RENTA. LA PROPORCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 114, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES PARTE DEL BENEFICIO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).
AMPARO EN REVISIÓN 1979/2006. EMPAQUES DE SAN JUAN, S.A. DE C.V.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ, MARTHA ELBA HURTADO FERRER Y GUSTAVO RUIZ PADILLA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve de junio siguiente en el Diario Oficial de la Federación; en la medida de que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 113, 114 y 180, fracciones I y II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil seis, y si bien subsiste en este recurso el problema de constitucionalidad planteado, el Tribunal Pleno acordó en sesión privada del seis de febrero de dos mil siete, que los asuntos que versen sobre dicha temática, se turnen a esta Sala.
SEGUNDO. Ante todo, cabe señalar que con fundamento en los artículos 79 y 91 de la Ley de Amparo, se estudiarán de forma conjunta dada su estrecha relación que guardan entre sí, los argumentos contenidos en los cardinales primero y segundo del recurso de revisión, en los que la recurrente aduce, esencialmente, que el párrafo cuarto del artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil seis, vulnera los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con ese objetivo, resulta pertinente significar que en sesión del veintitrés de octubre de dos mil uno, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el mecanismo para obtener la proporción del subsidio acreditable establecido en el abrogado artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en la nueva ley quedó contenido en el numeral 114, afecta la esfera jurídica de los trabajadores contribuyentes y empleadores retenedores, porque no regula el cálculo de un beneficio tributario y, además, forma parte de la base gravable del tributo de mérito, al resolver el amparo directo en revisión 949/2001, promovido por la empresa Exportadora de Sal, Sociedad Anónima de Capital Variable, que en lo conducente, dice:
"SÉPTIMO. Una vez precisado el alcance de la norma cuya constitucionalidad se controvierte es factible abordar el análisis del concepto de violación que ha quedado resumido, debiendo señalarse que los referidos argumentos lógico-jurídicos resultan operantes únicamente en la medida en que controvierten la porción normativa del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en perjuicio de la quejosa se aplicó por primera vez, sin que exista en autos prueba en contrario, en el acto administrativo cuya validez se cuestionó en el respectivo juicio contencioso administrativo.
"En ese tenor, por principio, debe señalarse que si la regulación contenida en los párrafos segundo, tercero, cuarto, séptimo, octavo y noveno del artículo 80-A, así como en el primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo del artículo 141-A, constituyen una específica porción normativa que se limita a regular el beneficio tributario denominado subsidio acreditable, precisando cómo se cuantifica, qué categorías de contribuyentes personas físicas tienen derecho a él y en qué momento podrán disfrutar del mismo, debe estimarse que conforme a la técnica que rige el juicio de garantías, la aplicación de la misma no puede generar un perjuicio al peticionario de garantías, pues la circunstancia de que tal normatividad se concrete en su esfera jurídica únicamente podría provocar una reducción de la obligación tributaria que le corresponde retener y enterar, y respecto de la cual es responsable solidario.
"Por tanto, de oficio, este Alto Tribunal advierte la inoperancia del concepto de violación que pretende controvertir la constitucionalidad de la tarifa prevista en el párrafo segundo del artículo 80-A en estudio, la que sirve de base para calcular el monto al que asciende el subsidio acreditable, pues en el presente caso se actualiza lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 114, fracción I, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento, en virtud de que en el juicio de garantías no es posible abordar el análisis de constitucionalidad de un acto de autoridad que no genera un perjuicio al quejoso, circunstancia que tratándose del juicio de amparo directo da lugar a la declaración de inoperancia del planteamiento respectivo, al no constituir acto reclamado la ley controvertida. Sirven de apoyo a la anterior conclusión las tesis que llevan por rubros, textos y datos de identificación los siguientes: (se transcriben).
"Conviene agregar que tal circunstancia no se presenta respecto de la porción normativa contenida en el párrafo quinto del artículo 80-A, de la ley en comento, pues como quedó antes precisado, lo dispuesto en tal párrafo no regula el cálculo de un beneficio tributario, sino que establece un mecanismo conforme al cual el legalmente denominado subsidio acreditable, regulado por una diversa porción normativa autónoma e independiente, será reducido e incluso nulificado respecto de los contribuyentes que reciban ingresos por prestar un trabajo personal subordinado, circunstancia que lleva a concluir que su aplicación en el acto administrativo de origen y en la sentencia definitiva reclamada no puede realizarse, en momento alguno, en beneficio de la quejosa, pues en todo caso, dará lugar a incrementar su carga tributaria, reduciendo el mencionado subsidio o provocando la pérdida de tal prerrogativa; de ahí, que si la porción normativa contenida en el citado párrafo se aplica necesariamente en perjuicio de los gobernados incrementando el monto de la respectiva obligación tributaria, no existe razón para sostener que el concepto respectivo pueda resultar inoperante.
