PENSIÓN COMPENSATORIA CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. ES INDISPENSABLE TOMAR EN CUENTA SU CARÁCTER RESARCITORIO Y ASISTENCIAL. PENSIÓN COMPENSATORIA. EL COSTO DE OPORTUNIDAD DEBE COMPENSARSE CUANDO LA MUJER SE QUEDÓ AL CUIDADO DE LOS HIJOS EN VIRTUD DEL ABANDONO DE SU CÓNYUGE, SIN SER OBSTÁCULO A LO ANTERIOR QUE HUBIERE TENIDO UNA RELACIÓN ESTABLE Y PROCREADO UN HIJO CON OTRO HOMBRE, ESTANDO CASADA. PENSIÓN COMPENSATORIA. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA AL DEUDOR ALIMENTARIO. PENSIÓN COMPENSATORIA. LA PORCIÓN NORMATIVA "EN TANTO VIVA HONESTAMENTE Y NO CONTRAIGA NUPCIAS", PREVISTA EN EL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, GENERA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE GÉNERO, POR LO QUE ES INCOMPATIBLE CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. PENSIÓN COMPENSATORIA. SI LA ACREEDORA ALIMENTARIA NO SEÑALÓ EN SU DEMANDA HABERSE DEDICADO PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR Y CUIDADO DE LOS HIJOS, ELLO NO LA EXCLUYE DE PERCIBIR AQUÉLLA, YA QUE PUEDE DEMOSTRAR SU DESEQUILIBRIO ECONÓMICO CON UNA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA VÁLIDA QUE JUSTIFIQUE SU NECESIDAD Y VULNERABILIDAD.
PENSIÓN COMPENSATORIA CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. ES INDISPENSABLE TOMAR EN CUENTA SU CARÁCTER RESARCITORIO Y ASISTENCIAL.
PENSIÓN COMPENSATORIA. EL COSTO DE OPORTUNIDAD DEBE COMPENSARSE CUANDO LA MUJER SE QUEDÓ AL CUIDADO DE LOS HIJOS EN VIRTUD DEL ABANDONO DE SU CÓNYUGE, SIN SER OBSTÁCULO A LO ANTERIOR QUE HUBIERE TENIDO UNA RELACIÓN ESTABLE Y PROCREADO UN HIJO CON OTRO HOMBRE, ESTANDO CASADA.
PENSIÓN COMPENSATORIA. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA AL DEUDOR ALIMENTARIO.
PENSIÓN COMPENSATORIA. LA PORCIÓN NORMATIVA "EN TANTO VIVA HONESTAMENTE Y NO CONTRAIGA NUPCIAS", PREVISTA EN EL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, GENERA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE GÉNERO, POR LO QUE ES INCOMPATIBLE CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
PENSIÓN COMPENSATORIA. SI LA ACREEDORA ALIMENTARIA NO SEÑALÓ EN SU DEMANDA HABERSE DEDICADO PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR Y CUIDADO DE LOS HIJOS, ELLO NO LA EXCLUYE DE PERCIBIR AQUÉLLA, YA QUE PUEDE DEMOSTRAR SU DESEQUILIBRIO ECONÓMICO CON UNA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA VÁLIDA QUE JUSTIFIQUE SU NECESIDAD Y VULNERABILIDAD.
AMPARO DIRECTO 551/2017. 15 DE MARZO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIA: RUBÍ SINDIRELY AGUILAR LASSERRE.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Resolución. Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer atendiendo a la causa de pedir.
(1) Para corroborar la calificativa anterior, es menester sintetizar los motivos de disenso, los cuales son del texto siguiente:
(2) A) Se omitió analizar exhaustivamente las actuaciones que conforman el juicio natural, puesto que de las mismas se desprende la necesidad manifiesta a los alimentos ya que, por tal razón, la quejosa demandó el pago de una pensión compensatoria; además, el deudor está en condiciones de proporcionarla.
(3) B) Contrario a lo señalado por la autoridad responsable, los alimentos no necesariamente deben cesar ante la ruptura del vínculo matrimonial, pues en la ley se advierten los casos en que éstos deben subsistir y, en el caso concreto, la inconforme demostró la necesidad alimentaria al demandar la pensión respectiva, aunado a que la alzada no analizó las circunstancias que se derivan de las pruebas para considerar el derecho de la quejosa a una pensión compensatoria, sino que reiteró el contenido de diversas tesis jurisprudenciales.
