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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. LA REFORMA A LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 5o.-A DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ABRIL DE 2005, NO VULNERA EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 61/2007. · Registro digital (IUS): 20339
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 876.

AMPARO EN REVISIÓN 61/2007. HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A DE C.V.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción II y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio del año dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de una ley federal, como es la Ley del Seguro Social adicionada y reformada por decreto publicado en el mismo órgano de difusión oficial el veintinueve de abril de dos mil cinco, específicamente, en cuanto a su artículo 5o. A, fracción XVIII; respecto del que si bien subsiste el problema de constitucionalidad planteado, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en tanto que sobre el tema existen precedentes que resuelven los planteamientos que en el caso concreto se hacen valer, por lo que se estima que no reviste interés excepcional.

SEGUNDO. En principio, cabe señalar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al conocer del recurso de revisión en la materia de su competencia, agotó el estudio de las causas de improcedencia planteadas por las autoridades responsables y que el Juez de Distrito omitió examinar.

También se destaca que el Tribunal Colegiado del conocimiento ya se pronunció sobre la oportunidad en la interposición del recurso de revisión, pues determinó que fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, de ahí que respecto a este tema no se hará pronunciamiento alguno, como tampoco en lo referente a su determinación de confirmar el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías de mérito, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, respecto del acto atribuido al titular de la Subdelegación Hidalgo de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la aplicación de los preceptos impugnados, a que se refiere el punto resolutivo segundo, regido por el considerando quinto del fallo de dicho órgano jurisdiccional.

Esta resolución tampoco se ocupará del sobreseimiento del amparo respecto de los artículos 237-A, 237-B y 237-D de la Ley del Seguro Social, conforme al punto resolutivo tercero, regido por el considerando sexto del propio fallo, y la negativa del amparo por lo que hace al artículo 237-C de la Ley del Seguro Social y los numerales 9o., 12, fracción I, 15, 27, 28, 29, 30, 31 y 39 del mismo ordenamiento legal, conforme al resolutivo cuarto, que se rige por el considerando séptimo, toda vez que estos pronunciamientos fueron hechos por el Tribunal Colegiado al abordar el estudio de la materia de su competencia, que tienen el carácter de cosa juzgada y, por ende, son inatacables por cualquiera de las partes en el juicio de garantías de que se trata, en términos del criterio sustentado por esta Segunda Sala en la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIII, junio de 2006

"Tesis: 2a./J. 72/2006

"Página: 247

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES INATACABLE LA RESOLUCIÓN QUE DICTAN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONFIRMANDO O REVOCANDO EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO POR EL JUEZ DE DISTRITO. De conformidad con lo establecido en los puntos quinto, fracción I, inciso a), décimo primero y décimo segundo del Acuerdo Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de ese año, las resoluciones que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en las que determinen confirmar o revocar el sobreseimiento decretado por los Jueces de Distrito en la audiencia constitucional, mediante el estudio concreto de las cuestiones relativas, constituyen decisiones inatacables porque el sobreseimiento es una materia de la que normalmente conocen aquellos órganos colegiados, como órganos terminales."

TERCERO. Establecido lo anterior, no se transcribe la segunda parte de los agravios hechos valer en el escrito relativo, que tienden a impugnar la resolución del Juez de Distrito en relación con los artículos 237-C de la Ley del Seguro Social y los numerales 9o., 12, fracción I, 15, 27, 28, 29, 30, 31 y 39 del mismo ordenamiento legal, en razón de que ya fue agotado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la ejecutoria que pronunció el diez de enero de dos mil siete, al resolver el toca de revisión 85/2006, en términos de las consideraciones que sustentan el sentido de la misma.

