COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ENTRE OTRAS, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005, RESULTAN INOPERANTES. LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. REGÍMENES OPTATIVOS. SUPUESTOS EN LOS CUALES NO SE ACTUALIZA LA INOPERANCIA DE LOS ARGUMENTOS Y PUEDE ANALIZARSE SU CONSTITUCIONALIDAD. RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE DICHO ORDENAMIENTO, MISMAS QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO SON VIOLATORIOS DE LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PUES LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO PERMITE QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE CUBRA EL CAUSANTE, SEA DETERMINADO EN ATENCIÓN A SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ENTRE OTRAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE VENTAS DE LOS INVENTARIOS EN EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004. RENTA. LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR QUE LO PRIMERO QUE SE ENAJENA ES LO PRIMERO QUE SE HABÍA ADQUIRIDO CON ANTERIORIDAD A 2005, HASTA AGOTAR LAS EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIÓN IV, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ENTRE OTRAS, APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES QUE NO EJERCIERON LA OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS A QUE SE REFIEREN LA PROPIA FRACCIÓN IV Y LA V DEL MISMO PRECEPTO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. LA POSIBILIDAD DE ACOGERSE AL RÉGIMEN GENERAL DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO U OPTAR POR EL DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ENTRE OTRAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, NO SE TRADUCE EN UNA OPCIÓN ENTRE DOS REGÍMENES INCONSTITUCIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, NI DE RESERVA DE LEY, PUES ESTABLECEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU APLICACIÓN. EQUIDAD TRIBUTARIA. LA OMISIÓN DEL ÓRGANO LEGISLATIVO DE JUSTIFICAR LAS RAZONES QUE SUSTENTAN UN TRATO DIFERENCIADO EN EL PROPIO PROCESO DE REFORMAS A UN ORDENAMIENTO LEGAL, POR SÍ MISMA, NO CONLLEVA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA. RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LAS PERSONAS MORALES PODRÁN DEDUCIR EL COSTO DE LO VENDIDO, SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN SU DIVERSA CAPACIDAD ECONÓMICA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. LAS OBLIGACIONES DE DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO A LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, Y DE LLEVAR UN CONTROL CONFORME AL SISTEMA DE INVENTARIOS PERPETUOS, EN SÍ MISMAS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005).
AMPARO EN REVISIÓN 1284/2005. VIÑA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA, VERÓNICA NAVA RAMÍREZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO Y BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 18, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de septiembre de dos mil seis; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de dos mil cinco, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado.
En el caso, se surte la competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los Acuerdos Generales del Pleno de este Alto Tribunal números 5/2007 y 6/2007, de fechas siete y diecinueve de febrero de dos mil siete, respectivamente.
SEGUNDO.-Temporalidad. El recurso de revisión planteado por la quejosa fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, le fue notificada por lista a la parte quejosa el veinte de junio de dos mil cinco, surtiendo efectos el veintiuno siguiente, de conformidad con la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo.
Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del veintidós de junio al cinco de julio de dos mil cinco, habiéndose descontado los días veinticinco, veintiséis de junio y dos y tres de julio de la misma anualidad, por ser inhábiles.
En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante el Juzgado de Distrito el veintinueve de junio de dos mil cinco, es inconcuso que se interpuso oportunamente.
TERCERO. Cuestiones que deben quedar firmes. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el a quo, mismo que fue reflejado en el punto resolutivo primero, toda vez que la consideración correspondiente del fallo no fue impugnada por la parte a la que podría perjudicar.
Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Sala comparte, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES."
CUARTO.-Problemática jurídica a resolver. Corresponde a esta Sala el análisis de los agravios vertidos por la recurrente, tendentes a combatir la negativa del amparo, a fin de dilucidar si los artículos 29, fracción II, 86, fracción XVIII, y 45-A al 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, así como las fracciones de la IV a la IX del artículo tercero del "Decreto por el que se reforman, adicionan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso", relativo a disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son o no violatorios de las garantías constitucionales de las que se duele la recurrente.
QUINTO.-Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Los argumentos que serán estudiados en esta instancia son los que a continuación se sintetizan.