(4) C) Resulta inaplicable la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/14 C (10a.), de título y subtítulo: "ACCIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES, SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE DISUELVE EL MATRIMONIO, NO SERÁ JURÍDICAMENTE POSIBLE CONSIDERARLA FUNDADA.", toda vez que no actualiza el caso concreto respecto a que la pensión alimenticia fuere procedente en un juicio de divorcio que promovió en reconvención el hoy tercero interesado, pues la acción principal relativa al pago de alimentos derivada del matrimonio quedó sin materia. Por lo que, al no ser aplicable la tesis, el acto reclamado carece de sustento legal. Además, éste carece de fundamentación y motivación, porque no expone de manera pormenorizada, las circunstancias que se tomaron en cuenta para modificar la sentencia primigenia.
(5) D) Resulta innecesario que la responsable se ocupara de la acción principal del pago de alimentos ya que, por un lado, el Juez primigenio la declaró sin materia y, por otro, la inconformidad del tercero interesado estriba en el pago de una pensión compensatoria; de ahí que la Sala debió ocuparse del análisis de las circunstancias, lo cual omitió, pues dejó de tomar en cuenta que la inconforme demandó la pensión de alimentos, que tiene una edad **********, que siempre se dedicó al ********** de sus **********, que sufrió abandono por el ex cónyuge, como lo confesara en el hecho tres y cuatro de la demanda en reconvención, pues señala que hace treinta y ocho años vive separado de la quejosa y que, ha tenido diversos domicilios, además, en el hecho uno de la contestación a la demanda principal, señaló que es falso que la inconforme viva con su hija **********.
(6) E) El acto reclamado carece de fundamentación y motivación, porque no se exponen las circunstancias lógicas y jurídicas que llevaron a la responsable a concluir la forma en que valoró los elementos de prueba, pues sólo se ocupó de mencionar la prueba confesional, en particular, la respuesta dada a la posición número treinta y ocho, con relación a que la quejosa depende económicamente de su hija y hace tiempo de su hijo **********.
(7) F) Resulta una contradicción que la Sala sostenga, por una parte, que el tercero interesado estuvo a cargo de los alimentos durante el vínculo matrimonial y, por otra, que advierta que no dependía económicamente de él.
(8) G) Los inmuebles señalados por la alzada fueron adquiridos sin inversión alguna, pues desde que el tercero interesado abandonó a la quejosa, tuvo la necesidad de venderlos para sufragar los alimentos de sus entonces menores hijos. Además, la responsable no da las razones pormenorizadas por las que dio valor probatorio pleno a los referidos inmuebles.
(9) Por otro lado, la donación pura y simple a título gratuito de cierto inmueble, no implica que por ese motivo no pueda demostrarse la necesidad de la quejosa, dadas las circunstancias que se advierten en el expediente.
(10) H) No se valoró la nota periodística, ni la constancia emitida por la directora de Desarrollo Económico, Comercio y Mercados del Ayuntamiento Constitucional respectivo, en la cual se advierte que la quejosa no cuenta con ningún empadronamiento o comercio en las áreas adscritas a esa dirección.
(11) I) De la contestación a la demanda y del escrito de reconvención, se desprende que el tercero interesado refirió que tiene treinta y ocho años de estar separado de la quejosa, no así como lo afirma la responsable que se trata de treinta y cuatro años. Además, resulta inatendible que no haya quedado probada tal circunstancia, cuando ello constituye una confesión ante autoridad judicial.
(12) J) Se introdujeron hechos ajenos a la litis, al tener por demostrado que la inconforme procreó un hijo con persona distinta a su cónyuge, pues ello no fue expuesto en la demanda principal ni en la reconvencional. Aunado a que no pudo haberse probado la citada procreación fuera del matrimonio y que la quejosa se encontrara viviendo con persona distinta a su consorte, pues éste al responder las posiciones, manifestó que se ausentaba del domicilio conyugal por motivos de trabajo y el domicilio conyugal se encuentra en el lugar que se le mencionó. Circunstancias que no fueron advertidas por la autoridad responsable.
(13) K) Se desatendió el principio de congruencia y exhaustividad de la sentencia, pues la responsable no puede quedar exenta de fundamentar y motivar debidamente, por lo que, procede conceder el amparo para el efecto de que la alzada analice de manera exhaustiva los agravios esgrimidos en la apelación, a fin de que determine si los elementos de la acción reivindicatoria están plenamente acreditados.
