PENSIÓN COMPENSATORIA CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. SU MONTO DEBE COMPRENDER EL CARÁCTER RESARCITORIO Y ASISTENCIAL DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA CASO CONCRETO.
AMPARO DIRECTO 486/2020. 15 DE ABRIL DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIO: FLAVIO BERNARDO GALVÁN ZILLI.
CONSIDERANDO:
(1) CUARTO.—Resultan infundados en parte e inoperantes en otra los conceptos de violación, acorde con lo que se expondrá en los párrafos subsecuentes.
(2) Tales argumentos consisten, en síntesis, en lo siguiente:
a) Tanto el Juez de primer grado como la Sala responsable abordaron de manera errónea el tema de la subsistencia de los alimentos, pues se basaron en la figura de la pensión compensatoria, la cual no se encuentra prevista en la legislación del Estado de Veracruz.
b) Son infundados los argumentos por los cuales la Sala responsable estimó que el quejoso y la tercero interesada formaron una familia, por lo que no es procedente la pensión compensatoria. Lo anterior es así, porque el concepto de matrimonio y el de familia no son equivalentes, por lo que el matrimonio es sólo una forma de hacer familia y en éste no hubo hijos; de ahí que no pueda considerarse familia.
c) Para determinar una pensión compensatoria asistencial y resarcitoria a favor de la tercero interesada, la Sala responsable estimó que ésta se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y a los hijos, mas no analizó que en el matrimonio no tuvieron hijos, por lo que la Sala responsable debió medir el tiempo disponible de la cónyuge que fue empleado para la realización de las tareas del hogar ya que, al no tener hijos, el trabajo del hogar disminuye considerablemente.
d) La autoridad responsable omitió lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional, en relación con el 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto que la fijación de la pensión compensatoria no se encuentra prevista en la legislación; además, se debe tomar en cuenta la capacidad para trabajar con las facultades probatorias del Juez, quien debe determinar qué comprende el concepto de una vida digna y decorosa; así como la proporcionalidad en el ámbito temporal, por lo que no consideró que la tercero interesada tiene vivienda y que no tiene hijos, ni padece enfermedad crónica degenerativa que le impida allegarse de una vida digna y decorosa, por lo que al no tomar estas consideraciones la Sala responsable condenó al quejoso a una pensión después de concluido el matrimonio, en cuanto ya no hay relación jurídico económica.
e) La Sala responsable modificó la pensión compensatoria del veinte al treinta por ciento a razón de que la tercero interesada requiere de médicos especializados, lo que asumió sin prueba en autos para incrementar dicho porcentaje; de ahí que se excedió y vulneró los derechos del quejoso previstos por el artículo 239 del Código Civil local.
(3) Los conceptos de violación resumidos bajo los incisos a) y d) resultan infundados, pues con independencia de que la pensión compensatoria se encuentre expresamente regulada o no en la legislación sustantiva, lo cierto es que los Jueces en materia familiar están en aptitud de pronunciarse sobre los alimentos para él o la excónyuge, no desde la perspectiva de la necesidad manifiesta –como así lo establecía el ya derogado artículo 162 del Código Civil local–(1) sino del desequilibrio económico en que se coloca uno de los excónyuges como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial, es decir, la pensión compensatoria.
(4) En efecto, si bien al disolverse el matrimonio la obligación de proporcionarse alimentos entre los cónyuges cesa al desaparecer el vínculo que le dio origen, lo cierto es que ello puede dar lugar a una nueva obligación a la que se denomina pensión compensatoria, cuyo presupuesto para que surja es que la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades alimentarias y le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.
(5) Lo expuesto en el párrafo precedente, encuentra apoyo en la tesis aislada 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), cuyos título y subtítulo, son los siguientes:
"PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO."
(6) Así es, entre los derechos derivados del divorcio sin expresión de causa, se encuentra el relativo a una pensión compensatoria, la cual es de naturaleza diversa a la pensión alimentaria, pues ésta parte de un estado de necesidad y aquélla, en su vertiente resarcitoria, de un desequilibrio económico existente entre los cónyuges al momento de la disolución conyugal, producto de la desigualdad estructural que impacta en la repartición de los roles dentro del matrimonio.
(7) Lo anterior, tiene su razón de ser en la obligación del Estado Mexicano de asegurar la igualdad sustantiva y adecuada equivalencia de responsabilidades de los excónyuges al momento del divorcio, reconocida en el parámetro de regularidad constitucional conformado por los artículos 4o. de la Constitución General, 16, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,(2) 23, numeral 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(3) 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(4) y 16, numeral 1, inciso c), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.(5)
(8) Por las razones que la informan, apoya lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza:
"Época: Décima Época
"Registro: 2014566
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Tomo I, junio de 2017 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 horas»
"Materia: civil
"Tesis: 1a./J. 22/2017 (10a.)
