PENSIÓN COMPENSATORIA EN SU VERTIENTE RESARCITORIA. ES IMPROCEDENTE AUN CUANDO LA CÓNYUGE HUBIESE REALIZADO UNA DOBLE JORNADA LABORAL, SI AL DISOLVERSE EL VÍNCULO MATRIMONIAL NO QUEDA EN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO RESPECTO DE SU CÓNYUGE DISCAPACITADO.
AMPARO DIRECTO 840/2021. 16 DE FEBRERO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN. SECRETARIO: VÍCTOR DANIEL FLORES ARDEMANI.
CONSIDERANDO:
1. SEXTO.—Resultan ineficaces los conceptos de violación que a continuación se analizan.
2. En principio, deviene inatendible lo alegado en torno a la sentencia del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Orizaba, Veracruz, ya que este órgano colegiado se encuentra impedido para analizar lo planteado al respecto, en razón de que, primero, en el amparo directo no se debe resolver si el fallo de primer grado, conclusivo del proceso de origen, estuvo bien o erróneamente dictado, sino si los fundamentos de la sentencia de segunda instancia que se ocuparon para dar respuesta a los agravios esgrimidos en contra de aquél son o no violatorios de derechos fundamentales y, después, porque al haber sido sustituida la sentencia de primera instancia por la pronunciada en segundo grado, la cual aquí constituye el acto reclamado, cesaron sus efectos.
3. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia VII.1o.C. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que este tribunal comparte y que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES EN AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE SE EXPRESAN EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA DE SEGUNDA INSTANCIA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 170, fracción I y 175, fracciones IV, primer párrafo y VII, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo directo lo constituya una sentencia de apelación emitida por el tribunal de segunda instancia, no es dable acoger conceptos de violación enderezados en relación con la sentencia de primer grado, ya sea pretendiendo apoyarse en sus consideraciones o desvirtuarlas. Ello, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional uniinstancial tiene por objeto el análisis –entre otros actos de autoridad– de sentencias definitivas contra las que previamente se hayan agotado los recursos procedentes en su contra y, en esa tesitura, es evidente que la sentencia pronunciada al resolverse un recurso de apelación, sustituye a la emitida en el juicio de primer grado, lo que implica que la decisión tomada en la sentencia apelada, dejó de surtir efectos en virtud de la nueva resolución dictada por el tribunal de alzada, que constituye el acto reclamado, siendo entonces contra esta última resolución que deben enderezarse los conceptos de violación en la indicada instancia constitucional; por tanto resultan inatendibles los conceptos de violación referentes al fallo apelado, dada la facultad del tribunal de apelación para resolver lo que a su juicio proceda conforme a derecho, confirmando, revocando o modificando la resolución del inferior pues, de lo contrario, se permitiría la introducción de cuestiones ajenas a los agravios que fueron motivo de apelación."
4. La quejosa aduce que la sentencia reclamada dictada por el tribunal de alzada es violatoria de derechos humanos, porque al absolver al tercero interesado de la pensión compensatoria, la deja en estado de indefensión porque se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y a las atenciones de su esposo, creando un vínculo de asistencia, lo cual genera derechos al terminar la relación, por lo que se aplicó una perspectiva de género de manera incorrecta al sólo salvaguardar los derechos del demandado en reconvención por mantener una incapacidad física, misma que aun con ella le ha permitido desarrollarse personalmente, al grado de procrear un menor de edad posterior a la separación con persona distinta, es por lo anterior que se duele, pues a pesar de haber obtenido un ingreso por medio de su trabajo, esa circunstancia no justifica la presunción de no necesitar la pensión compensatoria en cualquiera de sus vertientes (resarcitoria y/o asistencial).
5. Asimismo, la impetrante del amparo refiere que además de estar acreditada la doble jornada laboral, es muy difícil que por su edad se le contrate, actualizándose una desventaja y desequilibrio económico; sin embargo, logró conseguir un trabajo al no tener otro medio de subsistencia para cubrir sus necesidades alimentarias más elementales, al no obtener por parte del tercero interesado el cumplimiento de los mismos, que fueron ordenados desde el auto de inicio, y que con el salario que se le cubría apenas pudiera subsistir la quejosa.