1. En primer término, deben tomarse en cuenta los planteamientos formulados por la parte quejosa a través de los conceptos de violación aducidos en la demanda de garantías.
1.1. En el primer concepto de violación, la impetrante de garantías señaló que los artículos 29, fracción II, 86, fracción XVIII, y 45-A al 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, así como las fracciones IV a IX del artículo tercero del decreto legislativo reclamado, son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que:
a) La reforma en cuestión vuelve a contemplar la deducción del costo de lo vendido, lo cual además de imponer un sistema de determinación de base gravable en contravención con la inercia contributiva que se había mantenido en los últimos dieciocho años, provoca una carga contributiva desproporcional con la capacidad contributiva, precisando que el monto que se deducirá por tal concepto no corresponde al impacto que resiente el haber patrimonial del causante por la adquisición de inventarios.
b) Lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo tercero provocan que la deducción del costo de lo que efectivamente se enajena sea mínima en relación con la verdadera situación financiera de la quejosa y que, en consecuencia, el cálculo le arroje utilidades fiscales exorbitantes.
c) En este sentido, señala que el contribuyente se enfrenta a la siguiente disyuntiva: o bien no deduce monto alguno por el costo de adquisición que corresponde a los inventarios en existencia al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, con lo cual dejaría de reconocer una deducción que estima procedente y, por ende, los ingresos por la venta se reflejarían sin más en la utilidad que, en este sentido, considera ficticia; o elige acumular el inventario en existencia a dicha fecha, con lo cual podrá considerar íntegramente el costo de lo vendido, pero aceptando los efectos que ello tiene sobre el rubro de ingresos, y sobre el derecho con el que cuenta a amortizar las pérdidas sufridas en otros ejercicios.
d) La obligación de acumular inventarios convierte la aplicación del nuevo esquema de deducción en un sistema desproporcional, ya que no atiende a la verdadera capacidad contributiva de la quejosa.
e) La obligación de acumular inventarios también viola la garantía de irretroactividad, al obligar a la quejosa a acumular dicho concepto, desconociendo los efectos que tuvo su adquisición, realizada y deducida en términos de las disposiciones vigentes hasta diciembre de dos mil cuatro.
f) Los artículos impugnados pretenden que la quejosa efectúe deducciones con base en costos ficticios ajenos a la verdadera capacidad contributiva de la quejosa.
g) La reforma en cuestión obliga a la quejosa a agotar sus inventarios sin posibilidad de tener deducciones importantes, lo cual trae como consecuencia un impuesto sobre la renta a pagar exorbitante, que no atiende a la verdadera capacidad contributiva de la quejosa.
h) Los numerales combatidos que prevén el nuevo sistema de costo de lo vendido establecen en forma arbitraria un nuevo esquema de deducción de compras, en el que se cierra la posibilidad de tener deducciones que absorban el impacto tributario (en lo que se refiere a las existencias de inventarios a diciembre de dos mil cuatro).
Por otro lado, si se elige el régimen optativo, también le causaría perjuicio, ya que al acumular el valor del inventario al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, en un plazo que iría de los cuatro a los doce años, ello arrojaría utilidades irracionales, con lo que tendría una base ficticia.
i) El que la quejosa tenga determinadas existencias en inventarios no significa que tenga capacidad contributiva, pues esa mercancía no es dinero líquido, sino que representa el mínimo necesario para mantener equilibrada y fortalecida a la persona moral. En este sentido, aduce que las cargas financieras inherentes al sistema general de deducción inciden en la determinación de la capacidad del causante.
En este sentido, aduce que el artículo tercero atenta contra la necesidad de que la quejosa conserve un mínimo exento que resultaría indispensable para su subsistencia y funcionamiento, lo cual daña la capacidad contributiva de la misma.
j) Si bien la quejosa optó por acumular inventarios y deducir costo de venta conforme se vayan enajenando -régimen optativo-, lo cierto es que las dos opciones le hubieran acarreado un perjuicio, pues existe una falta de proporcionalidad en ambas, por lo que se enfrentaría a una disyuntiva entre dos alternativas inconstitucionales.