"En abono a lo anterior, debe tomarse en cuenta que con independencia de la denominación que se dé al mecanismo regulado en el párrafo quinto del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como a las operaciones contables que el mismo implica, cuestiones propias de la técnica contable y no de la ciencia jurídica, resulta evidente, por sentido común y aplicación de rudimentarios principios de aritmética propios de cultura general, que tal porción normativa tiene como consecuencia incrementar la obligación tributaria de la respectiva categoría de contribuyentes, por lo que debe estimarse que los conceptos que con ella se cuantifican provocando tal incremento, como son las aportaciones de seguridad social pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, integran materialmente la base gravable de la respectiva contribución, por lo que para abordar el análisis de su constitucionalidad no debe estimarse que el referido párrafo quinto establece un beneficio a favor de los contribuyentes.
"Al respecto, debe añadirse que la determinación del impuesto específico que debe pagar un contribuyente debe vincularse con la base gravable, que estará constituida por los elementos que se toman en cuenta para hacer dicha determinación, independientemente del procedimiento matemático que deba aplicarse. En cuanto al tema que se analiza resulta claro que al incluirse las aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para aumentar el impuesto a pagar, reduciendo el subsidio acreditable, afectan la base gravable respectiva y forman parte de ella ..."
De este modo, para abordar el estudio de constitucionalidad del artículo 80-A de la abrogada Ley del Impuesto sobre la Renta, se separaron sus párrafos para formar dos aspectos normativos de naturaleza tributaria aparentemente diversa, a saber:
1. El artículo 80-A, con excepción de su párrafo quinto, de la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta, que regula el beneficio tributario del subsidio acreditable y, por ende, no causa perjuicio a la esfera jurídica del particular.
2. El artículo 80-A, párrafo quinto, de dicha Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé un mecanismo autónomo que disminuye el subsidio acreditable (proporción o porcentaje), y además forma parte de la base gravable del tributo, el cual afecta la esfera jurídica de los sujetos obligados.
Cabe hacer hincapié que en virtud de esta segunda hipótesis se estudiaron los planteamientos de inconstitucionalidad respecto del tema de proporcionalidad tributaria e, inclusive, se concedió el amparo al advertirse que el artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta conculcaba ese principio, tal como se corrobora con la tesis aislada número XXII/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro y texto, los siguientes:
"RENTA. EL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR A LAS CUOTAS PATRONALES PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PARA EFECTOS DE REDUCIR EL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, INCREMENTAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA A CARGO DE LOS TRABAJADORES. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal al aplicar el mecanismo de reducción del subsidio acreditable del impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores, deben contemplarse en su carácter de gastos de previsión social realizados por el patrón relacionados con la prestación de servicios personales subordinados, a las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dando lugar a que estos conceptos integren materialmente la base gravable del impuesto en comento y, por ende, sean tomados en cuenta para incrementar el monto de la obligación tributaria a cargo de los trabajadores. En tal virtud, si las referidas aportaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracciones XII, XIV y XXIX, de la Constitución General de la República, tienen como finalidad financiar un sistema de seguridad social que tiende a velar por la sociedad en su conjunto y no representan un beneficio específico e individualizado a favor de los trabajadores ya que, por una parte, las cuotas pagadas al Seguro Social en la gran mayoría de sus ramos no son indicativas del beneficio que en lo individual puede generar a los trabajadores ese instrumento de seguridad social, aunado a que dicho beneficio depende, incluso, de que la contingencia asegurada acontezca y, por otra parte, las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tienen por objeto constituir un patrimonio general de éstos unificado a un fin de solidaridad que les permita obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, debe concluirse que el artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede el principio de proporcionalidad al regular un mecanismo conforme al cual la obligación tributaria a cargo de los trabajadores se incrementa como consecuencia del pago de conceptos que no son reveladores de su capacidad contributiva."(1)
Al tenor de estas ideas, debe señalarse que esta Segunda Sala decide apartarse del criterio aislado de mérito, habida cuenta que la proporción del subsidio acreditable prevista en el artículo 114 de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta, antes ubicada en el artículo 80-A, forma parte de la propia mecánica del referido beneficio fiscal, esto es, no es una porción normativa autónoma de este último, ni tampoco se integró como un elemento tributario de índole imprescindible en la estructura típica del tributo, atendiendo, desde luego, a su propia naturaleza, pues no coadyuva a cifrar el hecho imponible.