(14) L) En relación con que la quejosa no justificó que durante el matrimonio dependiera económicamente del tercero interesado y que vivió con persona diferente a su cónyuge, la quejosa señala que el objeto de las acciones, tanto en la principal, como en la reconvención, no fueron la de comprobar un desequilibrio económico como consecuencia del divorcio. Por tal motivo, la Sala introduce elementos ajenos a la litis y modifica la sentencia apelada sin motivación alguna.
(15) Además, la aseveración de que la inconforme no probó que durante el matrimonio dependiera económicamente de su cónyuge, es una apreciación subjetiva y aislada, pues por esa razón es que se demandó alimentos y por decisión judicial se le proporcionaban a la quejosa, ya que si bien, por una cuestión moral, sus hijos le ayudaban con los alimentos, ello no implica que necesariamente dependiera de ellos, pues el principal acreedor es su contraparte.
(16) A continuación se proseguirá a dar contestación a los motivos de agravio.
(17) Ahora bien, este Tribunal Colegiado determina el otorgamiento de una pensión compensatoria con base en una perspectiva de género, en atención a la causa de pedir expresada en los incisos A), D) y H), respecto a que la alzada omitió analizar exhaustivamente las pruebas, ya que de las mismas se advierte la necesidad de los alimentos, pues la acreedora tiene una edad ********** y siempre se dedicó al **********. Además, no se tomó en cuenta que de la constancia respectiva, se desprende que no cuenta con algún comercio.
(18) Los motivos de disenso resultan fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, pues procede el derecho a una pensión compensatoria.
(19) Para corroborar la aseveración anterior, es necesario dividir el estudio en tres partes: I. Igualdad; II. Pensión compensatoria; y III. Análisis del caso concreto.
I. Igualdad
(20) Los artículos 1o. y 4o. constitucionales prevén que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
(21) El artículo 4o. constitucional establece la igualdad entre el varón y la mujer ante la ley.
(22) Sin embargo, la existencia de disposiciones específicas que reconocen los derechos de las mujeres, no resuelve las situaciones que de facto y de manera estructural les impiden gozar efectivamente de sus derechos.(1)
(23) En ese sentido, la discriminación es una forma de violencia, pues repercute en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las mujeres.
(24) Por ello, el Estado Mexicano, al firmar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Belem Do Pará, se comprometió a adoptar, por todos los medios apropiados, acciones orientadas a prevenir, sancionar y erradicar esa discriminación y violencia como lo es, entre otras medidas, la de asegurar la realización práctica del principio de la igualdad del hombre y de la mujer, y garantizar, por conductos de los tribunales, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.(2)
(25) La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.(3)
(26) La violencia económica contra las mujeres es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.(4)
(27) Es importante señalar que un trato diferenciado que no sea objetivo y razonable, constituye discriminación.
(28) La objetividad de una distinción, exclusión, restricción o preferencia, la determina el hecho de que haya sido tomada de acuerdo a criterios libres de estereotipos y basados en los derechos humanos.(5)
(29) Los estereotipos de género están relacionados con las características social y culturalmente asignadas a hombres y mujeres, a partir de las diferencias físicas basadas principalmente en su sexo.
(30) Los roles asignados a hombres y mujeres en el interior del núcleo familiar, se traducen en que, los primeros, deben ser proveedores del hogar y, las segundas, quienes cuiden a los hijos y realicen labores domésticas.
(31) El rol de las mujeres se asigna porque al ser débiles y tener la capacidad de gestar y parir, son naturalmente más aptas para hacerse cargo de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, por lo que el valor económico y social de dicha labor es invisibilizado y no remunerado.
(32) El problema de una visión estereotípica surge cuando por asignar dichas características, actitudes o roles, se generan consecuencias jurídicas como limitar el acceso a derechos.
(33) Por otra parte, la razonabilidad se actualiza en la proporcionalidad entre la finalidad (diseño y ejecución de un proyecto de vida digna enmarcado en la autonomía de la persona y sus derechos humanos) y la medida tomada.(6)
(34) En suma, un tratamiento diferenciado es legítimo, cuando tal decisión no está basada en estereotipos (objetividad) y exista proporcionalidad entre el fin que se persigue, como lo es, planear y ejecutar el proyecto de vida que se desee, y la medida empleada para lograr tal fin (razonabilidad).
