ACREEDORES RECONOCIDOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL CON PLAN DE REESTRUCTURA PREVIO. CUANDO SE IMPUGNE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO RELATIVO, SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR REGLA GENERAL SERÁ A TRAVÉS DE ALGUNO DE LOS ESPECIALISTAS, CONCILIADOR O SÍNDICO, DEPENDIENDO DE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE. EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO. TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE PROCESOS COLECTIVOS COMO EL CONCURSO MERCANTIL. RECURSO DE REVISIÓN "EXTRAORDINARIO" INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE PROCEDA SU ANÁLISIS DEBEN SATISFACERSE, ENTRE OTROS REQUISITOS, LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE Y LA PRESENTACIÓN DE ARGUMENTOS MÍNIMOS DE IMPUGNACIÓN QUE CONTROVIERTAN LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA PORQUE SU EFECTO ÚTIL NO SERÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. RECURSO DE REVISIÓN "EXTRAORDINARIO". PASOS A SEGUIR. ORDINARIAMENTE ES IMPROCEDENTE, CONTRA SENTENCIAS QUE CONSTITUYAN COSA JUZGADA, AUNQUE EXTRAORDINARIAMENTE PROCEDE POR EL TERCERO INTERESADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
ACREEDORES RECONOCIDOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL CON PLAN DE REESTRUCTURA PREVIO. CUANDO SE IMPUGNE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO RELATIVO, SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR REGLA GENERAL SERÁ A TRAVÉS DE ALGUNO DE LOS ESPECIALISTAS, CONCILIADOR O SÍNDICO, DEPENDIENDO DE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE.
EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO. TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE PROCESOS COLECTIVOS COMO EL CONCURSO MERCANTIL.
RECURSO DE REVISIÓN "EXTRAORDINARIO" INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE PROCEDA SU ANÁLISIS DEBEN SATISFACERSE, ENTRE OTROS REQUISITOS, LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE Y LA PRESENTACIÓN DE ARGUMENTOS MÍNIMOS DE IMPUGNACIÓN QUE CONTROVIERTAN LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA PORQUE SU EFECTO ÚTIL NO SERÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
RECURSO DE REVISIÓN "EXTRAORDINARIO". PASOS A SEGUIR. ORDINARIAMENTE ES IMPROCEDENTE, CONTRA SENTENCIAS QUE CONSTITUYAN COSA JUZGADA, AUNQUE EXTRAORDINARIAMENTE PROCEDE POR EL TERCERO INTERESADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
AMPARO EN REVISIÓN 268/2016. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIO: MARIANO SUÁREZ REYES.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-La excepcionalidad del asunto que se revisa, impone un obligado análisis sobre la procedencia del recurso cuando ya existe cosa juzgada en el amparo, la legitimación de quien lo hace valer, el efecto útil que, eventualmente, habría que reconocerle a la impugnación y la manera en que se entiende el emplazamiento al juicio de amparo, tratándose de actos derivados de procesos colectivos como el concurso mercantil.
Con la finalidad de facilitar la comprensión multicompleja del caso que se analiza, la problemática se dividirá para su estudio en las interrogantes que dan título a cada uno de los temas que se abordan en esta parte considerativa.
3.1. ¿Procede el recurso de revisión cuando ya existe cosa juzgada en el amparo indirecto?
La anterior interrogación debe responderse afirmativamente, conforme a las siguientes razones.
Antecedente relevante
Ante todo, constituye un hecho notorio para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o., que el juicio de amparo **********, promovido por la quejosa **********, sociedad anónima de capital variable, fue materia del recurso de revisión **********, resuelto por unanimidad de votos en sesión de trece de julio de dos mil dieciséis.
En la citada ejecutoria, se concedió la protección constitucional para el efecto de dejar insubsistente la resolución de doce de junio de dos mil quince, que aprobó el convenio entre la concursada y los acreedores reconocidos; y abstenerse de dictar otra que apruebe el referido convenio hasta en tanto se encuentre firme el recurso de apelación, en contra de la resolución de seis de marzo de dos mil quince, sobre reconocimiento, graduación y prelación de créditos.
