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COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD. CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS LEGISLATIVOS. COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, AL ESTABLECER LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA DE LOS CONTRIBUYENTES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 557/2019. · Registro digital (IUS): 29251
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-01-24
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Pág. 795.

AMPARO EN REVISIÓN 557/2019. 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK FORMULARÁ VOTO CONCURRENTE. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: LUIS ENRIQUE GARCÍA DE LA MORA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos segundo, fracción III y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, cuya materia corresponde a la especialidad de esta Segunda Sala, sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

Es necesario tener en cuenta que en el amparo en revisión 333/2016-SS, esta Segunda Sala argumentó que en asuntos en los que se reclamaba alguna regla de una Miscelánea Fiscal, debe inaplicarse la jurisprudencia 2a./J. 27/2002,(1) la cual que versaba sobre la falta de competencia legal de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del análisis de una resolución de dicha naturaleza.

En el amparo en revisión aludido se concluyó que con motivo de las reformas de junio de dos mil once, a los artículos 1o. y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reglas de la resolución miscelánea fiscal, al ser normas generales, actualizan la competencia de este Alto Tribunal para conocer de su impugnación.

Motivo por el cual, esta Segunda Sala determinó que debía abandonarse el criterio establecido en la jurisprudencia en comento.

Razonamientos que dieron origen a la tesis aislada 2a. CXXIX/2016 (10a.),(2) que se transcribe:

"MISCELÁNEA FISCAL. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN QUE SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUELLA RESOLUCIÓN (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2002) (*). De acuerdo con dicha jurisprudencia, el Alto Tribunal carece de competencia para conocer del recurso de revisión en el que se cuestiona la constitucionalidad de una resolución miscelánea conforme al artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el 3 de octubre de 2011. Sin embargo, en virtud de la reforma a dicho precepto constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de ese año, las reglas de la resolución miscelánea fiscal, al ser normas generales, actualizan la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de su impugnación, en la medida en que, por una parte, pueden resultar directamente violatorias de los derechos previstos en la Ley Fundamental y, por otra, el Código Fiscal de la Federación hace una remisión a dichas reglas para establecer, en su caso, distintas obligaciones de los contribuyentes. Así, ante el cambio constitucional señalado, resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2002, pues tornaron las condiciones de su aplicación."

En esa línea argumentativa, esta Segunda Sala es legalmente competente para conocer del análisis de la constitucionalidad de la Regla 2.3.19 de la Sexta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciocho.

SEGUNDO.—Oportunidad. Es innecesario analizar la oportunidad de los recurrentes en la interposición de los recursos de revisión, en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento ya se pronunció al respecto declarándolos procedentes.(3)

TERCERO.—Legitimación. Se procede a analizar si las partes se encuentran legitimadas para interponer los recursos de revisión.

Recurrente principal. El recurso de revisión principal lo interpone parte legítima, ya que lo presenta la moral quejosa **********, por conducto de su autorizado, **********; carácter que le fue reconocido por el Juzgado de Distrito y por el Tribunal Colegiado del conocimiento.

Recurrentes adhesivos. Presidente de la República.

Por su parte, el recurso de revisión adhesivo lo interpone parte legítima, ya que lo presentó la directora general Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que está legitimada para actuar en suplencia del subprocurador fiscal federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y éste a su vez, en representación del presidente de la República.

Lo anterior de conformidad con el artículo tercero, fracción V, numeral 8, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; artículo 2o., apartado B, fracción XXVIII, inciso d); 72, fracción II-Bis; y, 105, octavo párrafo, todos del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.(4)

Jefa del Servicio de Administración Tributaria.

El recurso lo interpone parte legítima, pues lo presenta la administradora de Amparo e Instancias Judiciales "4" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, quien está legitimada para actuar en representación de la jefa del Servicio de Administración Tributaria.

Lo anterior de conformidad con los artículos 35, fracción XXIX, último párrafo, punto 4, en relación con el artículo 36, apartado D, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.(5)

CUARTO.—Precisión de la litis. En virtud de que el Tribunal Colegiado que previno el asunto determinó que subsistía una cuestión de constitucionalidad respecto al inciso a), fracción VI, del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, así como de la Regla 2.3.19 de la sexta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciocho; dichos temas constituyen la materia de la revisión.

QUINTO.—Antecedentes. Para dar claridad a esta sentencia, se relatan brevemente los antecedentes del asunto.

**********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante, presentó demanda de amparo indirecto en contra del presidente de la República, Congreso de la Unión y otras autoridades por la discusión y aprobación del artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.

Por razón de turno, conoció de la demanda el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular admitió la demanda y la registró con el número **********, y seguida la secuela procesal dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio.

Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo presidente lo admitió a trámite y lo registró con el número **********.

En sesión de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado emitió resolución en la que revocó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, y señaló que en el asunto subsistía un tema de constitucionalidad respecto del artículo 25, fracción VI, inciso a), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.

Por lo anterior, el órgano colegiado determinó que el asunto debía remitirse a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronunciara sobre el tema referido.

SEXTO.—Conceptos de violación. En esencia, la empresa quejosa planteó lo siguiente:

I. Que existieron vicios en el proceso legislativo que dieron origen a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.

Aduce que la expedición de la ley en pugna deriva de un procedimiento viciado de origen, pues no fue llevado a cabo conforme a lo previsto en los artículos 71, 72, 74 y 83 de la Constitución Federal, ya que se presentó con posterioridad al quince de noviembre de dos mil diecinueve.

II. Alega que con la expedición de la norma general reclamada, se violan los principios de certeza y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que se incluyeron disposiciones jurídicas que, mediante la sustitución, pretenden derogar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Por tanto, refiere que existe una antinomia normativa entre el texto de la norma reclamada y el contenido del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

III. En el mismo sentido, señala que el precepto reclamado conculca el principio de seguridad jurídica, toda vez que lo dispuesto en el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación provoca incertidumbre respecto del derecho a la compensación de saldos a favor.

Asevera que al margen de que las normas generales deban tener un contenido suficientemente claro, en el que se detalle con certeza el "saber a qué atenerse", también deben respetar la confianza legítima, en aras de no incurrir en arbitrariedades.

IV. Que el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación es inconstitucional porque viola el principio de irretroactividad de la ley.

V. Argumenta que la limitante contenida en el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación viola en su perjuicio los principios constitucionales de progresividad y no regresión que rigen en materia de derechos humanos, establecidos en los artículos 1o., en relación con el numeral 31, fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Manifiesta que el precepto reclamado viola los artículos 1o., 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que lo dispuesto en la norma combatida es contrario a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

VII. Expone que la norma general en examen no supera el test de proporcionalidad.

Alega que de manera incorrecta, el legislador limitó el derecho a compensar saldos a favor contra impuestos a cargo de los contribuyentes, como consecuencia de los altos índices de evasión fiscal derivada del tráfico de comprobantes fiscales que amparan operaciones fraudulentas.

Así, sostiene que la norma general no encuentra justificación alguna para la implementación de la limitante que se reclama; máxime que el legislador omitió exponer elementos que evidencien una finalidad adecuada para anteponer el interés fiscal a la posibilidad de los particulares de seguir ejerciendo la mecánica del entero.

VIII. Arguye que al imponer la limitante establecida en el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación, se soslayó que el legislador ordinario inobservó el principio de libertad configurativa, respecto del contenido del artículo 25 de la Constitución General de la República.

Lo anterior porque a juicio de la disidente, la limitante implementada en el artículo en examen ocasiona un detrimento al derecho de libre comercio y el principio de competitividad.

IX. La quejosa sostiene que con la emisión de la Regla 2.3.19 de la Sexta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciocho, el Ejecutivo Federal pretendió subsanar la inconstitucionalidad de la mecánica impuesta en el precepto legal reclamado; sin embargo, que aun con la expedición de la referida regla, subsiste la irregularidad planteada.

Agrega que no existe una cláusula habilitante encaminada a justificar que con la emisión de reglas, la autoridad restrinja derechos de los contribuyentes.

SÉPTIMO.—Agravios de la revisión principal. Es innecesario hacer referencia a los motivos de disenso formulados por la recurrente principal, toda vez de que ya fueron analizados por el Tribunal Colegiado que previno, el cual los declaró fundados.

Con motivo de lo anterior, revocó la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio y remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el planteamiento de constitucionalidad.

OCTAVO.—Agravios de las revisiones adhesivas. En esencia, las autoridades hicieron valer los siguientes argumentos:

1. Presidente de la República.

En los agravios primero, segundo, tercero y cuarto, la autoridad expuso los motivos por los que debía confirmarse la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto.

Posteriormente, sostuvo que son infundados los argumentos de la parte quejosa al señalar que el artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación vulnera el derecho fundamental de irretroactividad.

Que la norma reclamada no vulnera el principio de irretroactividad al no respetar el derecho de compensar contra impuestos federales de distinta naturaleza y contra retención de terceros.

Expuso que el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación no es contrario al principio de razonabilidad legislativa, en virtud de que es objetivo, racional y proporcional; además, que supera todas las etapas del test de proporcionalidad.

