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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, AL CONTENER LA EXPRESIÓN “TASA MARGINAL”, RESPETA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTO PREDIAL. EL CONCEPTO “TASA MARGINAL” PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 304/2023. · Registro digital (IUS): 32565
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-07-05
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Julio de 2024, Tomo I, Volumen 2, Pág.1414.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 304/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 9 DE MAYO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. DISIDENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al nueve de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Ver tabla

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Décimo Sexto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por la persona titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 347/2022, en sesión de tres de marzo de dos mil veintitrés.

4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al fallar el amparo en revisión 341/2022, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 347/2022 y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al fallar el amparo en revisión 341/2022.

7. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

8. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:

Ver información

10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales colegiados decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la constitucionalidad del artículo 4, fracción I, de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022 relacionado con la determinación del impuesto predial.

11. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque ambos se pronunciaron específicamente sobre la regulación de la tasa marginal dentro de la mecánica de cálculo del impuesto predial tratándose de inmuebles urbanos con edificación ubicados en San Miguel de Allende, Guanajuato.

12. Sin embargo, entre ellos existen dos diferendos: uno relativo al principio constitucional de justicia tributaria conforme al cual debía examinarse la cuestión planteada, pues mientras uno lo analizó a la luz del principio de legalidad, el otro, lo hizo con el tamiz del principio de proporcionalidad; y otro, sobre si el uso del concepto "tasa marginal" es suficientemente claro para permitir a los causantes del impuesto predial conocer la mecánica de su determinación y liquidación, pues mientras uno lo estimó así, el otro determinó lo contrario.

13. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertidos los puntos de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿A la luz de cuál principio de justicia tributaria debe analizarse el reclamo consistente en la inconstitucionalidad del artículo 4, fracción I, de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, que prevé la expresión "tasa marginal" dentro de la mecánica de cálculo del impuesto predial?(7)

14. Además, por los términos en que fueron resueltos los asuntos de origen, se suscita otra interrogante que debe contestarse, a saber: ¿Es constitucional el artículo 4, fracción I, de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, al incluir la expresión "tasa marginal" dentro de la mecánica de cálculo del impuesto predial, a la luz del principio de justicia tributaria aplicable?

15. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión administrativo 347/2022, y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al fallar el amparo en revisión administrativo 341/2022.

16. Importa aclarar que no pasa inadvertido que las disposiciones jurídicas analizadas hayan perdido vigencia, por corresponder al ejercicio fiscal dos mil veintidós, pero se estima procedente analizar la contradicción de criterios dada la posibilidad de que existan asuntos pendientes de resolver relacionados con esta temática. Es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2003(8) de contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción."

17. Por otro lado, no sobra señalar que en los demás temas abordados por uno de los tribunales, no existe punto de toque.

18. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito se pronunció respecto de los agravios consistentes en la omisión del juzgado de distrito de atender los conceptos de violación relacionados con la violación a los principios de congruencia y exhaustividad, así como al pago de intereses respecto de las cantidades enteradas por concepto del impuesto predial; sin embargo, sobre el primer punto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito no se pronunció y por lo que ve al segundo tema, solo se limitó a citar la tesis 2a./J. 13/2008,(9) de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)." y no expuso argumento alguno sobre si procedía o no el reclamo del pago de intereses indemnizatorios.

19. Por otra parte, si bien ambos tribunales se pronunciaron sobre los efectos del amparo concedido, partieron de premisas diversas, lo que los condujo a conclusiones también diferentes.

20. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito trajo a cuenta el motivo por el cual el juzgado de distrito concedió el amparo, a saber, por la violación al principio de equidad tributaria derivada del trato desigual otorgado por el legislador a los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos con o sin edificaciones, y a partir de esta consideración, estableció que el efecto del amparo no consistía en exonerar a la parte quejosa del pago del gravamen, por lo cual era correcta la decisión del juzgado de que se determinara el impuesto con base en la tasa establecida por la fracción II del numeral impugnado que corresponde a inmuebles con edificaciones ubicados en zona suburbana, por ser más ventajosa, conforme al criterio sentado en la tesis 2a. CXV/2008(10) de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA TRIBUTOS AUTODETERMINABLES. SUS EFECTOS FUTUROS CONSISTEN EN QUE EL QUEJOSO NO APLIQUE LA PORCIÓN NORMATIVA DECLARADA INCONSTITUCIONAL, O BIEN, INCORPORE EL BENEFICIO SEÑALADO EN LA SENTENCIA HASTA QUE EXISTA UN CAMBIO NORMATIVO."

21. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito revocó la sentencia del juzgado de distrito y concedió el amparo por violación al principio de proporcionalidad tributaria derivada de la falta de precisión sobre el procedimiento para aplicar la tasa marginal y, a partir de esta consideración, estableció que el efecto debía consistir en que se devolvieran a las personas quejosas las cantidades enteradas por el concepto de impuesto de predial, lo cual motivó que ya no estudiara el efecto que debía tener el amparo por el vicio relacionado con la violación al principio de equidad por el trato desigual entre propietarios o poseedores de inmuebles urbanos y suburbanos con o sin construcciones.

22. Como se observa, en el tema relacionado con los efectos de la sentencia de amparo no existe punto de toque ni diferendo, porque ambos órganos se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas diversas.

23. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 163/2011(11) que señala lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO. Para que exista contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, es necesario que: 1) Los Tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; y, 2) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto en común, es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, como el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general. En ese tenor, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente."

V. Estudio

24. De acuerdo con la jurisprudencia del Alto Tribunal, del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, derivan los siguientes principios que rigen en materia tributaria:

a) Las contribuciones deben estar establecidas en una ley.

b) Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas.

c) El Estado tiene la obligación de destinar las contribuciones al gasto público de la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios.

25. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad exige que los tributos sean establecidos mediante un acto legislativo, es decir, que provenga del órgano que tiene atribuida la función de crear leyes –aspecto formal– y que establezca sus elementos esenciales con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica a las personas contribuyentes y evitar cualquier arbitrariedad por parte de las autoridades hacendarias en la determinación y cobro respectivos, según se advierte de la tesis de jurisprudencia de contenido siguiente:

"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles."(12)

26. Así, la plena observancia del principio de legalidad tributaria tiene lugar cuando en un acto material y formalmente legislativo se establecen todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por una parte, impida un comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su determinación, así como en su recaudación y, por otra, genere al gobernado certidumbre sobre cuál hecho, acto o circunstancia se encuentra gravado, quién es el sujeto obligado, cómo se determinará la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, y cuándo deberá realizarse; así lo dijo la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 379/2012 como se advierte a continuación:

De acuerdo con los criterios citados, el respeto a la garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley para evitar:

• Que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del tributo, quienes solo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto;

• El cobro de contribuciones imprevisibles;

• El cobro de tributos a título particular; y,

• Que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo.

Por consiguiente, se colige que la observancia al principio de legalidad tributaria se traduce en que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por una parte, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otra, genere certidumbre al gobernado sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado; cómo se calculará la base del tributo; qué tasa o tarifa debe aplicarse; cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse, pues es al legislador al que compete dar a conocer los elementos del tributo, y no así a otro órgano. 27. Igualmente ha indicado que los elementos esenciales de las contribuciones son: sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, como se advierte del siguiente criterio:

"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos ‘contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, no solo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida."(13)

28. Derivado de lo anterior, en diversos expedientes el Máximo Tribunal ha examinado el alcance del principio de legalidad tributaria y su intersección con la reserva de ley, y ha explicado que si bien el legislador está obligado a establecer en una ley formal todos los elementos esenciales de los tributos, es posible que, en ciertos supuestos, permita que el desarrollo de alguno de esos elementos se contenga en una norma de menor jerarquía normativa.

29. En efecto, en las tesis que adelante se citan, el Máximo Tribunal determinó que tratándose de los elementos cuantitativos del tributo rige una reserva de ley relativa, ya que puede existir un impedimento para que la ley formal regule por sí sola todos sus aspectos, por lo cual puede encomendar su desarrollo a normas inferiores, siempre que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse, pues los ordenamientos secundarios no podrán integrar o desarrollar un elemento esencial de la contribución que no haya sido definido en la ley.

30. También determinó que tratándose de los elementos cualitativos del tributo, como el objeto y los sujetos, la reserva de ley es absoluta pues en esta hipótesis no campea el criterio de que pueden desarrollarse en una disposición inferior, sino que deben preverse exclusivamente en la ley, dado que no se requiere de elementos técnicos o aritméticos para definirlos.

