PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY RELATIVA, AL NO PREVER UN PLAZO PARA QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) DICTE RESOLUCIÓN UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE JUNIO DE 2021. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, QUIEN VOTÓ CON SALVEDADES, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, JEAN CLAUDE TRON PETIT, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CARLOS RONZON SEVILLA, RICARDO OLVERA GARCÍA, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, QUIEN EMITIÓ VOTO CONCURRENTE, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, QUIEN EMITIÓ VOTO CONCURRENTE, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, QUIEN VOTÓ CON SALVEDADES, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, MARTHA LLAMILÉ ORTIZ BRENA, CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN, ROSA ILIANA NORIEGA PÉREZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. AUSENTES: HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA. DISIDENTES: CAROLINA ISABEL ALCALÁ VALENZUELA, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO Y GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, QUIENES EMITIERON VOTO DE MINORÍA Y VOTO PARTICULAR, EL ÚLTIMO DE ELLOS. PONENTE: GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES. SECRETARIA: PATRICIA RUBIO MARROQUÍN.
Ciudad de México; acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del veintinueve de junio de dos mil veintiuno.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis PC01.I.A.25/2020.C y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Mediante oficio DC/2020/3004, de once de agosto de dos mil veinte, recibido el trece de agosto siguiente, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, la directora Contenciosa de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Séptimo y Decimonoveno Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los expedientes DA-475/2019 y DA-301/2019, de sus respectivos índices.
SEGUNDO.—Por acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, la presidenta del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió la denuncia de contradicción y ordenó su registro bajo el número CT 25/2020, correspondiéndole la clave electrónica PC01.I.A.25/2020.C en el Sistema de Plenos de Circuito, y solicitó a la presidencia de los mencionados Tribunales Colegiados el envío de las resoluciones donde fueron asumidos los criterios contendientes, así como el informe de su vigencia.
TERCERO.—Mediante correo institucional enviado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, y por oficio número 3/2020, de tres de diciembre de dos mil veinte, los Tribunales Séptimo y Decimonoveno en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, informaron que los criterios objeto de la denuncia continúan vigentes, y remitieron las resoluciones donde fueron sustentados en archivos digitales por correo electrónico.
CUARTO.—Mediante oficio SGA/GVP/118/2021 de once de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a la Coordinación (sic) de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de la revisión a su base de datos, no se encuentra radicada en el Alto Tribunal contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con: "DETERMINAR SI EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS ESTABLECE O NO UN PLAZO PARA LA CADUCIDAD DE SUS FACULTADES SANCIONADORAS, Y POR TANTO, SI RESULTA VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA AL DEJAR AL ARBITRIO DE LAS AUTORIDADES LA DETERMINACIÓN DEL PLAZO O TEMPORALIDAD PARA IMPONER SANCIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL RAMO."
QUINTO.—Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito turnó el expediente al Magistrado presidente del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrante del citado Pleno, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
SEXTO.—Con fecha tres de junio de dos mil veintiuno, se ingresó el proyecto de resolución al sistema electrónico del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que se distribuyó entre los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito para la formulación de las observaciones correspondientes y, transcurridos los plazos respectivos, se listó el asunto para resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver este expediente, en términos de los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al artículo 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y el funcionamiento de los Plenos de Circuito, por plantearse una probable contradicción entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis se formuló por persona legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, pues fue formulada por la directora contenciosa de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, quien fue parte en los asuntos contendientes.
TERCERO.—Como primer punto, se examinará si existe la contradicción de criterios denunciada.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Además, la tesis 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, prevé:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
Como se observa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que para estimar existente una contradicción de tesis, es necesario que los órganos judiciales participantes adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que los aspectos fácticos que los rodean no sean exactamente iguales, es decir, que emitan diversa solución a una problemática jurídica semejante mediante un determinado ejercicio interpretativo.
De autos emerge que los Tribunales Colegiados participantes en esta contradicción de tesis resolvieron con base en las consideraciones siguientes:
1. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veinte de febrero de dos mil veinte, en el expediente DA-475/2019, consideró:
"SÉPTIMO.—Estudio de los conceptos de violación.
