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Modo: Corpus Pro

ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. EL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE LLEVARSE A CABO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 268/2014. · Registro digital (IUS): 25158
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-08-15
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Pág. 611.

AMPARO EN REVISIÓN 268/2014. 11 DE JUNIO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; y, 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos segundo, fracción III, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de mayo de dos mil trece, ya que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 16, apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece y 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, sin que se requiera la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. No es necesario hacer el pronunciamiento sobre la oportunidad de los recursos de revisión principal y adhesivo, debido a que el Tribunal Colegiado se ocupó de ello.(1)

TERCERO. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima.(2)

Asimismo, el recurso de revisión adhesiva se interpuso por la delegada de la autoridad responsable presidente de la República, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"RECURSO DE REVISIÓN. EL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DESIGNADO POR LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA EN EL JUICIO DE AMPARO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUÉL A NOMBRE DE DICHO FUNCIONARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 19 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTES ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 18 DE MARZO Y 17 DE ABRIL DE 2009). Los preceptos legales citados establecen que el presidente de la República puede ser representado en todos los trámites establecidos en la Ley de Amparo por conducto del procurador general de la República y los secretarios de Estado, y que las demás autoridades responsables, salvo los órganos legislativos federal, de los Estados y del Distrito Federal, no pueden ser representados en ese procedimiento constitucional, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la ley citada. Esta última atribución alcanza también al presidente de la República, porque el legislador confirió esa prerrogativa a todas las autoridades responsables sin excepción alguna. En ese tenor, el delegado del presidente de la República designado por la autoridad que lo representa en el juicio de amparo está legitimado para interponer a nombre de aquél el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo, toda vez que las actuaciones del citado representante surten efectos como si las llevara a cabo el propio titular del Ejecutivo Federal."(3)

CUARTO. Como cuestión previa, esta Segunda Sala estima necesario relatar de manera breve los antecedentes que se dieron durante la secuela procesal del presente asunto.

1. El quejoso y otras personas, ostentándose como empresarios dedicados a la actividad agropecuaria, y como consumidores finales de diésel, realizaron el trámite de devolución del saldo a favor del impuesto al consumo de dicho combustible correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de dos mil trece.

2. La Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte del Servicio de Administración Tributaria, les negó la devolución del saldo a favor del impuesto especial sobre producción y servicios.

3. Inconforme con lo anterior, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, en el que formuló los siguientes conceptos de violación:

A) Las autoridades responsables violan en perjuicio de los quejosos, las garantías de fundamentación y motivación tuteladas en el artículo 16 de la Constitución Federal, al fundar las resoluciones combatidas en los numerales 16, apartado A, fracción III, párrafo último, de la Ley de Ingresos de la Federación y 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los cuales se consideran inconstitucionales y los dejan en estado de indefensión.

B) Las responsables violan en su perjuicio lo establecido en el artículo 72, inciso h), de la Constitución Federal, al expedir el decreto que contiene la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en particular el artículo 16, apartado A, fracción III, párrafo último, pues su texto no fue discutido ni aprobado por la Cámara de Diputados, es decir, en ningún momento se expusieron los motivos de la necesidad de negar la devolución del impuesto especial sobre productos y servicios.

- La Cámara de Diputados no observó lo dispuesto en el artículo 85 de su reglamento, porque en el dictamen con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación nunca se planteó como problema la posibilidad de devolver o no el impuesto especial sobre productos y servicios para los sectores que adquieran diésel para consumo final; tampoco se estableció la problemática sobre la eliminación del beneficio fiscal; no se describió el proceso de análisis y valoración de los argumentos del autor de la reforma; no se expusieron motivos que justifiquen la incorporación de medida alguna que restrinja los estímulos fiscales que gozan año con año los consumidores finales de diésel para actividades agrícolas.

C) Las responsables violan el principio de legalidad y objeto del impuesto que debe existir en las leyes fiscales, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al expedir el último párrafo del numeral 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, pues atenta contra un derecho adquirido consistente en obtener la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios causado por la enajenación de combustible, con motivo de la aplicación de un estímulo fiscal otorgado.

- Condicionar la devolución del impuesto a que la tasa de enajenación de diésel resulte positiva, es una medida eminentemente recaudadora, que pretende romper la relación contribuyente-Estado, pretendiendo privilegiar a particulares con la finalidad de sanear indicadores financieros que son completamente ajenos al pago del impuesto y al derecho a obtener su devolución.

- Lo anterior contraviene el principio de legalidad, porque se rompe el objeto del pago de impuesto que es precisamente contribuir al gasto público de la Federación, Estado o Municipio en que resida el contribuyente; y aquellos conceptos que condicionan la devolución del impuesto nada tienen que ver con el gasto público, por el contrario, son operaciones de particulares.