"Página: 388
"ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS SE ENCUENTRA CONDICIONADA A QUE SE ACREDITE, EN MAYOR O MENOR MEDIDA, LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS). La institución de alimentos se rige por el principio de proporcionalidad, conforme al cual éstos han de ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos; de ahí que, para imponer la condena al pago de una pensión alimenticia en un juicio de divorcio deba comprobarse, en menor o mayor grado, la necesidad del alimentista de recibirlos, en el entendido de que si bien esa carga –en principio– corresponde a las partes no impide que el Juez, bajo su discrecionalidad y arbitrio judicial, imponga dicha condena si acaso advierte cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico, por lo que a la falta de prueba tal determinación debe de estar sustentada en métodos válidos de argumentación jurídica. La debida acreditación de dicho elemento en el juicio parte de la base de que la pensión alimenticia que se fija en el divorcio tiene un carácter constitutivo y de condena, en la medida que dicha obligación, después del matrimonio, no atiende a la existencia de un derecho previamente establecido como sí ocurre, por ejemplo, entre los cónyuges o entre padres e hijos, en donde ese derecho encuentra su origen en la solidaridad familiar la cual desaparece al disolverse el matrimonio. En ese tenor, si el derecho a alimentos después de la disolución surge a raíz de que el Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex-cónyuges cuando ocurre el divorcio, según lo dispuesto en el artículo 17, punto 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Juez debe comprobar, en mayor o menor medida, la necesidad del alimentista." (el resaltado es propio de este tribunal)
(9) En ese sentido, nada impide que los impartidores de justicia en materia familiar –ya sea en primera o segunda instancia– efectúen el estudio de la pensión compensatoria, atendiendo a la equidad de género, dado que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.
(10) Para ello, conviene destacar que la perspectiva de género constituye una categoría analítica que integra las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales, entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino.
(11) Al efecto, resultan ilustrativas las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) y aislada 1a. XXVII/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, títulos y subtítulos, son los siguientes:
"Época: Décima Época
"Registro: 2011430
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Tomo II, abril de 2016 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas»
"Materia: constitucional
"Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.)
"Página: 836
"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO."
"Época: Décima Época
"Registro: 2013866
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Tomo I, marzo de 2017 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas»
"Materia: constitucional
"Tesis: 1a. XXVII/2017 (10a.)
"Página: 443
"JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN."
(12) Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, no le asiste la razón al quejoso en los conceptos de violación que se estudian, toda vez que resulta intrascendente que la pensión compensatoria se encuentre prevista o no en la legislación sustantiva local, pues ésta se sustenta, en sí misma, en la obligación del Estado Mexicano de asegurar la igualdad sustantiva y adecuada equivalencia de responsabilidades de los excónyuges al momento del divorcio, reconocida en el artículo 4o. constitucional, así como en diversos tratados internacionales, de tal manera que la disolución del vínculo matrimonial no constituya un factor de empobrecimiento para uno de los cónyuges; por lo que su regulación va más allá de la legislación sustantiva ordinaria.
(13) Por tanto, los Jueces en materia familiar, al decretar la disolución del vínculo matrimonial, tienen la obligación de pronunciarse respecto a la pensión compensatoria, atendiendo al desequilibrio económico en que se coloca uno de los cónyuges como consecuencia del divorcio y no a un estado de necesidad manifiesta.
(14) Además, es importante destacar que mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el diez de junio de dos mil veinte, se reformó el Código Civil local para establecer en sus artículos 242 Ter,(6) 252,(7) 252 Bis(8) y 252 Ter,(9) la figura de la pensión compensatoria, por ende, con independencia de que la Sala responsable no invocó dichos preceptos en la sentencia reclamada, no puede sostenerse que en la actualidad no se encuentra prevista la pensión compensatoria en la legislación sustantiva civil local.
(15) Ahora bien, la pensión compensatoria tiene un doble carácter o naturaleza: resarcitorio y asistencial. El primero se refiere a los perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar entendidos como: 1) Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, dedicarse uno de los cónyuges a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado de trabajo con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y, 2) Los perjuicios derivados del costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o capacitación profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos.