Con el propósito de demostrar la anterior aseveración, tiene especial importancia destacar que la figura del subsidio acreditable surgió temporalmente en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de mil novecientos noventa y uno, en cuya exposición de motivos del presidente de la República se dijo lo siguiente:
"En los últimos años, la tarifa en el impuesto sobre la renta a las personas físicas ha sido objeto de cambios que sólo han logrado reconocer en forma parcial los efectos de la inflación. La reestructuración de las mismas, así como la reducción experimentada en la tasa marginal máxima, ha representado un beneficio superior para los contribuyentes con niveles de ingreso más elevados, mientras que los estratos de ingresos más bajos han experimentado beneficios poco significativos. El esfuerzo que ha realizado el Gobierno Federal para reducir las tasas del impuesto de las personas físicas no ha sido suficiente para distribuir de manera más justa la carga fiscal; más aún, esto se refuerza si se considera el abuso que existe actualmente al otorgarse ingresos libres de impuestos a los trabajadores.
"Frente a esta problemática, en la reforma fiscal para 1991 se plantea el otorgar un subsidio en el impuesto sobre la renta, que beneficiará a todas las personas físicas que sean contribuyentes de este impuesto, pero de manera decreciente en la medida que se obtengan niveles de ingresos más altos. Por otro lado, para lograr una mejor distribución de la carga fiscal se establece que el monto del subsidio se reducirá en la proporción que representen las prestaciones exentas en el ingreso percibido. Con esto, se beneficiará a todos los trabajadores aunque en mayor medida a los que no reciben este tipo de remuneraciones.
"Es conveniente resaltar la importancia de la anterior propuesta, ya que beneficia en forma especial a los trabajadores que perciben hasta cuatro salarios mínimos, nivel en que se encuentra la gran mayoría de estos contribuyentes.
"...
"‘Artículo 15. Los contribuyentes del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en el ejercicio en los términos de dicho título, que se determinará conforme a lo siguiente:
"‘I. Se calculará el subsidio bruto que corresponda al ingreso al cual se le aplicó la tarifa a que se refiere el artículo 141 de la ley mencionada, conforme a la siguiente:
"‘El monto del subsidio fiscal no podrá exceder de $1'290,973.00.
"‘II. El subsidio a que se refiere este artículo será el que resulte de multiplicar el subsidio bruto determinado en los términos de la fracción anterior por la proporción que represente el ingreso al cual se le aplicó la tarifa contenida en el artículo 141 de la ley mencionada, respecto de todos, los ingresos del contribuyente en el ejercicio incluyendo aquellos por los que el contribuyente no esté obligado al pago del impuesto y excluyendo los que hubieran sido objeto de pago definitivo. En el caso en que la proporción descrita sea inferior al 30% no se tendrá derecho al subsidio que establece este precepto.
"‘III. Los contribuyentes podrán aplicar el subsidio a que se refiere este artículo contra el impuesto que resulte a su cargo en los pagos provisionales que deben efectuar en los términos de la mencionada ley. En estos casos, el subsidio bruto se calculará considerando el ingreso al cual se le aplicó la tarifa para determinar el pago provisional que corresponda conforme a la siguiente:
"‘El monto del subsidio fiscal no podrá exceder de $107,566.00. El subsidio para pagos provisionales se determinarán con la proporción que represente el ingreso mencionado en el párrafo anterior respecto de todos los ingresos del contribuyente en el periodo por el que se efectúa el pago. En el caso en que la proporción descrita sea inferior al 30% no se tendrá derecho al subsidio que establece esta fracción.
"‘Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo I del título cuarto de la ley citada, calcularán la proporción a que se refiere este artículo para todos sus trabajadores dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el periodo que sirva de base para determinar el impuesto en los términos del citado capítulo, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, a excepción de los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.
"‘El empleador deberá comunicar a las personas que les hubieran prestado servicios personales subordinados a más tardar en el mes de febrero de cada año, la proporción que sirvió de base para determinar el subsidio a que se refiere este artículo en el ejercicio inmediato anterior.
"‘Cuando los contribuyentes, además de los ingresos a que se refiere al capítulo I del título cuarto de la ley citada obtengan ingresos de los señalados en los demás capítulos del título mencionado, podrán modificar la proporción a que se refiere la fracción II de este artículo para determinar el subsidio que corresponda, considerando para estos efectos la totalidad de sus ingresos.
