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COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ENTRE OTRAS, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005, RESULTAN INOPERANTES. LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA SESIÓN RELATIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS HUBIERA CONTINUADO DESPUÉS DE LA FECHA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA APROBARLO, NO ES CONTRARIA A LA FINALIDAD DE ESTABLECER LAS PREVISIONES DE GASTOS OBLIGATORIAS PARA LOS ENTES PÚBLICOS A LOS QUE SE DESTINA RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE AL EN QUE SE APRUEBA. REGÍMENES OPTATIVOS. SUPUESTOS EN LOS CUALES NO SE ACTUALIZA LA INOPERANCIA DE LOS ARGUMENTOS Y PUEDE ANALIZARSE SU CONSTITUCIONALIDAD. RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, AL DIFERIR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEDUCCIÓN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUES DELIMITAN SUFICIENTEMENTE LA FORMA DE CALCULAR EL COSTO DE VENTAS DEDUCIBLE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE DICHO ORDENAMIENTO, MISMAS QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO SON VIOLATORIOS DE LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PUES LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO PERMITE QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE CUBRA EL CAUSANTE, SEA DETERMINADO EN ATENCIÓN A SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, NI DE RESERVA DE LEY, PUES ESTABLECEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU APLICACIÓN. RENTA. LOS ARTÍCULOS 45-A Y 225 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OBLIGAR A LOS CONTRIBUYENTES, DISTINTOS DE LOS QUE SE DEDIQUEN A LA CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, A SUJETARSE AL SISTEMA DE COSTO DE VENTAS NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. LOS ARTÍCULOS 81 Y 123, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL ESTABLECER UN TRATO DIVERSO ENTRE LAS PERSONAS MORALES QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, PARA DEDUCIR LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO LIMITAN LA DEDUCCIÓN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE CONSIDERAR, DERIVADOS DEL CAMBIO DE SISTEMA DE DEDUCCIÓN EFECTUADO EN 1986, POR LO QUE NO VIOLAN LAS GARANTÍAS TRIBUTARIAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1465/2005. · Registro digital (IUS): 20451
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LA TIENDA DE DON JUAN, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 687.

AMPARO EN REVISIÓN 1465/2005. LA TIENDA DE DON JUAN, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA, VERÓNICA NAVA RAMÍREZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO Y BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 18, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de septiembre de dos mil seis; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de dos mil cinco, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado.

En el caso, se surte la competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los Acuerdos Generales del Pleno de este Alto Tribunal números 5/2007 y 6/2007, de fechas siete y diecinueve de febrero de dos mil siete, respectivamente.

SEGUNDO.-Temporalidad. No se examinará la oportunidad en la presentación del recurso de revisión que se resuelve, toda vez que el Tribunal Colegiado que tuvo conocimiento del presente asunto determinó que fue presentado oportunamente.(6)

TERCERO.-Problemática jurídica a resolver. Corresponde a esta Sala el análisis de los agravios vertidos por las recurrentes, tendentes a combatir la negativa del amparo, a fin de dilucidar si los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H, 45-I y 225, todos ellos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, así como las fracciones IV, V y IX del artículo tercero relativo a disposiciones transitorias del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso", son violatorios de las garantías constitucionales de las que se duelen las recurrentes.

Asimismo, deberán analizarse los agravios enderezados por la parte recurrente, en los que aduce que el a quo incurrió en omisiones, en relación con el estudio de los planteamientos de la demanda de garantías. De resultar fundado dicho argumento, corresponderá el estudio de los conceptos de violación omitidos por el juzgador de primera instancia.

CUARTO.-Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Los argumentos que serán estudiados en esta instancia son los que a continuación se sintetizan.

1. En primer término, debe atenderse a los planteamientos de la parte quejosa a través de los conceptos de violación aducidos en la demanda de garantías.

1.1. En el primer concepto de violación, las quejosas señalan que las disposiciones legales impugnadas violentan el principio de proporcionalidad tributaria en virtud de que ven afectada en sentido negativo su capacidad contributiva, ya que la deducción del costo de lo vendido podrá realizarse sólo hasta el momento en que ocurra la enajenación de las mercancías adquiridas con anterioridad, por lo que -según sostienen- no podrán considerar dentro del cálculo de sus deducciones, el monto correspondiente al costo de lo vendido que aun no ha enajenado, teniendo como consecuencia que se contribuya al gasto público sobre una base irreal, puesto que no se considerarán precisamente las adquisiciones de inventarios realizadas y se estará ante un acontecimiento futuro de realización incierta -la consecuente venta de la mercancía-.

