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Modo: Corpus Pro

COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ENTRE OTRAS, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005, RESULTAN INOPERANTES. REGÍMENES OPTATIVOS. SUPUESTOS EN LOS CUALES NO SE ACTUALIZA LA INOPERANCIA DE LOS ARGUMENTOS Y PUEDE ANALIZARSE SU CONSTITUCIONALIDAD. RENTA. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ENTRE OTRAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE VENTAS DE LOS INVENTARIOS EN EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004. RENTA. LA POSIBILIDAD DE ACOGERSE AL RÉGIMEN GENERAL DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO U OPTAR POR EL DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ENTRE OTRAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, NO SE TRADUCE EN UNA OPCIÓN ENTRE DOS REGÍMENES INCONSTITUCIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. LAS FRACCIONES IV Y IX DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ENTRE OTRAS, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. LOS ARTÍCULOS 45-A Y 225 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OBLIGAR A LOS CONTRIBUYENTES, DISTINTOS DE LOS QUE SE DEDIQUEN A LA CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, A SUJETARSE AL SISTEMA DE COSTO DE VENTAS NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). EQUIDAD TRIBUTARIA. LA OMISIÓN DEL ÓRGANO LEGISLATIVO DE JUSTIFICAR LAS RAZONES QUE SUSTENTAN UN TRATO DIFERENCIADO EN EL PROPIO PROCESO DE REFORMAS A UN ORDENAMIENTO LEGAL, POR SÍ MISMA, NO CONLLEVA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA. RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. LA PRETENSIÓN DE DUPLICAR UNA DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO RELATIVO, ALUDIENDO A RAZONES TÉCNICAS REFERIDAS AL CAMBIO DEL MECANISMO DE DEDUCCIÓN DE INVENTARIOS, CARECE DE SUSTENTO CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1533/2005. · Registro digital (IUS): 20450
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: VALEO SISTEMAS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 1246.

AMPARO EN REVISIÓN 1533/2005. VALEO SISTEMAS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA, VERÓNICA NAVA RAMÍREZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO Y BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 18, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de septiembre de dos mil seis; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de dos mil cinco, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado.

En el caso, se surte la competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los Acuerdos Generales del Pleno de este Alto Tribunal Números 5/2007 y 6/2007, de fechas siete y diecinueve de febrero de dos mil siete, respectivamente.

SEGUNDO. Temporalidad. El recurso de revisión planteado por la quejosa fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en San Luis Potosí, San Luis Potosí, le fue notificada por lista a la parte quejosa el doce de agosto de dos mil cinco, surtiendo efectos el día quince, de conformidad con la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo.

Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, empezó a correr el día dieciséis de agosto de dos mil cinco y concluyó el día veintinueve del mismo mes y año, habiéndose descontado los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho del mismo mes y año, por ser inhábiles.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante el Juzgado de Distrito el veintinueve de agosto de dos mil cinco, es inconcuso que se interpuso oportunamente.

TERCERO. Cuestiones que deben quedar firmes. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el a quo, mismo que fue reflejado en el punto resolutivo primero, toda vez que la consideración correspondiente del fallo no fue impugnada por la parte a la que podría perjudicar.

Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Sala comparte, de rubro "REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES."(6)

CUARTO. Problemática jurídica a resolver. Corresponde a esta Sala el análisis de los agravios vertidos por la recurrente, tendentes a combatir la negativa del amparo, a fin de dilucidar si los artículos 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y tercero del decreto reclamado, en sus fracciones IV, V y XI -relativas al régimen transitorio de acumulación de inventarios-, según los textos legales vigentes en dos mil cinco, transgreden o no los principios tributarios de los que se duele la recurrente.

QUINTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Los argumentos que serán estudiados en esta instancia son los que a continuación se sintetizan.

1. En primer término, deben tomarse en cuenta los planteamientos formulados por la parte quejosa a través de los conceptos de violación aducidos en la demanda de garantías.

1.1. En el primer concepto de violación, la impetrante de garantías señaló que los artículos 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y tercero del decreto reclamado, fracción XI, son violatorios de la garantía de equidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en los términos que se precisan a continuación.

