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COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ENTRE OTRAS, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005, RESULTAN INOPERANTES. LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. REGÍMENES OPTATIVOS. SUPUESTOS EN LOS CUALES NO SE ACTUALIZA LA INOPERANCIA DE LOS ARGUMENTOS Y PUEDE ANALIZARSE SU CONSTITUCIONALIDAD. RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, AL DIFERIR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEDUCCIÓN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUES DELIMITAN SUFICIENTEMENTE LA FORMA DE CALCULAR EL COSTO DE VENTAS DEDUCIBLE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ENTRE OTRAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE VENTAS DE LOS INVENTARIOS EN EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004. RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, NI DE RESERVA DE LEY, PUES ESTABLECEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU APLICACIÓN. RENTA. LOS ARTÍCULOS 45-A Y 225 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OBLIGAR A LOS CONTRIBUYENTES, DISTINTOS DE LOS QUE SE DEDIQUEN A LA CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, A SUJETARSE AL SISTEMA DE COSTO DE VENTAS NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. LOS ARTÍCULOS 81 Y 123, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL ESTABLECER UN TRATO DIVERSO ENTRE LAS PERSONAS MORALES QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, PARA DEDUCIR LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). EQUIDAD TRIBUTARIA. LA OMISIÓN DEL ÓRGANO LEGISLATIVO DE JUSTIFICAR LAS RAZONES QUE SUSTENTAN UN TRATO DIFERENCIADO EN EL PROPIO PROCESO DE REFORMAS A UN ORDENAMIENTO LEGAL, POR SÍ MISMA, NO CONLLEVA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA. RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1322/2005. · Registro digital (IUS): 20452
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EMPORIO AUTOMOTRIZ DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 889.

AMPARO EN REVISIÓN 1322/2005. EMPORIO AUTOMOTRIZ DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA, VERÓNICA NAVA RAMÍREZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO Y BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente juicio de amparo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, tercero, fracción II, y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, toda vez que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de una ley federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado.

En el caso, se surte la competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los Acuerdos Generales del Pleno de este Alto Tribunal Números 5/2007 y 6/2007 de fechas siete y diecinueve de febrero de dos mil siete, respectivamente.

SEGUNDO. Temporalidad. La sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa el viernes quince de julio de dos mil cinco, por lo que dicha notificación surtió efectos el lunes dieciocho del mismo mes, de tal forma que el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo otorga para la interposición del recurso corrió en el presente caso del martes diecinueve de julio al lunes primero de agosto de dos mil cinco, descontándose de ese término los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio del mismo año, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley de la materia.

Así, como el recurso de revisión se presentó el primero de agosto de dos mil cinco, se concluye que su interposición fue oportuna.

TERCERO. Problemática jurídica a resolver. En principio, cabe destacar que en el presente recurso la parte quejosa no impugna las consideraciones del Juez respecto de lo que planteó en sus conceptos de violación sexto, séptimo y décimo tercero, consistentes en la inconstitucionalidad del presupuesto de egresos de dos mil cinco, en la violación de los preceptos reclamados por derivar de un proceso legislativo que consideró viciado, y en la inconstitucionalidad de las fracciones IV y V del artículo tercero del decreto de reformas de dos mil cinco por condicionar la deducción del costo de lo vendido del inventario en existencia en mil novecientos ochenta y seis, por lo que las consideraciones que respondieron a dichos planteamientos deben quedar firmes.

Una vez expresado lo anterior, en el presente asunto deberán estudiarse los agravios planteados en el escrito de revisión, a fin de dilucidar si es o no procedente revocar la sentencia que negó el amparo en contra de los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H, 45-I y 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el año dos mil cinco, así como las fracciones IV, V y IX del artículo tercero, relativo a disposiciones transitorias del decreto de reforma de dicha ley para dos mil cinco.

Tal como se demostrará más adelante, la materia del presente recurso consiste en encontrar respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿La sentencia recurrida es incongruente a tal grado que da lugar a que se revoque la sentencia recurrida?

2. ¿Los términos utilizados por el legislador en el sistema de deducción "costo de lo vendido" dejan en un estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes?

3. Con el uso de esos términos ¿es posible determinar cuál es el costo de ventas deducible?

4. ¿El sistema de deducción llamado "costo de lo vendido" viola las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias?

