INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO, COMO AUTOAPLICATIVO, EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. BASTA ACREDITAR ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE JULIO DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ROBERTO NEGRETE ROMERO.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala es competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentada entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en donde es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal.
6. SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de donde derivó uno de los criterios contendientes en el presente asunto.
7. TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis resulta conveniente reseñar los criterios adoptados por los órganos contendientes en las sentencias que emitieron.
• Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región al resolver el amparo en revisión 823/2019 (en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito).
8. En este caso, la persona moral quejosa impugnó en amparo indirecto la constitucionalidad del artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, por estimar que suprimía derechos de los contribuyentes, en específico la imposibilidad de efectuar compensaciones en los términos de los artículos 23 del Código Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
9. En el considerando quinto de su sentencia, el Juez de conocimiento sobreseyó en el juicio por estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues señaló que la quejosa no había acreditado el interés jurídico para acudir al juicio de garantías. Al analizar el artículo impugnado, argumentó que la norma es de naturaleza autoaplicativa; y que, de los medios de prueba aportados, resultaba insuficiente demostrar que la quejosa hubiera realizado retenciones a terceros de impuestos federales, o cantidades a cargo derivadas de impuestos diferentes, o remanentes pendientes de compensar derivados de saldos a favor, por lo que concluyó que, con la mera entrada en vigor de la norma, la recurrente no acreditaba la afectación a su esfera jurídica.
10. En el recurso de revisión, la quejosa sostuvo en sus agravios la ilegalidad de la sentencia, en virtud de que el interés jurídico para impugnar la norma citada, se acreditaba con el solo hecho de demostrar estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, al tratarse de la impugnación de una norma que tiene como efecto desincorporar a todos los contribuyentes del derecho subjetivo para efectuar compensaciones bajo los términos de los artículos 23 del Código Fiscal de la Federación y 6 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por lo cual era intranscendente si los contribuyentes cumplían o no con los requisitos para su ejercicio, pues el derecho se encuentra inmerso en su esfera jurídica desde el momento en que se inscriben en el referido registro y, dado que se exhibió la constancia de situación fiscal de la moral quejosa, ello era suficiente para demostrar su interés jurídico para impugnar la norma.
11. Por su parte, en el considerando séptimo de su sentencia, el Tribunal Colegiado declaró fundados los argumentos de la quejosa, pues la norma cuya constitucionalidad se cuestionaba, prevé un nuevo mecanismo para que los contribuyentes compensen saldos a favor; así, en su inciso a) prevé que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente puedan optar por compensar las cantidades que tengan a su favor (provenientes de pago de lo indebido o saldo a favor) contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto.
12. De la misma forma, el inciso b) del precepto establece que, por lo que se refiere al impuesto al valor agregado, cuando en la declaración resulte saldo a favor, el contribuyente sólo puede acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución, siendo que cuando se solicite la devolución, deberá ser sobre el total del saldo a favor, el cual no podrá acreditarse en declaraciones posteriores. El tribunal argumentó que la intención del legislador fue que para el año fiscal de dos mil diecinueve operara el mecanismo previsto en el citado artículo 25 de la ley impugnada, en lugar de lo regulado en los numerales 23, primer párrafo, del Código de la Federación y 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
13. Señaló que, a partir del inicio de su vigencia (dos mil diecinueve), las normas reclamadas sustituyeron el esquema de "compensación universal", para regular esa prerrogativa, en donde sólo se permite la compensación de cantidades a favor contra adeudos propios de un mismo impuesto, incluyendo accesorios, se prohíbe la compensación de adeudos de impuestos diferentes al de origen y contra adeudos generados por retención a terceros, aunque se trate de la misma contribución; y limita la compensación de saldos a favor originados por impuesto al valor agregado.
14. Así, afirmó que desde la entrada en vigor del artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, vincula y, por tanto, prohíbe a los contribuyentes continuar aplicando el mecanismo de "compensación universal", tal como venía operando hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que no se requería la existencia de un acto de aplicación para que se concretara el perjuicio de la norma en la esfera jurídica de la parte quejosa.
15. Manifestó que, como bien lo señaló el Juez de Distrito, la disposición reclamada es de naturaleza autoaplicativa, pues la obligación de compensar bajo la norma impugnada surge desde su vigencia, y no está sujeta a la realización de condición alguna, como la existencia de un saldo a favor del propio ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, que ya no se podrá compensar con base en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
16. El Tribunal Colegiado concluyó que: "... para efectos de la procedencia del juicio de amparo basta que se demuestre que la quejosa está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes; y, por tanto, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve es sujeto de lo dispuesto en el artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos que reclama."