En el apartado A, la quejosa sostuvo que los artículos combatidos violan la garantía previamente aducida por lo siguiente:

a) Estima que las disposiciones impugnadas prevén una mecánica diversa para la deducción de las mercancías de los desarrolladores inmobiliarios en comparación con el resto de los contribuyentes del impuesto sobre la renta.

b) Señala que no existe una razón objetiva para que el legislador haya establecido la deducción de la adquisición de terrenos a los desarrolladores inmobiliarios en el ejercicio en que los adquieran, y al resto de los contribuyentes se les obligue a deducir de acuerdo al costo de lo vendido, esto es, hasta el momento de su enajenación.

c) Afirma que resulta inequitativo el hecho de que a los desarrolladores inmobiliarios se les haya permitido deducir el costo de la adquisición de los terrenos en el ejercicio en que los adquieren, ya que los sujetos pasivos del impuesto que se dedican a tal actividad no son los únicos que intervienen en el proceso de producción de viviendas.

d) La quejosa manifiesta que no se justifica el beneficio otorgado a los desarrolladores inmobiliarios, pues ni en la ley ni en los procesos legislativos se advierte que intente obtenerse un objetivo de carácter extrafiscal; además el estímulo está previsto para todo el sector, con independencia de que se desarrolle vivienda de interés social o no. Asimismo, es posible que cualquier desarrollador inmobiliario adquiera un terreno para cualquier destino, no necesariamente en beneficio de un sector que requiere ser específicamente protegido.

En el apartado B, la impetrante de garantías sostuvo que los numerales combatidos violan la garantía de equidad, por lo siguiente:

a) Obligan a las personas morales a deducir el costo de las mercancías que adquieren en el momento de su enajenación, mientras que a las personas físicas con actividades empresariales se les permite deducir el costo de dichas mercancías al momento de su adquisición.

b) No existe justificación para que únicamente las personas morales puedan deducir el costo de las mercancías que adquieran hasta el momento de su enajenación, por considerar que es hasta ese momento cuando se obtiene el ingreso, mientras que a las personas físicas con actividad empresarial, que tienen un tratamiento, prácticamente igual en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se les permita deducir el costo de las mercancías en el momento de su adquisición.

1.2. En el segundo concepto de violación, la quejosa señaló que la fracción IV del artículo tercero del decreto, resulta violatoria de la garantía de proporcionalidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de lo siguiente:

En el punto 1, la quejosa señala que la prohibición para deducir el costo de mercancías enajenadas a partir del primero de enero de dos mil cinco y que se tenían en inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro -además de violar el principio de proporcionalidad tributaria- violenta la garantía de retroactividad establecida en el artículo 14 constitucional, en razón del desconocimiento que tiene de los derechos adquiridos durante la vigencia de otra ley.

Asimismo, adujo que el artículo combatido, al establecer que para determinar el costo de lo vendido, los contribuyentes no podrán deducir las existencias en inventarios que tengan al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, a menos que ejerzan la opción de acumular los inventarios -en cuyo caso, podrán deducir el costo conforme enajenen las mercancías-, viola la garantía de proporcionalidad tributaria, por las razones que a continuación se sintetizan:

a) La disposición transitoria limita de forma injustificada -tratándose de mercancías que forman parte del inventario al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro- la aplicación del costo de lo vendido, como deducciones reguladas por la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues desconocer el costo de las mercancías al enajenarlas implica pasar por alto el objeto del propio impuesto.

b) El precepto que se reclama considera ingreso aquello que no modifica la situación patrimonial de la quejosa, además pasa por alto no sólo la mecánica establecida y sus reglas de causación a partir del primero de enero de dos mil cinco, sino el desconocimiento a la capacidad contributiva que se refleja momento a momento en que se genera el impuesto sobre la renta.

c) Las erogaciones aplicables a la compra y los cargos en que directa o indirectamente se incurre para dar a un artículo su condición de uso o venta, constituyen un impacto negativo en la utilidad bruta de la empresa, la cual después de ser atemperada con las demás erogaciones encaminadas a obtener ingresos, se convertirá en utilidad neta o fiscal; por lo que el artículo impugnado, al no permitir la deducción del costo de lo vendido impide que se aplique el gravamen con base en la capacidad contributiva real del contribuyente.

d) La base gravable se ve afectada por el artículo controvertido, pues impide la deducción de las existencias en inventarios que tenga al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. Lo anterior, toda vez que dicho inventario no puede considerarse como un ingreso que modifique positivamente el patrimonio de la quejosa, ya que no corresponde en su totalidad a la efectiva capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria.

e) El artículo impugnado obliga a la quejosa a determinar una utilidad que realmente no reporta su operación, además, también le obliga a contribuir al gasto público de conformidad con una situación económica y fiscal que no refleja su capacidad contributiva, pues enajena y no puede deducir su costo.