31. Así se observa de la tesis P. XLII/2006(14) que dice:

"LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY ES DE CARÁCTER RELATIVO Y SOLO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN A LA CUANTÍA DE LA CONTRIBUCIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en materia de legalidad tributaria la reserva de ley es de carácter relativo, toda vez que dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal y materialmente legislativa, sino que es suficiente que los elementos esenciales de la contribución se describan en ella, para que puedan ser desarrollados en otros ordenamientos de menor jerarquía, ya que la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales nunca podrán contravenir la norma primaria, además de que tal remisión debe constituir un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria. En congruencia con tal criterio, se concluye que el principio tributario de reserva de ley es de carácter relativo y aplica únicamente tratándose de los elementos cuantitativos del tributo, como son la tasa o la base, porque en muchas ocasiones, para cifrar el hecho imponible es indispensable realizar operaciones o acudir a aspectos técnicos, lo que no sucede en relación con los elementos cualitativos de las contribuciones, como son los sujetos y el objeto, los cuales no pueden ser desarrollados en un reglamento, sino que deben preverse exclusivamente en una ley."

32. En la misma línea de pensamiento, la Superioridad señaló, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 111/2000,(15) que el principio en examen no impide que el cálculo de algún elemento de las contribuciones corresponda realizarlo a una autoridad administrativa, ya que en esa hipótesis bastará que en las disposiciones formal y materialmente legislativas aplicables se prevea el procedimiento o mecanismo a seguir con tal precisión que, atendiendo al fenómeno que se pretende cuantificar, impida la actuación arbitraria de la autoridad respectiva y genere certidumbre a la persona gobernada sobre los factores que inciden en su carga tributaria, así se desprende de su texto:

"LEGALIDAD TRIBUTARIA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CÁLCULO DE ALGÚN ELEMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDA REALIZARLO A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CONLLEVA, NECESARIAMENTE, UNA TRANSGRESIÓN A ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de legalidad tributaria garantizado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, implica el que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otro, genere certidumbre al gobernado sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado; cómo se calculará la base del tributo; qué tasa o tarifa debe aplicarse; cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. En ese tenor, la circunstancia de que la determinación o cálculo preciso de alguno de los elementos que repercuten en el monto al que ascenderá una contribución corresponda realizarlo a una autoridad administrativa, no conlleva, por sí misma, una transgresión al principio constitucional de referencia, pues para cumplir con este, en tal hipótesis, bastará que en las disposiciones formal y materialmente legislativas aplicables se prevea el procedimiento o mecanismo que aquella debe seguir, con tal precisión que atendiendo al fenómeno que se pretende cuantificar, se impida su actuación arbitraria y se genere certidumbre al gobernado sobre los factores que inciden en sus cargas tributarias."

33. Luego, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2006,(16) la Superioridad destacó la necesidad de distinguir el supuesto en el que la autoridad administrativa se limita a recabar un dato que deriva del mercado, en donde el valor no proviene de su actuación, de aquel en donde se requiere de un procedimiento que deberá estar ceñido a las directrices marcadas por el legislador, así se lee enseguida:

"LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA. Para verificar el apego al principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los actos formal y materialmente legislativos en los que se faculta a una autoridad administrativa para establecer el valor de un factor que incide en el monto de la base gravable o tiene algún efecto sobre una obligación tributaria accesoria, pero constituye un parámetro que debe tomarse en cuenta por todos los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo, resulta relevante distinguir si la actividad encomendada a quien la aplica, se limita a recabar un dato que deriva del mercado, o bien constituye un valor que por la naturaleza del fenómeno a cuantificar implica, necesariamente, que un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo, y del análisis comparativo que realice de estos, obtenga el valor que trasciende al monto de la respectiva obligación tributaria. En el primer supuesto, si la ley únicamente dispone que ese valor o precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que seguirá para conocerlo, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspondiente, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a un determinado bien o a un indicador económico, la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a capturarlo de la realidad económica, lo que no significa comparar datos observados en diversos momentos, sino simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, por lo que no queda al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislativo la determinación de los elementos que trascienden al monto de las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectación patrimonial que una contribución o una obligación tributaria accesoria representa para los gobernad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32565-5d2ac3bb/impuesto-predial-el-articulo-4-fraccion-i-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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