos de administración en lo tocante a los citados especialistas, ya sea en cuanto a su designación, suspensión o cancelación; por lo que dicha autoridad toma decisiones de forma autónoma y unilateral sin el visto bueno o revisión del Consejo de la Judicatura Federal, y plantear lo contrario, sería facultar a los integrantes de la citada junta directiva para emitir decisiones resultado de un procedimiento en forma de juicio, con el carácter de inatacables, irrevocables y definitivas, aun cuando dichas decisiones afectan la esfera jurídica del gobernado y sus derechos humanos.

Esos argumentos resultan sustancialmente fundados y suficientes para revocar el fallo constitucional recurrido.

Lo anterior es así, porque la sentencia reclamada no puede considerarse como un acto emitido por el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, respecto del cual resulte improcedente el amparo.

Criterio sustentado por el Juez de Distrito en la resolución recurrida.

Al respecto, debe precisarse que el Juez de amparo consideró que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia citada por la autoridad responsable -Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles-, prevista en el artículo 61, fracciones III y XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 100, párrafo noveno, de la Constitución, en tanto que el acto reclamado no resultaba impugnable a través del juicio constitucional.

Para justificar su conclusión anterior, el Juez Federal precisó que los dispositivos normativos en cita disponen que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal; en tanto que el artículo constitucional establece que las decisiones del citado órgano serán definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

En ese sentido, el Juez de amparo hizo referencia a los criterios que al respecto ha sustentado el Máximo Tribunal del País, señalando que éste ha considerado que para que se actualice el supuesto de improcedencia aludido deben presentarse los supuestos contenidos en las disposiciones normativas citadas, aunado a que las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal que encuadran en el supuesto de improcedencia aludido, se refieren a las que emite en el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le han sido conferidas.

Del mismo modo, el Juez de amparo precisó que si bien conforme al artículo 1o. constitucional, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que también la Suprema Corte ha estimado que el ejercicio de esos derechos puede ser restringido en los casos en que la propia Constitución lo establece, como sucede tratándose de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que la Carta Magna expresamente dispuso que no serían impugnables mediante recurso o juicio alguno, incluso, en el juicio de amparo; de ahí que para que en esos casos se armonicen ambas cuestiones -ejercicio adecuado de los derechos fundamentales y restricción constitucional expresa de dicho ejercicio-, debía tomarse en cuenta que el Consejo de la Judicatura puede emitir decisiones que no necesariamente se encuentren dentro del marco de atribuciones que la Constitución le otorga, por lo que atendiendo al principio pro persona y al derecho de acceso a la justicia que establecen los artículos 1o. y 17 constitucionales, resulta válido establecer que en esos supuestos existe la posibilidad de que el juicio de amparo sea procedente contra las decisiones del mencionado Consejo, es decir, que el amparo sea procedente sólo en caso de que la resolución que se reclame no encuentre sustento en una atribución establecida en el Texto Constitucional, cuestión que debe valorarse en cada caso por los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo.

A su vez, el juzgador federal realizó una interpretación extensiva de los alcances del párrafo noveno del artículo 100 de la Constitución, sosteniendo que si bien en dicha norma constitucional se hace referencia general a la inatacabilidad de los actos del Consejo de la Judicatura Federal, lo cierto es que esos actos comprenden también los emitidos por los órganos que integran dicho organismo, ya que éstos fueron creados para su debido funcionamiento, por lo que los actos de esos órganos auxiliares participan de la naturaleza de los emitidos por el propio Consejo.

Por consiguiente, el Juez de Distrito sostuvo que si en el caso el quejoso señaló como acto reclamado la resolución dictada en el procedimiento de sanción administrativa iniciado en su contra por la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, y en el que esa autoridad le impuso como sanción administrativa la cancelación de su registro como especialista de concursos mercantiles, entonces en contra de la resolución reclamada resultaba improcedente el juicio de amparo, pues dicho acto de autoridad fue emitido por un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, ello de acuerdo con los preceptos que regulan la actuación de dicho instituto; de ahí que tales actos revistan la naturaleza y características de las pronunciadas por el propio Consejo.

Para apoyar lo anterior, el Juez Federal precisó que la resolución reclamada -que impuso como sanción administrativa al quejoso la cancelación de su registro como especialista de concursos mercantiles- fue emitida por un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en el ejercicio de las funciones constitucionales otorgadas a éste, en tanto que dicha determinación no era sino el reflejo de la vigilancia y disciplina que la Norma Suprema impone al propio Consejo, la cual se vio reflejada a través de la actividad formalmente administrativa que realizó la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles a través del acto reclamado; por ende, la sentencia impugnada participa de la naturaleza de los actos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y ello actualizaba la causa de improcedencia que citó.

Análisis de los agravios.