6. Igualmente, la peticionaria del amparo arguye que le corresponde una pensión compensatoria, la cual no sólo tiene su sustento en la desventaja económica existente en el desarrollo de la vida matrimonial, sino que tuvo que dedicarse a las labores del hogar y tener que trabajar para obtener lo necesario para sobrevivir, tal como se acredita en autos, que no tuvo más oportunidades de desarrollo personal, ni aun laborando; elementos para la procedencia de la pensión compensatoria en cualquiera de sus dos vertientes.
7. Planteamientos que resultan ineficaces, mismos que dada la estrecha relación que guardan entre ellos, deben analizarse de forma conjunta, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.
8. En principio, debe decirse que la fijación de la pensión compensatoria atiende a que la disolución del matrimonio coloca a uno de los cónyuges en situación de desequilibrio económico que en última instancia incide en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades alimentarias y le impide el acceso a un nivel de vida adecuado.
9. Además, no es dable condicionar la procedencia de la pensión compensatoria atendiendo a la mayor o menor edad del cónyuge acreedor, pues se estaría supeditando su fijación al amparo de una categoría sospechosa prohibida por el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución General, el cual dispone:
"Artículo 1o.
"...
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
10. La pensión compensatoria, cuya naturaleza es asistencial y resarcitoria tiene sustento en el desequilibrio económico en que se ubica uno de los cónyuges al disolverse el vínculo matrimonial, y que en última instancia incide en su capacidad para allegarse sus propios alimentos.
11. Cabe acotar que el derecho a recibir una pensión compensatoria, tiene su fundamento en la obligación del Estado Mexicano de asegurar la igualdad sustantiva y adecuada equivalencia de responsabilidades de los excónyuges al momento del divorcio, reconocida en el parámetro de regularidad constitucional conformado por los artículos 4o. de la Constitución General, 16, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 23, numeral 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 16, numeral 1, inciso c), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
12. En ese sentido, nada impide que los impartidores de justicia en materia familiar –ya sea en primera o segunda instancias– efectúen el estudio de la pensión compensatoria, atendiendo a la equidad de género, dado que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.
13. Por las razones que la informan, resulta aplicable la tesis aislada 1a. LXIII/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, título, subtítulo y texto son del tenor siguiente:
"Suprema Corte de Justicia de la Nación
"Registro digital: 2011231
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materias: Constitucional y Civil
"Tesis: 1a. LXIII/2016 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 28, Tomo I, marzo de 2016, página 981
"Tipo: Aislada
"IGUALDAD ENTRE CÓNYUGES. CONTENIDO Y ALCANCES. A partir del parámetro de constitucionalidad delimitado por el artículo 1o. de la Constitución Federal, es posible identificar la obligación del Estado mexicano de garantizar la igualdad entre cónyuges, no únicamente respecto de los derechos y responsabilidades durante el matrimonio, sino también una vez disuelto el mismo. Este imperativo está explícitamente contenido en los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto, además de reconocer el papel central de la familia en la existencia de una persona y en la sociedad en general, las disposiciones citadas proclaman la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges no solamente durante el vínculo matrimonial sino también en los arreglos relativos a una eventual separación legal. En este sentido, está prohibido todo trato discriminatorio en lo que respecta a los motivos y los procedimientos de separación o de divorcio, incluidos los gastos de manutención y la pensión alimenticia, lo que desemboca en el deber del Estado de velar por que el divorcio no constituya un factor de empobrecimiento ni un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos, específicamente el derecho humano a un nivel de vida adecuado en relación con la obtención de los alimentos."
14. En ese tenor, el objetivo resarcitorio implica compensar el menoscabo económico y el costo de oportunidad sufridos por el cónyuge que, en aras del funcionamiento del matrimonio, asumió las cargas domésticas y familiares sin recibir remuneración a cambio.
15. De ahí que el deber resarcitorio de los perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar, comprende dos aspectos:
1. Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio o concubinato, dedicarse uno de los cónyuges o concubinos a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado de trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge o concubino.
2. Los perjuicios derivados del costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o capacitación profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos.
16. Por cuanto al objetivo asistencial de la pensión compensatoria, conviene precisar lo siguiente:
17. El principio de solidaridad familiar surge a partir de situaciones de convivencia que responden a vínculos consanguíneos o afectivos. Así, tal solidaridad se manifiesta en asistencia y ayuda mutuas, buscando satisfacer carencias espirituales y materiales, y es una consecuencia directa del reconocimiento de cada persona como un ser individual, titular de derechos fundamentales a partir de tal calidad, pero también como integrante de una familia y, por tanto, adherente a ciertos valores y aspectos comunes.