1.2. En el segundo concepto de violación, la quejosa señaló que los artículos reclamados son violatorios del principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que:
a) Las disposiciones impugnadas prevén un trato desigual para personas morales en relación con las personas físicas que también realizan actividades empresariales, respecto al procedimiento de deducción de mercancías.
b) La desigualdad jurídica en la naturaleza de las personas físicas con respecto a las personas morales no justifica un trato desigual, ya que por lo que hace a sus fines tanto las personas morales como las físicas dedicadas a actividades empresariales tienen como objeto principal el lucro mercantil, por lo que se ubican en un mismo supuesto financiero.
c) Los artículos impugnados establecen un trato inequitativo entre las personas morales y las personas físicas con actividades empresariales, sin tomar en cuenta que las dos se manejan a través de inventarios.
d) El hecho de que una persona física obtenga ingresos derivados de una actividad empresarial revela una equiparación con los ingresos del capital de sociedades mercantiles.
1.3. En el tercer concepto de violación, la quejosa señaló que los artículos que constituyen el acto reclamado, son violatorios de la garantía de legalidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que:
a) El artículo 86, fracción XVIII, de la ley en cuestión contempla la obligación de llevar un control de inventarios conforme a un supuesto "sistema de inventarios perpetuos", sin que en ninguna parte de la ley se explique en qué consiste dicho sistema.
b) En ninguna parte de la ley en cuestión se establece lo que se entiende por "sistema de costeo absorbente bajo la base de costos históricos predeterminados", ni por "costeo directo", sistemas éstos que prevé el artículo 45-A de la ley impugnada.
c) El artículo 45-G de la Ley del Impuesto sobre la Renta, si bien señala que los contribuyentes podrán optar por uno de los cinco métodos de valuación de inventarios contemplados, no explica ni define ni regula los parámetros que se deben seguir para su aplicación.
En esta misma línea, señala que las disposiciones que regulan el mecanismos de acumulación de inventarios violan la garantía de legalidad al conminar a utilizar un determinado método de valuación, debiendo valorarse que los conceptos aludidos no son clarificados, ni siquiera con una remisión a los boletines en los que se contienen los principios de contabilidad generalmente aceptados.
2. En relación con dichos planteamientos, el Juez de Distrito formuló la respuesta que a continuación se sintetiza.
2.1. Primeramente, el Juez de Distrito se avocó al análisis de las causales de improcedencia, concluyendo lo siguiente.
a) En primer término, sobreseyó respecto al secretario de Hacienda y Crédito Público y a la administradora Local de Recaudación de Aguascalientes, por negativa de actos, precisándose que, en lo que respecta al primero de los funcionarios mencionados, el sobreseimiento abarca los actos de aplicación imputados, así como el refrendo del decreto legislativo reclamado.
b) Posteriormente, precisó la certeza de los actos reclamados de la Cámara de Diputados y de Senadores, del presidente de la República, del secretario de Gobernación y del director del Diario Oficial de la Federación, consistentes respectivamente en el ámbito de sus competencias, en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y orden de publicación del decreto impugnado, puesto que así lo manifestaron las citadas autoridades al rendir sus informes justificados y por tratarse de hechos notorios que no están sujetos a prueba.
c) A continuación, el Juez de Distrito desestimó las causas de improcedencia invocadas por las responsables, previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo por considerar que, contrariamente a lo argumentado por dichas autoridades, la quejosa acreditó su interés jurídico para promover el juicio en contra de los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama y, en ese sentido, determinó que se trata de normas de naturaleza autoaplicativa que afectan la esfera jurídica de los gobernados a partir de su entrada en vigor.
d) Asimismo, desestimó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 80 del mismo ordenamiento, bajo la premisa de que en el presente asunto sí podrían concretarse los efectos de la sentencia que conceda el amparo.
e) Por último en este renglón, el Juez a quo estimó infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 116, fracción V, del mismo ordenamiento, en virtud de que la quejosa efectivamente señaló conceptos de violación tendentes a evidenciar la inconstitucionalidad de los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H, 45-I y 86, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de las fracciones IV a IX del artículo tercero de las disposiciones transitorias del decreto de reformas a la ley mencionada, vigentes a partir del primero de enero de dos mil cinco.