(16) Mientras que el carácter asistencial de una pensión compensatoria prospera ante: a) La falta de ingresos derivados de una fuente laboral que le permitan subsistir; o, b) Insuficiencia de sus ingresos para satisfacer sus necesidades más apremiantes.
(17) En el caso particular, se dan los dos supuestos –resarcitorio y asistencial– para fijar una pensión compensatoria a favor de **********, –excónyuge del quejoso– pues como se advierte de la simple lectura a fojas 32 a 38 de la sentencia reclamada, medularmente, la Sala responsable estimó:
• Este tribunal coincide con el juzgador de primer grado en cuanto a que es procedente el pago de una pensión compensatoria a favor de **********, en sus dos vertientes: asistencial y resarcitorio.
• Lo anterior es así, porque en el caso que nos ocupa, se actualizan ambos supuestos; en efecto, es procedente el carácter resarcitorio de la pensión compensatoria, toda vez que la señora **********, sufrió el costo de oportunidad y las pérdidas económicas por haber asumido de manera exclusiva las tareas domésticas y de cuidado durante el tiempo que duró el matrimonio, pues ello implicó que no pudiera desempeñar un trabajo que le redituara ingresos para poder hacerse de una independencia económica; lo que se advierte de lo narrado en el hecho uno –el cual transcribe– de la demanda promovida dentro del expediente **********, y se corrobora al contestar la demanda en el diverso expediente **********.
• Por lo que se presume que la actora en el principal, durante un lapso del matrimonio, asumió exclusivamente las labores domésticas y de cuidado, mientras que el demandado, hoy inconforme, desempeñó el rol del proveedor del hogar.
• Por otro lado, el demandado al dar contestación al hecho tres de la demanda promovida dentro de los autos del expediente número **********, manifestó: "3. ...por lo que señalo ahora, la ciudadana **********, nunca tuvo ninguna incapacidad física, psicológica o de otra índole antes, ni ahora, por lo que en su demanda de pensión alimenticia provisional que establece ante el Juez correspondiente, no adjunta ninguna prueba en la cual ella pueda justificar los gastos ni la necesidad de alimentos, y que desde la fecha en que nos separamos mutuamente en la fecha (sic) ya comentada, el actor ha cumplido con la obligación de darle el efectivo necesario para su manutención; sin embargo, los alimentos entre cónyuges son recíprocos y ella no ha sido recíproca en la atención durante la convivencia conyugal y menos cuando ya estamos separados desde el 2013."
• Por tanto, en el caso a estudio **********, desde que se unió en matrimonio civil con el quejoso es quien preponderantemente asumió las cargas domésticas sin remuneración alguna, por lo que vio mermada en mayor medida su capacidad para el logro de la autonomía económica; de ahí que, ante la disolución del vínculo matrimonial, se encuentra en mayor desventaja para reinsertarse en el mercado laboral bien remunerado, a fin de allegarse de los recursos necesarios y, en consecuencia, se le impide el acceso a un nivel de vida adecuado.
• En otras palabras, derivado de la distribución de responsabilidades en el núcleo familiar, el quejoso se vio beneficiado directamente, porque la actora asumió las cargas del hogar, generándose así una disparidad entre ellos, que debe resarcirse en aras del derecho de igualdad; sin que obste a lo anterior lo manifestado respecto a que su excónyuge tuvo mucho tiempo para dedicarse a otras actividades, pues la palabra "preponderantemente" se refiere a que aquélla se dedicó en mayor medida a las labores del hogar que el propio quejoso, por lo que existe la presunción en su favor de la necesidad de recibir una pensión alimenticia compensatoria, al haberse generado un desequilibrio económico entre los cónyuges.
• De lo contrario, esto es, no compensar la actividad doméstica, traería como consecuencia invisibilizar el trabajo que aportó la cónyuge en beneficio de la familia, dada la preconcepción de que tiene la responsabilidad de desempeñar las tareas del hogar por el hecho de ser mujer.
• Bajo ese contexto, aun cuando el recurrente señale que su contraparte tiene antecedentes laborales, ya que ha trabajado y que tiene bienes, lo cual quedó desvirtuado en el sumario, con el informe rendido mediante oficio número RPP/4593/2019, de once de diciembre del año dos mil diecinueve, signado por la registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la vigésima zona registral, en el que informa que después de una verificación minuciosa en los índices y libros que lleva esa oficina a su cargo, así como en el sistema automatizado el cual abarca del año 1985 a la fecha del informe no se encontró a **********, como titular registral de bienes inmuebles o derechos; que la edad de su excónyuge es de aproximadamente de ********** años, por lo que se encuentra en condiciones óptimas para trabajar, que cuenta con capacidad física, psicológica, que no tiene impedimento físico o mental, que durante los años que vivieron juntos tuvo tiempo suficiente para dedicarse a otras actividades como, por ejemplo, aprender un idioma, que su excónyuge inicio a estudiar ********** en la ********** y que, por tanto, no tiene necesidad de los alimentos, etcétera; por lo que por igualdad de razón procedería el pago de una pensión compensatoria, pues debe compensarse el trabajo en el hogar.
