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Modo: Corpus Pro

PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY RELATIVA NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2012. · Registro digital (IUS): 23764
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Pág. 693.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE JUNIO DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: DIANA MINERVA PUENTE ZAMORA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contrarias en los juicios de amparo de su competencia, la procuradora general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los mismos Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, la procuradora general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que se hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, deben asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En principio, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procuradora general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En este caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Magistrado presidente de uno de los Tribunales Colegiados contendientes y, en consecuencia, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, estimadas como posiblemente contradictorias y, para ello, se transcriben en lo conducente:

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el dos de febrero de dos mil once el amparo directo **********, sostuvo:

"OCTAVO. Problemática jurídica a resolver. La litis en el presente asunto se relaciona con aspectos de fondo relacionados con la inconstitucionalidad que se hace valer de diversos numerales aplicados en perjuicio del quejoso, así como del indebido estudio atribuido a la Sala responsable, respecto de los numerales que sirvieron de apoyo para sancionar a la quejosa y la correcta interpretación de las normas aplicables. NOVENO. Análisis de los conceptos de violación. En atención al contenido de los argumentos que se plantean y a la técnica que rige en el dictado de las sentencias en el juicio de amparo directo, se procede al estudio de los conceptos de violación en un orden distinto al propuesto, pues dicho análisis debe atender al principio de mayor beneficio, pudiendo inclusive omitir aquellos que aunque resulten fundados, no mejoren el beneficio que pudiera alcanzarse con el análisis de uno diverso que también resulte fundado. Sobre tal presupuesto, es que resultan de estudio preferente los argumentos expuestos en el tercer y el cuarto conceptos de violación, en los cuales la parte quejosa propone que los artículos 19, fracción XXXVIII, del Estatuto Orgánico de la Condusef y 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros -en adelante la ley especial aplicable-, son contrarios a la Constitución Federal, al estimar que contravienen en su perjuicio, entre otra, la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16, al no establecer un plazo para la emisión y notificación de la resolución que impone una multa por contravención a las disposiciones legales de ese último ordenamiento, y porque tampoco contempla una consecuencia para dicha omisión. Apoya lo anterior, el criterio que informa la jurisprudencia P./J. 3/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). Conforme a lo expuesto, se procede al estudio de los argumentos de la institución quejosa, mismos que se estiman infundados, con apoyo en las consideraciones siguientes. El principio de seguridad jurídica, mismo que se encuentra previsto en el artículo 16 constitucional, refiere lo siguiente: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). La garantía de seguridad jurídica contempla, en cuanto a los ordenamientos legales, que la estructura del ordenamiento sea correcta y que también lo sea su funcionamiento y, además, exige que se pueda garantizar el cumplimiento generalizado de las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico a los particulares, así como la regularidad de la actuación de las autoridades. La referida garantía constitucional no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que ésta debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre el particular, la autoridad no incurra en arbitrariedades. Lo anterior significa que existen trámites o relaciones que por su simplicidad, sencillez o irrelevancia no requieren que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo, lo cual se justifica por no ser indispensable, dada la ociosidad que conllevaría si la ley detallara, en extremo, un procedimiento innecesario, redundante o monótono, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla pero suficiente para evidenciar la forma y términos en que debe hacerse valer el derecho por el obligado, así como las facultades y obligaciones que sobre el particular tiene la autoridad de que se trate. Sin embargo, habrá casos en que se obligue al legislador a regular ciertos elementos mínimos conocidos como formalidades esenciales del procedimiento o debido proceso legal que permitan la consecución de dos objetivos primordiales: 1) la posibilidad de que el gobernado sujeto a un procedimiento administrativo pueda hacer valer sus derechos (argumentos y pruebas); y, 2) que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. Sobre tal temática, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 144/2006, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, cuyo contenido señala lo siguiente: ‘GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.’ (se transcribe). Por tanto, un procedimiento será constitucional, desde la perspectiva de la garantía de seguridad jurídica, si su regulación (sin importar el grado de detalle de la regulación normativa efectivamente establecida) logra establecer un mecanismo suficiente mediante el cual, por un lado, el particular pueda hacer valer sus derechos, otorgándole la vía necesaria para ello y, por otro, se impida que la autoridad actúe de manera arbitraria. El objetivo consiste en establecer un marco claro de las facultades; pero también de las obligaciones y cargas que le corresponden. La interpretación respecto al artículo 16 constitucional ha sido efectuada por nuestra Suprema Corte en los casos en los que se ha analizado la regularidad constitucional de los plazos de los procedimientos susceptibles de culminar con la privación o afectación de derechos de los particulares; pues ha considerado que las etapas y plazos que dividen y ordenan un procedimiento deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellos pues, de no ser así, se otorgarían facultades omnímodas e imprevisibles a las autoridades, cuya actuación se tornaría arbitraria y hasta caprichosa. Es así que, en el caso particular, a la institución financiera quejosa le fue impuesta una multa en cantidad de **********, con fundamento en el artículo 94, fracción VIII, de la ley especial, al haber incumplido el supuesto contenido en el artículo 50 Bis, fracción IV, del mismo ordenamiento; esto es, por no haber dado contestación en un plazo no mayor a treinta días hábiles al escrito de reclamación presentado por el usuario. En su motivo principal de disenso, sostiene que los artículos con que se dio cuenta al inicio del presente estudio son inconstitucionales, ya que no prevén término alguno dentro del cual se deba emitir y notificar la resolución que, en su caso, imponga la sanción a que se haya hecho acreedor, pues manifiesta que transcurrieron más de ocho meses desde que la autoridad administrativa tuvo conocimiento de la irregularidad imputada y hasta la emisión de la sanción que controvierte; por lo que al no existir plazo determinado para el dictado y notificación de la sanción ni consecuencia alguna ante ello, se le deja en estado de inseguridad jurídica, al quedar al arbitrio de la autoridad administrativa el momento de dictar la resolución sancionadora, por lo cual, a su juicio, los artículos 19, fracción XXXVIII, del Estatuto Orgánico de la Condusef y 96 de la ley especial, son inconstitucionales, mismos que establecen lo siguiente: Estatuto Orgánico de la Condusef: ‘Artículo 19.’ (se transcribe). Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros: ‘Artículo 96.’ (se transcribe). Del artículo reproducido en primer lugar, se desprende que el mismo contiene las atribuciones con que cuenta la Dirección General de Servicios Legales de la Condusef, entre la que se encuentra la de emplazar e imponer las multas y sanciones que le sean remitidas por las unidades administrativas correspondientes, sin especificarse algún plazo o término para ello, ni tampoco en los numerales subsecuentes. Por otra parte, del numeral 96 reproducido, se advierte que se supedita la actuación de la Condusef a que, previo a imponer la multa que corresponda, deberá oír a la institución financiera presuntamente infractora dentro del plazo que fije ésta y que no podrá ser inferior a cinco días hábiles; hecho lo cual, se puede deducir, deberá emitir la resolución correspondiente, en la que para imponer la multa respectiva, deberá tomar en cuenta las condiciones económicas del infractor, la gravedad de la falta cometida, así como la necesidad de evitar reincidencias y prácticas tendentes a contravenir las disposiciones contenidas en el ordenamiento aplicado. Una vez transcrito y sintetizado el contenido de los artículos que se tildan de inconstitucionales, se desprende que, en efecto, respecto del primero, no prevé un plazo dentro del cual deba emitirse y notificarse la resolución que impone una sanción económica por infracciones a la ley especial, pues sólo prevé, entre otras facultades, que la Dirección General de Servicios Legales, emplazar e imponer las multas y sanciones que les sean remitidas por las unidades administrativas correspondientes; esto es, este numeral no contempla plazo alguno para la