5. ¿Las reglas que limitan la deducción de los inventarios que se tenían hasta dos mil cuatro violan la garantía de irretroactividad de la ley?

6. ¿Estas últimas normas violan la garantía de proporcionalidad tributaria?

7. ¿El artículo 45-F reclamado viola la garantía de proporcionalidad al no permitir que se tome en cuenta el efecto de la inflación en el costo de lo vendido?

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A fin de resolver la materia del presente recurso y encontrar respuesta a las anteriores preguntas, es necesario conocer las razones de la demanda de amparo, de la sentencia del Juez y de los agravios que la recurrente hace valer, por lo cual se realizará una síntesis de las mismas.

1. Conceptos de violación. En sus conceptos de violación, la parte quejosa hizo valer la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, tal como se sintetiza a continuación:

1.1. Violación a la garantía de proporcionalidad tributaria por los artículos 29, fracción II y 45-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y tercero del decreto de reformas para dos mil cinco.

Los artículos mencionados violan la proporcionalidad tributaria porque el sistema de deducción denominado "costo de lo vendido" establece que los contribuyentes deberán sujetar la deducción al momento en que enajenen las mercancías, materia prima o producto de que se trate, sin tomar en consideración que la erogación que efectúan para la adquisición de éstas afecta en sentido negativo su capacidad contributiva, gasto que, conforme al aludido sistema, sólo se verá reflejado al momento en que las mercancías sean enajenadas por el causante.

Esa situación viola la garantía de proporcionalidad tributaria, porque el impuesto sobre la renta grava la riqueza de los contribuyentes, riqueza que no se ve reflejada acertadamente, en virtud de que en la disposición transitoria impugnada se impide a los gobernados considerar la erogación incurrida en la adquisición de las mercancías desde el momento en que se verifica la adquisición.

Debe tomarse en cuenta que el contribuyente no tiene la misma capacidad contributiva antes de efectuar una erogación tendiente a adquirir mercancías, que después de haber realizado dicha adquisición y, no obstante ello, el creador de las normas desconoce tal situación.

El sistema denominado "costo de lo vendido" impide reflejar una erogación justa en el periodo en que se realiza, lo que ocasiona que se contribuya al gasto público sobre una base irreal, puesto que en la base gravable no se consideran las adquisiciones de inventarios, mientras los mismos no se hayan enajenado, lo que implica que el particular exprese en sus declaraciones de pagos provisionales mensuales, e incluso en la anual, una situación fiscal que no es la verdadera, en razón de que en ella no se considera el costo de aquellos inventarios que adquirió y que a la fecha de presentación de sus declaraciones aún no han sido enajenados.

Un impuesto al ingreso, como lo es el impuesto sobre la renta, únicamente será proporcional en la medida en la que grave la modificación positiva o negativa que efectivamente haya sufrido el patrimonio del contribuyente en cada ejercicio y para que la quejosa contribuya al gasto público de la manera que lo exige el numeral 31, fracción IV, de la Ley Fundamental, es necesario que se le permita deducir el costo en el mismo periodo en el que realice la erogación para la adquisición de inventario y no hasta el momento en que el inventario sea enajenado. La deducción del costo de lo vendido implica un acontecimiento futuro de realización incierta, lo cual permite, incluso, que la enajenación de las mercancías nunca se verifique, no obstante lo cual, se obliga al contribuyente a enterar un impuesto sin considerar la erogación que realizó.

Por tanto, debe concederse el amparo para el efecto de que la quejosa no se encuentre obligada al entero del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si el Juez no considerara procedente dicho efecto, entonces el mismo consistiría en que la quejosa aplique el sistema de costo de ventas y no tenga que diferir la deducción de ese costo hasta el momento en que enajene sus inventarios.

1.2. Violación a la garantía de legalidad tributaria por parte de los artículos 45-A, 45-C y 45-H de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los artículos 45-A, 45-C y 45-H de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco son violatorios de la garantía de legalidad tributaria, en razón de que el legislador no definió los conceptos previstos en esos numerales, mismos que resultan necesarios para el cálculo del costo de venta de los inventarios de los contribuyentes, lo que incide en un elemento base del tributo, por lo que esa falta de definición se traduce en una absoluta inseguridad jurídica en perjuicio de la quejosa.