"‘No se considerarán ingresos para fines de este artículo, los viáticos, las herencias o legados, los donativos, las indemnizaciones por daños, los alimentos, los impuestos que se trasladen al contribuyente por los cuales no se está obligado al pago del impuesto sobre la renta en los términos del artículo 77 de la ley de la materia.’."
Por su parte, en la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del quince de noviembre de mil novecientos noventa, se dijo:
"En virtud de que los trabajadores han contribuido de manera distinta al impuesto sobre la renta, dependiendo de la composición en sus ingresos totales de las percepciones gravadas y no gravadas, se propone un mayor alivio para aquellos que soportan una mayor carga fiscal, considerando una definición integral del ingreso. El estímulo además daría un mayor alivio tributario a los contribuyentes de ingresos más bajos, que son aquellos cuya carga fiscal se ha visto más afectada por la inflación.
"De manera concreta, se somete a su consideración el otorgamiento de su subsidio decreciente en el impuesto sobre la renta de las personas fiscales que consiste, para aquellos que se encuentran en los estratos más bajos de ingresos, en una reducción de hasta el 40% del impuesto a pagar. De ser aprobada esta propuesta, se verían favorecidos el 70% de los contribuyentes."
El enlace de las consideraciones transcritas pone de relieve que el legislador ordinario, al estimar que los efectos inflacionarios habían perjudicado considerablemente a las personas físicas con menos ingresos y que se había convertido en práctica común que a los trabajadores se les otorgara mayores prestaciones exentas para efectos del impuesto sobre la renta, estableció un estímulo en aras de beneficiar a todas las personas físicas, pero esencialmente a los trabajadores que recibían menos ingresos exentos al prestar un servicio personal subordinado.
Ese beneficio consistía en una aminoración de la carga fiscal por las consecuencias de la mecánica de tributación, en particular, mediante la reducción del "impuesto a pagar", lo que significa que el legislador ordinario no quiso incorporarlo como parte normal de la estructura del impuesto sobre la renta, esto es, no se entrelazó con el sistema de tributación que opera respecto de cualquiera de sus elementos esenciales, si se pondera que se actualiza una vez determinada la deuda tributaria, situación que patentiza que no es un elemento que actúe desde el interior del tributo para la exacta definición y cuantificación del presupuesto de hecho, de la base o de la cuota tributaria, o bien, por la naturaleza del tipo de gravamen.
De igual manera, cabe puntualizar que dicho beneficio fiscal consistió en un "subsidio decreciente" mediante la proporción que reduce gradualmente su monto, de conformidad con los ingresos exentos o gravados que recibieran los trabajadores, que evidencia que en realidad el porcentaje del subsidio constituyó el estímulo a esas personas físicas del impuesto sobre la renta, de ahí que no pueda sostenerse que la aludida reducción de la carga impositiva sea distinta de la proporción, aunque por razones de permanencia se incorporó a la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero no cambió su esencia complementaria y privilegiada con el nombre de subsidio acreditable, como se robustece con el dictamen de la Cámara de Diputados del siete de diciembre de mil novecientos noventa de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio siguiente, así como del proceso legislativo que culminó con la adición del artículo 80-A de la citada ley, que en ese orden, disponen:
"Legislatura LIV.
"7 de diciembre de 1990.
"Dictamen de primera lectura.
"Ley de Ingresos de la Federación.
"...
"Por otra parte, ha suscitado interés particular en la comisión, el establecimiento en el artículo 15 de la iniciativa que se dictamina, de un subsidio en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que tiene como finalidad hacer más equitativa la aplicación de la tarifa correspondiente.
"Dos son las cuestiones principales que la comisión ha examinado sobre el particular. La primera consiste en determinar si el subsidio procede incluirlo en la Ley de Ingresos. La segunda cuestión que preocupa a la comisión reside en señalar cuál deba ser su estructura y la mecánica de funcionamiento para hacerla eficaz a sus propósitos redistributivos.
"En el primer aspecto, la comisión considera que el subsidio debe ser incorporado al proyecto de la ley que establece, reforma adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que reforma otras leyes federales, mismo que se encuentra dictaminando la propia comisión.
"En esa virtud se propone a la honorable Cámara de Diputados que se suprima del proyecto de Ley de Ingresos el artículo 15 propuesto en la iniciativa que se dictamina y que pase a ocupar su lugar el artículo 16 de la citada iniciativa.
"La segunda cuestión considerada por la comisión con motivo del subsidio, es tratada en el decreto de la iniciativa en dictaminación a que se ha hecho referencia con anterioridad. Cabe señalar que los diputados miembros de la comisión estimaron que la divulgación de los beneficios de la desgravación, tendría mayor impacto y permanencia legales vigente en la materia y no en la Ley de Ingresos."