En el punto 2, la quejosa manifestó que el precepto combatido viola la garantía de proporcionalidad tributaria, por lo siguiente:

a) El precepto en cuestión obliga a los contribuyentes que no opten por acumular los inventarios que tengan al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, a considerar que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al primero de enero de dos mil cinco, hasta agotar sus existencias a esa fecha.

b) No permite a los contribuyentes deducir el costo de las mercancías vendidas, aun cuando se trate de mercancías que no forman parte del inventario que tenía la empresa al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, pues cuando no se ejerce la opción de acumular los referidos inventarios, obliga a que en cualquier caso, se debe considerar que lo primero que se enajena es lo primero que había adquirido.

c) El artículo impugnado no permite que el gobernado en su calidad de contribuyente pueda demostrar que no necesariamente lo primero que vendió en dos mi cinco, fue lo primero que adquirió en dos mil cuatro, lo cual no refleja la verdadera capacidad económica del sujeto, pues lo obliga a tributar sobre una base ficticia, ya que puede tratarse de mercancías o productos fabricados o adquiridos en dos mil cinco.

d) Los contribuyentes, como la quejosa, quedan en imposibilidad de deducir el costo de lo vendido, pues atendiendo al subjetivo criterio del legislador, de manera obligada se debe considerar que lo que se enajenó es inventario que se tiene al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, lo cual desconoce la capacidad contributiva de quien produjo o adquirió bienes para su venta a partir del primero de enero de dos mil cinco, simplemente porque cuenta con inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro y no optó por acumularlos.

En el punto 3, la quejosa manifestó que el precepto combatido viola las garantías de proporcionalidad y legalidad tributarias, ya que al obligar a los contribuyentes a acumular para efectos del impuesto sobre la renta los inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro -como si fueran ingresos gravables que modifican positivamente su patrimonio-, exige a la quejosa que pague el impuesto sobre una base irreal que no mide su verdadera capacidad contributiva; lo anterior, toda vez que:

a) Sostiene la inconstitucionalidad de la fracción IV de artículo tercero del decreto, por resultar violatoria de la garantía de legalidad tributaria, pues en ninguna parte de la ley se define lo que debe considerarse como "ingreso", ni que se considera como ingreso gravable a los inventarios, pues es requisito que los mismos ingresen en el patrimonio del contribuyente y modifiquen éste positivamente.

b) Afirma que el artículo combatido resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, ya que considera una modificación ficticia en el patrimonio del contribuyente.

Además -arguye-, los inventarios que tiene al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, que no implican a partir del primero de enero de dos mil cinco una entrada previa de dinero en efectivo, bienes o servicios que modifiquen positivamente el patrimonio, no pueden ni deben ser conceptuados como ingresos para efectos fiscales.

En ese sentido, argumenta que el importe de los inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro no afecta de manera positiva el patrimonio del contribuyente, por lo que no puede considerarse dentro de la mecánica del impuesto de que se trata, pues éste grava la renta obtenida durante un ejercicio.

Por otra parte, la quejosa advierte que no es correcto que los preceptos reclamados le atribuyan capacidad contributiva a un ingreso irreal, que contablemente no se puede constatar, pues no existe un ingreso que así lo acredite o determine. Aunado a lo anterior, para que exista una renta gravable no basta con que se produzca una modificación positiva en el patrimonio, sino que es preciso que haya un ingreso real y efectivo.

c) La disposición combatida viola la garantía de irretroactividad, toda vez que quita la deducción que se hizo conforme se adquirieron los bienes en inventario de los contribuyentes.

Al efectuar la compra de sus inventarios adquirió el derecho a deducirlos al momento de la obtención de las mercancías que los forman conforme a la ley vigente hasta dos mil cuatro, luego no es válido que el legislador exija, en una nueva ley, que para poder deducir los inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, debe acumularse dicho inventario; o bien, si no se acumula, se debe considerar que lo primero que se vende en dos mil cinco fue lo primero que se adquirió en dos mil cuatro, hasta agotar existencias. Por ello, es obvio que la ley pretende modificar situaciones y acciones del ejercicio anterior.