17. En el caso, en virtud de que la quejosa demostró estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, y tener una opinión favorable de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, resultaba suficiente para acreditar que era sujeto de la disposición impugnada, sin que para probar su interés jurídico en el juicio sea necesario que demuestre que tienen saldos a favor y adeudos que compensar, pues tal circunstancia no corresponde a la procedencia del juicio constitucional, sino al fondo del asunto. Invocó la tesis jurisprudencial de este Alto Tribunal de rubro: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA."(1)
18. Por tanto, determinó revocar el sobreseimiento decretado por falta de interés jurídico, reasumió jurisdicción en términos del artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo y entró al estudio de fondo del asunto.
19. De la resolución de este asunto derivó la tesis (IV Región)1o.33 A (10a.),(2) de título, subtítulo y texto:
"INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. AL TRATARSE DE UNA NORMA DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, PARA ACREDITARLO BASTA QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE SU CALIDAD DE CONTRIBUYENTE. El artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 sustituyó el esquema de ‘compensación universal’, previsto en los artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para permitir sólo la compensación de cantidades a favor (originadas por pago de lo indebido o saldo a favor) contra adeudos propios de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios y, además, limitar la compensación de saldos a favor originados por el impuesto al valor agregado. Lo anterior significa que desde el inicio de su vigencia, la disposición inicialmente citada vincula a los gobernados a su observancia, sin que se requiera la existencia de un acto de aplicación para que se concrete el perjuicio en su esfera jurídica, ya que desde aquel momento prohíbe a los contribuyentes continuar aplicando el mecanismo de ‘compensación universal’ como lo venían realizando hasta el 31 de diciembre de 2018 y los obliga a compensar las cantidades que tengan a su favor conforme a la nueva mecánica establecida. Por lo que se está en presencia de una disposición de naturaleza autoaplicativa y, por tal motivo, para acreditar el interés jurídico para impugnarla, el promovente del amparo sólo debe demostrar su calidad de contribuyente, pues de esta manera se hace patente que a partir de 2019 estará sujeto a la mecánica de compensación prevista en el aludido precepto, sin que para ello sea necesario que acredite contar con saldo a favor y adeudos por compensar, dado que ello no corresponde a la procedencia del juicio de amparo, sino al fondo del asunto."
• Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 275/2019.
20. En este caso, la persona moral quejosa también reclamó vía amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve.
21. En su sentencia, el Juez determinó sobreseer en el juicio, pues calificó como fundada la causal de improcedencia hecha valer por la responsable, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estimar que la quejosa no acreditó haberse colocado en la hipótesis normativa impugnada.
22. Argumentó que "... el artículo reclamado restringe el derecho de compensar, pues únicamente se podrá realizar la compensación de saldos a favor contra cantidades a cargo por adeudo propio y que deriven de un mismo impuesto". Sin embargo, si bien la quejosa exhibió como documentales el Registro Federal de Contribuyentes, sus datos de registro en dicho padrón, las obligaciones fiscales que tienen ante la autoridad hacendaria, la protocolización de la constitución de la sociedad mercantil y la presentación de las declaraciones fiscales a las que estaba obligada, el Juez estimó que de dichas documentales no se advertía que la hipótesis normativa afectara la esfera jurídica de derechos de la quejosa, pues con dichas documentales "... no acredita haber realizado retenciones a terceros de impuestos federales, ni haber tenido cantidades a cargo derivadas de impuestos diferentes; sin embargo, ello resulta insuficiente para demostrar que a la fecha de entrada en vigor de la norma que se reclama, tenía remanentes pendientes de compensar derivados de saldos a favor."
23. Señaló que el interés jurídico para impugnar una norma debe ser demostrado de manera fehaciente, por lo que no debe existir duda de que el peticionario se encuentra comprendido en la hipótesis normativa, en este caso, contar con saldos a su favor y cantidades a cargo por concepto de retenciones a terceros o cantidades a cargo que no deriven de los mismos impuestos de los que derivan las cantidades a su favor.