CUARTO. La parte quejosa hace valer los agravios siguientes:

"Primero. La sentencia que se recurre, es totalmente ilegal y violatoria de los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, toda vez que el Juez de Distrito, resuelve de manera infundada el primer concepto de violación de la demanda de amparo. Efectivamente, tal como esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá observar, mi representada en el primer concepto de violación de la demanda de amparo, hizo valer que el artículo 5o. A, fracción XVIII de la Ley del Seguro Social, era violatorio de los artículos 16, 31, fracción IV y 72, inciso f), de la Constitución Federal, toda vez que el día 29 de abril de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, mediante el cual se reformó el artículo 5o. A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social, no obstante que dicha reforma a la fracción XVIII mencionada, no estuvo apoyada en un proceso legislativo previo, de conformidad con el artículo 72 constitucional, lo cual provoca que el artículo 5o-A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social, viole las garantías de seguridad jurídica y legalidad tributarias, pues en el mismo se establece la base gravable de una contribución (aportaciones de seguridad social) la cual no está establecida en una ley formal y material. El Juez de Distrito al resolver este concepto de violación se limita a resolver infundado el primer concepto de violación de la demanda de amparo promovida por mi representada, al considerar que la reforma al artículo 5o. A, fracción XVIII, publicada el día 29 de abril de 2005, no resulta trascendente, a pesar de que acepta que esta se hizo vulnerando las formalidades del proceso legislativo establecido en el artículo 72 constitucional, pues dicha fracción no fue discutida, aprobada, promulgada y sancionada para ser reformada, según el Juez de Distrito, dicha modificación no trascendió al contenido y alcance de la norma siendo ésta intrascendente, pues para dar continuidad a la fracción XIX, del artículo 5o. A de la Ley del Seguro Social, la fracción XVIII, pasó a ser la penúltima fracción, lo que explica porque se le adicionó un punto y coma y la letra y; razón por la cual el precepto reclamado, no resulta violatorio de los artículos 16, 31, fracción IV y 72, inciso f), constitucionales. Sin embargo, los argumentos y razonamientos del Juez de Distrito, son totalmente ilegales e infundados, pues contrario a lo que resolvió, la fracción XVIII del artículo 5o. A de la Ley del Seguro Social sí resulta violatoria de los artículos 16, 31, fracción IV y 72, inciso f), constitucionales, pues dicha fracción fue reformada sin que se haya respetado el proceso legislativo previo. En efecto, el hecho de que la fracción XVIII del artículo 5o. A de la Ley del Seguro Social, haya sufrido una modificación simple, como fue adicionarle un punto y coma, y la letra y, no representa solamente una adecuación de estilo y de redacción, sino que representa técnica y jurídicamente una reforma al artículo 5o. A, fracción XVIII de la Ley del Seguro Social. Lo anterior es así, pues al haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, un precepto distinto al que estaba vigente hasta el día 28 de abril de 2005, se provoca que se genere una reforma al precepto legal reclamado. Ahora bien, al entrar en vigor dicho artículo 5o. A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social, automáticamente se derogó el anterior precepto legal, que aun cuando haya sido similar en cuanto a su texto, de todas maneras quedó totalmente derogado, siendo sustituido por la fracción XVIII del artículo 5o. A, publicada el día 29 de abril de 2005. El hecho de que durante el proceso legislativo llevado a cabo para adicionar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, no se haya propuesto, discutido, aprobado y sancionado una reforma a la fracción XVIII del artículo 5o. A de la Ley del Seguro Social, hace evidente que la reforma a dicho precepto legal, resulta violatoria del artículo 72, inciso f), constitucional, el cual establece que toda interpretación, reforma, adición o derogación de leyes, debe hacerse respetando el proceso legislativo establecido en el propio artículo 72 constitucional. Entonces, al ser evidente que la adición a la fracción XVIII del artículo 5o. A de la Ley del Seguro Social, de un punto y coma y de la letra ‘y’, representa técnica y jurídicamente una reforma al precepto legal, entonces dicha reforma debe declararse violatoria de las garantías de seguridad, legalidad tributaria, establecidas en los artículos 16, 31, fracción IV y 72, inciso f), constitucionales, pues se reformó un precepto legal que establece la base gravable de una contribución. Contrario a lo que resolvió el Juez de Distrito, la modificación o adecuación ortográfica o gramatical de la fracción XVIII del artículo 5o. A de la Ley del Seguro