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Modo: Corpus Pro

AUTOMÓVILES NUEVOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER DIVERSAS EXENCIONES AL TRIBUTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2005).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 68/2007. · Registro digital (IUS): 20391
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AUTOMOTRIZ MONTERREY, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 652.

AMPARO EN REVISIÓN 68/2007. AUTOMOTRIZ MONTERREY, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en donde se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 1o., 2o., 3o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y si bien subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno dado que existen precedentes que permiten determinar el sentido del fallo.

SEGUNDO. El presente recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada para ello y su presentación resulta oportuna, tal como lo determinó el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del presente asunto; quien además, analizó y desestimó las causas de improcedencia previstas en las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, alegadas por la Cámara de Senadores al rendir su informe justificado, y respecto de las cuales el a quo fue omiso al dictar la sentencia recurrida. Por otra parte, el Tribunal Colegiado de Circuito asumió la competencia que en materia de inconstitucionalidad de leyes le corresponde conforme al Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno y analizó los conceptos de agravio que más adelante se precisan y respecto de los cuales ya existe jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que resultaron infundados e inoperantes.

TERCERO. En los conceptos de agravio el recurrente planteó lo siguiente:

"VI. Expresión de agravios. Primero. Ilegalidad del fallo recurrido porque el Juez Segundo de Distrito en materia administrativa interpretó inexactamente la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal. El principio de legalidad que consagra el precepto indicado en el párrafo precedente se hace consistir en la necesidad de que la carga tributaria de los mexicanos esté establecida en una ley (emanada del Poder Legislativo), de una parte, y fundamentalmente que los elementos esenciales del impuesto, la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de la otra parte, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no quede otra opción sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad, al caso concreto de cada contribuyente. Esto es consecuencia, del principio de legalidad conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos o autorizados por disposición legislativa. El principio que se comenta pretende combatir la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan claro apoyo legal. Al resolver el juicio de amparo expediente 60/2006, el Juez de Distrito interpretó inexactamente el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal al resolver lo siguiente: ‘... CONSIDERANDO ... SEXTO. ...’ (se transcribe). La simple lectura de la sentencia combatida sirve para evidenciar su ilegalidad, dado que contrario a lo estimado por el a quo, el artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos es inconstitucional por violar la garantía de legalidad tributaria que consigna el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que establece las tarifas aplicables para el cobro del impuesto sobre automóviles nuevos, sin precisar la forma como se debe determinar la capacidad (número de pasajeros) de los vehículos sujetos al pago de dicha contribución federal, con lo que se acredita que el Congreso de la Unión delegó a favor de la autoridad administrativa la facultad de calcular o estimar la capacidad de pasajeros de los automóviles. El Juez de la causa apreció equivocadamente la causa de pedir consignada en la demanda de amparo que dio origen al juicio de garantías expediente 60/2006, ya que estimó que el numeral reclamado en amparo, indicado en el párrafo precedente, no viola la garantía de legalidad tributaria ‘... porque en el lenguaje común se entiende que pasajero es la persona que viaja en un vehículo y también es comúnmente entendido, sin mayor explicación, que cuando se hace referencia a un vehículo automotor de cinco pasajeros se entiende son aquellos que caben sentados en dicho transporte ...’, puesto que el aspecto de inconstitucionalidad invocado por la quejosa no se hizo consistir en la indefinición del concepto ‘pasajero’, sino fundamentalmente en que el acto reclamado en amparo no precisa la forma y términos para determinar la capacidad (número de pasajeros) de los vehículos automotores sujetos al pago de dicha contribución federal. En efecto, el a quo pasó por alto que la capacidad (número de pasajeros) de un vehículo automotor incide sobre la tasa impositiva aplicable para efectos de determinar el impuesto sobre automóviles nuevos y, por ende, debe señalarse de modo claro la forma y términos como debe determinarse dicho concepto, como se advierte de la lectura del artículo 3o. de dicha ley federal: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). La lectura del precepto transcrito sirve para advertir su inconstitucionalidad, dado que delega la facultad de determinar el número de pasajeros (capacidad) de un vehículo sujeto al pago del impuesto sobre automóviles nuevos a la autoridad administrativa. No es óbice para lo anterior lo aducido por el a quo en el sentido de que ‘... la determinación del número de pasajeros de un vehículo se encuentra reglamentada en la norma oficial mexicana, en el caso, la NOM-014-SCT-2-1993 sobre las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro ...’, ya que los elementos fundamentales de la contribución se encuentran regidos por el principio de legalidad tributaria y, por ende, debe ser el Congreso de la Unión, y no autoridad dependiente del Poder Ejecutivo Federal quien los determine. A mayor abundamiento, en la norma oficial indicada en el párrafo precedente no se señalan datos concretos ni se precisan los parámetros conforme a los cuales se determinó la fórmula que determina la capacidad de los vehículos automotores, información que debió servir de base para su expedición, lo que implica su falta de fundamentación y motivación y, por ende, no puede servir como base para determinar dicha capacidad vehicular para efectos de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, ni mucho menos para determinar la tasa aplicable del gravamen, lo que provoca incertidumbre y viola el principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional, conforme al cual los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados. Por ende, tal falta de determinación incide en el sistema impositivo del gravamen, ya que en función de la capacidad de pasajeros se determina el objeto gravable (valor del vehículo sujeto al pago del tributo), así como la tasa impositiva aplicable a la enajenación del automotor. En consecuencia, el legislador federal también dejó al arbitrio de la autoridad administrativa la determinación de la base gravable, así como de tasa impositiva aplicable para el cobro de dicha contribución federal. Al encomendar el artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos a una autoridad administrativa (dependiente del Poder Ejecutivo Federal) la facultad de determinar el número de pasajeros (capacidad) de un vehículo sujeto al pago del impuesto sobre automóviles nuevos, dejó también a su arbitrio determinar también la base gravable y la tasa impositiva del tributo, incurriendo en delegación inconstitucional de facultades (del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo) que impide a los contribuyentes conocer en forma cierta y segura la forma de pagar el referido tributo federal. Al no consignarse en el artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos la forma, el método y el procedimiento para determinar la capacidad (número de pasajeros) de un vehículo automotor nuevo, implícitamente se deja al arbitrio de la autoridad administrativa estimar dicha circunstancia, por lo que se deja en estado de indefensión al contribuyente al violarse en su perjuicio el principio de legalidad tributaria que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, generando así la inseguridad jurídica de los contribuyentes del impuesto, como acontece en el caso que nos ocupa. La referida delegación de facultades del Congreso de la Unión en favor de la autoridad administrativa, para la determinación de la capacidad (número de pasajeros) de un vehículo automotor nuevo, incide en la base gravable, así como en la tasa impositiva aplicable a la enajenación de tales vehículos nuevos, lo que implica violación al principio de reserva de ley, toda vez que elementos fundamentales de dicha contribución (base gravable y tasa impositiva) son determinados por el Poder Ejecutivo y no por el Poder Legislativo. Para que la delegación de atribuciones sea válida, es necesario que el ejercicio de la atribución no sea privativo o exclusivo de la autoridad que delega, pues entonces la delegación es nula, ya que ni el Poder Ejecutivo ni ningún otro poder pueden ejercer competencias que corresponden constitucionalmente a otros poderes. En apoyo de este concepto de violación nos permitimos transcribir la siguiente tesis jurisprudencial: ‘EXENCIONES TRIBUTARIAS. EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA NO PUEDEN MODIFICARSE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE ESE BENEFICIO FISCAL, LIMITARSE O CONDICIONARSE SU APLICACIÓN.’ (se transcribe). Por lo anteriormente expuesto procede declarar fundado el presente recurso de revisión, porque el a quo interpretó inexactamente el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal en perjuicio de la agraviada. Segundo. Ilegalidad del fallo recurrido porque el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa interpretó inexactamente la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal. El precepto constitucional referido en el párrafo precedente establece la garantía de proporcionalidad tributaria, la cual tiene relación directa y necesaria con la capacidad contributiva de los mexicanos. Dicha capacidad se determina en forma distinta dependiendo de la naturaleza de la contribución, es decir, de la manifestación de la riqueza que se tome en cuenta por el legislador para imponer una contribución determinada. Nuestros más altos tribunales han sostenido, en forma reiterada, que los requisitos de proporcionalidad y equidad a que hace mención el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política Federal, son elementos esenciales de validez constitucional de las normas tributarias, mismos que deben satisfacerse por las leyes que establecen contribuciones. La capacidad contributiva puede manifestarse por las rentas o ingresos de una persona; por sus egresos o consumos; por la tenencia o propiedad de ciertos bienes, o por otro tipo de manifestaciones diversas de las mencionadas. En cualquiera de los supuestos referidos la capacidad contributiva debe estar constituida, respectivamente, por el monto de las utilidades percibidas; por la suma de las erogaciones realizadas; por el valor de los bienes o patrimonio de un sujeto y, en cada uno de estos supuestos, la carga fiscal que de su imposición resulte debe guardar la debida proporción. Al resolver el juicio de amparo expediente 60/2006, el Juez de Distrito interpretó inexactamente el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal al resolver lo siguiente: ‘... CONSIDERANDO ... SEXTO. ...’ (se transcribe). La simple lectura de la sentencia combatida sirve para evidenciar su ilegalidad, toda vez que contrario a lo estimado por el a quo, los artículos 1o., 3o. y 8o. fracción II, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos son inconstitucionales por violar las garantías de proporcionalidad y de equidad tributaria, que consigna el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que señalan lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). En efecto, opuesto a lo resuelto por el Juez de la causa, los preceptos transcritos violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que la quejosa se encuentra obligada a liquidar el tributo conforme a la tarifa que establece el artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, pero al tenor del artículo 8o. de dicha ley impositiva se exime en forma total del pago del impuesto tratándose de vehículos de hasta $150,000.00 y en forma parcial (50%) del pago del impuesto tratándose de vehículos de hasta $190,000.00. En efecto, el a quo no analizó el concepto de violación en la forma y términos en que le fue planteado por la quejosa en la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo expediente 60/2006, al estimar que ‘... en el artículo 3o. de la ley en comento, se prevé que al obtener la base gravable se le restará el límite inferior del rango en el que se encuentra, a este resultado se le aplicará el porcentaje contenido en la cuarta columna del mismo rango, dicha columna es el rubro siguiente: «tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior %», y al porcentaje obtenido se le suma la cuota fija establecida en el propio rango, por lo que al contener con base en nuestra estructura de rangos una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, no se transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal ...’, pues pasa por alto la inconstitucionalidad del artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, en relación con los preceptos 1o. y 3o. de dicha normativa, por cuanto éstas normativas establecen los siguientes supuestos: A. No se pagará el impuesto (exención total) en la enajenación de vehículos cuyo precio no exceda de la cantidad de $150,000.00 y; B. Se pagará el impuesto (exención parcial del 50%), tratándose de la enajenación de vehículos cuyo precio se encuentre comprometido entre $150,000.01 hasta $190,000.00 y; C. Se pagará el impuesto en forma total, en la enajenación de vehículos cuyo precio exceda la suma de $190,000.00. De lo expuesto en párrafos anteriores se advierte la ilegalidad del criterio sustentado por el a quo, ya que los actos reclamados en amparo violan los principios de equidad y proporcionalidad tributaria consagrados por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, al establecer