1.2. En el segundo concepto de violación, las quejosas aducen que los preceptos impugnados en su demanda de garantías resultan inconstitucionales en tanto que violentan el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que el legislador omitió definir los conceptos previstos en dichos numerales.

En ese sentido, la parte quejosa manifiesta que del texto de los artículos impugnados puede ser observada la incorporación de expresiones y términos eminentemente subjetivos, genéricos y ambiguos, los cuales no se encuentran definidos por el legislador, lo que propicia -según advierte- que se le impida conocer todos los conceptos que inciden en la determinación de su situación tributaria y en la base del gravamen, dada la imposibilidad que enfrenta para calcular el costo de lo vendido deducible.

Los conceptos aludidos son los siguientes:

"Sistema de costeo absorbente"; "Costos históricos"; "Costos predeterminados"; "Sistema de costeo directo"; "Costo del ejercicio"; "Producción en proceso"; "Métodos de valuación de inventarios consistentes en: 1) primeras entradas, primeras salidas (PEPS); 2) últimas entradas, primeras salidas (UEPS); 3) costo identificado; 4) costo promedio, y 5) detallista"; "Precio de mercado"; "Precio de reposición" y "Valor de realización".

Refiere además, que el legislador utiliza expresiones cuyo alcance o trascendencia responde a un sistema de valoración eminentemente subjetivo, como son las siguientes:

"Cuando los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores guarden una relación directa con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a la importancia que tengan en dicha producción"

"Gastos directos de enajenación"

"Por ciento de utilidad que habitualmente se obtenga en su realización"

Por último, las impetrantes de garantías señalan que, independientemente de si los términos contables utilizados en la ley son o no del conocimiento general, es necesario analizar si éstos son del entendimiento ordinario del contribuyente y no de un perito contable o un perito en derecho.

1.3. En el tercer concepto de violación, las quejosas manifiestan que el artículo 45-F de la Ley del Impuesto sobre la Renta violenta en su perjuicio el principio de proporcionalidad tributaria, puesto que no incluye a la inflación como elemento a considerar en el sistema de costo de lo vendido.

En ese sentido, refieren que dicho numeral impone una limitante para la utilización de la actualización por revaluación sobre los inventarios y del costo de lo vendido, obligando a determinar la base del impuesto a cubrir sin que se consideren los efectos inflacionarios, con lo que -afirman- no se ve reflejada la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo, ya que la imposibilidad de incluir dicho factor repercute en una base mayor a la que realmente se estaría constreñido en la especie.

1.4. En el cuarto concepto de violación, las quejosas se duelen de la violación al principio de equidad tributaria por parte de los artículos 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y tercero del decreto legislativo reclamado, vigentes en dos mil cinco.

En tal virtud, estiman que reciben un trato desigual en relación con los contribuyentes que tributan en el esquema que regula el régimen simplificado de las personas morales, así como el de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, puesto que a éstos no se les obliga a deducir hasta el momento en que ocurra la venta de la mercancía, sino que basta con que estén efectivamente erogadas las adquisiciones para poder realizar la deducción correspondiente.

Refieren que no puede ser una justificación válida, para otorgar un trato inequitativo, el que las personas morales tengan una carga administrativa distinta a las de las personas físicas con actividades empresariales; lo anterior, en razón de que la intención de la reforma que se llevó a cabo en diciembre de dos mil cuatro, respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue dar a los contribuyentes personas morales una simplificación administrativa que les permitiera determinar el impuesto de manera más sencilla.

Por último, aducen que no puede considerarse que la distinción entre sujetos que propicia la norma tildada de inconstitucional responda a un fin extrafiscal, pues de los trabajos legislativos que le dieron origen, así como de la misma norma no se puede advertir tal situación.

1.5. En el concepto de violación quinto, la parte quejosa aduce la violación al principio de equidad tributaria por parte del artículo 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lo que se refiere al trato diferenciado en relación con las empresas desarrolladoras inmobiliarias.

Argumenta que se violenta el principio aludido puesto que dicho numeral establece una opción de deducción del costo de adquisición de los bienes que enajenan personas que se encuentran en igualdad de circunstancias en relación con las quejosas.