Se estima que, contrariamente a lo sustentado por el Juez Federal, la sentencia reclamada es un acto que, por su propia naturaleza, si bien puede considerarse -lato sensu- como una resolución emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de uno de sus órganos auxiliares, lo cierto es que no participa de las características para ser considerada una resolución del citado Consejo en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y, por ende, puede ser impugnada en vía de amparo.

A efecto de dar respuesta oportuna a los planteamientos formulados por el aquí inconforme, resulta necesario realizar precisiones sobre algunos temas que se involucran en la problemática planteada, tales como: 1) la interpretación jurisprudencial respecto de los alcances de la causa de improcedencia aplicada al asunto; 2) la naturaleza jurídica del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; 3) los actos que puede emitir dicho órgano auxiliar en ejercicio de sus facultades legales; y, 4) la interpretación de la facultad sancionadora que tiene dicho instituto respecto de los especialistas concursales.

1. Interpretación conforme del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2)

Al respecto, debe recordarse que el Máximo Tribunal del País ha establecido que conforme a los antecedentes legislativos del artículo 100 de la Constitución, se evidencia la clara intención de los órganos que participaron en el procedimiento de reforma constitucional de dicho artículo, en el sentido de que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal fueran definitivas e inatacables, incluso, a través del juicio de amparo; refiriéndose, desde luego, a cualquier decisión distinta a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, ya que respecto de éstas abrió la posibilidad de que fueran impugnables ante el Alto Tribunal.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la correcta interpretación que debe darse al artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución, es en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente cuando en él se impugna una decisión del Consejo de la Judicatura Federal, ya que por disposición expresa del Texto Constitucional, no cabe juicio ni recurso alguno contra ese tipo de decisiones, salvo las excepciones previstas, es decir, por regla general, todas las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables y la excepción a la inatacabilidad de las resoluciones del mencionado órgano está referida a las que emita en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces.

2. Resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que tienen el carácter de definitivas e inatacables conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución.(3)

Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha considerado que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que pueden considerarse como definitivas e inatacables, son aquellas que emite en el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar lo que atañe a su régimen interno, precisando que considerar lo contrario, daría un carácter definitivo e inatacable a decisiones que si bien son emitidas por el citado órgano, se dan al margen de las atribuciones que por disposición constitucional le fueron otorgadas.

En ese sentido, la Corte señaló que de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos segundo, sexto y séptimo; 97, párrafo primero, 100, párrafos primero, cuarto, séptimo, octavo y noveno; así como 123, apartado B, fracción XII, todos de la Carta Magna, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano facultado para llevar a cabo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación -con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-; siendo que dicho órgano cuenta con independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones en las que, entre otras cosas, puede designar, adscribir, ratificar y remover a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones; emitir determinaciones definitivas e inatacables y resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores.

Con base en lo anterior, la Suprema Corte consideró que todas las decisiones que adopte el Consejo de la Judicatura Federal, en el ejercicio de las facultades que le fueron conferidas, son definitivas e inatacables, desde luego, con excepción de las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que quedan excluidas por disposición expresa del artículo 100, párrafo noveno, constitucional, así como de las que se consignen en acuerdos generales, ya que éstas pueden ser revisadas por la Corte, de acuerdo con el párrafo octavo de la citada disposición constitucional.

Del mismo modo, el Máximo Tribunal del País precisó que existe otro supuesto de excepción a la regla general de procedencia en comento, para lo cual señaló que tomando en cuenta que el Consejo de la Judicatura Federal puede emitir decisiones que no necesariamente se encuentren dentro del marco de atribuciones que la Constitución le otorga, y atendiendo al principio pro persona y al derecho de acceso a la justicia que establecen los artículos 1o. y 17 constitucionales, resultaba válido establecer la posibilidad de que el juicio de amparo sea procedente contra las decisiones del mencionado Consejo, únicamente en el supuesto de que aquéllas no se hubieren emitido con base en las atribuciones que por disposición constitucional le fueron conferidas.

Es decir, la Corte consideró que en esos supuestos el amparo será procedente sólo en caso de que la resolución que se reclame en el juicio constitucional no encuentre su sustento en una atribución establecida en el Texto Constitucional, cuestión que deberá valorarse en cada caso por los órganos jurisdiccionales que conozcan del amparo, de acuerdo con el planteamiento que haga valer el quejoso.

En conclusión, el Máximo Tribunal del País ha considerado que, por regla general, son definitivas e inatacables todas las decisiones que emita el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente tiene encomendadas, esto es: 1) las de administración, vigilancia y disciplina interna del Poder Judicial de la Federación; y, 2) las vinculadas con los conflictos de trabajo que se susciten entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, esto último, derivado de la propia controversia que se le planteó al respecto; precisando asimismo, la posibilidad de que existan algunos supuestos de excepción.