Afirma que contrariamente a lo que expone la quejosa, el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación no es violatorio del principio de seguridad jurídica, ya que no existe una antinomia normativa entre dicho precepto legal y el Código Fiscal de la Federación.

Agrega que la norma reclamada no es violatoria de los principios de seguridad jurídica, en su vertiente de confianza legítima.

La responsable manifiesta que la norma general reclamada no transgrede el principio de reserva de ley y subordinación jerárquica, ni el de supremacía constitucional.

Expone que el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación no es contrario al principio de libertad económica ni conculca el mínimo vital.

La recurrente adhesiva sostiene que la norma general reclamada no contraviene el derecho de propiedad.

Agrega que el precepto legal reclamado no es violatorio del principio de rectoría económica del Estado; asimismo, que no rebasa lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de las facultades legislativas conferidas a la Cámara de Diputados.

2. Jefa del Servicio de Administración Tributaria.

Es innecesario sintetizar los argumentos formulados por la jefa del Servicio de Administración Tributaria, debido a que su único motivo de inconformidad fue analizado por el Tribunal Colegiado que previno, ya que estaba encaminado a evidenciar la improcedencia del juicio de amparo en la vía indirecta.

Resta señalar que en el considerando sexto de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, se declaró infundado el motivo de disenso de que se trata.

NOVENO.—Derechos fundamentales, derechos humanos y principios constitucionales que se estiman vulnerados.

I. Principio de irretroactividad de la ley.

El artículo 14, primer párrafo de la Constitución Federal,(6) establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la irretroactividad que prohíbe el dispositivo constitucional se encuentra referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, así como a las autoridades que las aplican a un caso determinado, y para resolverlo ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos y a la teoría de los componentes de la norma.

La teoría de los derechos adquiridos, se distingue entre dos conceptos, a saber: el de derecho adquirido que es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico; y, el de expectativa de derecho, que es la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; esto es, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo futuro que en el mundo fáctico no se ha materializado.

En consecuencia, dicha teoría sostiene que si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho, no vulnera el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el artículo 14 constitucional. Es decir, no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.

Una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, toda vez que éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado, y no cuando se aplica a meras expectativas de derecho, pues en este caso no se contraviene el principio de la irretroactividad de las leyes que consagra el artículo 14 constitucional.

Cobra aplicación la tesis aislada 2a. LXXXVIII/2001,(7) que al efecto se cita:

"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.—Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado."

Por otra parte, conforme a la teoría de los componentes de la norma, este Alto Tribunal parte de la idea de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir con éstas. Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo:

• Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

• Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas.

• Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.

• Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición).

De este modo, para estar en posibilidad de determinar si una disposición normativa es violatoria de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal con base en la teoría de los componentes de la norma, es necesario considerar los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y el momento en que entra en vigor la nueva disposición.

Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 123/2001,(8) del rubro y texto siguientes:

"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.—Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan."

En mérito de lo anterior, una norma transgrede el principio de irretroactividad de la ley cuando trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior; circunstancia que no se actualiza cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en esos casos, sí se permite que la nueva ley las regule.

II. Principio de legalidad y seguridad jurídica y principio de legalidad tributaria.

El principio de legalidad comprende, en sí, al principio de legalidad administrativa (o de preeminencia de la ley) y la reserva de ley; en tanto que el primero exige la sumisión de los actos concretos de una autoridad administrativa a las disposiciones de carácter general previamente establecidas, el segundo implica un principio formal cuya función principal consiste en delimitar las materias que deberán ser producidas exclusivamente por la ley.

El principio de legalidad en general, y en el ámbito administrativo, se deduce del texto de los artículos 14,(9) párrafo segundo y 16,(10) párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El primer precepto constitucional establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

El segundo artículo prevé que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Por su parte, el principio de reserva de ley en materia tributaria se encuentra en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en cuanto prevé como obligación de los mexicanos la de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes (principio de legalidad tributaria).

Al interpretar los alcances del principio de legalidad tributaria que en materia de contribuciones consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por una parte, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otra, genere certidumbre al gobernado sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado; cómo se calculará la base del tributo; qué tasa o tarifa debe aplicarse; cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse.

El principio constitucional en referencia no solamente establece que para la validez constitucional de un tributo es requisito que éste se prevea en la ley; de manera específica exige que sus elementos esenciales (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago) estén consignados de manera expresa en aquélla para evitar que quede a la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto; para evitar el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular; y para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo.

Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia(11) del rubro y texto siguientes:

"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El principio de legalidad se encuentra clarament

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29251-fc234644/compensacion-de-saldos-a-favor-el-articulo-25 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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