estructura para la aplicación de exención impositiva, en la cual el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable, provoca disminución del monto de la exención aplicable, que eleva el monto a enterar de la contribución en forma desproporcionada. En efecto, contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, resultan desproporcionales e inequitativos los actos reclamados en amparo tomando en consideración que la enajenación de vehículos cuyo valor excede de la cantidad de $150,000.00, es decir, al superar la base gravable del tributo en un centavo ($0.01) se disminuye (o anula) desproporcionalmente la exención aplicable, y se incrementa el impuesto a cargo de la quejosa. El a quo no tomó en consideración que en las normas combatidas el legislador indebidamente ha considerado iguales, en función de la exención impositiva, a los contribuyentes que enajenen vehículos cuyo valor (base del impuesto) fluctúa dentro de un límite inferior y otro superior (de 0.00 hasta $150,000.00, quienes gozan de exención total, así como también a los sujetos que vendan automotores cuyo valor fluctúe entre $150,000.01 hasta $190,000.00, quienes gozan de exención parcial del 50% del gravamen, de la otra parte), de los rangos de exención que contiene el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, pero considera que son desiguales respecto de aquellos cuya situación jurídica se encuentra determinada por una base gravable (valor del vehículo enajenado) que exceda, aunque sea un centavo, el límite de tales rangos de exención ($150,000.01 y $190,000.01), quienes verán disminuida o en su caso anulada la exención, sujetos por consecuencia al pago del impuesto en forma mayor que aquéllos. Resulta contraria a derecho la sentencia combatida, porque no es cierto lo resuelto por el Juez de la causa en el sentido de que ‘... los contribuyentes, contrario a lo que afirma el quejoso, al rebasar en una unidad el límite superior de un rango y quedar comprendidos en el siguiente no resulta desproporcional porque la tabla no determina una tarifa progresiva con base únicamente en la diferencia de un número, sino que señala una cuota fija a aplicar, en relación con la cantidad inmersa entre el límite inferior y el superior ...’, pues dicha circunstancia en todo caso podría llegar a considerarse aplicable, pero sólo respecto de la tarifa consignada por el artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, mas no tratándose de la aplicación de los supuestos de exención contemplados por la fracción II del artículo 8o. de dicha normativa, en los cuales se disminuye (o anula) la exención en forma desproporcionada, por el simple hecho de rebasar el valor de los vehículos enajenados, los parámetros de $150,000.01 y $190,000.01, respectivamente. Confirman lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales. ‘IMPUESTOS. LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PARA SU PAGO ESTABLECEN TARIFAS EN LAS QUE EL AUMENTO DE LA BASE GRAVABLE, QUE PROVOCA UN CAMBIO DE RANGO, CONLLEVA EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN EN UNA PROPORCIÓN MAYOR A LA QUE ACONTECE DENTRO DEL RANGO INMEDIATO INFERIOR, SON VIOLATORIAS DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS.’ (se transcribe). ‘PREDIAL. LA TARIFA DEL IMPUESTO RELATIVO CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1994, NO SATISFACE LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.’ (se transcribe). Como puede apreciarse de los actos reclamados en amparo, no existe relación de equidad ni de proporcionalidad en el trato que otorgan a la quejosa, por enajenar vehículos de valor superior a $150,000.00, al tenor del criterio jurisprudencial establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que transcribimos, puesto que por el hecho de superar la base gravable (valor del vehículo enajenado) en un centavo ($0.01) se disminuye en un 50% (o se anula) la exención correspondiente, y por supuesto se incrementa el impuesto a cargo. En consecuencia, atentos al contenido de los actos reclamados en amparo, el impuesto reclamado es desproporcional e inequitativo porque no atiende a la capacidad económica de los contribuyentes. Por lo anteriormente expuesto procede declarar fundado el presente recurso de revisión, porque el a quo interpretó inexactamente el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal en perjuicio de la agraviada. Tercero. Ilegalidad del fallo recurrido porque el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa interpretó inexactamente la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal. La fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal establece garantía individual de equidad tributaria, la cual se traduce en que los contribuyentes que se encuentran en idéntica situación jurídica (hipótesis de causación tributaria), deben guardar o mantener similar tratamiento en la norma que regula y establece alguna contribución a su cargo. Este principio fundamental implica que las disposiciones fiscales deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación, y de manera desigual a quienes se ubiquen en situación diversa. Al resolver el juicio de amparo expediente 60/2006, el Juez de Distrito interpretó inexactamente el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal al resolver lo siguiente: ‘... CONSIDERANDO ... SEXTO. ...’ (se transcribe). La simple lectura de la sentencia transcrita sirve para evidenciar su ilegalidad toda vez que contrario a lo estimado por el a quo, los artículos 1o., 2o., 3o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos son inconstitucionales por violar la garantía de equidad tributaria, que consigna el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que señalan lo siguiente: ‘Artículo. 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 8o.’ (se transcribe). Según se advierte de su lectura, los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos señalan que están obligadas al pago de dicho gravamen las personas físicas y las morales que realicen los actos siguientes: •Enajenen automóviles nuevos; •Importen en definitiva al país automóviles. Por su parte el precepto 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos inconstitucionalmente otorga trato discriminatorio respecto al que la propia ley confiere al quejoso ya que dispone que no se pagará el impuesto sobre automóviles nuevos tratándose de: •La exportación de automóviles con carácter definitivo; •La enajenación de vehículos cuyo precio no exceda de la cantidad de $150,000.00; •La enajenación de vehículos cuyo precio se encuentre comprendido entre $150,000.01 y hasta $190,000.00 (exención parcial del 50%); •En la importación de vehículos en franquicia. Según se advierte con diversos medios de prueba anexos a la demanda de amparo que dio origen al juicio de garantías expediente 60/2006, la quejosa enajenó a finales de diciembre de 2005 vehículos cuyo valor excede de $150,000.00, sufriendo agravio personal y directo toda vez que la ley reclamada no le permitió aplicar la totalidad de la exención del impuesto sobre automóviles nuevos. Resulta contrario a derecho el criterio sustentado por el a quo en el sentido de que ‘... el principio de equidad no se vulnera porque en la ley reclamada se excluya de la norma de causación del tributo a aquellos supuestos en que los vehículos que no exceda de la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), o, por exentar en un cincuenta por ciento a los adquirientes de automóviles cuyo precio de enajenación se encuentre comprendido entre $150,000.01 (ciento cincuenta mil pesos 01/100 moneda nacional) y hasta 190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 moneda nacional), porque en estos dos casos no se advierte que el legislador se haya conducido de manera arbitraria o caprichosa ...’, toda vez que la quejosa se encuentra obligada a liquidar el tributo conforme a la tarifa que establece el artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, pero al tenor del artículo 8o. de dicha ley impositiva se exime en forma total del pago del impuesto tratándose de vehículos de hasta $150,000.00 y en forma parcial (50%) del pago del impuesto tratándose de vehículos de hasta $190,000.00. En efecto, el a quo pasó por alto que resultan desproporcionales e inequitativos los actos reclamados en amparo tomando en consideración que la enajenación de vehículos por la quejosa, cuyo valor excedió la cantidad de $150,000.00, es decir, al superar la base gravable del tributo en un centavo ($0.01) el límite mencionado se disminuyó (o en su caso anuló) la exención aplicable, y por supuesto se incrementó el impuesto a pagar, circunstancia que torna al artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos inconstitucional por inequitativo, dado que en ambos supuestos existe paralelismo de circunstancias, ya que por el incremento en un centavo no puede justificarse incremento desproporcionado del impuesto a pagar (dada la disminución o anulación de la exención impositiva). No es óbice para lo anterior lo aducido por el Juez de la causa en el sentido de que ‘... se observa que el legislador quiso reducir el hecho imponible a la adquisición de automóviles nuevos básicamente y dicho en términos llanos, sobre vehículos adquiridos por personas de una capacidad de adquisición menor, para lo cual, en ejercicio de la facultad que le asiste para configurar el objeto generador de la obligación tributaria, declaró excluidos de la causación, uno por completo y otros de manera parcial, a los supuestos en que se desarrollan actividades que estimó no convenientes considerar