Por ende -señala-, se establece un trato diverso entre sujetos que en opinión de la parte quejosa, poseen características idénticas; ya que a las personas dedicadas a la construcción, se les permite efectuar una deducción del costo de adquisición de los predios en el mismo ejercicio en que éstos sean adquiridos, sin obligarles a realizarla hasta el momento en que sean enajenados, tal como sucede -según la quejosa- en el presente caso.

En ese contexto, establece que se violenta el principio tributario en comento, puesto que se concede un privilegio a personas que se encuentran en igualdad de circunstancias, pues incluso, tanto las personas dedicadas a la construcción, como la propia quejosa, tributan en el mismo esquema -ambas se encuentran contempladas en el título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta-.

1.6. En el sexto concepto de violación las quejosas señalan la inconstitucionalidad de los artículos 45-A, 45-B, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G y 45-H de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como del artículo tercero del decreto legislativo impugnado, por tener su origen -según se afirma- en un proceso legislativo viciado.

En este sentido, aducen que dichos numerales son violatorios de los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, en relación con la iniciativa mediante la cual se adicionaron a la Ley del Impuesto sobre la Renta los dispositivos que se reclaman, la cual presenta inconsistencias que permiten considerar la existencia de una violación al proceso legislativo, en virtud de que -señalan- la iniciativa en cuestión omite cumplir con diversas obligaciones que le fueron impuestas al Ejecutivo mediante el artículo 37 de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de dos mil cuatro -relacionadas con la obligación del Ejecutivo Federal de incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada medida propuesta, así como la base de datos y la metodología utilizada para calcular dichos impactos-.

1.7. En el séptimo concepto de violación, la parte quejosa argumenta la violación a la garantía de destino al gasto público por parte del presupuesto de egresos de la Federación para dos mil cinco, el cual -según lo afirma- violentó el proceso legislativo al incumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, constitucional.

En ese contexto, destaca que el presupuesto de egresos de la Federación no fue aprobado a más tardar el quince de noviembre del año anterior al de su vigencia, tal como lo dispone el numeral constitucional de referencia, por lo que -en su opinión- debe considerarse violatorio de la Constitución Federal.

1.8. En el octavo concepto de violación, se reclama la inconstitucionalidad de las fracciones IV y V del artículo tercero del decreto legislativo impugnado, en relación con el principio de proporcionalidad tributaria puesto que dichas disposiciones obligan a tributar sobre algo que -en su consideración- no es ingreso.

En ese sentido, refieren que los preceptos combatidos no permiten deducir dentro del costo de lo vendido, el inventario con que se cuenta al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, pero -continúa- establecen la opción de acumular como utilidad el valor del inventario a fin de que éste sea incluido en la deducción. Afirman que esa cantidad no puede ser considerada como objeto del impuesto, es decir, como ingreso, sino que los inventarios constituyen un activo que forma parte del patrimonio del contribuyente y, si lo que se grava es el ingreso, resulta injustificable pretender que el sujeto pasivo tribute con una cantidad superior por el hecho de tener un inventario que no refleja una mayor capacidad contributiva.

En ese contexto, las quejosas manifiestan que el indicador de capacidad contributiva del gravamen no es la mera obtención de ingresos, sino que resulta necesario que éstos produzcan una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes, por lo que la mecánica establecida en los preceptos impugnados, grava una capacidad contributiva que resulta irreal al incluirse en ella el valor bruto del inventario, sin que la detentación del mismo genere un incremento en su haber patrimonial.

Por último, la parte quejosa señala que la protección constitucional versaría en el sentido de que pueda realizar la deducción del inventario con el que contaba al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, sin obligársele a acumular el valor del inventario como utilidad neta y, asimismo, que se dejen a salvo las pérdidas aplicadas en contra del inventario base para que puedan ser consideradas con posterioridad.

1.9. En el noveno concepto de violación, las impetrantes argumentan sobre la inconstitucionalidad de la tabla porcentual para la acumulación de los inventarios, pues -a su juicio- resulta violatoria de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

Aducen que, en la tabla de referencia, el aumento en una unidad del índice promedio de rotación de inventarios provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior, con lo que se incrementa la tasa conforme a la cual se acumularán los inventarios, lo que eleva el monto del impuesto en una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior, por un aumento de la misma cuantía de la base gravable.