"El primer concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
"En éste la quejosa asegura que la sentencia reclamada es contraria a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues reconoció la validez de la resolución impugnada, la cual fue dictada con fundamento en los artículos 53, 94, fracción II, y 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, los cuales considera inconstitucionales, al ser contrarios al principio de seguridad jurídica, pues señala que no prevén un plazo para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emita la resolución correspondiente, después de haberla oído previamente como presunta infractora.
"Indica que mediante la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, contenida en el oficio **********, emitido dentro del expediente número **********, la ahora tercera interesada le impuso dos multas, cada una por la cantidad de **********, siendo el monto total de la suma de ambas de **********, impuesta, porque contravino lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en relación con la vigésima primera de las ‘Disposiciones de carácter general para el registro de las comisiones, la cartera total y número de contratos, que deben realizar las entidades financieras’; al no proporcionar la información relativa a la cartera total y al número de contratos celebrados correspondientes al segundo trimestre de dos mil dieciséis, y la cual fue confirmada por diversa resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo número **********, que resolvió el recurso de revisión que interpuso contra la resolución sancionadora.
"Sin embargo, señala que, como antecedente de dichas resoluciones, la ahora tercera interesada, a través del memorando número **********, de **********, la referida comisión remitió a la Dirección de Sanciones a Instituciones Financieras, el expediente relativo a efecto de que se determinara el procedimiento de imposición de multas, y hasta el ********** (casi dos años después), cuando esa autoridad le notificó el oficio número **********, de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual le hizo saber el supuesto incumplimiento a sus obligaciones como institución financiera frente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y su derecho de defensa, el cual podía ejercer dentro del plazo de diez días (ejercido por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho ante la ahora tercero interesada), y no fue sino hasta el trece de junio de dos mil dieciocho, cuando emitió la resolución de multa controvertida.
"Por lo anterior señala que quedó en estado de incertidumbre jurídica, pues los numerales controvertidos, al no prever un plazo para que la autoridad resuelva el procedimiento administrativo sancionador, ni para que le sea notificada esa resolución, permite que la autoridad pueda incurrir en arbitrariedades y en la prolongación indefinida del procedimiento.
"Apoya sus argumentos con la tesis 1a. XXII/2017 (10a.), de rubro: ‘ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. LA AUSENCIA DE UN PLAZO PARA DICTAR RESOLUCIÓN EN EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO SE SUBSANA CON EL DE CADUCIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 BIS 1 DEL MISMO ORDENAMIENTO.’
"Como se adelantó, son fundados los argumentos.
"Los artículos señalados como inconstitucionales disponen:
"‘Artículo 53. Las instituciones financieras deberán proporcionar la información que les solicite la comisión nacional, para el cumplimiento de su objeto en los términos y plazos que ésta señale, en caso contrario, se harán acreedoras a las sanciones que establece esta ley.’
"‘Artículo 94. La comisión nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones: ...
"‘II. Multa de 200 a 1000 días de salario, a la institución financiera que no proporcione la información o la documentación que le solicite la comisión nacional, para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 49, 53, 58 y 92 Bis 1 de esta ley; ...’
"‘Artículo 96. Para poder imponer la multa que corresponda, la comisión nacional deberá oír previamente a la institución financiera presuntamente infractora, dentro del plazo que fije la propia comisión nacional y que no podrá ser inferior a cinco días hábiles y tener en cuenta las condiciones económicas de la misma, la gravedad de la falta cometida, así como la necesidad de evitar reincidencias y prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta ley. La facultad de la comisión nacional para imponer sanciones caducará en un plazo de cinco años, contado a partir del día siguiente a aquel en que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de la infracción.’
"De la interpretación sistemática de los anteriores dispositivos normativos puede advertirse que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tiene la facultad de imponer una multa de doscientos a mil días de salario, a la institución financiera que no proporcione la información o la documentación que la propia comisión le solicite para el cumplimiento de su objeto. Para poder imponer esa sanción, la comisión está obligada a oír previamente a la institución financiera presuntamente infractora, dentro del plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles y, además, deberá tener en cuenta las condiciones económicas de la institución, la gravedad de la falta cometida, así como la necesidad de evitar reincidencias y prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
"Lo anterior, sin que ninguno de los preceptos transcritos establezca un plazo para que la autoridad emita la resolución correspondiente en el procedimiento de imposición de sanciones de marras.