Concluido dicho análisis, el juzgador de primera instancia precisó que no quedaba pendiente el estudio de diversa propuesta de improcedencia, por lo que procedería el estudio de fondo de las cuestiones planteadas.
2.2. En lo que respecta al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la impetrante de garantías, el Juez de Distrito sostuvo lo siguiente:
2.2.1. En el considerando sexto, en primer lugar señaló que la quejosa impugnó todo el sistema por medio del cual se establece la posibilidad de deducir el costo de ventas establecido en el artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
2.2.2. Posteriormente, el a quo consideró que el concepto de violación en que se planteó la violación al principio de legalidad tributaria era infundado, toda vez que:
a) Si bien es cierto que las normas reclamadas no señalan cómo se deben aplicar los métodos de valuación de inventarios, ello no significa que no se tenga certeza jurídica.
b) El hecho de que se mencione en los preceptos impugnados la obligación de usar determinadas técnicas contables, sin determinar su contenido y alcance, no vulnera la garantía de legalidad tributaria, pues no es indispensable que se encuentren definidas en la ley, máxime que la función del legislador no es precisamente determinar el contenido y alcance de las técnicas contables.
2.2.3. Por otra parte, el a quo dispuso que los argumentos tendentes a demostrar la desproporcionalidad de los artículos impugnados eran inoperantes, en virtud de que:
a) Los artículos impugnados implican un acto positivo, por lo que de resultar fundados los argumentos que hace valer la parte quejosa al respecto, el efecto de la concesión en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, sería restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, lo que al tratarse de un amparo contra leyes significa que dejaría de tener validez jurídica la norma exclusivamente para el gobernado, mientras no sufra alguna modificación legislativa; asimismo, el de protegerlo de su aplicación presente y futura, dejando de existir por tanto, la deducción señalada.
b) El efecto de una posible concesión del amparo no sería la de que se le desvinculara al peticionario de amparo de la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, porque si bien la deducción señalada incide en la determinación de la base del tributo, como uno de sus elementos esenciales, lo cierto es que con su falta de aplicación a la parte quejosa no se trastoca la determinación de la misma, pues los mecanismos existentes seguirían rigiendo, únicamente, con la inaplicabilidad de la deducción a que se refiere el artículo 29, fracción II, de la ley que regula el tributo aquí estudiado.
c) Cuando una ley es creada por el órgano constitucionalmente facultado para ello, en este caso, el Congreso de la Unión, y posteriormente es reformada o abrogada, dicha norma que anteriormente estaba en vigor, jurídica y materialmente dejó de existir y, por tanto, no es dable que sea aplicada; de hecho -señala-, ha sido desaparecida por quien tiene la posibilidad de hacerlo de acuerdo a la ley.
2.2.4. Por otra parte, el Juez sostuvo que los argumentos tendentes a demostrar la inequidad de las disposiciones combatidas resultaban infundados, toda vez que:
a) El legislador al establecer el trato diferencial a las personas físicas para efecto del pago del impuesto sobre la renta, respecto de las personas morales, atendió a las características particulares de las personas físicas que obtienen ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales -la menor capacidad económica y administrativa- que los hace diferentes a las personas morales.
b) Si bien es cierto que existe un trato diferenciado para las personas físicas y morales, al permitir a las primeras realizar deducciones que no son posibles para las segundas, también lo es que, al establecerlo, no se están propiciando discriminaciones y desigualdades, pues se atiende precisamente a su carácter de persona física, lo que es congruente con el principio de equidad tributaria, conforme al cual no se debe tratar igual a quienes se encuentran en situaciones dispares, de modo que, en la especie, hay justificación para el trato desigual que les otorga respecto de las personas morales, pues la naturaleza de sus actividades, el volumen de sus ingresos o el momento y forma de sus operaciones, determinan que sea distinto a las personas morales que, por ese hecho, evidentemente tienen una organización e ingresos diversos.
c) La circunstancia de que en el artículo 29, fracción II, sólo se permita deducir a las personas morales el costo de las ventas que realizan, mientras que a las personas físicas se les permite deducir sus inventarios, no quebranta el principio de equidad tributaria, puesto que se consideran las características peculiares del contribuyente y que las diferencian a unos de otros, otorgándoles por tal motivo un tratamiento especial.