D) Las responsables violan en su perjuicio, lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al no observar el principio de legalidad, pues lo dispuesto en el artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en relación con el numeral 16, apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, resulta inconstitucional, ya que permiten que la determinación de la tasa o cuota, se fije con el resultado de actos de particulares o de las autoridades administrativas, y no con el resultado de actos de los órganos legislativos como lo es una ley.

- En virtud de la inconstitucionalidad planteada, resulta equivocado el criterio de la autoridad administrativa responsable, al momento de llevar a cabo la aplicación de dichos preceptos legales y negarles la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que pagaron a razón de veintinueve pesos con ochenta y ocho centavos por litro de diésel.

4. Seguido por su cauce legal, el juicio de amparo indirecto culminó con la sentencia dictada en la audiencia constitucional, en la que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Puebla emitió las consideraciones siguientes:

a) Se sobresee respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición y promulgación del artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por actualizarse la causal de improcedencia consagrada en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

b) Que no se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII, XX y XXIII del artículo 61, esta última en relación con el artículo 77, fracción I, todas de la Ley de Amparo, que hicieron valer las autoridades responsables, respecto del artículo 16, apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil trece.

c) Que resultan inoperantes el primer y el segundo conceptos de violación en los que la parte quejosa alega que el decreto de ley no fue discutido ni aprobado por la Cámara de Diputados, y que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para la creación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, se encuentran viciados por no cumplir con los requisitos formales previstos en la fracciones VI, VII, IX y X del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, en virtud de que las violaciones de carácter formal que hace valer la parte quejosa no trasciende de manera fundamental a la norma impugnada.

d) Que es inoperante el tercer concepto de violación en el que se alega la violación del principio de legalidad tributaria. Dicha calificativa se sustenta porque el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, contiene un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva en el impuesto especial sobre producción y servicios, ya que no forma parte de los elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa, época o pago, o se adicionan a la mecánica del tributo.

e) Que es infundada la alegación en la que se hace valer la ilegalidad derivada del otorgamiento al estímulo fiscal por encontrarse condicionado a que la tasa del impuesto sea negativa o igual a cero. Lo infundado deriva porque la sola restricción en algún estímulo fiscal, no puede ser considerada inconstitucional, en virtud de que corresponde al legislador establecer las condiciones necesarias para la obtención del estímulo fiscal.

f) Por último, el Juez de Distrito consideró infundado el quinto concepto de violación, porque el estímulo fiscal comprendido en la norma impugnada no implica un derecho adquirido a favor de la parte quejosa.

5. La parte recurrente inconforme con la resolución mencionada, interpuso recurso de revisión en el que alegó sustancialmente lo siguiente:

a) Que le causa agravios al recurrente el sobreseimiento decretado indebidamente en torno al artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. (De ese aspecto se ocupó el Tribunal Colegiado al que fue turnado el recurso, quien declaró ilegal dicho sobreseimiento; ordenando, por ende, su revocación).

b) Que el criterio del juzgador es desacertado porque las formalidades previstas en el artículo 85, fracciones VI, VII, IX y X, del Reglamento de la Cámara de Diputados constituyen formalidades que trascienden de manera fundamental a la norma. Son tan importantes como la existencia de un quórum necesario, o como el número de votos requeridos para aprobar una ley, pues se trata de formalidades que influyen en el ánimo del legislador y mientras ese ánimo no se encuentre definido en función de la información que se le allegue con el cumplimiento y observancia de esas formalidades, van a influir en el sentido del voto para aprobar la ley.

c) Que resulta incorrecta la valoración y consideración realizada por el órgano jurisdiccional, respecto del tercer concepto de violación de la demanda de amparo, ya que no considera el solo hecho de que el contribuyente es acreedor al derecho de devolución del impuesto pagado.

d) El Juez se pronunció sobre el concepto de violación en el que se alegó transgresión al principio de legalidad tributaria pero omitió analizar el concepto de violación relacionado con el fin de la contribución establecida al tenor del artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Agrega que el a quo de igual forma soslayó analizar si la condición del contribuyente quejoso satisface los extremos de dichos elementos de estímulos fiscales, pues la quejosa es una contribuyente del impuesto tal como ha sido reconocido por las responsables; además de eso guarda una situación especial establecida en abstracto en la fracción III del apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, que le da derecho a exigir el otorgamiento del estímulo fiscal a su favor.

e) Que al incluir el artículo impugnado una condicionante como lo es la prevista en el artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se rompió con el objeto del pago del impuesto, pues se está privilegiando la condición de los expendedores de diésel y el impuesto pagado está sirviendo para sanear unas tasas negativas resultantes de una fórmula compleja contenida en el artículo 2o. A, y que son el resultado de la condición de un contribuyente completamente ajeno a la relación jurídica tributaria que el quejoso guarda con el Estado, transgrediéndose así el artículo 31, fracción IV, constitucional.