(35) En ese orden de ideas, se establece que del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.(7)
(36) La perspectiva de género constituye una categoría analítica que integra las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino".(8)
(37) Por tanto, se concluye que la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género, puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres que no necesariamente está presente en cada caso como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como una consecuencia inevitable de su sexo.(9)
(38) La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano.
(39) Asimismo, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres.
Sirven de apoyo al criterio anterior, las tesis aisladas que a continuación se precisan:
"Décima Época
"Registro digital: 2005794
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: Aislada
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas»
"Libro 4, Tomo I, marzo de 2014
"Materia: Constitucional
"Tesis: 1a. XCIX/2014 (10a.)
"Página: 524
"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. De los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ‘Convención de Belém do Pará’, adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999 y, 1 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la asamblea general el 18 de diciembre de 1979, publicada en el señalado medio de difusión oficial el 12 de mayo de 1981, deriva que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género. Así, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que el Juez debe cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación; toda vez que el Estado tiene el deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria."
"Décima Época
"Registro digital: 2013866
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas
"Materia: Constitucional
"Tesis: 1a. XXVII/2017 (10a.)
"JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica –concepto– que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como ‘lo femenino’ y ‘lo masculino’. En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres –pero que no necesariamente está presente en cada caso–, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: ‘ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.’, que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles –mas no necesariamente presentes– situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres."
II. Pensión compensatoria
(40) En el amparo directo en revisión 230/2014,(10) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la pensión surgió como una forma de "compensar" a la mujer las actividades domésticas realizadas durante el tiempo que duró el matrimonio y por las que se vio impedida para realizar otro tipo de actividades mediante las que hubiera podido obtener ingresos propios.
(41) También se explicó en dicha ejecutoria, que la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial.
(42) Así, el derecho a una pensión compensatoria surge a raíz de que el Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, en términos del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(43) En ese entendido, el Máximo Tribunal del País sostuvo que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.
(44) En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1340/2015, determinó que estaba prohibido todo trato discriminatorio en lo que respecta a los motivos y procedimientos de separación o de divorcio, incluidos los gastos de manutención y la pensión alimenticia.
(45) De tal suerte, que el derecho humano de igualdad y no discriminación trae consigo el deber del Estado de velar por que el divorcio no constituya un factor de empobrecimiento ni un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos, específicamente el derecho al acceso a un nivel de vida adecuado.
(46) En ese sentido, la Primera Sala estableció que para cumplir con la finalidad de que la fijación de los alimentos se verifique de manera proporcional, el juzgador deberá determinar qué debe comprender el concepto de una vida digna y decorosa, según las circunstancias del caso concreto; apreciar la posibilidad de uno de los cónyuges para satisfacer por sí, los alimentos que logren dicho nivel de vida; y determinar una pensión alimenticia suficiente para colaborar con dicho cónyuge en el desarrollo de las aptitudes que hagan posible que en lo sucesivo, él mismo pueda satisfacer el nivel de vida deseado.(11)
(47) En esa labor, deberá tomar en cuenta los acuerdos y roles aceptados, explícita e implícitamente, durante la vigencia del matrimonio; así como la posible vulnerabilidad de los cónyuges para lograr que se cumpla con los objetivos anteriormente planteados.(12)
(48) En ese entendido, el Juez puede bajo su discrecionalidad y arbitrio judicial determinar que no obstante la falta de prueba contundente, hay necesidad de establecer alimentos, precisamente, por advertir cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico, por lo que a falta de prueba, tal determinación debe estar sustentada en métodos válidos de argumentación jurídica, a fin de garantizar una carga razonable en las obligaciones alimentarias, sin menoscabo de la protección de los derechos humanos de las partes lo que, a su vez, incide en una valoración particular de las circunstancias de cada caso.
(49) En ese contexto, debe decirse que la pensión compensatoria tiene como finalidad apaliar el desequilibrio económico surgido con motivo del divorcio, pues trata de compensar al cónyuge por la pérdida del nivel de vida que gozaba durante la convivencia conyugal.(13)
(50) En otras palabras, la pensión de referencia tiende a equilibrar en lo posible, el descenso que el divorcio puede ocasionar en el nivel de vida de uno de los cónyuges en relación con el que conserve el otro.(14)
(51) De tal manera, que el cónyuge más desfavorecido puede ser considerado acreedor de una pensión porque ha sufrido un empeoramiento en su situación económica, en relación con la que tenía durante el matrimonio y respecto a la posición que disfrutaba el otro cónyuge.