3. Los razonamientos de la recurrente encaminados a combatir la negativa del amparo, en lo que interesa para la resolución del presente asunto, son los que se sintetizan a continuación:
3.1. En el primer agravio la recurrente sostiene que el Juez de Distrito no valoró correctamente los conceptos de violación, en virtud de que:
a) Contrario a lo señalado por el Juez, el hecho de que las normas reclamadas no señalen cómo deben aplicarse los métodos de valuación de inventarios, trae como consecuencia incertidumbre jurídica para la ahora recurrente, ya que su comprensión influye en la determinación de la base para el pago del impuesto sobre la renta.
b) Si bien es cierto que -como lo señala el a quo-, la ley no debe ser un diccionario, también es cierto que las palabras que no tengan una adecuada comprensión deben precisarse en forma tal que su aplicación no deje lugar a dudas.
c) El legislador debió definir los alcances de los conceptos en cuestión o, en su caso, remitir a los boletines emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ya que el contribuyente no tiene certidumbre al respecto.
d) Las palabras o frases que se compongan de un significante que avoque dos o más significados, y que trasciendan a la comprensión precisa de alguno de los elementos esenciales de las contribuciones, requieren de una explicación que permitan inferir sin ninguna duda qué significado es el que pretende darle el legislador.
e) Los conceptos establecidos en el denominado costo de lo vendido no son comprensibles para cualquier persona, por lo que son violatorios de la garantía de legalidad tributaria.
3.2. En el segundo agravio la recurrente sostuvo que la sentencia emitida por el a quo resulta arbitraria, ya que:
a) El a quo omitió estudiar el argumento de los conceptos de violación en el que la quejosa sostuvo que la verdadera trasgresión al principio de proporcionalidad se encontraba en el artículo tercero del decreto legislativo reclamado, ya que dicha disposición obligaba a la quejosa a optar por una de dos opciones, las cuales -a su juicio- son desproporcionales.
b) Si bien es cierto que se señaló como acto reclamado todas las disposiciones involucradas en el sistema de costo de lo vendido, también es cierto que la medular trasgresión se encuentra en el régimen optativo que obliga a la quejosa a acumular el valor de sus inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro.
Aunado a lo anterior, aun cuando optar por el régimen optativo era lo que menos perjuicio le causaba a la quejosa, el hecho de que se le tome como dinero líquido inventarios de años anteriores, le impone un pago del impuesto sobre la renta desproporcional, ajeno a su capacidad contributiva.
c) Al manifestar el Juez que probablemente las disposiciones reclamadas sean inconstitucionales, pero que no hay forma de restituir al quejoso en el goce de sus garantías, está negando la existencia de un estado de derecho.
d) El hecho de que el a quo haya argumentado que de otorgarse el amparo se tendría que calcular el impuesto sin posibilidad de aplicar en beneficio del quejoso la deducción de costo de ventas, refleja la falta de exhaustividad en que incurrió, ya que de haber analizado la demanda correctamente, hubiera podido observar que podía otorgar el amparo para el efecto de que no se obligara a la quejosa a acumular sus inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro.
3.3. En el tercer agravio la recurrente sostiene que la sentencia de la Juez de Distrito es ilegal, pues estudia de manera parcial los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, en virtud de lo siguiente:
a) El Juez de manera incorrecta basó sus consideraciones en el falso hecho de que las personas físicas que obtienen ingresos por actividades empresariales, tienen una menor capacidad económica y administrativa que los hace diferentes a las personas morales.
b) Contrario a lo señalado por el a quo, en lo que hace a la cuestión económica y administrativa, las personas físicas con actividades empresariales no presentan ninguna diferencia sustantiva con respecto a las personas morales.
c) El a quo omitió estudiar el argumento en el que la quejosa sostuvo que el hecho de que una persona física obtenga ingresos derivados de una actividad empresarial revela una equiparación con los ingresos del capital de sociedades mercantiles.
4. Finalmente, el Tribunal Colegiado en sus consideraciones se declaró incompetente para conocer del asunto y reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y resolver conforme a su competencia originaria, del planteamiento de inconstitucionalidad de los artículos 29, fracción II, 86, fracción XVIII y 45-A al 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de las fracciones IV a IX del artículo tercero del decreto legislativo reclamado.