El efecto del fallo protector, esto es, que no se aprobara el convenio concursal hasta en tanto quedara firme la resolución de seis de marzo de dos mil quince, sobre reconocimiento, graduación y prelación de créditos, ya aconteció, puesto que también constituye un hecho notorio para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito resolvió en definitiva los recursos de apelación que se interpusieron en contra de la resolución de seis de marzo de dos mil quince, de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.
En efecto, el citado Tribunal Unitario en el toca de apelación **********, resolvió los recursos de apelación relativos a la impugnación de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, de seis de marzo de dos mil quince, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México en el concurso mercantil con plan de reestructura previo **********.
Por tanto, también existe cosa juzgada en el sentido de que el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, ya resolvió la apelación en contra de la resolución de seis de marzo de dos mil quince; de ahí que la Juez del concurso mercantil, conforme a la ejecutoria de amparo, se encontraba en posibilidad de resolver nuevamente sobre la aprobación del convenio.
Lo anterior se corrobora con la consulta al Pleno de este Tribunal Colegiado, resuelta en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, la que derivó de que la Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, solicitó autorización para pronunciarse al respecto, en virtud de haber quedado resuelto el recurso de apelación **********, y sus acumulados.
En dicha consulta, el Pleno de este tribunal determinó que, efectivamente, al dictarse la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, de seis de marzo de dos mil quince, había quedado firme el reconocimiento, graduación y prelación de créditos del concurso mercantil, para efectos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con independencia de que pudiera ser objeto de nuevas impugnaciones extraordinarias.
Es conveniente advertir que, incluso, la Juez del concurso mercantil con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se pronunció nuevamente sobre la aprobación del convenio.
Ante ese panorama, la recurrente aduce que tiene interés en que subsista la resolución de doce de junio de dos mil quince,(1) que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo **********, promovido por la quejosa **********, sociedad anónima de capital variable.
Sin embargo, esa resolución que aprobó el convenio entre la concursada y los acreedores reconocidos materia del citado juicio de amparo dejó de existir por los efectos de la ejecutoria que concedió la protección constitucional.
Además, al haberse dictado la resolución en el toca de apelación **********, y sus acumulados, la determinación de doce de junio de dos mil quince, fue sustituida por la de segunda instancia.
Ordinariamente, las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de la revisión instituida en el artículo 81 de la Ley de Amparo constituyen cosa juzgada, tanto formal como materialmente, ya que ningún tribunal se encuentra facultado para modificarlas y, mucho menos, para poder revocarlas.
Es ilustrativa, al caso, la jurisprudencia 2a./J. 106/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1075 del Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DICTADAS AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA EN SU CONTRA CONFIGURA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA QUE CONDUCE A SU DESECHAMIENTO DE PLANO. Acorde con el artículo 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el recurso de revisión no admitirán recurso alguno; por ello, ningún tribunal, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene facultades para modificarlas y menos para revocarlas, en virtud de que con su sola emisión son definitivas e inatacables, y su contenido no puede desconocerse en cualquier otro juicio o instancia. Consecuentemente, la interposición de un segundo recurso de revisión o de cualquier otro medio de defensa contra la resolución dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer del recurso de revisión que impugna la pronunciada por un Juez de Distrito o por un Tribunal Unitario de Circuito, al constituir una sentencia definitiva e inatacable que adquiere la calidad de cosa juzgada, configura una causa notoria y manifiesta de improcedencia que conduce a su desechamiento sin mayor trámite."
Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el "tercero perjudicado" que no fue emplazado al juicio de amparo indirecto tiene legitimación para impugnar una sentencia que causó ejecutoria, por haber sido recurrida anteriormente por alguna otra de las partes.
Lo anterior, porque la calidad de cosa juzgada no puede generar perjuicio al tercero interesado no llamado al juicio de amparo indirecto.