Por lo anterior, sostienen que la tabla no atiende a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ni otorga un trato igual a los que realizan el mismo hecho imponible, ya que cuando se rebasa en una unidad el límite establecido de un rango y quedar comprendidos en el siguiente, resulta un aumento considerable a pagar respecto del monto del impuesto.

1.10. En el décimo concepto de violación, la parte quejosa aduce la violación al principio de irretroactividad de las leyes, en relación con las fracciones IV, V y IX del artículo tercero impugnado, en virtud de que las mismas pretenden establecer la obligación de determinar el inventario base al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro utilizando el método de valuación de primeras entradas primeras salidas, siendo que, con anterioridad a la vigencia de dichos numerales, no existía exigencia legal para valuar los inventarios base al cierre de cada ejercicio, ni mucho menos para hacerlo con un método en específico.

Asimismo las empresas quejosas sostienen la violación al mencionado principio constitucional, dado que el mecanismo opcional las conminaría a revertir la deducción que se había tomado bajo la vigencia de la ley anterior.

1.11. En el concepto de violación señalado como décimo segundo, las quejosas argumentan la violación a la garantía de legalidad tributaria en virtud de que -según lo sostienen- la fracción IV del artículo tercero del decreto legislativo impugnado para el ejercicio fiscal dos mil cinco de la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga a las quejosas a acumular el inventario con que contaban al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, en caso de que se opte por hacerlo deducible.

En tal virtud, las impetrantes de garantías manifiestan que la disposición de referencia resulta violatoria del principio de legalidad, en virtud de que no define el concepto de "acumular" a fin de que pueda ser disminuido el inventario con el que se contaba al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, teniendo como consecuencia la imposibilidad de tomar la opción establecida en el numeral tachado de inconstitucional.

Señalan que, aun en el supuesto de que al término "acumular" se le otorgue el significado de sumar o adicionar, surgen las siguientes cuestiones: ¿el inventario deberá de acumularse a sus pérdidas?, ¿se debe sumar el inventario a los ingresos obtenidos en el ejercicio?, ¿se debe adicionar el inventario al monto de las deducciones autorizadas? Refieren que las cuestiones señaladas dan nota de la inseguridad que provoca la falta de determinación del vocablo señalado, lo que redunda en la inconstitucionalidad del precepto impugnado.

1.12. En el concepto de violación denominado décimo tercero, las quejosas afirman la inconstitucionalidad de la fracción V del artículo tercero del decreto legislativo reclamado en relación con el índice promedio de rotación de inventarios, en virtud de que se violenta el principio de equidad tributaria.

La violación al principio aludido por parte del numeral reclamado se actualiza, puesto que -según lo manifiesta- la pone en desventaja en relación con otros contribuyentes que se encuentran en el mismo supuesto de haber optado por deducir sus inventarios en el costo de lo vendido, es decir, contribuyentes de características similares y que dependiendo de los bienes que enajenan pueden estar en un rango mayor o menor de acumulación de ingresos.

En ese sentido, la parte quejosa manifiesta que el numeral impugnado resulta inconstitucional puesto que establece una diferenciación en los porcentajes y plazos en los que se deberá de acumular el inventario a deducir, sin tomar en cuenta la distinción entre contribuyentes que no cuentan con la misma capacidad para enajenar -por un lado, los que enajenan en gran volumen y, por otro, aquellos que tienen dificultad en la colocación de sus productos en el mercado- en razón de que al existir un mayor índice de rotación de inventarios, es menor el plazo que se le concede al contribuyente para efectuar la acumulación.

1.13. En el último concepto de violación, denominado décimo cuarto, las impetrantes de garantías aducen la inconstitucionalidad de las fracciones IV y V del artículo tercero por la supuesta violación al principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Refieren que, tal como acontece con los artículos transitorios que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, las porciones normativas reclamadas condicionan la posibilidad de amortizar el costo de lo vendido proveniente de la adquisición de mercancías de mil novecientos ochenta y seis al hecho de que el contribuyente ejerza la opción de pagar dentro de los pagos provisionales el valor del inventario acumulable determinado de conformidad con el sistema contemplado en la fracción V, cuando lo constitucionalmente válido debió haber sido el permitir a los contribuyentes que contaran con un saldo pendiente de deducir, el facultarlos para deducirlo de la base imponible del tributo sin necesidad de que tuvieran que ejercer la opción contenida en la fracción IV del artículo tercero transitorio de la norma impugnada.