SEXTO.-Estudio de los agravios de la parte recurrente. A continuación, se procede al estudio de los diversos argumentos planteados por la parte quejosa, ahora recurrente.
1. En primer término, se analiza lo planteado en el primer agravio, en el sentido de que el análisis del Juez a quo sería erróneo, al no apreciar la inconstitucionalidad de las disposiciones reclamadas, derivada de la inclusión de conceptos que no se encuentran al alcance de una persona de entendimiento ordinario, con lo cual se generaría una incertidumbre en torno a la deducción del costo de lo vendido.
En efecto, la recurrente insiste en señalar que se vulnera el principio de legalidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que el legislador incumplió con su obligación de precisar en la ley los elementos del tributo, toda vez que al establecer el sistema de deducción denominado "costo de lo vendido", en los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H, 45-I y 86, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como en el artículo tercero del decreto legislativo reclamado, omite precisar con claridad los siguientes conceptos:
• Cómo se determina o calcula la deducción que se refiere al "costo de lo vendido", es decir, el método para llevar a cabo esta deducción.
• En el artículo 45-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta no se define en qué consisten los sistemas: "de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados", o bien "el sistema de costeo directo con base en costos históricos".
• El artículo 45-G no menciona en qué consisten los métodos de valuación de inventarios "primeras entradas primeras salidas", "últimas entradas primeras salidas", "costo identificado", "costo promedio" y "detallista", así como qué significa el enunciado que establece que al utilizar algunos de los dos primeros métodos mencionados, se deberá llevar por cada tipo de mercancía de manera individual "sin que se pueda llevar en forma monetaria".
• Qué debe entenderse por el concepto "inventarios perpetuos", que se establece como sistema de control de inventarios en el artículo 86, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Debe precisarse que dichos reclamos subsisten en la presente instancia, en razón de que la recurrente enderezó los agravios que le permitieron insistir sobre dicho tema, combatiendo, asimismo, las razones en que se basó el a quo para negarle el amparo.
Previamente al análisis de los planteamientos que hace valer la promovente del juicio de garantías, ahora recurrente, se considera conveniente destacar que las deducciones en materia fiscal, concretamente, en el sistema de tributación del impuesto sobre la renta para las personas morales con actividades empresariales, del régimen general, son aquellas denominadas por la doctrina como "controlables", mismas en las que la deducibilidad depende del cumplimiento de ciertas normas o formalidades que corresponde a la administración de la empresa vigilar que invariablemente se cumplan; así, este tipo de conceptos pueden no ser deducibles si falta alguno de los requisitos señalados por la ley o la autoridad administrativa mediante reglas de carácter general.
En este tenor, cabe señalar que las deducciones implican una disminución del importe de la base gravable del tributo, con el propósito de cumplir fines de política económica y social, conformándose por erogaciones que se pueden descontar para fijar la utilidad fiscal de una empresa, las cuales pueden ser de carácter ordinario, extraordinario o imprevisto.
Conforme al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se impugna, los contribuyentes pueden realizar diversas deducciones a efecto de determinar la base gravable, tales como el costo de lo vendido, los gastos, las devoluciones, descuentos o bonificaciones, los créditos incobrables, las pérdidas por caso fortuito, entre otros.
El numeral en comento prevé lo siguiente:
"Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:
"I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio.
"II. El costo de lo vendido.
"No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera ni las piezas denominadas onzas troy.
"III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.
"IV. Las inversiones.
"V. (Derogada, D.O.F. 30 de diciembre de 2002)
"VI. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere el primer párrafo de la fracción II de este artículo.
"VII. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley.
"VIII. Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores.
"IX. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente pagados. Para estos efectos, se considera que los pagos por intereses moratorios que se realicen con posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el que se incurrió en mora cubren, en primer término, los intereses moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que se incurrió en mora, hasta que el monto pagado exceda al monto de los intereses moratorios devengados deducidos correspondie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20447-5a97b60f/costo-de-lo-vendido-los-argumentos-relativos-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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