18. El socorro mutuo que deben prestarse los cónyuges es un deber más amplio que la obligación de dar alimentos. Esta obligación se refiere a la satisfacción de las necesidades de subsistencia del acreedor alimentario. El socorro recíproco comprende además el consejo, la dirección, el apoyo moral con los que un cónyuge debe ayudar al otro, en las vicisitudes de la vida.
19. En esa guisa, el carácter asistencial de la pensión compensatoria implica satisfacer la necesidad o carencia del cónyuge o concubino para asegurar su subsistencia. Dicho de otra manera, está destinada a satisfacer situaciones de necesidad del cónyuge o concubino que se encuentra en una precaria situación económica tras la ruptura conyugal o del concubinato, según sea el caso; de ahí la necesidad de mantener los deberes de socorro y ayuda mutua existentes entre los cónyuges o concubinos derivados del matrimonio o concubinato.
20. En ese entendido, la vertiente asistencial procede cuando:
i) El acreedor alimentario carece de una fuente de ingresos que le permita subsistir.
ii) O, de tenerla, no satisfaga sus necesidades más apremiantes.
21. Por tanto, el monto de la pensión compensatoria debe comprender el carácter resarcitorio y/o asistencial de acuerdo con las circunstancias particulares del caso; es decir, deberá considerar la aportación del que benefició a la familia durante el tiempo que duró el matrimonio o concubinato, el costo de oportunidad y/o las necesidades que tenga para subsistir, así como, en su caso, la precaria situación económica derivada de carecer de fuentes de ingresos o que éstos resultan insuficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes, siempre que el deudor cuente con la posibilidad económica para cubrir tales conceptos.
22. Apoya lo expuesto con antelación, la tesis de jurisprudencia VII.2o.C. J/14 C (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, cuyos datos de localización título, subtítulo y texto son los siguientes:
"Suprema Corte de Justicia de la Nación
"Registro digital: 2023590
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Undécima Época
"Materia: Civil
"Tesis: VII.2o.C. J/14 C (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 5, Tomo II, septiembre de 2021, página 2942
"Tipo: Jurisprudencia
"PENSIÓN COMPENSATORIA CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. SU MONTO DEBE COMPRENDER EL CARÁCTER RESARCITORIO Y ASISTENCIAL DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA CASO CONCRETO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 230/2014 estableció que la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En ese sentido, determinó que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Cabe destacar que estas reglas resultan aplicables al concubinato, dado que una vez concluida dicha relación los exconcubinos tienen derecho a percibir alimentos en los mismos términos que los excónyuges. Por lo anterior, para otorgar una pensión compensatoria con base en una perspectiva de género, es indispensable tomar en cuenta su carácter resarcitorio y asistencial, porque de esta manera se podrá identificar, en un caso concreto, cuáles elementos comprenden el concepto de vida digna del acreedor alimentario. Luego, el carácter resarcitorio de una pensión compensatoria se refiere a los perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar, entendidos como: 1) Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio o concubinato, dedicarse uno de los cónyuges o concubinos a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y, 2) Los perjuicios derivados del costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o capacitación profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos. El carácter asistencial de una pensión compensatoria prospera ante: a) la falta de ingresos derivados de una fuente laboral que le permitan subsistir; o, b) la insuficiencia de sus ingresos para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Por tanto, se concluye que el monto de la pensión compensatoria debe comprender: la aportación al cónyuge o concubino que benefició a la familia durante el tiempo de duración del matrimonio o concubinato, el costo de oportunidad por asumir la carga doméstica y/o las necesidades para su subsistencia, así como, en su caso, la precaria situación económica derivada de carecer de fuentes de ingresos o que éstos resultan insuficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes."
23. Por último, cabe apuntar que para efectos de la fijación de la pensión compensatoria en los juicios de divorcio, la mujer que demandó el pago de alimentos bajo el argumento de que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado y educación de los hijos, o bien, evidencia dicha situación al dar contestación a la demanda incoada en su contra, goza de la presunción a su favor de que dicha argumentación es cierta, ya que en México por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres se dedica a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos. Por ende, es al cónyuge que pretende la pérdida del derecho a percibir alimentos una vez decretado el divorcio, a quien corresponde la carga de demostrar que su consorte no desempeñó durante el matrimonio dichas actividades domésticas y de cuidado, así como que está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias para la procedencia de su pretensión.