Así, deriva de la jurisprudencia P./J. 28/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA POR HABER SIDO RECURRIDA (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 41/98 de rubro: ‘TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA.’, definió la procedencia del recurso de revisión interpuesto por un tercero perjudicado no emplazado al juicio de amparo indirecto, respecto de una sentencia de amparo que causó ejecutoria por no haber sido impugnada. Ahora bien, por igualdad de razones, ese criterio resulta aplicable al caso en que un tercero perjudicado no llamado a juicio interpone recurso de revisión contra una sentencia de amparo indirecto que ha causado estado por haber sido recurrida. Lo anterior, porque en ambos casos la calidad de cosa juzgada no puede generar perjuicio alguno al tercero perjudicado no llamado al juicio de amparo indirecto, por no haber participado en el juicio; y, además, de esa manera se respeta el principio de impartición de justicia establecido en el artículo 17 constitucional; máxime que la sentencia de amparo indirecto que no es recurrida por las partes, causa ejecutoria y surte todos los efectos de la cosa juzgada de la misma forma que la sentencia de amparo indirecto que sí fue impugnada."
Lo anterior, basta para justificar la respuesta afirmativa a la interrogante que se analiza, con independencia de que este tribunal estima que el criterio anterior merece un ejercicio adecuativo a casos tan particulares como son los concursos mercantiles, lo que se abordará al analizar el efecto útil del recurso.
3.2. ¿Posee legitimación el recurrente?
Conforme al criterio de interpretación judicial mencionado, es jurídicamente posible hablar de un recurso de revisión extraordinario para el caso de que un tercero interesado, que no fue emplazado al juicio de amparo indirecto, pueda impugnar la sentencia que ha causado ejecutoria en un juicio de amparo indirecto por no haber sido recurrida o por haberse recurrido.
La excepción a dicha regla general radica en que no cualquier persona que aduzca tener el carácter de tercero interesado puede impugnar a través del recurso de revisión una sentencia con calidad de cosa juzgada.
Lo afirmado es así, puesto que el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente definió la legitimación del tercero interesado no emplazado para impugnar en el recurso de revisión la sentencia de amparo indirecto, pero existen supuestos en que no cualquier persona puede considerarse como tercero interesado.
En efecto, la calidad que la Ley de Amparo exige para considerar legitimado a quien promueve el juicio de amparo, también es exigible a quien pretende se le reconozca el carácter de tercero interesado en dicho medio de control constitucional, esto es, la afectación de un interés directo, según sea la naturaleza del acto reclamado.
Al respecto, es ilustrativo el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 137, Volúmenes 151-156, julio a diciembre de 1981, Primera Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes:
"TERCERO PERJUDICADO. QUIÉNES TIENEN ESTE CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.-El Tribunal Pleno hace suyo el criterio jurisprudencial de la H. Segunda Sala de esta Suprema Corte, en el sentido de que, en el juicio de garantías en materia administrativa es tercero perjudicada, de conformidad con el artículo 5o, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que se reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino como contraparte del agraviado en el procedimiento que antecedió el acto que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad responsable, con arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra parte, admitiendo que, dados los términos del artículo 14 constitucional, los anteriores supuestos no agotan todos los casos en que deba reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicada, cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría indispensablemente que la misma persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, del cual resultara privado o que se viera afectado o menoscabado, por virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la concesión del amparo, sin que baste, por tanto que quien se dice tercero sufra, con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicio en sus intereses económicos."
Por tanto, con el objeto de dar certeza jurídica a las partes en una controversia judicial y respetar la firmeza de las sentencias con calidad de cosa juzgada, es necesario para determinar la procedencia de este tipo de recurso de revisión extraordinario analizar los siguientes pasos:
a) En primer lugar, si en realidad el recurrente tiene el carácter de tercero interesado puesto que, de lo contrario, quedaría a la potestad de los particulares invocar que tiene la calidad de tercero interesado para pretender impugnar una sentencia firme.
b) Como segundo escenario, se deberá analizar si en la demanda de amparo indirecto se le otorgó esa calidad por estar comprendido en alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo.
c) En tercer lugar, si a pesar de haber ordenado su emplazamiento por algún motivo o alguna razón no se realizó, esto es, si fue señalado como tal, pero fue mal emplazado.
d) De igual forma, deberá analizarse el supuesto de que alguna persona sin haber sido señalada como tercero interesada, pretenda a través de la presentación del recurso de revisión que se le reconozca ese carácter previamente para la procedencia del recurso.
En el caso, la recurrente **********, sociedad anónima, integrante del Grupo Financiero **********, en la demanda de amparo indirecto no fue señalado con el carácter de tercero interesada por la citada quejosa. En el auto admisorio tampoco se le reconoció ese carácter por parte del Juez de Distrito.