(52) En esa medida, es importante señalar que la pensión compensatoria no trata de equiparar los patrimonios, sino la situación económica de los consortes(15) pues, como se adelantó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la pensión compensatoria procede ante una situación de desventaja económica que se presenta entre los consortes al momento de disolverse el vínculo matrimonial.
(53) Así, los bienes que conforman el patrimonio familiar, no deben ser tomados en cuenta para el pago de una pensión compensatoria pues, tal prestación, es de índole económica y, en esa medida, los bienes adquiridos durante el matrimonio, se liquidarán en ejecución de sentencia.
(54) Siguiendo esa línea argumentativa, el Juez, al advertir una situación de vulnerabilidad por razón de género, debe fijar una pensión compensatoria que garantice al cónyuge el nivel de vida que gozaba durante el matrimonio, a fin de subsanar la desigualdad económica que se presenta entre los consortes con motivo del divorcio.
(55) Así, se establece que para determinar una pensión compensatoria con base en una perspectiva de género, es indispensable tomar en cuenta su carácter resarcitorio y asistencial pues, de esa manera, se podrá identificar en un caso concreto, qué es lo que comprende el concepto de vida digna del cónyuge desaventajado, lo cual se traduce en el nivel de vida que gozaba durante la relación matrimonial.
(56) A continuación se procede a explicar en qué consiste el carácter resarcitorio y asistencial de la pensión compensatoria.
(57) El objetivo resarcitorio implica compensar el menoscabo económico y el costo de oportunidad sufridos por el cónyuge que, en aras del funcionamiento del matrimonio, asumió las cargas domésticas y familiares sin recibir remuneración a cambio.
(58) En ese sentido, el deber resarcitorio de los perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar, comprende dos aspectos:
1. Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido durante el matrimonio, dedicarse uno de los cónyuges a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge.
2. Los perjuicios derivados del costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o capacitación profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos.
(59) Por otra parte, para un mejor entendimiento del objetivo asistencial, es conveniente realizar las siguientes precisiones.
(60) El principio de solidaridad familiar surge a partir de situaciones convivenciales que responden a vínculos consanguíneos o afectivos. Así, tal solidaridad se manifiesta en asistencia y ayuda mutua, buscando satisfacer carencias espirituales y materiales, y es una consecuencia directa del reconocimiento de cada persona como un ser individual, titular de derechos fundamentales a partir de tal calidad, pero también como integrante de una familia y, por tanto, adherente a ciertos valores y aspectos comunes.(16)
(61) El socorro mutuo que deben prestarse los cónyuges es un deber más amplio que la obligación de dar alimentos. Esta obligación se refiere a la satisfacción de las necesidades de subsistencia del acreedor alimentario. El socorro recíproco comprende, además, el consejo, la dirección, el apoyo moral con los que un cónyuge debe ayudar al otro, en las vicisitudes de la vida.(17)
(62) En esa guisa, el carácter asistencial de la pensión compensatoria, implica satisfacer la necesidad o carencia del cónyuge para asegurar su subsistencia.
(63) Dicho de otra manera, la vertiente asistencial está destinada a satisfacer situaciones de necesidad del cónyuge que se encuentra en una precaria situación económica tras la ruptura conyugal; de ahí la necesidad de mantener los deberes de socorro y ayuda mutua existentes entre los cónyuges derivados del matrimonio.
(64) En ese entendido, la asistencia procede cuando:
i) el acreedor alimentario carece de una fuente de ingresos que le permita subsistir,
ii) o, de tenerla, no satisfaga sus necesidades más apremiantes.
(65) Por tanto, se concluye que el monto de la pensión compensatoria debe comprender, el carácter resarcitorio y/o asistencial de acuerdo a las circunstancias particulares del caso. Es decir, deberá considerar la aportación del cónyuge que benefició a la familia durante el tiempo que duró el matrimonio, el costo de oportunidad y/o las necesidades que tenga para subsistir, siempre que el deudor cuente con la posibilidad económica para cubrir tales conceptos.
(66) En otro orden de ideas, debe señalarse que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género.
(67) En ese sentido, la mujer que se ded
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27835-55603438/pension-compensatoria-con-base-en-una-perspectiva-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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