24. Lo anterior es así, pues aplicar la herramienta de perspectiva de género implica revertir la carga de la prueba al deudor, a fin de que desvirtúe lo aseverado por su contraparte, cuando su necesidad alimentaria se sustente en hechos negativos; de ahí que esta determinación coloca a las partes en la misma posición para acreditar la procedencia de una pensión compensatoria, ya que corresponde al demandado acreditar que ésta no prospera, dada la desigualdad estructural que sufre la mujer ama de casa al momento del divorcio.
25. Incluso, en la hipótesis de que la acreedora alimentaria no señalara en su demanda, o bien, en la contestación, haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, ello no la excluye de percibir alimentos después de concluido el matrimonio, porque de los hechos narrados en la demanda, su contestación y cualquier otra probanza pudiera derivarse la presunción humana en relación con que al asumir la carga doméstica y la crianza de los hijos, se colocó en una situación de vulnerabilidad y desequilibrio económico; de ahí que el Juez tenga la facultad de establecer una pensión compensatoria, ya que el derecho alimentario puede fundarse con la utilización de métodos válidos de argumentación jurídica con los cuales se justifique la vulnerabilidad de la excónyuge.
26. Apoyan, lo antes expuesto las tesis aisladas VII.2o.C.234 C (10a.) y VII.2o.C.144 C (10a.), sustentadas por este órgano de control constitucional, cuyos datos de localización, títulos, subtítulos y textos son los siguientes:
"Registro digital: 2022372
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Décima Época
"Materia: Civil
"Tesis: VII.2o.C.234 C (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 80, Tomo III, noviembre de 2020, página 2085
"Tipo: Aislada
"PENSIÓN COMPENSATORIA. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA AL DEUDOR ALIMENTARIO. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. En ese sentido, la mujer que se dedicó a las labores domésticas y a la crianza de los hijos durante la relación matrimonial, debe ser objeto de una protección reforzada por parte del Estado, pues la ruptura de la convivencia conyugal impide su acceso a un nivel de vida adecuado, cuando no pudo hacerse de una independencia económica por asumir el cuidado del hogar. Ahora bien, cuando la mujer demandó el pago de alimentos bajo el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de sus hijos, se presume que esa argumentación es cierta, ya que en México por la permanencia de roles de género, la mayoría de las mujeres se dedican principalmente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos. De manera que si el cónyuge reconvino el divorcio y, en consecuencia, la pérdida o cancelación del derecho a recibir alimentos, corresponde a éste demostrar que su cónyuge no desempeñó durante el matrimonio dichas actividades domésticas y de cuidado, así como que está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, para la procedencia de su pretensión relativa a la cancelación o pérdida del derecho a percibir alimentos de su consorte. Lo anterior es así, pues aplicar la herramienta de perspectiva de género implica revertir la carga de la prueba al deudor, a fin de que desvirtúe lo aseverado por la actora, cuando su necesidad alimentaria se sustente en hechos negativos; de ahí que esta determinación coloca a las partes en la misma posición para acreditar la procedencia de una pensión compensatoria, ya que corresponde al demandado acreditar que ésta no prospera, dada la desigualdad estructural que sufre la mujer ama de casa al momento del divorcio."
"Registro digital: 2016941
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Décima Época
"Materia: Civil
"Tesis: VII.2o.C.144 C (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 54, Tomo III, mayo de 2018, página 2699
"Tipo: Aislada
"PENSIÓN COMPENSATORIA. SI LA ACREEDORA ALIMENTARIA NO SEÑALÓ EN SU DEMANDA HABERSE DEDICADO PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR Y CUIDADO DE LOS HIJOS, ELLO NO LA EXCLUYE DE PERCIBIR AQUÉLLA, YA QUE PUEDE DEMOSTRAR SU DESEQUILIBRIO ECONÓMICO CON UNA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA VÁLIDA QUE JUSTIFIQUE SU NECESIDAD Y VULNERABILIDAD. De conformidad con los artículos 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, inciso f), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Estado debe asegurar la adecuada equivalencia de responsabilidades de los excónyuges cuando ocurre el divorcio y adoptar todas las medidas adecuadas para modificar o derogar usos y prácticas que constituyan una discriminación contra la mujer. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 21/2017 (10a.), de título y subtítulo: ‘ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO POR ACREDITACIÓN DE CAUSALES. SU IMPOSICIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE SANCIÓN.’, sostuvo que el Juez puede decretar alimentos al disolverse el vínculo matrimonial, no obstante la falta de prueba contundente sobre la necesidad alimentaria de alguno de los ex cónyuges, en tanto tiene la facultad de establecerlos al advertir cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico de alguna de las partes, pues el derecho alimentario del ex cónyuge puede sustentarse con una argumentación jurídica válida que justifique la necesidad y vulnerabilidad del acreedor alimentario, de acuerdo con las circunstancias del caso. Por tanto, resulta inconcuso que si la acreedora alimentaria no señaló en su demanda haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, ello no la excluye de percibir alimentos después de concluido el matrimonio, porque de los hechos narrados en la demanda, su contestación y cualquier otra probanza pudiera derivarse la presunción humana en relación con que al asumir la carga doméstica y la crianza de los hijos, se coloca en una situación de vulnerabilidad y desequilibrio económico. De ahí que el Juez tenga la facultad de establecer una pensión compensatoria, ya que el derecho alimentario puede fundarse con la utilización de métodos válidos de argumentación jurídica con los cuales se justifique la vulnerabilidad de la excónyuge."