Señalan que, aunque el contribuyente cuente con un saldo pendiente de deducir, no podrá aplicar el monto correspondiente mientras no ejerza la opción contenida en la fracción IV, lo que es del todo inconstitucional, ya que dicho condicionamiento violenta en detrimento de las quejosas el principio de proporcionalidad, habida cuenta que se desconoce su verdadera capacidad contributiva, dado que cuentan con un saldo pendiente de amortización que resulta indispensable aplicar contra la base del impuesto y no dentro de la integración del inventario acumulable, en razón de que solamente de esa forma podría reconocerse la injustificada capacidad contributiva que en su momento se les atribuyó a través de la imposibilidad de incluir en la base del impuesto dicho costo de lo vendido.

Asimismo mencionan que, si bien el objeto gravable del impuesto que se analiza lo constituyen los ingresos y no las utilidades, son éstas las que conforman la basa gravable a la que debe aplicarse la tasa para calcular el monto del impuesto a pagar, de lo que deriva que el indicador de capacidad contributiva en el gravamen de que se trata, no lo sea la mera obtención de ingresos sino que es necesario que los mismos produzcan una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes.

En atención a las consideraciones anteriores, las fracciones IV y V del artículo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el principio de proporcionalidad tributaria en la medida en que no permite a los contribuyentes tomar en consideración en el mismo periodo de causación, los elementos que inciden positiva y negativamente en la base del impuesto, debiendo acumularse a ésta el ingreso obtenido, sin deducción alguna, ya que para poder deducir el costo respectivo tendrán necesariamente que ejercer la opción de acumular el valor de su inventario, lo que se traduce en un desconocimiento de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del gravamen.

Por tanto, si bien el objeto del impuesto sobre la renta lo constituyen los ingresos y no las utilidades, resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria el que el sistema para determinar la base gravable únicamente tome en cuenta los ingresos, sin permitir las deducciones correspondientes, en virtud de que la base gravable se obtiene acumulando la totalidad de los ingresos objeto del gravamen y restando las deducciones procedentes, para determinar la utilidad fiscal a la que debe aplicarse la tasa para obtener el monto del impuesto a cubrir sobre la renta o incremento real en el haber patrimonial del contribuyente.

2. En segundo lugar, se sintetizan los argumentos utilizados por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, en la que negó la protección constitucional.

2.1. En relación con la procedencia del juicio de garantías, el a quo analiza las causales de improcedencia aducidas por las autoridades responsables -previstas por el artículo 73 de la Ley de Amparo, en sus fracciones V, VI y XVIII, esta última en relación tanto con el artículo 80, como con la fracción V del artículo 116 del mismo ordenamiento-, las cuales estima infundadas, señalando adicionalmente que no aprecia oficiosamente la actualización de alguna causal diversa.

En primer lugar, refiere que contrario a lo sostenido tanto por el Poder Ejecutivo, como por el Senado de la República, sí está acreditado el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, pues se adjuntó el "recibo bancario de pago de contribuciones federales" emitido vía internet, por la institución bancaria Santander Serfín (foja 157); consecuentemente, al quedar demostrada no sólo la existencia del acto de aplicación sino su vinculación con la parte quejosa -Tienda de Don Juan, Sociedad Anónima de Capital Variable- también se demuestra su interés jurídico para impugnar las normas tributarias indicadas.

Por lo que hace al argumento del presidente de la República en relación a que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 80 de la misma norma, el Juez Federal considera que si bien es cierto que, de apreciarse fundado el argumento de proporcionalidad hecho valer, los efectos del amparo no podrían concretarse en razón de que la probable concesión del amparo no sería autorizar que se tributara con base en una legislación que no es vigente -como podría acontecer en el caso-; sin embargo, toda vez que se hacen valer conceptos de violación relacionados con el principio de igualdad, de estimarse fundados esos argumentos, el efecto de amparo sí podría concretarse, pues se permitiría al contribuyente para que tributara en un plano de igualdad respecto de su similar.

Por último, el Juez considera que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 116 del propio cuerpo normativo, toda vez que la parte quejosa sí expresa cuál es la lesión o agravio que estima le infringen las normas tildadas de inconstitucionales.