Por tanto, de acuerdo a sus planteamientos, el recurso podría ubicarse en el inciso d), en virtud de que sin haber sido señalada como tercero interesada en el juicio de amparo indirecto **********, promovido por la quejosa **********, sociedad anónima de capital variable, pretende a través del recurso de revisión que se le reconozca ese carácter, pues refiere que tiene interés en que subsista la resolución de doce de junio de dos mil quince, en la que se aprobó el convenio que constituyó el acto reclamado.
En esa tesitura, corresponde a este tribunal determinar si la recurrente **********, tiene el carácter de tercero interesada y que, por ende, debió ser emplazada al juicio de amparo indirecto ********** y, en caso de estar en el referido supuesto, analizar las causas de improcedencia que aduzca en sus agravios o aspectos de fondo pertinentes.
El juicio natural del que deriva el acto reclamado es un concurso mercantil sustanciado conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, y de aplicación supletoria el Código de Comercio, la legislación mercantil, los usos mercantiles especiales y generales, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil Federal.(2)
El artículo 7o. de la Ley de Concursos Mercantiles(3) establece que el Juez es el rector del procedimiento de concurso mercantil y tendrá las facultades necesarias para dar cumplimiento a lo que la propia ley establece y que el procedimiento del concurso mercantil es público.
Conforme a dicha óptica, el concurso mercantil es un procedimiento jurisdiccional:
El artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo regula que son partes en el juicio de amparo indirecto y que, por ende, deben ser emplazados. En cuanto al tercero interesado define que tienen ese carácter:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"...
"III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público."
En el caso, la recurrente aduce que tiene interés jurídico en que subsista la resolución de doce de junio de dos mil quince, que aprobó el convenio por ser acreedor reconocido y haber suscrito el convenio concursal.
Esa manifestación de la recurrente para aducir que tiene el carácter de tercero extraño al juicio de amparo y la circunstancia de que haya celebrado el convenio concursal aprobado en la resolución de doce de junio de dos mil quince, es suficiente para sostener que tiene el carácter de tercero interesada en el juicio de amparo promovido por **********, sociedad anónima de capital variable.
3.3. ¿Cuál es el efecto útil en este tipo de revisiones extraordinarias?
Establecido como ha quedado, que es posible recurrir en revisión a pesar de que exista cosa juzgada en el amparo indirecto y que la recurrente, efectivamente, posee la calidad de tercero interesada, corresponde ahora analizar cuál sería el efecto útil que habría que dársele a una segunda o ulterior revisión.
En principio, es conveniente destacar que una de las finalidades de la cosa juzgada es que permite dar certidumbre legal a la conclusión de un litigio, porque si no hubiera una decisión final que zanjara definitivamente la discusión entre las partes, el proceso quedaría abierto indefinidamente a voluntad y capricho de la parte que decidiere impugnar hasta el cansancio las determinaciones que le fueran adversas. Este tribunal, sin embargo, ha sostenido que excepcionalmente la cosa juzgada puede ser objeto de revisión.(4)
En cualquier caso, es necesario insistir en que el desconocimiento de la cosa juzgada no es algo deseable y sólo por cuestiones muy excepcionales se justifica un trato diferente; pero por la misma razón, esa afectación a la cosa juzgada debe limitarse a lo necesario y en la medida en que sea estrictamente idónea e indispensable. Ello se logra a través de un juicio de ponderación(5) y las sub-herramientas que esta técnica pone a disposición del operador jurídico.
En este sentido, ponderando el alto valor de la cosa juzgada como elemento pacificador de las diferencias surgidas entre particulares, contra el derecho que tiene toda persona de alegar y probar en su favor, se concluye que el efecto de este tipo de revisión extraordinaria no necesariamente conduce a la reposición del procedimiento con revocación de la sentencia de primera instancia en amparo indirecto e insubsistencia de la sentencia de segunda instancia que la confirmó o la revocó, sino cuando ello derive directamente de un aspecto de prueba vinculada a un hecho relevante que trascendió a la decisión y que no pudo rendirse por la parte afectada, precisamente, por no haber sido emplazada.