"Dictamen de la Cámara de Diputados.
"13 de diciembre de 1990.
"...
"Impuesto sobre la renta.
"...
"Una vez analizado el argumento de la exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1991, relativo a que se otorgue un subsidio en el impuesto sobre la renta hasta en un 40% a los contribuyentes que ganen menos de cuatro salarios mínimos, para coadyuvar a la recuperación del poder de compra de las personas de más bajos ingresos, lo que apoyará una mayor estabilidad, así como un crecimiento paulatino y sostenido de la economía, esta dictaminadora encuentra que la citada propuesta cumple con los objetivos que la motivaron, por lo cual se consideró conveniente su traslado al texto de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"...
"En primer término, la suscrita comisión, con el objeto de imprimir permanencia a aquellas normas caracterizadas por representar un beneficio hacia los sectores de menor potencial económico y tomando en cuenta los argumentos esgrimidos en el dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1991, estima necesaria la inclusión de un subsidio en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el texto de la ley de la materia y concretamente, en las normas referentes a los ingresos cuyo gravamen se verá disminuido por tal subsidio.
"Atendiendo a las ideas de reducir la desigualdad tributaria y obtener un esquema fiscal más justo, que en el caso que nos ocupa debe reflejarse en el establecimiento del citado subsidio sobre aquellos contribuyentes cuyos ingresos se encuentran afectados a una menor cantidad de exenciones, considerando que el mecanismo de dicho beneficio fiscal debe operar en base al establecimiento de un subsidio aplicable contra el impuesto a pagar y no como una reducción en la tarifa misma del impuesto.
"Tomando en cuenta la problemática que presenta aplicar este subsidio a los contribuyentes con ingresos distintos a los del capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta dictaminadora plantea una mecánica más simple que permite el cálculo del coeficiente del subsidio partiendo de la información que proporcione la propia empresa para los contribuyentes que perciban ingresos adicionales a los salariales ..."
"Dictamen de la Cámara de Senadores.
"17 de diciembre de 1990.
"...
"Impuesto sobre la renta.
"...
"En este sentido también estimamos pertinente se otorgue un subsidio en este impuesto de hasta un 40 por ciento, a los contribuyentes que ganen menos de cuatro salarios mínimos. Consideramos que, como lo ha expresado la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados en su dictamen correspondiente, ello contribuiría a la recuperación del poder de compra de las personas de más bajos ingresos, lo que apoyará una mayor estabilidad, así como un crecimiento paulatino y sostenido de la economía. En este tenor, sostenemos que esta medida podrá fortalecer el carácter social del estado de derecho en que vivimos."
Las consideraciones precedentes refuerzan la postura de que la proporción o porcentaje previsto en el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la actualidad 114, forma parte en sí de la mecánica para acceder al subsidio acreditable, porque se trata de un beneficio fiscal decreciente, de hecho, si se excluyera como autónomo se desnaturalizaría a este instituto minoritario porque el fin perseguido por el legislador ordinario no se alcanzaría, ya que sin importar los ingresos exentos de los trabajadores a todos se les otorgaría la misma porción numeraria de subsidio, aunado a que no quedó incorporado en la estructura propia del tributo, en virtud de que no formó parte de la tarifa relativa, sino que una vez concluido el cálculo del impuesto a pagar éste se disminuiría con el subsidio antes precisado.
Bajo esa óptica jurídica, el artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta alberga, en todos sus párrafos, un beneficio fiscal por antonomasia, y si bien en él se establece el procedimiento para obtener la proporción, no significa que sea ajena al subsidio acreditable, antes bien, es un mecanismo propio y primario de esta figura preferente, tanto es así, que su interpretación literal permite arribar a la misma conclusión, al disponer:
"Artículo 114. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo anterior.
"El subsidio se calculará considerando el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el artículo 113 de esta ley, a los que se les aplicará la siguiente:
"Tabla
"...
"El impuesto marginal mencionado en esta tabla es el que resulte de aplicar la tasa que corresponde en la tarifa del artículo 113 de esta ley al ingreso excedente del límite inferior.
"Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.
"Tratándose de inversiones a que se refiere el párrafo anterior, se considerará como erogación efectuada en el ejercicio, el monto de la deducción de dichas inversiones que en ese mismo ejercicio se realice en los términos de la sección II del capítulo II del título II de esta ley, y en el caso de inversiones que no sean deducibles en los términos de este ordenamiento, las que registren para efectos contables. N
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20446-37f9cc90/renta-la-proporcion-prevista-en-el-articulo-114 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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