IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 AL ESTABLECER UNA TARIFA PROGRESIVA PARA EL COBRO DEL IMPUESTO RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 217/2014. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 3 DE JULIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ HIDALGO. SECRETARIO: CRESENCIANO MUÑOZ GAYTÁN.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. Los agravios que son materia de estudio en la presente ejecutoria, son esencialmente fundados y suficientes para revocar el fallo venido en revisión, atendiendo a las razones siguientes:
I. La autoridad responsable expresa que la contradicción entre el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014 y el diverso 41 de Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, no es suficiente para sostener que existe una transgresión al principio de legalidad tributaria.
Adicionalmente, se hace notar que la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, y la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, son ordenamientos de igual jerarquía, y que cuando se alega una contradicción entre este tipo de ordenamientos, se requiere demostrar no sólo la incongruencia, sino además, que tal incongruencia ocasiona una violación a la Carta Magna.
En apoyo de tales argumentos se invoca la jurisprudencia 1a./J. 104/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."
Por tanto, el análisis no podía reducirse a la contradicción entre las leyes estatales, sino que era necesario que se acreditara la violación a la garantía de legalidad tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal ejercicio jurisdiccional no se realizó por parte del a quo.
II. El recurrente sostiene que la manera de cobrar el impuesto predial, prevista en el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, fue delineada en uso de la facultad de libre diseño en materia contributiva, prevista entre otros artículos, en el 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Agrega que el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, no prohíbe que las disposiciones de la ley de ingresos se aparten de las normas de la ley hacendaria, aunado a que corresponde al Ayuntamiento proponer las tarifas aplicables, y al Legislativo aprobar los elementos del impuesto.
Por tanto, aunque en el artículo 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se alude a ciertas tarifas, los Municipios no se encuentran ligados inexorablemente a ellas y pueden proponer una tarifa diferente.
Que en uso de esa facultad, en esta ocasión, el Municipio de Corregidora propuso una tarifa progresiva para la determinación del impuesto predial, la cual fue aprobada; que dicha tarifa representa una opción distinta de las previstas en el artículo 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, y cumple con las exigencias del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Dentro de los agravios se inserta la digitalización de un documento que, se dice, fue elaborado por la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura del Estado de Querétaro.
Agrega que debe considerarse que la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro no establece la obligatoriedad de que las leyes de ingresos de cada Municipio se sujeten a ella, pues sólo fija las bases en que se sustentará la hacienda pública municipal, y establece los criterios bajo los cuales las contribuciones serán aplicadas a los gobernados, pero sin que del texto legal se desprenda que las leyes de ingresos deban repetir cada punto y coma del ordenamiento hacendario. Tal exigencia sería irracional si se considera que cada Municipio tiene necesidades diferentes.
III. El gobernador del Estado arguye que el Juez de Distrito, a través de la emisión de la sentencia que se revisa, se atribuye facultades que no le corresponden a la judicatura e invade las atribuciones que le competen a los Municipios y a las Legislaturas Estatales para fijar contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria.
Sostiene que en términos del artículo 115 constitucional, las contribuciones relacionadas con las cuestiones inmobiliarias se encuentran reservadas para el ámbito municipal, contribuciones respecto de las cuales ningún ente tiene facultad para coaccionar a los Municipios para establecer tarifas o contribuciones.
IV. El inconforme considera que las leyes de ingresos no tienen el carácter de un mero catálogo o listado de contribuciones, sino que en ellas se pueden establecer válidamente los elementos de una contribución, como incluso lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Expresa que la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, es una norma especial, elaborada atendiendo a las características sociales, económicas y geográficas de ese territorio.
V. Afirma que es incorrecto que en la sentencia se sostenga que el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, transgrede el principio de legalidad tributaria, porque los elementos de la contribución están previstos en la ley.