Social, no debe considerarse simplemente una adecuación de forma intrascendente, pues diversos criterios dados por este Poder Judicial de la Federación han establecido que la modificación a un precepto legal, por mínima que ésta sea, debe considerarse un nuevo acto legislativo. Al grado que una norma que sea sustituida por otra nueva, con el mismo contenido gramatical, se considera un acto legislativo distinto. Entonces, si en el presente caso, estamos hablando que a la fracción XVIII del artículo 5o. A de la Ley del Seguro Social, se le adicionó un punto y coma y la letra ‘y’; entonces es evidente que dicha fracción fue reformada, en forma contraria a lo establecido en el artículo 72, inciso f), constitucional. Es importante tomar en cuenta, que el hecho de que dentro del proceso legislativo que siguió el decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, nunca se haya propuesto, discutido, aprobado y sancionado una reforma a la fracción XVIII del artículo 5o. A de dicha ley, provoca que su publicación sea contraria a la Constitución Federal, toda vez que a través de la misma el director del Diario Oficial de la Federación, jurídicamente está reformando una norma legal, sin tener facultades constitucionales para ello. Entonces, si dentro de los actos que reclamó mi representada está el consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la fracción XVIII del artículo 5o. A de la Ley del Seguro Social, entonces el Juez de Distrito debió analizar en forma especial dicho acto reclamado, y en todo caso conceder el amparo y la protección federal, respecto del mismo, para el efecto que se desincorpore de la esfera jurídica de mi representada dicho precepto legal, publicado en forma inconstitucional. Cabe hacer mención, que mi representada siempre explicó además que la violación a nuestra Carta Magna, se debió a que fue publicada una reforma a la fracción XVIII del artículo 5o. A de la Ley del Seguro Social, sin que previamente se hayan respetado las fases o etapas de un proceso legislativo federal, lo cual era indispensable, pues el artículo 5o. A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social, establece la base de cotización para determinar las contribuciones denominadas aportaciones de seguridad social, o aportaciones obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por tal motivo, al publicarse la reforma a un artículo que establece uno de los elementos esenciales de las contribuciones, sin que dicha reforma haya sido propuesta, discutida y aprobada por el Poder Legislativo, provoca que la contribución, denominada aportaciones de seguridad social, sean contrarias a las garantías de seguridad jurídica y legalidad tributaria, consagradas en los artículos 16 y 31, fracción IV, constitucionales. De todo lo anteriormente expuesto, resulta evidente que la sentencia del Juez de Distrito, carece de una debida fundamentación y motivación, además de que carece de un análisis minucioso de los actos reclamados por mi representada, pues concluye en primer lugar que la modificación a la fracción XVIII del artículo 5o. A, no debe considerarse una reforma o alteración del precepto legal, sino una mera adecuación contextual necesaria por la inclusión de una fracción XIX, cuando es jurídica y técnicamente evidente que se trata de una alteración al precepto legal, sin respetar un proceso legislativo. Asimismo, concluye que esa reforma no viola el artículo 72 constitucional, pues solamente se trató de una adecuación necesaria de la fracción XVIII, al pasar a ser la penúltima fracción, no obstante, que como quedó establecido, el artículo 72, inciso f), constitucional establece que para interpretar, modificar, reformar o derogar una ley, se requiere respetar las formalidades de un proceso legislativo, lo cual en el presente caso no sucedió. Por otra parte, el Juez de Distrito, no analiza en forma adecuada e independiente cada acto reclamado, para analizar y resolver si respecto de alguno, se violan las garantías de legalidad tributaria y seguridad jurídica, pues como quedó establecido si bien es cierto el Congreso de la Unión no discutió, ni aprobó modificaciones a la fracción XVIII del artículo 5o. A de la ley del seguro social, también es cierto que en el Diario Oficial de la Federación, sí se publicó una reforma al artículo 5o. A, fracción XVIII multimencionado, lo cual a todas luces resulta inconstitucional. Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Colegiado debe declarar fundado el presente agravio y revocar la sentencia que se recurre, para el efecto de que analizando adecuadamente los actos reclamados por mi representada, se conceda a mi representada el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de mi representada el artículo 5o. A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social, por ser este violatorio de los artículos 16, 31, fracción IV y 72, inciso f), constitucionales."