Dichos artículos utilizan los conceptos "sistema de costeo absorbente", "costos históricos", "costos predeterminados", "sistema de costeo directo", "costo del ejercicio", "producción en proceso", "métodos de valuación de inventarios consistentes en: primeras entradas, primeras salidas (PEPS), últimas entradas, primeras salidas (UEPS), costo identificado, costo promedio y detallista", "precio de mercado", "precio de reposición" y "valor de realización"; asimismo, el legislador utilizó expresiones cuyo alcance responde a un sistema de valoración subjetivo, expresiones tales como "cuando los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores guarden una relación directa con la producción, los mismos formarán parte del costo en la proporción a la importancia que tengan en dicha producción", "gastos directos de enajenación", "precio normal de enajenación" y "por ciento de utilidad que habitualmente se obtenga en su realización", expresiones que estima genéricas y ambiguas y, por ello, contrarias a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.

Al no encontrarse definidas esas expresiones, se deja en estado de incertidumbre jurídica a la quejosa, puesto que para realizar correctamente el cálculo del costo de lo vendido de sus inventarios es necesario aplicar tales conceptos no definidos por el legislador, y al no existir una asignación de significado dada por quien hizo los preceptos, es imposible conocer el contenido exacto de la obligación tributaria que se le impone a la quejosa, imposibilitándose el cálculo del costo de lo vendido deducible.

La redacción de los preceptos reclamados proporciona demasiada discrecionalidad, tal como sucede con los conceptos desafortunados de "precio normal de enajenación" o "utilidad que habitualmente se obtenga" en el caso de que el costo de las mercancías sea superior al precio de mercado o de reposición. Con lo que se crea un estado de incertidumbre jurídica para la quejosa, puesto que carece de instrumentos mesurables para determinar debidamente qué se entiende por esos conceptos.

Finalmente, debe tomarse en cuenta que tal como lo ha señalado la Suprema Corte, el hecho central de la legalidad lo constituye el que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales, por lo que independientemente de si los términos contables utilizados en la ley son o no del conocimiento general, basta con analizar las disposiciones reclamadas y determinar si es posible que quien las lea las entienda y, en caso negativo, pensar si una persona de entendimiento ordinario puede entender claramente esa decisión.

1.3. Violación del principio de proporcionalidad tributaria por el artículo 45-F de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El artículo 45-F de la Ley del Impuesto sobre la Renta violenta el principio de proporcionalidad tributaria, porque no permite que la quejosa integre al costo de lo vendido la revaluación de su inventario o del costo de ventas, obligándola a disminuir la base del impuesto a cubrir sin que considere los efectos de la inflación, lo que no refleja la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria.

La revaluación no es otra cosa que el reconocimiento del efecto de la inflación sobre los inventarios y el costo de lo vendido de los productos que enajena, aspecto que resulta de vital importancia para determinar la capacidad contributiva, ya que la aplicación de la revaluación puede cuantificar el valor real de los bienes que forman parte del costo de lo vendido que sirve para determinar la base del impuesto, pues al valor de la adquisición se le adicionan los incrementos o depreciaciones derivadas del paso del tiempo.

Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dicho impuesto se determina disminuyendo de los ingresos totales del ejercicio las deducciones autorizadas, las pérdidas sufridas en los ejercicios anteriores y la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas efectivamente en el ejercicio, conforme a lo cual, es relevante para la correcta determinación del tributo considerar el efecto inflacionario sufrido de manera positiva en las deducciones, ya que de incluirse dicho factor dentro del costo de lo vendido, daría como resultado un monto mayor en las deducciones y, en consecuencia, un impuesto menor a pagar, reflejando así la verdadera capacidad contributiva.

La no actualización de los valores de las partidas que conforman el costo de lo vendido, mediante la adición del efecto que le da la inflación para el establecimiento de las deducciones a considerar en el pago del impuesto sobre resultado, trae como consecuencia el que no se exprese una verdadera capacidad contributiva, al no reflejar la situación real que guardan los elementos que componen las deducciones que la ley permite.

1.4. Violación de la garantía de equidad tributaria por el artículo 45-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal de dos mil cinco.

El artículo 45-A mencionado viola la garantía de equidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al dar un trato distinto a sujetos que se encuentran en igualdad en condiciones, pues según los artículos 81 y 125, fracción I (sic) de la ley, las personas que tributen conforme al régimen simplificado de personas morales, así como las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, pueden deducir sus adquisiciones en el momento que pagan, mientras que la ley no permite esa situación para la quejosa, quien se encuentra obligada a efectuar la disminución de dichas adquisiciones hasta que se enajenen los bienes.