imposición de una multa o sanción que le sea remitida, sino sólo la facultad genérica de emplazar e imponer multas y sanciones. Respecto del segundo de los numerales analizados, el mismo se encuentra inscrito en el título octavo de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, denominado ‘De las sanciones y del recurso administrativo’, capítulo I, ‘De las sanciones’, dentro del cual tampoco se observa que se contemple plazo alguno para la emisión de la resolución que imponga una sanción ni consecuencia alguna ante dicha omisión. Como se advierte, ni en los dispositivos señalados como inconstitucionales ni en ningún otro precepto de los ordenamientos analizados, se observa plazo alguno para que la autoridad demandada, dentro de él, emita la resolución que imponga una sanción, ni tampoco consecuencia alguna ante dicha omisión. No obstante, este Tribunal Colegiado estima que tal omisión o falta de mención expresa en cuanto a no señalar ese plazo ni consecuencia legal alguna, no torna a las normas inconstitucionales per se, pues haciendo una interpretación sistemática, integradora y funcional del ordenamiento especial, se arriba a la conclusión de que aunque no se prevea plazo para la emisión de la resolución sancionadora, ni consecuencia ante dicha omisión, debe acudirse a otros ordenamientos que contemplen los principios y sanciones aplicables a efecto de llenar este vacío legal, por lo cual no se deja en estado de inseguridad a la institución financiera sancionada. En efecto, esta afirmación parte de que todo orden jurídico debe ser considerado como un sistema normativo, basado en los principios de: a) unidad; b) plenitud; y, c) consistencia. Por tanto, la debida interpretación de sus elementos debe conducir a evitar que surjan lagunas, contradicciones o ineficacia de las instituciones previstas y, en cambio, se debe privilegiar y buscar conseguir los máximos de eficacia de las prescripciones del ordenamiento, así como la funcionalidad y utilidad de los fines y valores que lo informan y justifican. En este caso, como se dijo, en las regulaciones especiales analizadas no existe plazo alguno al que deba sujetarse el dictado de la resolución que impone una sanción ni consecuencia alguna; no obstante ello, recurriendo a la aplicación de principios, y en específico al tutelado en el artículo 16 constitucional -principio de seguridad jurídica-, debe buscarse un término razonable, por analogía (sic) haciendo una interpretación sistemática e integradora del orden jurídico con el propósito de que las partes, en una reclamación de la naturaleza como la que en el caso se presenta, tengan certeza de los plazos y términos a los que debe acudirse y las consecuencias que genera el incumplimiento de ello. Bajo esta línea argumentativa, se estima que debe acudirse a un plazo contenido en diverso ordenamiento legal y éste, en la especie, resulta ser el de cuatro meses previsto en el

artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; entendido como norma general aplicable al tiempo en que deben dictarse todos los actos administrativos de manera general, así como a las consecuencias o sanciones para el caso de no atender esas prescripciones, lo que viene a colmar las aparentes deficiencias. Es así, que al estipular en la fracción V, inciso d), tercer párrafo, el término dentro del cual deben emitirse los actos o resoluciones, ya que de excederse, se incurre en ilegalidad. En efecto, el tercer párrafo del inciso d) del artículo 52 de la ley citada establece que si la sentencia que emita la Sala obliga a la autoridad a emitir una resolución, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. Esto significa que a partir de que la autoridad administrativa está en aptitud de emitir su acto, dispone como máximo de cuatro meses para hacerlo pues, de superar ese plazo, precluye su derecho e incluso se actualiza la acción para reclamar el pago de daños y perjuicios si se emitiera fuera de ese lapso. En este aspecto, se estima que la previsión legal de este plazo es razonable, pertinente y, por ende, aplicable para que la Condusef emita dentro de él una resolución sancionadora y la notifique a la institución financiera, pues habla de una obligación de hacer, consistente en la emisión de una resolución o determinación, lo que es equiparable e incluye al género de actos dentro del que se ubica la especie, consistente en un específico acto administrativo sancionador que tiene que emitir la institución referida. Esta previsión que desarrolla el principio de oportunidad y preclusión para el dictado de actos administrativos, permite dar respuesta al propósito constitucional de seguridad, pues si la autoridad no resuelve en cuatro meses, pierde su capacidad o competencia sancionadora. En efecto, en el caso se cuestiona la irregularidad por cuanto a la emisión de un acto administrativo dictado después de ocho meses, y la razón de