f) Que contrario a lo determinado por el órgano jurisdiccional, el quejoso debe ser considerado como beneficiado por el estímulo fiscal, por la situación especial que guardan en la relación tributaria, pues es contribuyente del impuesto y se ubican perfectamente en el supuesto de beneficio establecido en la normativa correspondiente. Por lo que, el legislador faltó a los elementos de los estímulos fiscales, porque no guardó la congruencia de la relación tributaria.

g) Que la interpretación de la autoridad fiscal se puede encontrar en "el oficio que en copia se agrega a este escrito" y que es producto de una consulta masiva que los contribuyentes hicieron a la autoridad fiscal y que les fue respondida a nombre de la primera persona que aparecía en la lista de solicitantes, emitida por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio ********** de fecha diecisiete de junio de dos mil trece y de la cual el quejoso tuvo conocimiento el veinte de octubre de dos mil trece; respuesta de la cual la autoridad fiscal considera que el quejoso no ha pagado el impuesto especial sobre productos y servicios al momento de pagar el combustible y que al solicitar su devolución pretende un doble beneficio siendo el primero pagar el diésel con tasa cero o negativa del impuesto especial sobre productos y servicios; y el segundo obtener la devolución de un impuesto; sin embargo, al quejoso no le es aplicable la tasa cero o negativa. Sin embargo, es un criterio que no se encuentra plasmado en el impugnado artículo 16, y de manera equivocada restringe el estímulo fiscal a que son acreedores por el simple hecho de ser consumidores finales de diésel para uso agropecuario.

QUINTO. Una vez narrados los antecedentes y sintetizados los agravios que hace valer la parte recurrente, se puede apreciar que el problema que subsiste en esta instancia consiste en determinar la constitucionalidad de los artículos 16, apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece y 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; lo que se abordará teniendo en cuenta los agravios propuestos por la parte recurrente.

Ahora bien, de los planteamientos de constitucionalidad, materia de este recurso de revisión, vertidos por el ahora recurrente en sus agravios, confrontados con las consideraciones del fallo que se revisa, se destacan algunos puntos a dilucidar, los cuales son:

1. Determinar si fue correcta o no la decisión del Juez de Distrito, al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 16, apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en el sentido de que las formalidades previstas por el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, constituyen formalidades que no trascienden de manera fundamental a la norma.

2. Determinar si como lo alega el recurrente, el Juez de Distrito fue omiso en pronunciarse sobre el tercer concepto de violación en el que el quejoso planteó la inconstitucionalidad del artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, por contravenir lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por apartarse del objeto del impuesto que debe existir en las leyes fiscales. Ya que, en opinión del recurrente, al incluir el artículo impugnado una condicionante como lo es la prevista en el artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se rompió con el objeto del pago del impuesto, pues se está privilegiando la condición de los expendedores de diésel y el impuesto pagado está sirviendo para sanear unas tasas negativas resultante de una fórmula compleja contenida en el artículo 2o. A y que son el resultado de la condición de un contribuyente completamente ajeno a la relación jurídica tributaria que el quejoso guarda con el Estado, transgrediéndose así el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que el legislador no guardó congruencia de la relación tributaria que se refleja en el binomio contribuyente-autoridad fiscal, sino que incluyó a un tercero ajena a ella y la convirtió en un trinomio contribuyente-autoridad fiscal-expendedor de gasolinas y diésel.

Precisado lo anterior, esta Sala procede al estudio de los agravios relacionados con los temas de constitucionalidad previamente reseñados.

En principio, debe precisarse que son infundados los agravios en los que el revisionista cuestiona la decisión del Juez de Distrito en el sentido de considerar que los requisitos previstos en las fracciones VI, VII, IX y X del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados no constituyen formalidades que trasciendan a la norma.

En efecto, en los conceptos de violación que se hicieron valer en su demanda de amparo el quejoso controvirtió la inconstitucionalidad de la norma referida, con el argumento de que en el proceso legislativo no se cumplieron los requisitos del artículo 85, fracciones VI, VII, IX y X, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Cabe mencionar que el Juez de Distrito consideró infundados sus argumentos, con apoyo en el criterio sostenido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 94/2001, de la voz: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA.", señalando que la falta de cumplimiento de las fracciones VI, VII, IX y X, del indicado numeral reglamentario, constituían violaciones formales que no tenían influencia negativa en el proceso legislativo, razón por la cual no provocaban la invalidez de la norma.