3. El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y su naturaleza jurídica.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer párrafo, de la Constitución;(4) 1o., fracción VI, 81, fracción XXXI, 85, fracción VI y 88, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) así como 311, párrafo primero, 313, 314 y 317 a 319 de la Ley de Concursos Mercantiles,(6) el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que está encomendado a una junta directiva integrada por el director general del instituto y cuatro vocales, nombrados por el mencionado Consejo a propuesta de su presidente; así como que tanto a este funcionario como al propio Consejo les compete supervisar el funcionamiento del citado instituto.

Del mismo modo, debe precisarse que de conformidad con el contenido de los citados artículos de la Ley de Concursos Mercantiles, el referido instituto cuenta con facultades de carácter meramente administrativo, pues tienen que ver, esencialmente, con la selección, designación, registro y revocación de los especialistas en concursos mercantiles -visitadores, conciliadores y síndicos-, establecer el régimen aplicable para la remuneración de éstos y proveer su capacitación y actualización, así como expedir las reglas de carácter general necesarias para el ejercicio de las atribuciones de designación citadas.

Lo anterior se corrobora con el contenido de la exposición de motivos que dio origen al citado instituto y en la que se señaló, en lo que interesa, lo siguiente:

"...Para asegurar que se contará con las personas que tienen los requisitos necesarios para llevar a cabo su tarea con competencia y honestidad, así como la transparencia en su designación la iniciativa propone la creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, como un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura Federal y cuya función principal será la de autorizar a las personas que acreditan cubrir los requisitos necesarios, para prestar servicios de visitadores, conciliadores o síndicos. También, entre otras funciones, tendrá la de la solicitud del Juez del concurso, designar por sorteo de entre las personas acreditadas, a quienes prestarán las funciones de visitadores, conciliadores y síndicos. De esta manera se prevé contar con un medio transparente de selección de los especialistas que actuarán en los procedimientos concursales. Se atribuye así a dicho instituto la concentración de las listas de síndicos, y de los legajos de cada una de las personas que en ellas figuren, para centralizar los datos de toda la República, y facilitar la depuración de las listas, así como la publicidad de ellas y de algunos de los actos que conciernan a las funciones que la iniciativa les encomienda. Con esta reforma se procura aliviar la tarea del Juez en los procedimientos concursales sin privarlo de su función primordial, y permitir que la labor de los especialistas produzca resultados inmediatos y reales en la solución de los problemas de una empresa en crisis. ..."

Lo anterior revela que las facultades que el legislador confirió al instituto se refieren exclusivamente a atribuciones de carácter administrativo, en tanto que constituye un auxiliar del Juez del concurso, sobre todo en lo referente a la designación de los especialistas que deban intervenir en el procedimiento concursal; pero no puede considerarse a dicho instituto como parte en ese tipo de juicios; de ahí que sus actuaciones deban entenderse en el contexto de su carácter de órgano auxiliar tanto del Juez concursal como del Consejo de la Judicatura Federal.

Respecto de la naturaleza jurídica del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, resulta aplicable la tesis(7) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, y que dice:

"CONCURSOS MERCANTILES. NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES.-El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con autonomía técnica y operativa, que de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Concursos Mercantiles debe quedarse al margen de una intervención directa en los procedimientos concursales, y las facultades que dicha ley le otorga en su artículo 311 deben entenderse de carácter meramente administrativo, pues tienen que ver esencialmente con la selección, designación, registro y revocación de los visitadores, conciliadores y síndicos, establecer el régimen aplicable para la remuneración de éstos y proveer su capacitación y actualización, así como expedir las reglas de carácter general necesarias para el ejercicio de las atribuciones de designación antes citadas. Tales facultades que el legislador confirió al instituto se refieren exclusivamente a atribuciones de carácter administrativo en tanto constituye un auxiliar del Juez encargado esencialmente de los actos anteriormente precisados; pero de ninguna manera se puede considerar a dicho instituto como parte en ese juicio, ni menos que pueda realizar actuaciones sustantivas motu proprio, tales como supervisar los informes que rinden periódicamente los síndicos, pues el hecho de que la fracción VIII del invocado artículo 311 establezca que entre otras cosas tiene la facultad de ‘supervisar la prestación de los servicios que realicen los visitadores, conciliadores y síndicos’, esta atribución debe entenderse limitada a su carácter de órgano auxiliar del Juez y en todo caso se traduce en la posibilidad que tiene de acceder al expediente con el objeto de comprobar, desde un punto de vista netamente administrativo, el funcionamiento de los visitadores, conciliadores y síndicos, constituyéndose así dicho instituto en un mero espectador del proceso con miras a en su caso sancionar (revocar) la autorización de tales especialistas cuando se actualice alguna de las hipótesis que sobre el particular prevé la ley de la materia."

4. Criterio jurisprudencial que permite al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles emitir actos diversos a los realizados por el Consejo de la Judicatura Federal cuando ejerce sus atribuciones constitucionales.

Al respecto, resulta relevante el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos amparos en revisión, en los que se cuestion

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27043-9e1dc825/resolucion-emitida-por-el-instituto-federal-de-especialistas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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