la Sala responsable es que no hay plazo para regir tal actuación por lo que no ha lugar a cuestionar ese actuar; escenario ante el que se plantea la inconstitucionalidad de los preceptos relativos. Como se advierte, el problema radica en calificar la regularidad en cuanto al dictado de una resolución y si las reglas pertinentes aparecen estipuladas en el capítulo de nulidades de los actos administrativos, lo que constituye el régimen legal de la institución y las consecuencias o resultado por no acatarlo, es obvio que no hay laguna o imprevisión del sistema y el régimen legal debe entenderse y leerse contemplando la totalidad de previsiones del orden jurídico federal, en atención a que, eventualmente, la resolución que llegase a dictar la autoridad demandada está sujeta a las reglas y condiciones de nulidad previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De estimar lo contrario, y partiendo de un precepto que no establece término para dictar actos administrativos y por esa razón declararlo inconstitucional y expulsarlo del orden jurídico, estaríamos ante el supuesto de que la Condusef nunca podría imponer sanciones a las instituciones financieras que incumplan con la ley de la materia, lo que resulta absurdo e ilógico, tomando en cuenta los principios que rigen la interpretación sistémica, unitaria y coherente de todo orden jurídico, pues bastaría que las instituciones financieras sancionadas invocaran la inconstitucionalidad de los preceptos de la ley especial por no contener plazo específico a fin de eludir sus obligaciones, lo que determinaría tener por fallida la regulación. En otro orden de ideas, se procede al estudio del segundo concepto de violación propuesto a estudio, en el que, de manera sustancial, argumenta la quejosa que no comparte la interpretación que la Sala del conocimiento realizó de los artículos 17, fracción XXI y 19, fracción XXXVIII, del Estatuto Orgánico de la Condusef, al afirmar que se trata solamente de plazos internos que no afectan o trascienden al gobernado, además de que si la autoridad demandada se tardó más de ocho meses en notificar la sanción, ello causó incertidumbre jurídica, en el entendido que no puede dejarse a su arbitrio el momento en el cual dicta su decisión. Los argumentos contenidos en el concepto de violación a estudio se consideran inoperantes en una parte y fundados en otra, de acuerdo a lo que a continuación se expone. Respecto al argumento consistente en que la Sala realizó una indebida interpretación de los artículos 17, fracción XXI y 19, fracción XXXVIII, del Estatuto Orgánico de la Condusef, se califica de inoperante, pues la Sala del conocimiento no emitió pronunciamiento alguno sobre estos dispositivos, sino sobre los diversos 16, fracción XVI y 18, fracción XXXVI, del mismo ordenamiento legal. De la lectura que se haga en su integridad al concepto de anulación segundo del escrito de nulidad, se desprende que, en el mismo, la quejosa planteó ante la Sala que la resolución impugnada se dictó en contravención a los artículos 16, fracción XVI y 18, fracción XXXVI, del Estatuto Orgánico de la Condusef. En la resolución que constituye el acto reclamado, la Sala del conocimiento, en su considerando cuarto, analizó dicho planteamiento, calificándolo de infundado, argumentando que de la transcripción realizada, se desprende que se trata de preceptos que regulan a las unidades administrativas de la Condusef (atribuciones con que cuentan la Dirección General de Orientación, Supervisión, Conciliación y Dictaminación y la Dirección General de Servicios Legales); esto es, simplemente regulan el funcionamiento interno de dicha dependencia sin que de ellos se deduzca la estipulación de plazo alguno para emitir y notificar a la parte sancionada su resolución. Lo que interesa destacar aquí es que la quejosa, en el juicio de nulidad, planteó que la resolución impugnada se había dictado en contravención a los artículos 16, fracción XVI y 18, fracción XXXVI, del Estatuto Orgánico de la Condusef, temas sobre los cuales dio contestación la Sala de origen, por lo que si en el presente concepto de violación sostiene que la Sala realizó una indebida interpretación de los artículos 17, fracción XXI y 19, fracción XXXVIII, del mismo cuerpo normativo, es evidente que existe una clara incongruencia en lo pedido, pues está planteando una ilegalidad a la luz de numerales que ni siquiera fueron introducidos en la litis del juicio de origen y respecto de los cuales tampoco se pronunció la Sala del conocimiento, de ahí que resulte inoperante el planteamiento. En otro extremo de ideas, como se anunció, resulta fundado el planteamiento atinente a que la autoridad demandada se tardó más de ocho meses en notificar la sanción, causando incertidumbre jurídica por la dilación excesiva, además de que no puede dejarse a su arbitrio el momento en el cual dicte su determinación. Se