Lo anterior adquiere relevancia, porque la reposición indiscriminada sin utilidad alguna, haría prevalecer lo procesal sobre lo sustancial, cuando este tribunal ha sostenido lo contrario, esto es, que lo sustancial debe prevalecer sobre lo procesal y privilegiar lo sustantivo.(6) y (7)
Explicado que el derecho a probar sólo ameritará la reposición del procedimiento, cuando el recurrente justifique plenamente la necesidad de desahogar una prueba trascendental para la decisión del negocio, resta ahora analizar cuál es el tratamiento que debe darse al derecho de alegar.
Sobre el particular, este órgano colegiado considera que cuando la inconformidad del recurrente incide sobre un aspecto de derecho y no de hecho, tampoco es necesario ordenar la reposición del procedimiento pues, precisamente, la revisión extraordinaria le permite al recurrente alegar, al (sic) lago de sus argumentos sobre la falta de emplazamiento, todas aquellas cuestiones de fondo o improcedencia que hubieren podido ser omitidas por el tribunal revisor o que, en su defecto, considere no fueron abordadas adecuadamente.
En la especie, la inconforme limitó su recurso a la exigencia de la reposición del procedimiento por no haber sido emplazada a pesar de tener el carácter de tercero interesada y porque a su parecer el Juez de Distrito incurrió en una infracción a las leyes del procedimiento, que tiene intereses contrarios a la parte quejosa, porque a su juicio debe continuar la rehabilitación financiera de **********; por consiguiente, subsistir los efectos y consecuencias de la sentencia de aprobación de convenio, porque a través de la misma, la recurrente podría acceder al cobro de los créditos que le habían sido reconocidos en el concurso mercantil.
Sin embargo, no destaca la necesidad del desahogo de alguna prueba que fuere necesaria para la resolución del asunto y que, por diversas circunstancias, no hubiera tenido a la vista este tribunal al momento de dictar la ejecutoria que revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo. (13 de julio de 2016)
Tampoco expresa ningún argumento de derecho que obligara a este tribunal a reflexionar nuevamente sobre la interpretación que se dio a los artículos 146, 233 y 266 de la Ley de Concursos Mercantiles(8) y, menos aún, justifica que el juicio de amparo fuera improcedente.
En este sentido, resulta ociosa una reposición del procedimiento que a ningún fin práctico conduce, cuando la recurrente tuvo en esta instancia que se resuelve, toda la amplitud de defensa para justificar la necesidad de probar sobre algún hecho o de alegar sobre algún punto de derecho y, por lo mismo, al no justificarse tales extremos debe prevalecer la autoridad de cosa juzgada de la ejecutoria pronunciada por este tribunal, que revocó la sentencia dictada por el Juez de Distrito.
No escapan a la consideración de este órgano revisor, las diversas tesis que hace valer la parte recurrente, con miras a obtener la reposición del procedimiento cuando se ha preterido (sic) al tercero interesado, pero sobre tales aspectos ha de recordarse al inconforme, que esas tesis fueron diseñadas y pensadas para resolver asuntos ordinarios, es decir, aquellos en donde la sentencia del Juzgado de Distrito no ha causado ejecutoria ni el tribunal revisor se ha pronunciado en definitiva revocando, confirmando o negando la sentencia recurrida.
En la especie, no obstante, acontece una situación completamente diferente pues, se reitera, aquí ya existe una ejecutoria con autoridad de cosa juzgada, pronunciada por este órgano terminal, que resolvió la controversia e, incluso, que ha quedado cumplida, y es sólo para no dejar indefensa a la parte recurrente que se admitió con carácter de extraordinaria la presente revisión, sujeta, desde luego, a otro tipo de reglas que permitan ponderar al operador jurídico sobre la conveniencia de reponer el procedimiento o declarar insubsistente la sentencia ejecutoria, estrictamente en los casos en que sea indispensable, porque de otro modo, el carácter tutelar de los derechos fundamentales que persigue proteger esta revisión extraordinaria, quedaría alienado por una mutación procesal amorfa, que colapsaría los cimientos de la institución.
Lo hasta aquí expuesto, bastaría para declarar infundado el recurso de revisión que se analiza; sin embargo, en obsequio de exhaustividad, procede abordar el tema complementario que se precisa en la siguiente interrogación.
3.4. ¿Cómo debe emplazarse a los acreedores reconocidos dentro del proceso concursal?