QUINTO. Previamente al análisis de los agravios esgrimidos por la recurrente, debe aclararse que del contenido de la demanda de amparo se desprende que la inconforme reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 5o. A, fracción XVIII, 9o., 12, fracción I, 15, 27, 28, 29, 30, 31 y 39 de la Ley del Seguro Social, que contemplan lo relativo a las cuotas obrero patronales y aunque solamente enderezó conceptos de violación en relación con el primero de los preceptos mencionados, la inconstitucionalidad de los demás numerales la hizo depender de la inconstitucionalidad del primero de ellos, pues al respecto destacó:

"... mi representada reclama no solamente los artículos que se vieron modificados por el decreto de reformas ... (artículos 5o. A y 237-C) sino que también reclama los demás artículos de la misma Ley del Seguro Social, que establecen los elementos esenciales del tributo, como son sujeto, objeto, base y tasas (artículos 5o. A, fracción XVIII, 9o., 12, fracción I, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 39 y todos aquellos que establecen las tasas para cada seguro del régimen obligatorio), pues al modificarse con la reforma uno de los elementos esenciales del tributo (base gravable) y además al modificar el tratamiento a ciertos sujetos pasivos de la contribución (sujeto) jurídicamente todo el sistema tributario de las cuotas obrero patronales se modificó, al grado que podemos hablar de un nuevo sistema de aportaciones de seguro social que se debe enterar al IMSS, vigente a partir de junio para 2005, distinto y autónomo del vigente en el año 2004. Lo anterior, es así, pues como este juzgador podrá observar, el artículo único del decreto por el que se adiciona la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril de 2005, reforma el artículo 5o. A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social, con lo cual se modifica la base gravable de la contribución, pues para determinar las cuotas obrero patronales, de conformidad con los artículos 9o., 12, fracción I, 15, 20, 30, 31 y 39 de la Ley del Seguro Social, es necesario tomar en cuenta el salario base de cotización que señala el artículo 5o. A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social."

SEXTO. En virtud de los antecedentes que han sido reseñados, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede al análisis del primero de los agravios respecto de los cuales se reservó competencia a este Alto Tribunal por parte del Tribunal Colegiado de antecedentes.

La parte recurrente aduce, en síntesis, que el a quo se limita a resolver infundado el primer concepto de violación por considerar que la reforma al artículo 5o. A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social resulta intrascendente, a pesar de que acepta que ésta se hizo vulnerando las formalidades del proceso legislativo establecido en el artículo 72 constitucional, porque dicha fracción no fue discutida, aprobada, promulgada y sancionada para ser reformada.

Que los razonamientos del a quo son ilegales e infundados pues, contrario a lo que resolvió, la fracción XVIII del artículo 5o. A sí resulta violatoria de los artículos 16, 31, fracción IV y 72 de la Constitución Federal, toda vez que fue reformada sin que se haya respetado el proceso legislativo previo, y el hecho de que haya sufrido una modificación simple, no representa solamente una adecuación de estilo y de redacción, sino una reforma, por lo que no se siguió el procedimiento establecido en el artículo 72, incisos H) y F), de la Norma Suprema.

A ese respecto, la quejosa subraya que aun cuando únicamente le fue adicionado al artículo 5o. A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social el signo de puntuación ";", así como la letra "y", dicha adición representa, técnica y jurídicamente una reforma al precepto legal, por lo que no debe considerarse simplemente una adecuación de forma intrascendente, pues se trata de un acto legislativo nuevo y provoca que su publicación sea contraria a la Constitución.

Es infundado el agravio antes resumido, por lo siguiente:

El Juez de Distrito declaró infundado el concepto de violación sobre dicho tema, pues consideró que el proceso legislativo que culminó con el decreto publicado el veintinueve de abril de dos mil cinco, en el Diario Oficial de la Federación, respeta el artículo 72, incisos F) y H), de la Constitución Federal, al considerar que las adiciones de forma mencionada fueron consecuencia necesaria al adicionar la fracción XIX del artículo 5o. A, toda vez que la fracción XVIII pasó a ser la penúltima fracción.