En efecto, el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece los elementos que deberá contener el dictamen que se presente para la aprobación de un decreto de ley, que en sus fracciones VI, VII, IX y X, dispone:

"Artículo 85.

"1. El dictamen deberá contener los siguientes elementos:

"...

"VI. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema;

"VII. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar;

"...

"IX. Análisis y valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto o asuntos;

"X. Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, en su caso, explicando si se aprueban, modifican o desechan."

Como puede advertirse, los requisitos indicados se refieren a la información que el dictamen debe contener y que reseñan, medularmente, al planteamiento del problema que se va a discutir (fracción VI), para lo cual se requiere de la exposición de un proceso de análisis, que refiera las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros (fracción VII), así como de la valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto o asuntos (fracción IX) y de los textos normativos propuestos (fracción X).

En tal virtud, para esta Segunda Sala resulta claro que las exigencias contenidas en las fracciones indicadas, se refieren a requisitos formales del proceso legislativo cuya omisión sólo constituye una violación formal que no trasciende a la norma y no provoca su invalidez.

Esto se estima así, debido a que las exigencias apuntadas tienen como propósito aportar la mayor cantidad de elementos sobre el tema que involucra la discusión y aprobación de la norma jurídica, pero de ninguna forma su omisión imposibilita al legislador entender el contexto social y jurídico que representa el contenido de la propuesta de decreto de ley, que en el caso lo fue la adición del último párrafo del artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece.

De ahí que, se insiste, la falta de esas formalidades no trasciende a la norma aprobada, ni genera su invalidez, tal como fuera advertido por el Juez Federal en la sentencia sujeta a revisión.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia:

"VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario."(4)

Similares consideraciones fueron expuestas por esta Segunda Sala, al resolver los amparos en revisión 196/2014 y 197/2014, por unanimidad de votos, en sesiones del siete y catorce de mayo de dos mil catorce, respectivamente.

Por otra parte, en el tercero de los agravios propuestos, el recurrente alega en esencia que el Juez de Distrito realizó una indebida valoración del tercer concepto de violación en el que sostuvo que el último párrafo de la fracción III, apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, contraviene el principio de legalidad tributaria y el objeto del impuesto que debe existir en las leyes fiscales de acuerdo a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Que si bien estudió lo relativo al principio de legalidad tributaria; sin embargo, no estudió el fin de la contribución establecida en el artículo 31 constitucional. Que en dicho tercer concepto de violación alegó que se rompió con el objeto del pago del impuesto, pues se está privilegiando la condición para los expendedores de diésel, y el impuesto efectivamente pagado está sirviendo para sanear unas tasas negativas resultante de una fórmula compleja contenida en la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que son el resultado de la condición de un contribuyente completamente ajeno a la relación jurídico-tributaria que el quejoso guarda con el Estado; y de manera indebida integra a un nuevo elemento a la relación jurídico-tributaria, totalmente ajeno, como lo es el expendedor de gasolina y diésel.

Lo anterior, es fundado, pero insuficiente para revocar el sentido de la sentencia recurrida.

En efecto, fundado porque ciertamente, en el tercer concepto de violación de la demanda de amparo, la parte quejosa alegó que la norma impugnada era violatoria del principio de legalidad tributaria, así como también transgresora del artículo 31, fracción IV, constitucional, señalando que se trastoca el objeto del impuesto que debe existir en las leyes fiscales, previsto en el invocado dispositivo constitucional.

En la sentencia recurrida el Juez de Distrito declaró inoperantes los conceptos de violación dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad del precepto legal impugnado, por no respetar el principio de legalidad. Sin embargo, nada dijo en torno al diverso reclamo consistente en que la norma impugnada trastoca el objeto que debe existir en las leyes fiscales, en términos del artículo 31, fracción IV, constitucional.

Ahora bien, como se adelantó, no obstante lo fundado del agravio de que se trata, el mismo es inoperante, porque el planteamiento de constitucionalidad soslayado en la sentencia que se recurre, es infundado.

Para corroborar esa afirmación, es conveniente reproducir el texto del artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, que dispone:

"Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2013, se estará a lo siguiente:

"A. En materia de estímulos fiscales:

"I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, excepto minería, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel que adquieran para su consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de dicho combustible.

"El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

"II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

"1. Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diésel en términos del artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

"Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante correspondiente.

"En los casos en que el diésel se adquiera de agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que podrán acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del diésel, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores les hayan enajenado. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

"2. Las personas que utilicen el diésel en las actividades agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diésel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente a la fracción II del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

"Lo dispuesto en este numeral no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diésel, de acuerdo con el procedimiento que establece la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25158-e2d265a8/estimulo-fiscal-previsto-en-el-articulo-16-apartado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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