"Sin que pase inadvertido lo dispuesto en el último párrafo del aludido artículo 96, se establezca que la facultad de la comisión para imponer sanciones caducará en un plazo de cinco años, contado a partir del día siguiente a aquel en que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de la infracción; sin embargo, nada dice de cuándo la comisión deberá emitir la resolución correspondiente.
"En ese sentido, dicha omisión en ese procedimiento sancionador deja indefinido el momento en el cual la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros debe dictar la resolución en la que defina la situación jurídica de la persona sujeta a aquél, en franco detrimento del principio de seguridad jurídica.
"De ahí que a partir del momento en que fenezca el plazo para que la institución presunta infractora ejerza su derecho de defensa, queda en manos de la autoridad decidir cuándo dictar la resolución correspondiente, pues el numeral 96 no establece un plazo para hacerlo.
"Consecuentemente, la ausencia del límite temporal para que la autoridad emita la resolución correspondiente en el procedimiento de imposición de sanciones, resulta en una indefinición legislativa de un límite temporal para que la autoridad emita una resolución, lo cual le permite prolongar indefinidamente el procedimiento y dejar en incertidumbre jurídica al particular, con transgresión de derechos humanos reconocidos en el artículo 17 de la Constitución; muy claramente, desde luego, el de prontitud de justicia, porque si la ley no establece plazo para dictar resolución, la autoridad podrá siempre justificar la dilación en hacerlo.
"No pasa inadvertido lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros(1), que prevé la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin embargo, expresamente señala que dicha aplicación sólo es en lo concerniente a las notificaciones de los actos administrativos que emita la comisión nacional.
"Así, ninguno de los ordenamientos aplicables en atención a la naturaleza de la quejosa, establece un límite temporal para que la autoridad demandada emita resolución en el procedimiento sancionador.
"En las relatadas condiciones, debe concluirse que el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al no establecer un límite para que la autoridad demandada emita la resolución que determine la imposición de una multa por la violación a las normas de la propia ley, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Al respecto, es aplicable, por igualdad de razón, la tesis aislada 2a. LXXXVIII/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL RELATIVA VIGENTE EN 2013, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto referido, al no establecer un límite temporal para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emita la resolución en el procedimiento sancionador por la que determine la imposición de una multa por el incumplimiento o la violación a las normas de la propia ley y a las disposiciones que emanen de ella, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que la autoridad actúe con arbitrariedad y propiciar que el procedimiento se prolongue indefinidamente, lo que causa incertidumbre jurídica al gobernado, aunado a que incluso la propia ley no prevé la figura de la caducidad ni alguna similar que pudiera subsanar el vicio de inconstitucionalidad de que adolece.’
"Así como la tesis aislada 1a. LXXX/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"‘ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL RELATIVA VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006 Y 2007). La garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido deben contener los elementos mínimos que permitan al particular hacer valer su derecho y conocer las consecuencias jurídicas de los actos que realice. Al mismo tiempo, que el actuar de la respectiva autoridad no resulte arbitrario, sino limitado y acotado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria. En ese sentido, dichas formalidades y su observancia, a las que se une la diversa garantía de legalidad, constituyen elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia se dicta en estricta observancia del marco jurídico que la rige, lo que impide que la autoridad ejerza arbitrariamente sus facultades, al dar certidumbre al gobernado sobre su situación. Por tanto, el artículo 88 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, vigente en 2006 y 2007, al no establecer un límite de tiempo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emita la resolución que determine la imposición de una multa por el incumplimiento o la violación a las normas de la propia ley y a las disposiciones que emanen de ella, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal.’
"Consecuentemente, ante el vicio antes destacado, es procedente conceder a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el fallo reclamado y dicte otro en el cual, atendiendo a la inconstitucionalidad del artículo 96 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros [sic], establecida en esta resolución, resuelva la controversia sometida a su jurisdicción."