1.3. En el tercer concepto de violación, la quejosa afirma que la fracción XI del artículo tercero del decreto reclamado, al establecer para las desarrolladoras inmobiliarias la opción de acumular los inventarios -en relación con los terrenos- al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, conforme se enajenan, y a los demás contribuyentes los obliga a acumularlos conforme a un índice de rotación, resulta violatoria de la garantía de equidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que:

a) El hecho de que se obligue a todos los contribuyentes a acumular los inventarios conforme a un porcentaje de acumulación independientemente de que enajenen los bienes que se acumulan, y que a las desarrolladoras inmobiliarias se les permita realizar dicha acumulación de sus inventarios de terrenos, refleja un trato desigual que no se justifica.

b) De las facciones IV, V y XI del artículo tercero del decreto impugnado, se advierte que el criterio diferenciador, lo constituye la actividad del sujeto que tiene inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, pues si éste se dedica a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios, entonces puede acumular los terrenos que forman parte de ese inventario cuando los enajene; sin embargo, los que no tienen esa actividad pero que sí tienen inventarios a esa fecha, sólo podrán acumularlos conforme a un índice promedio de rotación.

c) La fracción XI del artículo tercero del decreto, en relación con la V del mismo, resulta violatorio del principio de equidad tributaria, en virtud de que permite a las desarrolladoras inmobiliarias tomar el valor que tienen sus inventarios a la fecha de su enajenación, siendo que a los demás contribuyentes les obliga a tomar el valor de los mismos conforme al método de "primeras entradas primeras salidas".

Manifiesta que a los desarrolladores inmobiliarios les permite valuar sus inventarios de acuerdo a su precio de enajenación, y a los demás contribuyentes, les obliga a tomar el precio de la mercancía que primero se adquirió, independientemente del precio que tenga al momento de su venta.

Finalmente, la quejosa advierte que el hecho de que en la exposición de motivos se haya expuesto que la razón del trato preferencial a los contribuyentes dedicados a desarrollos inmobiliarios -en virtud de que éstos son los únicos que deducen los terrenos en el ejercicio en el que los adquieren, ya que constituyen reservas territoriales para poder realizarlos-, no justifica el trato inequitativo, pues tales motivos son aplicables a cualquier rama industrial del país que contribuye al fomento y crecimiento económico.

2. En relación con dichos planteamientos, la Juez de Distrito formuló la respuesta que a continuación se sintetiza.

2.1. Primeramente, en el considerando segundo, la Juez de Distrito precisó que del examen íntegro de la demanda se advertía que la quejosa reclamó de manera destacada los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H y 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, así como las fracciones IV, V y XI del artículo tercero del "Decreto por el que se reforman, adicionan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso".

2.2. Posteriormente, la Juez de Distrito realizó el estudio de las causales de improcedencia:

a) En primer término, sobreseyó en el juicio por negativa de actos respecto del secretario de Hacienda y Crédito Público y jefe del Servicio de Administración Tributaria.

b) Posteriormente precisó la certeza de los actos reclamados de la Cámara de Diputados y de Senadores, del presidente de la República, del secretario de Gobernación y del director del Diario Oficial de la Federación, consistentes, respectivamente en el ámbito de sus competencias, en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y orden de publicación del decreto impugnado, puesto que así lo manifestaron las citadas autoridades al rendir sus informes justificados y por tratarse de hechos notorios que no están sujetos a prueba.

c) A continuación, la Juez de Distrito desestimó las causas de improcedencia invocadas por las responsables, previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por considerar que, contrariamente a lo argumentado por dichas autoridades, la quejosa acreditó su interés jurídico para promover el juicio en contra de los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama y, en ese sentido, determinó que se trata de normas de naturaleza autoaplicativa que afectan la esfera jurídica de los gobernados a partir de su entrada en vigor.

d) Asimismo, desestimó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 80 del mismo ordenamiento, bajo la premisa de que en el presente asunto sí podrían concretarse los efectos de la sentencia que conceda el amparo.

e) Por último, en este renglón, la Juez a quo estimó infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 116, fracción V, del mismo ordenamiento, en virtud de que la quejosa efectivamente señaló conceptos de violación tendentes a evidenciar la inconstitucionalidad de los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H, 45-I y 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de las fracciones IV, V y XI del artículo tercero de las disposiciones transitorias de la ley mencionada, vigentes a partir del primero de enero de dos mil cinco.