Por otra parte, indica que es incongruente el razonamiento del a quo, porque no puede existir antinomia entre la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014 y la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, pues son ordenamientos de igual jerarquía, porque si una ley posterior incide en el objeto de regulación de una ley anterior, y si ambas tienen la misma jerarquía normativa, fueron expedidas por la propia autoridad legislativa y tienen el mismo ámbito espacial de vigencia, entonces opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga a la anterior. En apoyo de estos argumentos, invoca la jurisprudencia P./J. 32/98 del Tribunal Pleno, de rubro: "CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR."
Tales agravios resultan fundados.
Ello es así, atendiendo a que en la sentencia que se revisa, el Juez de Distrito sostiene, medularmente, que la contribución prevista en el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, atenta contra el principio de legalidad tributaria, porque la tarifa progresiva es distinta a las tarifas que prevé el artículo 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, ordenamiento que, además, en su artículo 3, señala que las leyes de ingresos de los Municipios se formularán de conformidad a lo establecido en la ley hacendaria.
Ahora bien, este Tribunal Colegido estima que dicha apreciación es desatinada, porque la legalidad tributaria implica que los elementos esenciales de las contribuciones -sujeto, objeto, base, tasa, exenciones y época de pago-, estén consignados de manera expresa en la ley.
Desde el momento en que la carga impositiva está prevista en una ley, se evita que las autoridades exactoras fijen el tributo o algunos de sus elementos esenciales, pues sólo el legislador puede hacerlo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido que para determinar el alcance del principio de legalidad tributaria, es útil acudir al concepto de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene vinculación con aquél. La reserva de ley absoluta y la relativa.
En materia tributaria, la reserva es de carácter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la regla esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria y que, por otro lado, en casos excepcionales que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley y que, además, constituyan un complemento de la regulación legal indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.
Resulta aplicable al caso, la tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"Novena Época
"Registro IUS: 197375
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VI, noviembre de 1997
"Materia(s): Administrativa, Constitucional
"Tesis: P. CXLVIII/97
"Página: 78
"LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente establecido en el artículo 31 constitucional, al expresar en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es útil acudir al de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculación con aquél. Pues bien, la doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. En este supuesto, la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podrá posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. Así, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador. En suma, la clasificación de la reserva de ley en absoluta y relativa se formula con base en el alcance o extensión que sobre cada materia se atribuye a cada especie de reserva. Si en la reserva absoluta la regulación no puede hacerse a través de normas secundarias, sino sólo mediante las que tengan rango de ley, la relativa no precisa siempre de normas primarias. Basta un acto normativo primario que contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la materia respectiva. Precisado lo anterior, este Alto Tribunal considera que en materia tributaria la reserva es de carácter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley, y además constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria."
Con base en lo antes precisado, se llega al conocimiento de que si los "elementos esenciales del tributo" están consignados de manera expresa en la ley, no sólo se evitan arbitrariedades de las autoridades exactoras, sino que, además, el sujeto pasivo de la relación tributaria puede, en todo momento, conocer la forma específica de contribuir al gasto público.
Desde esta perspectiva, no puede considerarse que la contribución prevista en el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, transgreda el principio de legalidad tributaria, en la medida en que, de la lectura de dicho precepto se colige que los elementos esenciales del impuesto predial son los siguientes:
Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que sean propietarias o poseedoras del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él.
Objeto: El impuesto predial grava la propiedad o posesión del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él.
Tarifa: Se contiene en una tabla que se conforma de veintiún rangos o renglones delimitados entre un mínimo y un máximo de acuerdo al valor catastral del inmueble, asignándole a cada rango una cuota fija y un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior.
Época de pago: Se efectúa por bimestres vencidos, a más tardar el día quince de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero.
Base gravable: La constituye el valor catastral de los inmuebles.
La circunstancia de que tales elementos se encuentren previstos en la ley de ingresos del Municipio y no en la ley hacendaria, no genera transgresión alguna al principio de justicia tributaria que se viene comentando, toda vez que se está en presencia de una ley en sentido formal y material; incluso, se reconoce la posibilidad de que los elementos de una contribución pueden estar previstos en dos normas.