en el tributo ...’, porque dicha afirmación no encuentra sustento en precepto legal alguno, ni tampoco en la exposición de motivos relativa a la reforma al artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Aunado a lo anterior, en las normas combatidas el legislador indebidamente ha considerado iguales, en función de la exención impositiva, a los contribuyentes que enajenen vehículos cuyo valor (base del impuesto) fluctúa dentro de un límite inferior y otro superior (de 0.00 hasta $150,000.00, quienes gozan de exención total, de una parte, y de $150,000.01 hasta $190,000.00, quienes gozan de exención parcial del 50% del gravamen, de la otra parte), de los rangos de exención que contiene el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, pero considera que son desiguales respecto de aquellos cuya situación jurídica se encuentra determinada por una base gravable que exceda, aunque sea en un centavo, el límite de tales rangos de exención, los cuales verán disminuida, o en su caso anulada, la exención, sujetos por consecuencia al pago del impuesto en forma mayor que aquéllos. Por otra parte, el a quo no se pronunció respecto del aspecto de inconstitucionalidad invocado por la quejosa en la demanda de amparo, en el sentido de que son inconstitucionales los actos reclamados en amparo dado que no se justifica el tratamiento inequitativo que se confiere a la exportación de automóviles con carácter definitivo y; a la importación de vehículos en franquicia (que sean propiedad de gobiernos extranjeros, embajadores extranjeros o miembros del personal diplomático y consular extranjero), o con los tratados o de conformidad con acuerdos internaciones suscritos por México. Lo anterior toda vez que las exenciones que contempla el artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos generan inequidad tributaria, entre sujetos de igual naturaleza, sin que exista justificación objetiva y razonable para su otorgamiento, ya que las circunstancias consistentes en que el vehículo se exporte o importe en franquicia por misiones diplomáticas o consulares, no influyen en el objeto gravable del tributo, consistente en la enajenación o importación de automóviles. La inequidad tributaria se patentiza porque a iguales supuestos de hecho (enajenación o importación de automóviles), no corresponden idénticas consecuencias jurídicas, ya que a los vehículos contemplados por el artículo 8o. se les exime del gravamen y a los vehículos que enajena la quejosa se les impacta con dicho tributo. Resulta aplicable en la especie la siguiente tesis jurisprudencial: ‘TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO SOBRE. LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). Por lo anteriormente expuesto procede declarar fundado el presente recurso de revisión, porque el a quo interpretó inexactamente el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal en perjuicio de la agraviada. Cuarto. Ilegalidad del fallo recurrido porque el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa interpretó inexactamente el artículo 28 de la Constitución Federal. El artículo 28 de la Constitución Federal dispone textualmente lo que sigue: ‘Artículo 28.’ (se transcribe). El precepto transcrito establece la garantía que se traduce en prohibición a cargo del Poder Legislativo consistente en decretar normas que establezcan exenciones de impuestos a favor de sujeto o entidad alguna. Al resolver el juicio de amparo expediente 60/2006, el Juez de Distrito interpretó inexactamente el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal al resolver lo siguiente: ‘... CONSIDERANDO ... SEXTO. ...’ (se transcribe). La simple lectura de la sentencia transcrita sirve para evidenciar su ilegalidad toda vez que contrario a lo estimado por el a quo, los actos reclamados violan el artículo 28 de la Constitución Federal, por lo siguiente: Los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos señalan que están obligadas al pago de dicho gravamen las personas físicas y las morales que realicen los actos siguientes: •Enajenen automóviles nuevos; •Importen en definitiva al país automóviles. Por su parte, el precepto 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos inconstitucionalmente otorga trato discriminatorio respecto al que la propia ley confiere a la quejosa ya que dispone que no se pagará el impuesto sobre automóviles nuevos tratándose de: •La exportación de automóviles con carácter definitivo; •La enajenación de vehículos cuyo precio no exceda de la cantidad de $150,000.00; •La enajenación de vehículos cuyo precio se enc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20391-2abfc544/automoviles-nuevos-el-articulo-8o-fraccion-ii-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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