• Estimar lo contrario, es decir, no valorar el trabajo doméstico ocasiona que se naturalice a cargo de las mujeres la dedicación de las labores del hogar por ser una consecuencia inevitable de su sexo, lo que implica un estereotipo que conlleva fomentar y perpetuar la discriminación por razón de género.
• Por otra parte, también resulta procedente la vertiente asistencial de la pensión compensatoria, toda vez que no consta que la señora **********, cuente con un ingreso que le reditúe pues, al respecto, consta el oficio número 324506679199/4380/2017, de nueve de octubre del año dos mil diecisiete, signado por el titular de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que informa que la señora **********, no cotiza ante dicha institución, lo que se robustece con el informe rendido mediante oficio número 400-68-00-05-00-2017-7871, de diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete, signado por la administradora desconcentrada de Recaudación de Veracruz "4", mediante el cual informa que no se localizó información relacionada con los ingresos de la citada, lo que la coloca en desventaja económica frente a su deudor alimentario, quien labora en la **********, desempañándose con dos categorías de ********** de productos y envases, según el informe rendido mediante oficio no. **********, de veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete.
(18) Consideraciones que se estiman ajustadas a derecho, pues si **********, durante el matrimonio, fue quien se dedicó a las labores del hogar, sin que se demostrara que los roles entre los excónyuges se distribuyeron de diferente manera, evidente resulta que se actualiza el supuesto resarcitorio de la pensión compensatoria; mientras que el asistencial se actualiza, pues no se acreditó que la citada tuviera una fuente que le reditúe ingresos, al contrario del quejoso, quien tiene una fuente laboral; de ahí que, se itera, los argumentos que aduce el amparista son infundados.
(19) Adminicula lo expuesto en párrafos precedentes la tesis aislada VII.2o.C.229 C (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, cuyos datos de localización, título, subtítulo y texto son los siguientes:
"Registro digital: 2022304
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Décima Época
"Materias: civil
"Tesis: VII.2o.C.229 C (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Tomo III, octubre de 2020, página 1849 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de octubre de 2020 a las 10:33 horas»
"Tipo de tesis: aislada
" La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 230/2014 estableció que la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En ese sentido, determinó que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Cabe destacar que estas reglas resultan aplicables al concubinato, dado que una vez concluida dicha relación los ex concubinos tienen derecho a percibir alimentos en los mismos términos que los ex cónyuges. Por lo anterior, para otorgar una pensión compensatoria con base en una perspectiva de género, es indispensable tomar en cuenta su carácter resarcitorio y asistencial, porque de esta manera se podrá identificar, en un caso concreto, cuáles elementos comprenden el concepto de vida digna del acreedor alimentario. Luego, el carácter resarcitorio de una pensión compensatoria se refiere a los perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar, entendidos como: 1) Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio o concubinato, dedicarse uno de los cónyuges o concubinos a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y, 2) Los perjuicios derivados del costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o capacitación profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos. El carácter asistencial de una pensión compensatoria prospera ante: a) la falta de ingresos derivados de una fuente laboral que le permitan subsistir; o, b) la insuficiencia de sus ingresos para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Por tanto, se concluye que el monto de la pensión compensatoria debe comprender: la aportación al cónyuge o concubino que benefició a la familia durante el tiempo de duración del matrimonio o concubinato, el costo de oportunidad por asumir la carga doméstica y/o las necesidades para su subsistencia, así como, en su caso, la precaria situación económica derivada de carecer de fuentes de ingresos o que éstos resultan insuficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes."
(20) Sin que obste a lo antes expuesto, lo manifestado en el sentido de que no se consideró que la tercero interesada tiene una vivienda; sin embargo, como se advierte a foja 64 de la sentencia reclamada, la autoridad responsable sí tomó en cuenta dicha circunstancia, pero estimó que si bien no paga renta, no puede soslayarse el hecho de que debe cubrir los gastos que normalmente tiene una vivienda, como lo es la luz eléctrica, agua potable, gas natural y servicio telefónico.