Al respecto, es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada siguiente:
"Novena Época
"Registro IUS: 200367
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: I, junio de 1995
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Tesis: P. XXII/95
"Página: 37
"DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA BASTA CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN UNA LEY, AUN CUANDO ESTA SEA LA DE INGRESOS. Si el principio de legalidad tributaria consiste en que los elementos esenciales de un tributo se consignen expresamente en una ley, se respeta tal principio cuando los elementos esenciales de algún derecho se consignan en la Ley de Ingresos respectiva, pues el principio de legalidad no exige que tales elementos se consignen en una determinada ley, sino sólo que se establezcan en ley."
Por otra parte, las leyes de ingresos pueden válidamente modificar las disposiciones de las leyes fiscales, ya que si bien es verdad que tales ordenamientos tienen vigencia anual y constituyen un catálogo de impuestos, cierto es también que pueden contener otras disposiciones de carácter general que tienen por objeto coordinar la recaudación de las contribuciones.
Aunado a que como lo hace valer el recurrente, las leyes de ingresos poseen la misma jerarquía normativa que los ordenamientos fiscales de carácter especial y, por tanto, pueden modificarlas y derogarlas en determinados aspectos que se consideren necesarios para una mejor recaudación impositiva.
Entre las disposiciones de carácter general que pueden contener las leyes de ingresos para lograr una mejor recaudación impositiva, se encuentran los elementos del tributo; por tanto, si bien en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, concretamente en su artículo 41, se establecen tarifas distintas a las que contiene la ley de ingresos, tal circunstancia no torna inconstitucional a la segunda, sino por el contrario, debe considerarse como una modificación o derogación de lo establecido por la ley de hacienda aludida.
En efecto, el artículo transitorio segundo de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, dispone:
"Artículo Segundo. Cualquier disposición expedida con anterioridad y que se oponga a la presente ley, queda derogada."
En este extremo, ni siquiera existiría la contradicción que se sostiene en la sentencia que se revisa.
Los argumentos de este Tribunal Colegiado se robustecen con el contenido de los siguientes criterios:
"Octava Época
"Registro IUS: 206336
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número 82, octubre de 1994
"Materia(s): Administrativa
"Tesis: 2a./J. 14/94
"Página: 16
"UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. EL ARTÍCULO 5o. DE SU LEY ORGÁNICA QUEDÓ DEROGADO POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1985. El artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, establece, en lo conducente, que ‘los ingresos de la Universidad y los bienes de su propiedad no estarán sujetos a impuestos o derechos federales, locales o municipales ...’. Por su parte, el artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985, dispone que ‘Se derogan las disposiciones que concedan exenciones de impuestos, o de derechos federales, excepto las exenciones señaladas en las leyes que establecen dichos impuestos y derechos y las previstas en el Código Fiscal de la Federación. Se derogan las disposiciones de las leyes federales que conceden exenciones de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos en otras contribuciones establecidas en leyes de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios’. Es cierto que el citado artículo 5o. estableció una exención en favor de la Universidad Autónoma Metropolitana y no una situación de no sujeción o no causación, en la medida en que, no obstante que realice actividades o se coloque en situaciones iguales a los causantes de diversos tributos locales, se le exime del pago o pagos correspondientes por disposición de la ley, pero también es verdad que la ley especial que en el caso lo es la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985, en su artículo 14, derogó toda clase de exenciones, por lo que el referido artículo 5o. deja de ser aplicable."
"Novena Época
"Registro IUS: 161575
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXIV, julio de 2011
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: 1a. CXIX/2011
"Página: 302
"LEY DE INGRESOS. LA CONSTITUCIÓN NO PROHÍBE QUE POR VIRTUD DE ÉSTA PUEDA MODIFICARSE UN ELEMENTO REGULADO PREVIAMENTE EN LA LEGISLACIÓN PROPIA DE ALGÚN IMPUESTO. Si bien es posible hacer juicios sobre lo eficiente que puede resultar la regulación de una determinada institución en diversos cuerpos normativos, o sobre los efectos que esta circunstancia tendría sobre el cumplimiento de la norma, al motivar que el contribuyente deba acudir a varios textos legales para conocer las consecuencias jurídicas de determinadas hipótesis, lo cierto es que no puede afirmarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíba que una Ley de Ingresos modifique un elemento regulado previamente en la legislación propia de algún impuesto. En ese sentido, en el orden jurídico mexicano no se aprecia la existencia de un principio de reserva de código, por virtud del cual todas las disposiciones relevantes para determinada materia deberían contemplarse en un solo y único cuerpo normativo, extremo que no sólo no ha sido reconocido en una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que no podría encontrar asidero en el texto constitucional."