Para responder esta pregunta, preliminarmente, es conveniente formular algunas advertencias y aclaraciones.
A pesar de sus numerosas reformas y leyes reglamentarias, el juicio de amparo conserva mucho del perfil decimonónico que lo caracterizó en sus orígenes.
Sin duda, la existencia del tercero interesado y la forma en que se le llama a juicio es uno de los rasgos de aquel perfil originario.
El juicio de amparo, sin embargo, fue creado para la defensa de derechos fundamentales de primera generación, porque las cartas constitucionales del siglo XIX no consagraron derechos colectivos de segunda o tercera generación, sino que se construyeron a semejanza del Bill of Rights de 1791, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y la Quinta Enmienda de la Constitución Americana de 1787.
En ese contexto, el juicio de amparo era un procedimiento para la defensa de derechos subjetivos públicos de primera generación (libertad, vida, libre tránsito, etcétera), en los que ordinariamente no existía una contraparte afectada.
Los beneficios notables del amparo Habeas Corpus permitieron que se replicara en otras áreas del derecho e, incluso, que desplazara y extinguiera a otras formas procesales más arcaicas como el recurso de casación, hacia finales del siglo XIX. Es precisamente este efecto replicador el que hizo pensar a los constructores del amparo, en la necesidad de contemplar a la contraparte del quejoso en amparos judiciales, como parte que podría ser probablemente perjudicable por la sentencia de amparo; de ahí la denominación original de parte tercero perjudicada hoy transmutada en tercero interesada.
Lo relevante de ese proceso evolutivo, para efectos del presente estudio, es que esos primeros amparos judiciales versaban sobre procedimientos civiles o mercantiles lineales y ordinarios, entendiendo por ellos juicios que comprendían de la presentación de la demanda por el actor, el emplazamiento al demandado o a un número razonable de demandados, las dilaciones probatorias y de alegatos y la sentencia. Las reglas procesales del juicio de amparo funcionan muy bien en ese preciso contexto.
Sin embargo, los procesos judiciales han evolucionado desde entonces a una innumerable cantidad de juicios y procedimientos, que ya no son tan lineales en sus etapas, y en donde las partes se componen en ocasiones por entes colectivos numerosísimos, cuyo emplazamiento personal al juicio de amparo podría demorar años o, incluso, hacer inviable la posibilidad de obtener sentencia en vida de los involucrados.
Claramente, esto puede suceder con los amparos contra actos provenientes de concursos mercantiles, acciones colectivas, conflictos laborales y procedimientos agrarios.
Frente a esta problemática, la Ley de Amparo de 1936 y sus reformas de 1963, optaron por instituir la figura del representante legal común.(9) Así, el emplazamiento a los núcleos de población ejidal o comunal no se verificaba con todos o cada uno de los campesinos, ejidatarios o comuneros, sino con el comisariado ejidal o de bienes comunales cuando se trataba de afectación a derechos colectivos, mientras que cuando se trataba de afectación a derechos individuales, el emplazamiento se verificaba con el directamente interesado. Adicionalmente, se introdujo la figura de la legitimación procesal sustituta, cuando hubiera apatía o negligencia del representante común.
Es importante hacer notar sobre este punto, que al lado de los procedimientos colectivos de naturaleza transindividual, los intereses individuales homologables también pueden acumularse para su estudio y resolución en procesos colectivos, de manera que si muchas personas tienen un derecho de crédito individual contra un mismo deudor, pueden deducirlo en juicios ordinarios o especiales, según proceda y corresponda o acumularlos en un proceso colectivo, como suelen ser los concursos civiles o mercantiles, pero cuando estos intereses individuales se homologan con intereses colectivos como el concurso mercantil, se actualiza la posibilidad de que su pluralidad sea tan numerosa que haría inviable o imposible emplazar de manera personal a todos y cada uno de ellos en un tiempo razonable. Para dar una idea de lo que esto significa conviene recordar que en el concurso mercantil que origina los actos reclamados, existen cuatrocientos treinta y seis acreedores comunes reconocidos, más los acreedores con garantía hipoteca
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27731-0ac85e60/acreedores-reconocidos-dentro-del-procedimiento-concursal-con-plan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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