(21) Asimismo, no pasa inadvertido lo señalado respecto a que la tercero interesada no padece ninguna enfermedad crónico degenerativa que le impida allegarse una vida digna y decorosa; empero, es menester destacar que la pensión compensatoria no tiene sustento en la imposibilidad para trabajar de uno de los excónyuges, sino que, se insiste, en el desequilibrio económico que se ubica como consecuencia de la disolución del matrimonio.
(22) Por último, respecto a lo que señala en el sentido de que debe tomarse en cuenta la proporcionalidad en el ámbito temporal, conviene destacar que en el caso concreto se estableció la pensión compensatoria por el término de siete años, ello aun cuando se advierte de la partida de matrimonio exhibida en el juicio natural ********** que éste se celebró el nueve de diciembre de dos mil dieciséis y se disolvió por el Juez de primer grado hasta el veinticinco de febrero de dos mil veinte, esto es, la relación matrimonial tuvo una duración de catorce años aproximadamente, por ende, no puede sostenerse que la pensión compensatoria no es proporcional en cuanto a su ámbito temporal, dado que se estableció por un tiempo inferior a aquel que duró el vínculo matrimonial.
(23) Asimismo, son infundados los conceptos de violación resumidos bajo los incisos b) y c) pues, al margen de lo reiterativo y que se trata de una cuestión que sí tomó en cuenta la autoridad responsable, parten de la premisa de que uno de los fines esenciales del matrimonio es la procreación de hijos, concepción que ya ha sido superada.
(24) Lo anterior es así, porque la definición –ya sea desde el punto de vista legal o social– que contenga la procreación de hijos como una finalidad del matrimonio, vulnera los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. constitucional, al excluir injustificadamente aquellas uniones matrimoniales que, por su voluntad, no quieren tener hijos, o bien, por diversas causas –biológicas o naturales– no los pueden concebir, pues la Constitución General –en su artículo 4o.– protege a la familia como una realidad social, es decir, en todas las formas y manifestaciones de ésta, entre las que se destaca, aquellos matrimonios que por su voluntad o por causas ajenas a ella no procrearon hijos.
(25) En efecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la desvinculación entre el matrimonio y la procreación queda de manifiesto en una gran variedad de situaciones, tales como: la existencia de parejas heterosexuales que deciden tener una familia sin acudir a la institución matrimonial; matrimonios heterosexuales que no desean tener hijos; matrimonios heterosexuales que por razones biológicas no pueden tener hijos y recurren a los avances médicos para lograrlo; matrimonios heterosexuales que sin tener un impedimento biológico para procrear optan por la adopción; matrimonios heterosexuales que se celebran entre personas que ya no están en edad fértil o entre personas que ya tenían descendencia y no desean tener una en común, entre otras. En este sentido, el Pleno del Alto Tribunal concluyó que en la actualidad la institución matrimonial se sostiene primordialmente "en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común".
(26) Por las razones que la informan, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, título, subtítulo y texto son los siguientes:
"Registro digital: 2010675
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materias(s): constitucional y civil
"Tesis: 1a./J. 85/2015 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 184 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas»
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Las definiciones legales de matrimonio que contengan la procreación como finalidad de éste, vulneran los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución, al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo de dicha institución, toda vez que no está directamente conectada con dicha finalidad. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución protege a la familia como realidad social, es decir, todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. En este sentido, la distinción resulta claramente sobreinclusiva porque quedan comprendidas en la definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden a esta institución con la finalidad de procrear, lo que muestra la falta de idoneidad de la medida para cumplir con la protección de la familia como realidad social, y que se contrapone a lo sostenido por este alto tribunal en el sentido de que ha desvinculado el matrimonio de la función procreativa. Por otro lado, resulta subinclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, lo que ocasiona que se les prive de obtener los beneficios tangibles e intangibles que otorga dicha institución a estas parejas y a los niños que decidan criar."
(27) Conforme a lo antes expuesto, si la procreación de hijos no constituye uno de los elementos esenciales de la definición de matrimonio, contrario a lo pretendido a evidenciar por el quejoso, no puede estimarse que no se constituyó una relación familiar, por el hecho de que durante el matrimonio habido con la tercero interesada no se procrearon hijos. Tampoco puede estimarse que dicha circunstancia haga improcedente la pensión compensatoria, pues las labores domésticas no sólo comprenden el cuidado de los hijos, sino diversas actividades; lo anterior, máxime que en el caso concreto no se demostr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30111-000c4ae2/pension-compensatoria-con-base-en-una-perspectiva-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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