2. El Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el expediente DA-301/2019, consideró:
"SÉPTIMO.—Por cuestión de técnica, los conceptos de violación se analizarán en un orden distinto al en que fueron propuestos.
"En la parte final del único concepto de violación la institución quejosa aduce, en esencia, que la Magistrada instructora omitió estudiar el tema relativo al control difuso que le hizo valer respecto del artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, debido a que alegó que tal precepto vulnera en su perjuicio el derecho de seguridad jurídica, al no prever un plazo legal para que la autoridad emita resolución que ponga fin al procedimiento sancionador.
"...
"Ahora bien, atendiendo a que en otra parte del único concepto de violación la promovente hace valer las razones por las que considera que el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros contraviene la Constitución, procede efectuar el estudio respectivo, máxime que los órganos del Poder Judicial de la Federación tienen competencia primigenia respecto del control de la constitucionalidad y convencionalidad de normas generales.
"En ese sentido, como se adelantó en una parte del único concepto de violación, la promovente afirma que el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros es inconstitucional, porque no prevé un plazo para que la autoridad administrativa emita resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, en consecuente violación al derecho de seguridad jurídica.
"Pues bien, para que en el juicio de amparo directo sea posible el análisis de los argumentos propuestos para demostrar la inconstitucionalidad de normas generales, se debe verificar:
"...
"En el caso se estima que se colman los requisitos para el análisis de constitucionalidad de normas propuesto, pues el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Usuario de Servicios Financieros fue aplicado en la resolución administrativa impugnada contenida en el oficio número **********, **********, emitida por la directora de Sanciones a Instituciones Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a través de la que impuso dos multas, una en cantidad de **********, por omitir rendir el informe adicional a que se refiere el artículo 68, fracción VI, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y la otra por **********, por no comparecer a la audiencia de conciliación a que hace referencia el artículo 68 de la ley.
"Asimismo, de ser fundados los conceptos de violación propuestos, trascendería al acto impugnado, pues al estimarse inconstitucional la norma impugnada, ello se traduciría en que no se aplique dicho precepto, el cual sirvió de fundamento a aquél y al procedimiento del que derivó.
"Además, de tratarse de un juicio de amparo indirecto (sic) no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y los conceptos de violación propuestos resultan eficaces para realizar el examen de constitucionalidad de leyes, pues la quejosa contrapone el contenido del artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros con el derecho de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución.
"Luego, al satisfacerse los requisitos referidos, el examen de regularidad constitucional es procedente.
"En ese sentido, la quejosa formuló los argumentos de inconstitucionalidad siguientes:
"...
"Para examinar el planteamiento de constitucionalidad, debe traerse a contexto que el artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, prevé:
"‘Artículo 96. Para poder imponer la multa que corresponda, la comisión nacional deberá oír previamente a la institución financiera presuntamente infractora, dentro del plazo que fije la propia comisión nacional y que no podrá ser inferior a cinco días hábiles y tener en cuenta las condiciones económicas de la misma, la gravedad de la falta cometida, así como la necesidad de evitar reincidencias y prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta ley.’
"(Adicionado, D.O.F. 10 de enero de 2014)
"‘La facultad de la comisión nacional para imponer sanciones caducará en un plazo de cinco años, contado a partir del día siguiente a aquel en que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de la infracción.’
"El precepto transcrito dispone que para imponer sanciones, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros deberá oír previamente a la institución financiera dentro de un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles y tener en cuenta sus condiciones económicas, la gravedad de la falta cometida, así como la necesidad de evitar reincidencias y prácticas tendentes a contravenir las disposiciones contenidas en esa ley.
"Asimismo, prevé que la facultad de la comisión para imponer sanciones caducará en un plazo de cinco años, contados a partir del día siguiente a aquel en que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de la infracción.
"Al respecto, debe decirse que el segundo párrafo del artículo tildado de inconstitucional, fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, dado que, previo a esa reforma, no existía plazo de caducidad para el ejercicio de la facultad sancionadora de la Comisión Na
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30145-8f08ff28/proteccion-y-defensa-al-usuario-de-servicios-financieros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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