COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCION LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO.
COMPETENCIA 315/94. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA Y EL JUEZ DECIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Esta Sala estima que debe declararse competente para conocer del juicio de amparo indirecto de que se trata, al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora por las razones que se exponen a continuación.
Resulta conveniente en primer término señalar las autoridades responsables:
"1. Director General de Prevención y Readaptación Social, en su carácter de ordenadora, con domicilio para ser emplazado a juicio en Avenida Yucatán número 15, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 2. Subdirectora de Centros de Prevención y Readaptación Social, en su carácter de ordenadora, con domicilio para ser emplazada a juicio en Calle Bucareli número 99 en México, D.F. 3. Director de Ejecución de Sentencias dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en su carácter de ordenadora, con domicilio para ser emplazado a juicio en segundo piso de Avenida Yucatán número 15, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 4. Director General de la Policía Judicial Federal, con domicilio para ser emplazado a juicio en Jaime Nunó número 25, México, D.F. 5. Director General de Centros de Prevención y Readaptación Social en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, con domicilio para ser emplazado a juicio en Periférico Oriente sin número. 6. Director del Centro de Prevención y Readaptación de Hermosillo, Sonora, con domicilio para ser llamado a juicio en Periférico Oriente sin número. 7. Gobernador Constitucional del Estado de Sonora. 8. Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, estas dos autoridades, con domicilio bien conocido en esta ciudad."
Como acto reclamado, en su parte conducente la quejosa expuso:
"IV. De las tres autoridades mencionadas como responsables ordenadoras en los incisos 1), 2) y 3), lo viene a constituir el hecho de hacer nugatorio el derecho de aplicar en mi beneficio la ley más favorable a que se refiere el código punitivo federal y al caso concreto la reducción de penas contraído tanto en el código antes referido como en el código adjetivo federal; ... y lo que viene a ser la primera autoridad que he señalado como responsable en el presente juicio, misma a la que me he dirigido en forma respetuosa dentro de los cánones de ley desde el día cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, no dejando de insistir hasta este día, sin que tampoco las autoridades precisadas en incisos 2), 3), 4) y 6) del Capítulo III de mi demanda de garantías hayan dado contestación a mis escritos que también les he presentado pretendiendo la aplicación de reducción de penas a las cuales me asisten por ley."
Tocante al capítulo de antecedentes cabe señalar lo siguiente:
"NOVENO. Con fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, el Director del Centro de Prevención y Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, recibió sendo escrito de mi parte, mediante el cual le hice saber de las gestiones y pormenores realizados por el licenciado Joel Moncada Martínez en la ciudad de México, Distrito Federal, (ante la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y Dirección General de Policía Judicial Federal) y en suma le reiteré se gestionara por su conducto ante el órgano ejecutor de sanciones mi libertad por ajustarse las normas del decreto que reformó, adicionó y derogó diversos artículos de los códigos sustantivo y adjetivo tendientes a la reducción de pena (anexo 7). DECIMO. Que del producto de la entrega formal de mi escrito que referí en párrafos precedentes ante el C. Director del Centro de Prevención y Readaptación Social de esta ciudad, éste solicitó le acompañara documentales públicas que constituyeran sentencias de primero y segundo grado, así como sentencia del amparo directo además auto de amonestación y ejecutoria expedidas por el juez de la causa, mismas que hice entrega formal y material mediante escrito de fecha doce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, sin que a la fecha se haya resuelto nada a mi favor. DECIMO PRIMERO. De nueva cuenta en fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro la Dirección General de Prevención y Readaptación Social volvió a recibir mi escrito en el cual expuse haber sostenido pláticas entre autoridades del centro penitenciario local con mi representante legal. Por último y por los motivos precisados con escrito formado por el quejoso ocurrí por conducto de mi representante legal ante la Subdirectora de los Centros de Readaptación Social dependiente de la Subsecretaría de Gobernación y ante la Oficialía de Partes de dicha dependencia deje constancia de doce anexos que soportaron desde el peregrinar ante las autoridades administrativas de los centros de prevención, tanto local como la del Distrito Federal desde aquel cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, hasta el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cuatro."
De su capítulo de conceptos de violación cabe destacar lo siguiente:
"SEGUNDO. Concepto de violación; lo hace consistir el que las autoridades mencionadas en el Capítulo III de la presente demanda según incisos 1), al 6), vengan haciendo nugatorio el derecho de petición al no intervenir tampoco en resolver la solicitud de reducción de sanciones toda vez que el artículo 553 del Código Federal de Procedimientos Penales, éste dispone que éstas podrán actuar de oficio, derecho que me asiste en atención al contenido del artículo 56 del Código Penal Federal, pues esencialmente dispone en favor del sentenciado la vigencia de una nueva ley. Incluso es reiterativa la disposición del artículo en comento porque en una de sus premisas también habla que se aplicará de `oficio' la ley más favorable. El artículo 8o. de la Carta Magna impone a los funcionarios y empleados públicos el deber de respetar el derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. El precepto en cita ordena, además que a toda petición recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en término breve al peticionario. Mi solicitud al Director del Centro de Prevención y Readaptación Social de Hermosillo, fue presentada ante la Oficialía de Partes de dicho reclusorio a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y cuatro y a las trece horas con treinta y cinco minutos del día doce de abril del presente año. Por otra parte, al Director General del Centro de Prevención y Readaptación Social, sito en Avenida Yucatán número 15, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, le fue presentado ante la Oficialía de Partes, mis sendos escritos el cuatro de marzo, el veintiséis de abril y el dieciséis de mayo del presente año. También al Director General de la Policía Judicial Federal, sito en Avenida Jaime Nunó número 25, Colonia Centro, Código Postal 06740, le fue presentado ante la Secretaría Particular mi petición el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Por último, a la Subdirectora del Centro de Prevención y Readaptación Social, licenciada Socorro Díaz Palacios, sito en calle Bucareli, número 99, le fue presentado mi escrito y anexos el día dieciséis de junio del año en curso. Por lo que hace al Director General del Centro de Prevención y Readaptación Social en México, Distrito Federal, le fue entregada en la Oficialía de Partes, similar petición el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, a este día espacian ciento cincuenta días que también empareja la calificativa asentada en párrafo precedente. Que refiriendo a la responsable precisada como Director General de la Policía Judicial Federal, también separan ciento cincuenta días de haber presentado mi solicitud sin que a esta fecha me haya notificado noticia alguna al respecto por ende resulta exagerado el término de la brevedad a la cual tenían obligación de contestarme mi petición. De tal forma que el solo silencio de las responsables, sin que se apliquen las disposiciones contraídas en el artículo 553 del Código Federal de Procedimientos Penales así como lo instituido en el artículo 56 del Código Penal Federal endereza en su contra un concepto de violación que en su oportunidad y mediante este juicio se lograra reparar por conducto de la constitucionalidad del acto en reclamo."