2.2. Posteriormente, procede al estudio de los conceptos de violación segundo y décimo primero -este último identificado como décimo segundo en la demanda de garantías- los cuales se encuentran encaminados a acreditar la violación a la garantía de legalidad tributaria.

Previo análisis del principio de legalidad, el Juez de Distrito señala que no se vulnera dicha principio por el hecho de que en los preceptos impugnados se mencione la obligación de usar determinadas técnicas o expresiones especializadas en materia de contabilidad, pues la función del legislador no es determinar el contenido y alcance de las mismas como si se tratase de un diccionario, sino sólo tomar en cuenta sus resultados a fin de establecer la situación fiscal del sujeto pasivo, además de que dichos conceptos se encuentran al alcance del contribuyente.

En esta línea, el a quo apoya su argumento citando la tesis aislada P. LXXXVIII/98, cuyo rubro es el siguiente: "ACTIVO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, POR DISPONER, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS, LA POSIBILIDAD DE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS."

2.3. Enseguida, el Juez de Distrito se avoca al estudio de los conceptos de violación identificados como primero, tercero, octavo y décimo tercero, relacionados con el principio de proporcionalidad tributaria.

Sostiene la imposibilidad de otorgarle efectos al amparo, en relación con los fines restitutorios del mismo, en razón de que, incluso, podría traerle consecuencias negativas a las peticionarias de amparo, esto es, que no pudieran realizar la deducción autorizada en los preceptos impugnados.

Continuando con el argumento de las quejosas en el que aducen la violación al principio examinado, en virtud de lo previsto por el artículo 29, fracción II, de la ley en estudio, señalando que de otorgarse el amparo, los efectos no serían la desvinculación del pago del impuesto, sino de la deducción permitida en la fracción referida y, aseverando también, que no podría ser jurídicamente sostenible lo señalado por las quejosas en el sentido de que, de ser otorgado el amparo, el efecto fuese para que se les aplicaran las normas que estuvieron vigentes con anterioridad al sistema de costo de ventas, pues dicha normativa es inexistente y la concesión del amparo no podría tener como efecto la aplicación de una norma derogada.

Por ende, el a quo determina que resulta ocioso el análisis de dichos argumentos, en virtud de que no tiene fin práctico alguno, declarándolos en consecuencia como inoperantes.

El Juez apoya las anteriores consideraciones en la tesis emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ Y NEGAR EL AMPARO, CUANDO DE CONCEDERSE ÉSTE, SE CAUSEN PERJUICIOS AL QUEJOSO."

2.4. Posteriormente, el Juez de Distrito analiza los argumentos de las quejosas relacionados con la supuesta violación al principio de equidad en materia tributaria, los cuales estima infundados en atención a lo siguiente.

En relación con el cuarto concepto de violación, el a quo sostiene que no se violenta el principio aludido por el hecho de que las personas físicas, de acuerdo con el artículo 123, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí puedan realizar las deducciones de las adquisiciones y, contrariamente, las personas morales no puedan hacer este tipo de deducción en virtud de la fracción II del artículo 29 de la multicitada ley.

Al respecto, considera que al establecerse un trato diferencial entre personas físicas y morales, respecto del pago del impuesto sobre la renta, el legislador consideró dicha distinción en virtud de que las primeras -personas físicas que obtienen ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales- tienen una menor capacidad económica y administrativa, por lo que se encuentra justificado el hecho de que el legislador pueda crear categorías o clasificaciones de contribuyentes -y con ello tratos diferentes-, sin propiciarse discriminaciones y desigualdades.

Apoya lo anterior, con los criterios jurisprudenciales sostenidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, cuyos rubros son los siguientes: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS", y "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES."

Asimismo, asienta su postura en lo que toca al argumento de la parte quejosa que se refiere a la existencia de un trato distinto en relación con los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios, señalando que dicho argumento deviene infundado en virtud de que las razones para establecer un tratamiento distinto obedecen a fines extrafiscales -atendiendo a la naturaleza de los contribuyentes dedicados a tales actividades- los cuales deben estar plasmados en la ley o en su exposición de motivos y dictámenes y, de tal forma, el Juez a quo advierte que de la exposición de motivos se desprende que dicha distinción se acredita puesto que esas empresas son importantes generadoras de inversión y de empleos en nuestro país.

Sustenta el criterio referido con las tes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20451-f560fc15/costo-de-lo-vendido-los-argumentos-relativos-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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