24. Por tanto, concluyó que, al no probar la quejosa su interés jurídico, para reclamar el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio dos mil diecinueve, decretó el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
25. En sus agravios la quejosa señaló que el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio dos mil diecinueve es una norma de carácter autoaplicativo, por lo que, para acreditar el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, bastaba con acreditar la calidad de contribuyente mediante constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria, así como las constancias del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Señaló que, no obstante que en los meses de enero a noviembre de dos mil dieciocho se arrojan saldos en ceros, resulta innegable que tenía el derecho a la utilización del sistema de compensación universal de impuestos federales en el momento en que contara con saldo a favor o en contra de otros impuestos federales, por lo que resulta evidente que resultó directamente afectada por la norma general reclamada, en transgresión a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad legislativa y progresividad.
26. En su estudio el Tribunal Colegiado manifestó que el argumento del quejoso era infundado, por lo que confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo.
27. En primer lugar, argumentó que: "el juicio de amparo procede contra normas generales que se estimen violatorias de los derechos humanos cuando exista un principio de afectación, para lo cual en la ley se contemplan dos momentos: a) por su sola entrada en vigor, y b) cuando existe un acto de aplicación". Precisó que el núcleo esencial del concepto de norma autoaplicativa es la relación directa de afectación entre la ley y la esfera jurídica del particular; pues dicha afectación no requiere un acto de aplicación. Invocó la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO."
28. Concluyó que: "... si bien es cierto que la norma reclamada es de carácter autoaplicativo, en tanto que consigna una obligación de no hacer ... y la quejosa acredita ser contribuyente obligada a pagar mediante declaración, por lo que es factible que de actualizarse la condición atinente a que ésta obtenga saldos a favor en futuros ejercicios fiscales; ello no implica que la peticionaria de amparo demuestre el principio de afectación necesario para estimar procedente el juicio de amparo, ya que éste lo hace depender de la concreción de hechos futuros e inciertos, mientras que el perjuicio a que alude el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo debe ser actual y real; ...".
29. Argumentó que, permitir la procedencia del amparo ante situaciones hipotéticas cuya actualización está en duda, significaría analizar la regularidad de las leyes en abstracto, en franca contravención al principio de instancia de parte agraviada.
30. Invocó la tesis 2a. XVII/98,(3) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA UNA LEY DE INGRESOS. NO SE SURTE CON EL SIMPLE INFORME SOBRE EL MONTO A CUBRIR POR DERECHOS DE REFRENDO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO."
31. De la resolución de este asunto derivó la tesis I.4o.A.174 A (10a.),(4) de título, subtítulo y texto:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. NO SE ACREDITA POR EL SOLO HECHO DE DEMOSTRAR LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE OBLIGADO A PAGAR MEDIANTE DECLARACIÓN. Si bien es cierto que la norma citada es autoaplicativa, en tanto que consigna una obligación negativa, consistente en no compensar el saldo a favor en términos de los artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, también lo es que la afectación a una persona por su aplicación queda sujeta a comprobar que tiene un saldo a favor y un adeudo fiscal que compensar. Por tanto, el hecho de que el quejoso demuestre ser contribuyente obligado a pagar mediante declaración y, por ende, que sea factible la actualización atinente a que éste obtenga saldos a favor en futuros ejercicios fiscales, no implica que acredite su interés jurídico para estimar procedente el juicio de amparo promovido contra el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, ya que éste se hace depender de la concreción de hechos futuros e inciertos, mientras que el perjuicio a que alude el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo debe ser actual y real pues, de lo contrario, esto es, aceptar la reducción de los presupuestos procesales de impugnación de leyes al grado de permitir su controversia ante situaciones hipotéticas cuya actualización está en duda, significaría analizar la regularidad de las leyes en abstracto, en franca contravención al principio de instancia de parte agraviada."
32. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
33. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(5) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)
34. Asimismo, cobra relevancia la tesis aislada 1a. CLXXXVII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE UN CENTRO AUXILIAR.", pues en el presente caso, uno de los criterios contendientes fue emitido por el Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar, el cual tiene atribuciones para decidir la litis planteada, por lo que puede generar un criterio vinculante susceptible de generar precedente y, por ello, entrar en colisión con el de otro tribunal.
35. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
36. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.
37. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
38. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que, para que una contradicción de tesis sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
39. Con este test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.
40. En este orden de ideas, esta Segunda Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios adoptados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región al resolver el amparo en revisión 823/2019, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 275/2019.
41. Para demostrar lo anterior, es necesario determinar si los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron en torno a una misma cuestión litigiosa, por lo que enseguida se destacan los razonamientos más relevantes que expusieron para apoyar el criterio que sustentó su decisión.