"Séptima Época
"Registro IUS: 232268
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 193-198, Primera Parte
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Página: 183
"LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. PUEDEN DEROGAR LEYES FISCALES ESPECIALES. Es inadmisible el argumento en el sentido de que las leyes de ingresos de la Federación no pueden modificar las disposiciones de las leyes fiscales especiales, ya que por una parte, si bien es verdad que tales ordenamientos tienen vigencia anual y constituyen un catálogo de impuestos, también contienen otras disposiciones de carácter general que tienen por objeto coordinar la recaudación de las contribuciones, y por otra parte dichas leyes de ingresos poseen la misma jerarquía normativa que los ordenamientos fiscales de carácter especial y, por tanto pueden modificarlas y derogarlas en determinados aspectos que se consideren necesarios para una mejor recaudación impositiva."
Ahora bien, en atención a lo que dispone el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado procede a estudiar los restantes conceptos de violación que no fueron analizados por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Querétaro, siendo éstos los identificados en la demanda de amparo como "segundo" y "tercero", en los que esencialmente afirma que el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, es inconstitucional porque vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
Tales motivos de disenso son infundados.
Para ello, debe partirse de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria implica que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.
La capacidad de cada sujeto pasivo se entiende como la potencialidad real para contribuir a los gastos públicos, de manera que las personas que tengan mayor riqueza gravable tributen en forma diferenciada y superior a aquellos que la tengan en menor proporción.
Al atender a dicho factor el impacto del tributo es distinto, lo cual puede trascender cuantitativa o cualitativamente en lo tocante al mayor o menor sacrificio, o bien, en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.
Además, el Alto Tribunal Jurisdiccional ha sostenido que un gravamen es proporcional cuando existe congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes.
De acuerdo con lo anterior, la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva; de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones es, precisamente, el de la identificación de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados.
De lo anterior se desprende que el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene mayor capacidad contributiva, y menos el que la tiene en menor proporción.
Las afirmaciones de los párrafos precedentes se corroboran con las jurisprudencias siguientes:
"Novena Época
"Registro IUS: 192849
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, noviembre de 1999
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Tesis: P./J. 109/99
"Página: 22
"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto."
"Novena Época
"Registro IUS: 184291
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, mayo de 2003
"Materia(s): Administrativa
"Tesis: P./J. 10/2003
"Página: 144
"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción."
Es importante añadir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, para analizar la proporcionalidad de un impuesto, debe atenderse a los términos en los que se realiza el respectivo hecho imponible, tomando en cuenta sus características o su naturaleza, es decir, si grava una manifestación general de la riqueza de los gobernados.
El razonamiento que antecede se extrajo de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de ese órgano colegiado, publicada con el número P. 44, en la página 143 del Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, materia constitucional, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA UNA."
Por otra parte, la equidad tributaria está referida a la igualdad jurídica, consistente en que todos los gobernados deben recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, porque la igualdad lo es ante la ley y ante la aplicación de la misma.
Así, los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación.
No obstante, no toda desigualdad en el trato es inconstitucional, pues inclusive se ha considerado que el legislador no sólo está facultado, sino obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que no sean caprichosas o arbitrarias.
En relación con este punto, sirve de fundamento la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Registro IUS: 198403
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: V, junio de 1997
"Materia(s): Administrativa, Constitucional
"Tesis: P./J. 41/97
"Página: 43
"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25256-bbf82ed5/impuesto-predial-el-articulo-13-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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