Esa distinción no atiende al objeto gravable de la ley, ya que para el establecimiento de la diferenciación reclamada no se toman en consideración elementos relacionados con los ingresos o con la utilidad generada por los contribuyentes en el desarrollo de sus actividades, sin que sea obstáculo a lo anterior que la diferencia obedezca a las circunstancias relacionadas con la capacidad administrativa de los individuos que tributan en los regímenes fiscales distintos a aquel en el que tributa la quejosa, porque en la actualidad no existe diferencia en cuanto a su capacidad administrativa con respecto al otro tipo de personas morales, en tanto que el Ejecutivo, en la iniciativa, consideró que con el esquema de costo de lo vendido buscaba dar a los contribuyentes con características similares a la quejosa una simplificación administrativa que le permitiera determinar el impuesto de forma más sencilla, reconociendo así que tanto las personas morales como la quejosa, como las otras, tenían una carga administrativa compleja hasta antes de la norma que se impugna.

Por otro lado, si la diferencia atendiera a fines extrafiscales o a situaciones económicas sociales conforme al entorno del país, ello tenía que haberse dicho en la norma controvertida para que no fuera violatoria de la Constitución, porque un fin distinto al recaudatorio no puede justificar la violación de garantías tributarias. En todo caso, debe ser el legislador quien justifique la desigualdad.

1.5. Violación a la garantía de equidad por el artículo 225, en relación con el 45-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En el artículo 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece un trato desigual entre sujetos de características idénticas, lo que violenta la garantía de equidad tributaria, porque establece una deducción bajo un esquema distinto al contemplado en las disposiciones contenidas en el capítulo III del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, en base a situaciones ajenas al objeto del tributo, como lo es el atender a las características de la actividad del contribuyente como elemento para establecer un privilegio en la determinación de sus deducciones, pues se permite a las personas dedicadas a la construcción efectuar una deducción del costo de los predios en el mismo ejercicio en que éstos sean comprados, sin que se les obligue a efectuar la disminución de dichas adquisiciones hasta el momento en que enajenen los bienes, tal como lo establece el artículo 45-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta para personas morales como la quejosa, a pesar de que los dos tipos de personas se encuentran obligadas por las disposiciones contenidas en el título II de la ley mencionada, con lo que no se toman en cuenta para el establecimiento de la diferenciación reclamada elementos relacionados con los ingresos o con la utilidad generada por los contribuyentes en el desarrollo de sus actividades.

1.6. Violación a los artículos 71 y 72 constitucionales por parte de los artículos 45-A, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H y 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta y tercero del decreto de reformas de la misma para dos mil cinco.

El proceso legislativo mediante el cual se adicionaron esos artículos a la Ley del Impuesto sobre la Renta viola los artículos 71 y 72 constitucionales, en virtud de que la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo Federal no cumple con las obligaciones que le fueron impuestas en el artículo 37 de la Ley de Ingresos para el ejercicio de dos mil cuatro, según el cual la iniciativa de reforma debió incluir en su exposición de motivos, entre otras cuestiones, la definición del impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas, así como la base de datos y la metodología utilizada para calcular dicho impacto; la determinación del impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas; la observación de que las disposiciones concedan certidumbre jurídica a los contribuyentes, que el pago de las contribuciones fuera sencillo y que el monto a recaudar por las reformas fuera mayor al costo de su fiscalización.

Eso no sucedió en la iniciativa correspondiente, lo que evidencia que no se obedeció el proceso legislativo establecido en los artículos 71 y 72 constitucionales.

1.7. Inconstitucionalidad del presupuesto de egresos para dos mil cinco por violación de las garantías de destino al gasto público.

El presupuesto de egresos para la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cinco vulnera los principios de legalidad y de destino para el gasto público establecidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución, pues de acuerdo con el artículo 126 constitucional, la Federación no podrá realizar gasto alguno cuando no esté comprendido en el presupuesto o en ley posterior, por lo que sólo puede considerarse que un pago de la Federación es válido cuando el mismo está comprendido en el presupuesto de egresos, y sólo será constitucional una contribución, entre otros requisitos, cuando la misma tenga por objeto cubrir los pagos a que se refiere el presupuesto de egresos.