42. En lo que interesa al presente asunto, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, al resolver el amparo en revisión 823/2019, sostuvo:
• Que el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, prevé un nuevo mecanismo para que los contribuyentes compensen saldos a favor, diverso al establecido en los artículos 23 del Código Fiscal de la Federación y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que prevé el esquema de compensación universal.
• A partir de lo anterior, consideró que desde la entrada en vigor del artículo 25, fracción VI de la ley en cita, vincula a los contribuyentes, impidiéndoles continuar aplicando el mecanismo de compensación universal, razón por la cual, para acreditar el interés jurídico la quejosa no requería la existencia de un acto de aplicación para que se concretara el perjuicio de la norma en su esfera jurídica.
• Señaló que dicha norma es de naturaleza autoaplicativa, por lo que la obligación de compensar bajo la norma impugnada surge desde su vigencia y no está sujeta a la realización de condición alguna, tal como la existencia de un saldo a favor del propio ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.
• En tales circunstancias, el Tribunal Colegiado concluyó que, para la procedencia del juicio de amparo, bastaba con que la quejosa demostrara que se encontraba inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que, para el año fiscal dos mil diecinueve se ubicaba en la hipótesis de la norma impugnada, sin que para probar su interés jurídico en el juicio fuera necesario que demostrara que tienen saldos a favor y adeudos que compensar, pues tal circunstancia no corresponde a la procedencia del juicio constitucional, sino al fondo del asunto.
43. Por su parte, de lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 275/2019, se advierte lo siguiente:
• Al analizar el artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, argumentó que, si bien la norma es de carácter autoaplicativo, en tanto que consigna una obligación negativa, pues los contribuyentes ya no podrán compensar saldos a favor en términos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la afectación al gobernado por su aplicación queda sujeta a comprobar que tiene un saldo a favor y un adeudo fiscal que compensar.
• Afirmó que no era suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, que el quejoso demostrara que era contribuyente obligado a pagar mediante declaración y, por tanto, que fuera factible la actualización relativa a que éste obtuviera saldos a favor en futuros ejercicios fiscales
• Señaló que la procedencia del juicio de Amparo no se hace depender de la concreción de hechos futuros e inciertos, pues el perjuicio para acudir a esta instancia debe ser actual y real, de lo contrario, se analizaría la regularidad constitucional de leyes en abstracto, en contravención al principio de instancia de parte agraviada.
44. Como se puede advertir, ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron en torno a una misma cuestión litigiosa, refiriéndose a idénticos presupuestos jurídicos, impugnación en juicio de amparo del artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y, con un análisis de la misma tesitura: procedencia del juicio constitucional desde la perspectiva del interés jurídico.
45. Al respecto, ambos órganos colegiados emitieron criterios jurídicos discrepantes, pues mientras que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región manifestó que es suficiente demostrar su calidad de contribuyente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, pues la norma desde su entrada en vigor obliga a los destinatarios; el diverso Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que no es suficiente demostrar la calidad de contribuyente para acreditar el interés jurídico, pues ello se haría depender de hechos futuros e inciertos, por lo que es necesario un acto concreto de aplicación de la norma.
46. Por tanto, se estima que existe contradicción de criterios respecto de lo establecido por los órganos colegiados citados, lo que lleva a tener como pregunta detonante la siguiente: ¿para acreditar el interés jurídico en relación con la impugnación en juicio de amparo del artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación (ejercicio fiscal dos mil diecinueve), basta con acreditar sólo el carácter de contribuyente (o en su caso, obligado a pagar mediante declaración) o bien, se precisa demostrar la existencia de un acto posterior relacionado con el sistema de compensación previsto en esa norma?
47. A fin de dar respuesta a esa interrogante se procede a efectuar el estudio de fondo correspondiente.
48. QUINTO.—Criterio que debe adoptarse. Debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que a continuación se expresan, las cuales se desarrollarán conforme al siguiente orden: a) la interpretación que sobre los conceptos interés jurídico y normas autoaplicativas ha sostenido este Alto Tribunal; b) el contenido, mecánica y alcances de la norma tributaria impugnada en los juicios de amparo que constituyen los antecedentes de esta contradicción; y, c) un apartado conclusivo como resultado del punto de encuentro de los elementos desarrollados en las dos primeras secciones.
a) Procedencia del juicio de amparo: Interés jurídico y normas autoaplicativas.
49. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."
50. Este precepto estipula que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos rec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30181-b7163122/interes-juridico-para-reclamar-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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