27. Ahora bien, en el presente asuntó no quedó evidenciado el desequilibrio económico en que se ubicó la quejosa al disolverse el vínculo matrimonial que la unía con el quejoso, conforme al material probatorio que obra en el sumario civil de origen.
28. Ello es así, porque la aseveración de la actora en reconvención relativa a que reclama pensión compensatoria "por haberse dedicado preponderantemente al cuidado y atenciones del hogar, encontrándose en desequilibrio económico y, por ende, en un estado de necesidad", quedó desvirtuada con la constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en el que aparece que su estado es activo, con actividad económica desde dos mil ocho, en el comercio "Al por menor y granos alimenticios, especies y chiles secos", tributando en el "Régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios", del que se desprende que obtiene ingresos económicos para su subsistencia, sin existir en el sumario probanza de la que se desprenda lo contrario o la insuficiencia de los mismos para garantizar su subsistencia.
29. En cambio, el demandado en reconvención, aquí tercero interesado, presenta una ********** como es la **********, desde el **********, además de que no se encuentra acreditado que cuente con trabajo, bienes inmuebles o ingreso económico que lo coloque en una situación de desequilibrio económico respecto de la actora en reconvención aquí quejosa, pues en todo momento negó que trabajara durante la duración de la relación de matrimonio, como se desprende de su contestación de demanda y del desahogo de las confesionales que corrieron a su cargo, lo cual no fue desvirtuado por la accionante.
30. En adición a lo anterior, debe decirse que del análisis del aviso de cambio de clínica de adscripción, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez, se advierte que el tercero interesado es beneficiario de seguridad social de la quejosa, esto es, el demandado en reconvención no contó con seguridad social por tener algún trabajo desempeñado por él, sino que tuvo acceso a dicho beneficio al haber sido beneficiario de su contraparte, quien trabajó durante la existencia de la relación de matrimonio.
31. En tales condiciones, si conforme al material probatorio no se encuentra acreditado el presupuesto básico de la pensión compensatoria que es el desequilibrio económico de la actora en reconvención al momento de la disolución del vínculo matrimonial, es inconcuso que la autoridad responsable procedió conforme a derecho al absolver al demandado de dicha prestación.
32. Bajo estas premisas, la circunstancia atinente a que la peticionaria del amparo pudo llegar a desarrollar una doble jornada al trabajar y cuidar a su entonces cónyuge durante la vigencia del matrimonio por presentar una discapacidad física, no incide en la procedencia de la pensión compensatoria, cuenta habida que dadas las condiciones objetivas que quedaron demostradas, no existió un desequilibrio económico entre los contendientes, al haber laborado y accedido a beneficios de seguridad social de la actora, mientras que el demandado no demostró que cuente con trabajo, bienes inmuebles o ingreso económico que le permita cumplir con compensación a favor de su excónyuge.
33. En apoyo de las consideraciones que anteceden, se cita la tesis aislada 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital siguiente:
"Registro digital: 2007988
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materia: Civil
"Tesis: 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 725
"Tipo: Aislada
"PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. Esta Primera Sala advierte que en el caso del matrimonio, la legislación civil o familiar en nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de ‘pensión compensatoria’, aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. En efecto, se advierte que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, esta Primera Sala considera que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31422-83c7d260/pension-compensatoria-en-su-vertiente-resarcitoria-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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