De lo anteriormente transcrito se puede concluir que Miguel Angel Mejía Soto promovió juicio de garantías en contra de diversas autoridades sitas en Hermosillo y en la ciudad de México (con independencia de que las clasificara como ordenadoras o ejecutoras) atribuyéndoles en específico, al Director General de Prevención y Readaptación Social, Subdirector del Centro de Prevención y Readaptación Social, Director de Ejecución de Sentencias, Director General de la Policía Judicial Federal y Director del Centro de Readaptación de Hermosillo, Sonora como principal acto reclamado la falta de contestación a sus escritos en los que solicita la reducción de pena de conformidad con lo preceptuado por el artículo 553 del Código Federal de Procedimientos Penales en relación con el tercer transitorio del citado ordenamiento, publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación.
Afirmación que se corrobora con los diversos anexos que obran en el expediente principal y cuya relación y orden cronológico el quejoso vierte en su libelo inicial de garantías.
Como en el presente caso resulta indubitable la imputación de la violación del artículo octavo constitucional a las autoridades residentes en el Distrito Federal y la duda competencial se centra en determinar si a alguna autoridad del Estado de Sonora le es atribuible la mencionada violación, se estima conveniente la transcripción en sus partes conducentes, del escrito dirigido al Director del Centro de Prevención y Readaptación en el Estado de Sonora:
"Miguel Angel Mejía Soto,... por medio de mi sendo escrito vengo a señalar domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de notificaciones aun aquéllas de carácter personal... ante Usted en forma respetuosa y pacífica comparezco a expresar lo siguiente: Que, atendiendo a las siguientes gestiones que encomendé al profesionista citado en párrafo precedente, las cuales van enfocadas en forma especial al trámite para obtener mi libertad, tanto en dependencias de gobierno en esta ciudad capital, como en el lugar del Distrito Federal, donde se asientan los poderes de la Nación, por motivo del decreto... También reitero las palabras de mi representante en el sentido de que aquel Subdirector Jurídico de Entidades `A' le manifestó ocurriera paralelamente ante esa H. Dirección de Prevención y Readaptación Social, a la que usted dignamente dirige a fin de que se tomara en consideración sus gestiones... Por tal motivo pido se aplique en mi contra el término mínimo de prisión que para el caso ya compurgué; no obstante que de la conducta se hable del reproche de varias modalidades... Hoy más que nunca confío en usted quien es el medio idóneo para que se turne mi caso al concenso de las H. Autoridades que deben conocer a fin de que a la brevedad posible obtenga mi derecho que es la libertad la que vengo pregonando día con día, pues mi estado de salud se mina poco a poco, dado la prolongación de la operación que extirpó mis testículos, pues no se ha cuidado con las medidas médicas necesarias al caso reiterado."
De la interpretación relacionada del anterior escrito, con las partes conducentes de la demanda de amparo se concluye que el quejoso atribuyó la violación constitucional tanto a autoridades residentes en el Distrito Federal como en Hermosillo Sonora, por lo que resulta inadecuado el criterio sustentado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora quien sostuvo su incompetencia basándose en que todas las autoridades infractoras residen en el Distrito Federal, de lo que se infiere que le asiste la razón al Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, quien no aceptó la competencia al estimar que también al Director del Centro de Prevención y Readaptación Social en Hermosillo se le atribuyó la violación al artículo octavo constitucional al no dar contestación al escrito presentado por el quejoso razón por la que procede al residir las autoridades ordenadoras tanto en la ciudad de México como en Hermosillo, se debe acudir al criterio competencial de prevención. Esto es que resulta competente el juez que inicialmente tuvo conocimiento del juicio de garantías, dicho criterio está previsto en el artículo 24 fracción VIII segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que establece:
"ART. 24. ...III. Cuando haya varios tribunales competentes, conforme a las reglas anteriores, en caso de conflicto de competencia, se decidirá en favor del que haya prevenido en el conocimiento."
De lo anterior se concluye que en el presente caso es al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en Hermosillo, por ser él ante quien inicialmente se presentó la demanda, a quien corresponde conocer el juicio de garantías promovido por Miguel Angel Mejía Soto.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
UNICO. Se declara que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en Hermosillo, es el competente para conocer de la demanda promovida por Miguel Angel Mejía Soto en contra del Director General de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en Hermosillo, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Fue ponente el segundo de los señores ministros antes mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3010-ee08ed2d/competencia-cuando-las-autoridades-responsables-ejecutoras-pueden-actuar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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