Como se observa de la resolución recurrida, el Juez de Distrito de ninguna manera acepta que la reforma al artículo 5o.-A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social haya vulnerando las formalidades del proceso legislativo establecido en el artículo 72 constitucional pues, por el contrario, sostuvo que el proceso legislativo que culminó con el decreto publicado el veintinueve de abril de dos mil cinco en el Diario Oficial de la Federación respeta el artículo 72, incisos F) y H), de la Constitución Federal.

Por otro lado, la posición adoptada por el Juez de Distrito es acertada, pues esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver con fechas: siete de abril, nueve de junio, siete de julio y veintisiete de octubre, todas de dos mil seis, los amparos en revisión números: 462/2006, 1035/2006, 1169/2006 y 1641/2006, respectivamente, sostuvo que la reforma impugnada no es violatoria de las garantías de legalidad ni de seguridad jurídica, bajo las consideraciones que a continuación se reiteran.

La ahora recurrente reclamó en su demanda de garantías la reforma o adición a la Ley del Seguro Social publicada el veintinueve de abril de dos mil cinco en el Diario Oficial de la Federación, en esencia a la fracción XVIII del artículo 5o.-A, pues durante el proceso legislativo que siguió el decreto no se propuso ni se aprobó reforma a dicha fracción.

Antes de dicha reforma, el artículo 5o.-A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social, establecía:

(Adicionado, D.O.F. 20 de diciembre de 2001)

"Artículo 5o.-A. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

"...

"XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. Para efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la ley."

A partir de la reforma, el artículo 5o.-A, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social, establece:

(Adicionado, D.O.F. 20 de diciembre de 2001)

"Artículo 5o.-A. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

"...

(Reformada, D.O.F. 29 de abril de 2005)

"XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. Para efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la ley; y

(Adicionada, D.O.F. 29 de abril de 2005)

"XIX. Trabajador eventual del campo: persona física que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho periodo por patrón será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo."

Como puede apreciarse, lo único que se le agregó al numeral de mérito a partir de la reforma fue "; y", para dar lugar a la fracción XIX.

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra que los procesos de reforma legales se apegan al marco constitucional, en los casos en que las Cámaras del Congreso de la Unión no discutan los aspectos de forma y puntuación que sean irrelevantes e intrascendentes respecto a la ordenación de la materia de que se trate, tomando en cuenta que la obligación de deliberación prevista en el artículo 72 de la Norma Suprema debe entenderse referida, en todo caso, a los aspectos sustantivos que, además, resulten trascendentes en el ámbito normativo correspondiente.

Por ende, es infundado que las Cámaras hayan tenido la carga constitucional de discutir los aspectos de forma y puntuación a que se refiere la quejosa, porque son irrelevantes e intrascendentes respecto a la ordenación de los elementos de la contribución de mérito, considerando que se trata de puntuaciones accesorias que sólo han servido para dar continuidad a la regulación del artículo 5o.-A de la Ley del Seguro Social.

En tales condiciones, resulta inconcuso que contrariamente a lo argumentado por la parte recurrente, la reforma impugnada no es violatoria de las garantías de legalidad ni de seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional porque, como ha quedado evidenciado, el proceso legislativo correspondiente se apegó al marco constitucional, resultando, por ende, infundados los agravios.

Conforme a lo antes considerado, lo que se impone en la materia de la revisión es confirmar la sentencia recurrida y negar a la impetrante la protección constitucional solicitada, no solamente en lo que respecta al artículo 5o.-A, fracción XVIII, sino también en relación con los artículos 9o., 12, fracción I, 15, 27, 28, 29, 30, 31 y 39 de la Ley del Seguro Social cuestionada, ya que no obstante que no enderezó conceptos de violación ni agravios, la inconstitucionalidad de tales preceptos se hizo depender de la inconstitucionalidad del artículo 5o.-A antes mencionado, por ello, la negativa del amparo solicitada debe hacerse extensiva en relación con los demás preceptos.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Hergo Soluciones Empresariales, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los artículos 5o.-A, fracción XVIII, 9o., 12, fracción I, 15, 27, 28, 29, 30, 31 y 39 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de dos mil cinco.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas y presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20339-9e4dbd49/seguro-social-la-reforma-a-la-fraccion-xviii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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