Concluido dicho análisis, la juzgadora de primera instancia precisó que no quedaba pendiente el estudio de diversa propuesta de improcedencia, por lo que procedería al estudio de fondo de las cuestiones planteadas.

2.3. En lo que respecta al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la impetrante de garantías, la Juez de Distrito sostuvo lo siguiente:

2.3.1 En el considerando sexto, la Juez a quo consideró que los argumentos de los conceptos de violación en los que se planteó la violación al principio de irretroactividad eran, por una parte, infundados y, por otra, inoperantes, toda vez que:

a) La imposición reclamada ya existía en la norma vigente en dos mil cuatro, precisamente en el artículo 86, fracción V, y si bien lo único que cambió fue la obligación de valuarlos de acuerdo con el método de primeras entradas primeras salidas, tal situación no incide hacia el pasado como lo pretende hacer notar la quejosa, ya que no se puede soslayar que el impuesto sobre la renta en este año cambió estructuralmente de un sistema de aplicación del tributo a otro, pues en dos mil cuatro regía -en el concepto de deducciones- la resta de las compras, y ahora del costo de lo vendido, de ahí que haya surgido la necesidad de empatar ambos ejercicios para aplicar de manera armónica el cambio de un sistema a otro.

b) Las fracciones impugnadas, en principio imponen como obligación no deducir los inventarios que se tienen en dos mil cuatro y, como opción, hacerlo siempre que se consideren como ingresos los mismos, acumulándolos y aplicando las reglas que rigen ese mecanismo.

En tal virtud, el juzgador de primera instancia estima que, dado que dicho mecanismo permite tomar una deducción que, en otras circunstancias no estaría autorizada, el mismo resulta de beneficio para los contribuyentes, con base en lo cual apoya su conclusión en el sentido de que los argumentos así enderezados devienen inoperantes.

En este sentido, señala que es la opción -y no el mecanismo principal- la que impone la obligación de valuar los inventarios, siempre que se decida el contribuyente por acumular los inventarios y poder deducir el costo de lo vendido de las existencias de mercancías al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro.

2.3.2. Por otra parte, la Juez de Distrito dispuso que los argumentos tendentes a demostrar la desproporcionalidad, por cuanto hace al nuevo esquema del sistema de costo de lo obtenido como deducción autorizada en la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenida en los artículos 29, fracción II, 45-A al 45-I, y tercero del decreto, fracciones IV, VI y XI, devenían infundados e inoperantes, en virtud de que:

a) Contrario a lo señalado por la quejosa, financieramente el patrimonio de las empresas no se ve menoscabado o disminuido por la sola erogación efectuada como gastos para la obtención de insumos para los bienes o servicios destinados a su comercialización o transformación, pues tan sólo se transforma el concepto del activo que detenta la empresa, destacando que continúa siendo un activo sin modificación en su haber patrimonial.

Por el contrario, la alteración en el haber patrimonial de la empresa se aprecia cuando se obtienen los ingresos producto de su actividad comercial, dado que contablemente es en ese momento cuando deben confrontarse los ingresos obtenidos con el costo que representó su obtención.

b) Resulta inexacto sostener que tan sólo la realización de los gastos efectuados para la consecución de los fines de la sociedad impactan de forma inmediata su haber patrimonial, pues tales erogaciones no repercuten negativamente en el patrimonio de la empresa, ya que, si bien se efectuó la erogación, a cambio ha ingresado un activo en forma de bienes, materias primas o servicios que se van a procesar para obtener el producto final, por lo que tal movimiento no representa una alteración negativa en el haber patrimonial de la empresa.

c) Asimismo, la Juez de Distrito afirma que el nuevo esquema no contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria, pues grava de una manera justa los ingresos que reciben generando el gravamen en la medida en que dichos ingresos representan una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes.