estima que asiste razón a la quejosa pues, en el caso, existió un retardo o dilación injustificada en la emisión y notificación de la resolución sancionadora, ya que el transcurso de más de ocho meses para dicha actuación por parte de la autoridad se considera excesivo e injustificado. En este aspecto, no se comparte lo decidido por la Sala del conocimiento en la parte final del considerando cuarto de la sentencia reclamada, en el que sostiene, medularmente, que si la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros no establece plazo alguno para el dictado de la resolución que imponga una sanción, y tampoco se puede acudir supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, queda a salvedad de la autoridad el tiempo en que dicte la resolución y la notifique. La consideración que precede y que sostuvo la Sala del conocimiento no se comparte, pues de aceptar dicha interpretación, se dejaría en completo estado de inseguridad al gobernado, al margen de un debido proceso legal, ya que no puede dejarse a discreción de la autoridad el momento o tiempo para el dictado de determinado acto, como en el caso la imposición de una sanción, sino que por elemental seguridad jurídica, se debe tener certeza de un plazo dentro del cual la autoridad esté constreñida a emitir sus determinaciones para que en caso de que no suceda esto, se puedan deducir las consecuencias y acciones legales que se estimen pertinentes, siendo además esto consistente con diversos precedentes que en distintas materias ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso concreto, si bien no existe dentro de la ley especial un plazo de referencia para la autoridad, a efecto de emitir la resolución que imponga una sanción, en el análisis de los conceptos de violación tercero y cuarto se sostuvo que el plazo al que debe acudirse es el de cuatro meses previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenamiento específico y vinculante sobre el tema de requisitos legales, ilegalidades e ineficacias de los actos administrativos en el orden federal; por tanto, acorde con dicha interpretación, si en el caso particular la emisión y notificación de la resolución que determinó imponer una multa excedió ocho meses, es incuestionable que ello constituye una dilación o retardo injustificado que merece ser sancionado con la nulidad de la actuación espuria o ilegítima. El concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, es una institución que se tutela en la Constitución en su artículo 17 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los diversos 8 y 25, fundamentalmente, y que tiene una acepción o connotación que no es de fácil definición o concreción, por lo que resulta necesario acudir a los criterios que sobre este aspecto ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, en gran medida, recoge el criterio que sobre el ‘principio del plazo razonable’ ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para definir si la resolución de determinado asunto excede del plazo razonable y, en consecuencia, ello pueda calificarse como un retardo o dilación injustificada para ser sancionada. El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6o. del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, establece como uno de los elementos del debido proceso, que los tribunales decidan los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable; al respecto y como se anunció, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recogiendo lo dicho por la Corte Europea, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, que son: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos anteriormente descritos, la Corte Europea también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, en el conjunto de su trámite, lo que llama el ‘análisis global del procedimiento’, que consiste en analizar, en su conjunto, el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para de ahí determinar si un retardo excesivo resulta justificado o no. De lo anterior se deduce que no existe un parámetro temporal estandarizado o lapso determinado conforme al cual pueda decirse que, una vez rebasado o excedido, se ha incurrido en un retardo injustificado, pues es innegable que en la práctica jurisdiccional existen diversidad de asuntos, dentro de los cuales, algunos revisten mayor complejidad que otros, además de que en su desarrollo la intervención tanto de las partes como de la propia autoridad incide en su pronta o dilatada resolución. Por tanto, para determinar el plazo razonable en la resolución de algún asunto, debe atenderse al caso particular y sopesar o ponderar los elementos descritos, conforme a criterios

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23764-d0e4dc41/proteccion-y-defensa-al-usuario-de-servicios-financieros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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