Para que un presupuesto de egresos se considere legalmente existente y, por tanto, sea el instrumento que autoriza los pagos en él comprendidos y cumpla con la garantía de destino para el gasto público, no es suficiente que el mismo exista, sino que es indispensable que el mismo afecte válidamente la esfera jurídica de los gobernados, lo que sólo acontecerá si el mismo se emitió cumpliendo con los requisitos que la Constitución fija para su existencia.

En el caso, no se cumple con el requisito de aprobación a que se refiere el artículo 74, fracción IV, de la Constitución, porque el presupuesto se aprobó fuera del plazo que la Ley Fundamental señala para ello, generando la violación a los principios de legalidad y de destino al gasto público de las contribuciones, contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales.

1.8. Inconstitucionalidad de las fracciones IV y V del artículo tercero de las disposiciones transitorias del decreto legislativo de primero de diciembre de dos mil cuatro, por violación al principio de proporcionalidad tributaria.

Las fracciones mencionadas son violatorias de la garantía de proporcionalidad tributaria, ya que de manera injustificada condicionan la deducción del inventario con el que contaba la quejosa al hecho de que se pague al erario público el valor total del mismo, sin que dicha cantidad represente un ingreso que manifieste una mayor posibilidad de pago, ya que el mismo, de manera alguna, incrementó su haber patrimonial.

La sistemática reclamada pasa por alto que lo que grava la Ley del Impuesto sobre la Renta es el ingreso, entendido éste como la modificación positiva en el haber patrimonial del contribuyente, por lo que resulta absurdo que se condicione la realización de una deducción al hecho de que se acumule en su integridad el valor del inventario, puesto que para que se pueda considerar que la quejosa cuenta con una mayor posibilidad de pago al fisco federal, sería indispensable que se comprobara que se actualizó en una mayor medida el hecho imponible y al no acontecer así, resulta indiscutible que la aplicación del mecanismo de tributación reclamado atenta contra el principio de proporcionalidad tributaria.

El quántum tributario que arroja el mecanismo de tributación combatido es irreal, toda vez que ante la exigencia de acumular los inventarios que se tenían al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, se obliga a la quejosa a incluir dentro del pago provisional una parte proporcional del inventario que detentaba, sin que dicha erogación represente la actualización de la realidad fáctica del hecho imponible, en atención a que no se obtiene una cantidad de ingresos superior que le permita incrementar la base y, en consecuencia, enterar un monto de impuesto cuantitativamente superior.

No puede justificarse que se exija como requisito sine qua non para efectuar la deducción dentro del costo de lo vendido del inventario con el que contaba al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, el pago de un valor similar al mismo por concepto de utilidad neta, puesto que la tenencia del inventario no denota una modificación positiva en el haber patrimonial de la quejosa, ya que no constituye un ingreso propiamente dicho.

Entonces, debe concederse el amparo para el efecto de que la quejosa pueda deducir el inventario con el que contaba en dos mil cuatro, pues fue una erogación que debe ser reconocida en la base imponible, de tal forma que no se encuentre obligada a acumular el valor del inventario como utilidad neta dentro de los pagos provisionales, dejándose a salvo las pérdidas aplicadas en contra del inventario base, para que las mismas puedan aplicarse con posterioridad por la quejosa.

1.9. Violación de la tabla porcentual para la acumulación de los inventarios de la fracción V del artículo tercero impugnado a los principios de proporcionalidad y equidad.

Dicha tabla, al establecer una estructura de rangos y tasas en la cual el aumento en una unidad del parámetro de medición provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior y conlleva a un incremento en el porcentaje de acumulación de inventarios en cada ejercicio que eleva el monto a enterar de la contribución en una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior, por un aumento de la misma cuantía de la base gravable, es violatoria de la garantía de proporcionalidad tributaria.

Conforme a lo anterior, el monto a enterar de la contribución en una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior por un aumento de la misma cuantía de la base gravable, no atiende a la capacidad contributiva de los gobernados, ni otorga un trato equivalente a los que realizan el mismo hecho imponible, pues:

a) La tabla prevé una estructura de rangos y porcentajes de acumulación de inventarios que no atienden a la capacidad contributiva del gobernado, puesto que al rebasar en una unidad el límite establecido de un rango y quedar comprendidos en el siguiente, les resulta un aumento considerable en el porcentaje de inventarios que deben acumular y el impuesto que deben enterar resulta proporcionalmente mayor al incremento que se produce en el índice promedio de rotación de inventarios aplicable.

b) Al operar un salto cuantitativo en la tasa de acumulación de inventarios, se trata de forma desigual a contribuyentes que se ubican en el tope del rango inmediato inferior, en virtud de que la tarifa progresiva se refiere a la acumulación del monto de los inventarios en su totalidad y no solamente en la porción que exceda de cada rango.