d) Al determinar que no serán deducibles para el impuesto sobre la renta vigente en dos mil cinco, los inventarios que se tengan al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, se grava sobre una capacidad económica real y no ficticia como supone la parte quejosa, ya que, en estricto sentido, el valor de esos inventarios ya no tienen un costo en dos mil cinco, pues se adquirió desde dos mil cuatro y se le permitió deducirlo en el mismo año, como lo estatuía la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en esa época, la que tomaba en cuenta los ingresos y los gastos de compra de mercancía en el mismo ejercicio.

e) Sostiene que si los contribuyentes ya no realizan un gasto para tener los inventarios o existencias en el actual ejercicio -en el que ahora rige el costo de lo vendido-, se está respetando el principio de proporcionalidad tributaria, al impedir su deducción cuando se vendan, en razón de que la erogación no tuvo un impacto en el patrimonio de las personas morales en dicho ejercicio fiscal, sino en uno diferente y al generar un ingreso incide de manera positiva en el patrimonio del particular al venderse.

f) La Juez a quo señala que si bien es cierto que en el mecanismo de costo de lo vendido se permite la deducción hasta que se vendan las mercancías adquiridas, también lo es que no resulta incongruente la medida de impedir se deduzcan los inventarios que ya se tenían al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, porque esos inventarios ya no generan un costo para las personas morales, resultando en consecuencia congruente la medida, pues existe una razón justificada para impedir esa deducción de los productos o mercancía, y es que el gasto se generó al amparo de un mecanismo de fijación de la base tributaria del impuesto sobre la renta distinto del costo de lo vendido.

g) Manifiesta que el nuevo esquema que se aprecia de los preceptos reclamados de modo alguno contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria, pues grava de una manera justa los ingresos que reciben generando el gravamen en la medida en que dichos ingresos representan una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes.

h) Señala también que el gasto de las mercancías o productos que se encuentren en proceso de transformación sí será deducible como costo de lo vendido, al enajenarlas, considerando que lo único que se limita es la posibilidad de deducir el costo de adquisición de los productos, pero de ninguna de las fracciones que combate se advierte una limitación en la deducción de los demás costos que podrán ser considerados como parte del costo de lo vendido.

En este mismo sentido, señala el a quo que las disposiciones reclamadas no implican la ficción de considerar que todas las mercancías en existencia al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, fueron enajenadas, sino que simplemente limita la deducción de valores de adquisición ya tomados por los causantes, y permite que la autoridad tenga conocimiento de cuántos y cuáles bienes se tenían en existencia a la fecha mencionada.

i) En el costo de lo vendido no se incorpora un elemento ajeno a la capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo; por el contrario, el inventario, al venderse, forma parte de la base tributaria, porque genera un ingreso en el patrimonio de las personas morales, permitiendo llegar a la base del tributo, previas deducciones que se hayan realizado para adquirir las mercancías cuando se compren en el ejercicio y no las que se tengan en existencias, en razón de que ya no generan un costo.

j) La obligación de que se establezca como método para los inventarios de dos mil cuatro el de primeras entradas primeras salidas, tampoco transgrede el principio de proporcionalidad pues, al no formar parte de los elementos esenciales del tributo, los mismos no pueden vulnerar las garantías fiscales.

k) Tampoco se genera con la mecánica de tributación una imposición exorbitante y ruinosa, ya que atiende a la cantidad de ingresos que se obtuvieron en el ejercicio, con la limitante de que no se deduzcan los inventarios o existencias al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro.

2.3.3. Por otro lado, en relación con la opción contenida en las fracciones IV y V del artículo tercero del decreto, destaca que -a su juicio- se trata de una norma de beneficio para las personas morales, ya que dicha medida considera de manera ficta que hubo un gasto sin que exista éste en el ejercicio por el que se tributa.

En efecto, en relación con los argumentos encaminados a reclamar la opción descrita en la segunda parte del artículo tercero del decreto, fracciones IV y V, la Juez a quo sostuvo que eran inoperantes, en virtud de que se trata de una norma de beneficio a favor de los particulares que se colocan en el supuesto a su entera decisión, pues no existe la obligación de acatarla y de concederles la protección constitucional se les ocasionaría un perjuicio, dado que la referida norma les permite deducir dos veces el costo de adquisición de la mercanc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20450-5dbecd57/costo-de-lo-vendido-los-argumentos-relativos-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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