1.10. Violación a la garantía de irretroactividad de las leyes.

Las fracciones IV, V y IX del artículo tercero de las disposiciones transitorias del decreto de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta para dos mil cinco rigen situaciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor, puesto que obligan a la quejosa a que determine su inventario base al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, utilizando el método de "primeras entradas primeras salidas", siendo que antes de que entrara en vigor la norma controvertida, no existía esa obligación.

La teoría de los componentes de la norma resulta clarificadora en el siguiente sentido: en dos mil cuatro, en el supuesto de tener existencias en inventario por parte de un contribuyente tenía como consecuencia sólo la obligación de levantar un inventario físico (artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta), pero sin la obligación de valuarlo y mucho menos conforme a un método determinado; sin embargo, en el caso, al supuesto de una norma vigente en dos mil cuatro, y de la cual ya se materializó la consecuencia, la nueva norma establece una consecuencia diversa, lo que contraviene la garantía de irretroactividad de la ley, generando incertidumbre para el gobernado.

1.11. Inconstitucionalidad de la fracción IV del artículo tercero de las disposiciones transitorias reclamadas por violación al principio de legalidad tributaria.

Dicha fracción obliga a los contribuyentes que pretendan considerar como parte del costo de lo vendido de los bienes que enajena el inventario con el que contaban al cierre del ejercicio de dos mil cuatro, a acumular éste, pero la norma no define el concepto de "acumular" para efecto de que la quejosa pueda disminuir el inventario con el que contaba hasta la fecha indicada.

Con ello la quejosa no puede acceder a la opción de incluir en el costo de lo vendido a determinar en el ejercicio dos mil cinco las mercancías con las que contaba en dos mil cuatro, porque se le condiciona a la ejecución de una acción cuya definición no se encuentra hecha en la ley y cuyo significado puede resultar subjetivo.

Aunque las leyes no deben interpretarse como si fueran catálogos de términos, en la especie sí es necesario que se defina el concepto de acumular, pues aunque en el caso de que se deba considerar que acumular significa sumar o adicionar, sigue habiendo las siguientes incógnitas que causan inseguridad: ¿El inventario debe acumularse a sus pérdidas?, ¿Se debe sumar su inventario a los ingresos que ésta obtenga durante el ejercicio?, ¿Se debe adicionar el inventario al monto de las deducciones autorizadas?

Incluso si la norma se refiere al concepto de acumular para el efecto de que el inventario al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro pueda ser deducible siempre y cuando se acumule como un ingreso, el esquema violaría garantías, porque contravendría al objeto gravable por la ley, pues la misma grava ingresos y no la posesión de bienes.

Así, no es válido que la norma se interprete para el efecto de que la acumulación del inventario se dé sobre los ingresos para determinar la base del impuesto, porque el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta expone qué es lo que debe entenderse como ingreso acumulable para efecto de la determinación del tributo, dependiendo de la forma en que se obtengan los mismos, por lo que debe entenderse que para efectos del impuesto son ingresos acumulables los obtenidos por los contribuyentes en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo, sin que se consideren como tales los inventarios.

1.12. Violación a los principios tributarios de equidad y proporcionalidad por la fracción V del artículo tercero reclamado.

La fracción impugnada viola los principios de proporcionalidad y equidad con las normas sobre la determinación en la que se efectuará la acumulación del inventario al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, en caso de que se haya optado por deducirlo como parte del costo de lo vendido en el ejercicio fiscal de dos mil cinco.

Los elementos que se toman en cuenta para determinar la manera en la que se debe acumular el inventario que se pretenda deducir como parte del costo de lo vendido, no atienden a la capacidad contributiva de la quejosa y le ponen en desventaja con otros contribuyentes que decidan ejercer la opción prevista en dicho numeral, porque se le obliga a determinar el monto del inventario que deberá considerarse como acumulable para acceder a dicha opción aplicando un cálculo basado en un índice de ro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20452-7c84caa8/costo-de-lo-vendido-los-argumentos-relativos-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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