AUTOMÓVILES NUEVOS. LAS EXENCIONES PARA EL PAGO DEL TRIBUTO, PREVISTAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2005).
AMPARO EN REVISIÓN 1861/2006. AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de conformidad con lo previsto en los puntos tercero, fracción II, en relación con el cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintiuno de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso en contra de la resolución dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 1o., 2o., 3o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente a partir del veintisiete de diciembre de dos mil cinco, y si bien subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, ya que sobre los temas que se proponen existen precedentes que dan solución a los argumentos planteados.
SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y por quien está legitimado para ello, toda vez que lo hizo valer la quejosa, por conducto de su representante; dentro del término de diez días previsto para ello de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo, en virtud de que la sentencia recurrida se le notificó personalmente a un autorizado de la quejosa el veintinueve de junio de dos mil seis, según se advierte de la foja doscientos ocho del expediente de amparo, surtiendo efectos dicha notificación el día treinta siguiente, conforme al artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, el plazo para la presentación del recurso corrió del tres al catorce de julio del citado año, una vez descontados los días ocho y nueve del citado mes y año, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 23 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, toda vez que el escrito de agravios fue presentado el siete de julio de dos mil seis, es indudable que se presentó en tiempo.
TERCERO. No se estima necesario transcribir los agravios formulados por la recurrente, toda vez que ya fueron estudiados y declarados fundados por el Tribunal Colegiado que conoció del asunto.
CUARTO. Independientemente de lo anterior, este Alto Tribunal de oficio determina que, por diversos motivos a los analizados por el Juez del conocimiento y el Tribunal Colegiado, debe sobreseerse, en parte, en el presente asunto por configurarse dos causas de inejercitabilidad de la acción de amparo, las que se procede a desarrollar, sin que por tal motivo tengan que devolverse los autos al referido Tribunal Colegiado, en atención a que, en su oportunidad, se ocupó de desestimar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades responsables, por lo que atendiendo al principio de celeridad en la impartición de justicia, este Alto Tribunal se ocupa de resolver el asunto de manera integral, respetando con ello los principios de justicia pronta y expedita consignados por el artículo 17 de la Constitución Federal.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 122/99, sostenida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, del Tomo X, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
Así, procede sobreseer en el presente juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al artículo 1o., fracción II, y su párrafo segundo, así como por lo que se refiere al artículo 2o., párrafo cuarto, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente a partir del veintisiete de diciembre de dos mil cinco, en atención a que la parte quejosa no demuestra ubicarse en el supuesto de dichos numerales y, por ende, no acredita su interés jurídico para acudir a la instancia constitucional a reclamarlo.
En efecto, la quejosa acude al juicio de garantías a reclamar los artículos en comento porque estima que por su sola entrada en vigor afectan sus derechos subjetivos, causando un agravio o perjuicio sin necesidad de que sea aplicado por alguna autoridad o persona.
Al respecto, se destaca que para la impugnación de normas generales a través del juicio de amparo, debe quedar acreditado que se produjeron sus efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, ya sea porque su entrada en vigor los produzca de inmediato, o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, ya sea por un acto de autoridad o que, tratándose de actos de particular, éstos vinculen al peticionario a la ley, por actualizarse los supuestos de la norma.
Lo anterior implica que, para que surja el derecho de un particular para solicitar amparo en contra de una ley, es necesario que se individualice su efecto en aquel que lo promueve.
Este criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 55/97, sostenida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo VI, del mes de julio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa:
"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."
De manera tal que en tratándose del juicio de amparo que se promueve contra disposiciones generales por su entrada en vigor, es necesario que el quejoso pruebe en la audiencia constitucional que es sujeto de la norma, para tener por acreditado su interés jurídico, no bastando la sola presentación de su demanda para tener por acreditado tal extremo, ni su afirmación en el sentido de que en algún momento estará bajo sus supuestos.
Es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 9/94, sostenida por la otrora Tercera Sala de este Alto Tribunal, visible en la página 17, del Tomo 76, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es:
"LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica."
Bajo este contexto, el artículo 1o., fracción II y su párrafo segundo, así como el 2o., párrafo cuarto, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente a partir del veintisiete de diciembre de dos mil cinco, controvertidos por la impetrante del amparo son del tenor literal siguiente:
"Artículo 1o. Están obligados al pago del impuesto sobre automóviles nuevos establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos siguientes:
"...
"II. Importen en definitiva al país automóviles, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.
"Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones anteriores, los automóviles importados por los que se cause el impuesto establecido en esta ley, son los que corresponden al año modelo posterior al de aplicación de la ley, al año modelo en que se efectúe la importación, o a los 10 años modelo inmediato anteriores."
"Artículo 2o. ...
"En el caso de automóviles de importación definitiva, incluyendo los destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial del Estado de Sonora, el impuesto se calculará aplicando la tarifa establecida en esta ley, al precio reenajenación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, adicionado con el impuesto general de importación y con el monto de las contribuciones que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado."
Los artículos transcritos, se refieren a la obligación de las personas físicas y morales que importen automóviles, de enterar al fisco la cantidad que corresponda por concepto del impuesto sobre automóviles nuevos, y el caso en que la importación de aquéllos esté destinada a permanecer en el norte del país.
Por tanto, a fin de estar en posibilidad de impugnar los preceptos de referencia, era menester que la quejosa demostrara que se encontraba en la hipótesis normativa de referencia, esto es, que importe automóviles en términos de la ley reclamada, lo cual no sucedió en la especie, porque de autos aparece que el solicitante de garantías únicamente se dedica a enajenarlos como se advierte de las pruebas consistentes en las facturas números 6193, 6199 y 6232, de veintiocho, veintinueve y treinta y uno ... de dos mil cinco, respectivamente, situación que se corrobora con el dictamen pericial visible de folios cincuenta y nueve a sesenta del expediente de amparo, en el que se observa que: "Efectivamente, en las fechas indicadas la empresa enajenó vehículos con valor superior a $150,000.00".
Así las cosas, con el acervo probatorio existente en autos, no se desprende que la quejosa importe automóviles en términos de la ley reclamada, por lo que en este sentido, válidamente se afirma que se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.
No son obstáculo a la anterior determinación, las documentales consistentes en el poder notarial de catorce de enero de dos mil dos, y el formulario de registro ante la oficina exactora de la ciudad de San Luis Potosí, que señalan que entre el objeto social de la quejosa está la importación de automóviles, así como las diversas pruebas consistentes en su cédula de identificación fiscal y el entero provisional del impuesto en comento por el mes de diciembre de dos mil cinco, realizado el diecisiete de enero de dos mil seis, en virtud de que de ninguna de ellas se comprueba fehacientemente que, actualmente, está realizando los actos que su objeto social le permite, previstos en el numeral controvertido.
De esta manera, debe concluirse que lo procedente es sobreseer en el presente juicio por lo que se refiere a la expedición, promulgación, refrendo y orden de publicación de los artículos 1o., fracción II y su párrafo segundo; así como 2o., párrafo cuarto, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente a partir del veintisiete de diciembre de dos mil cinco, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que de la lectura de los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, no se advierte alguno encaminado a controvertir específicamente los numerales de referencia.
Sirve de apoyo la jurisprudencia 3a./J. 28/90, de la otrora Tercera Sala de este Alto Tribunal, visible en la página 246, del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que dice:
"INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo."
QUINTO. Con apoyo en lo previsto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede pronunciarse sobre los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, planteados en contra de los demás preceptos impugnados, a saber, en relación con los artículos 1o., fracción I; 2o., párrafo primero; 3o., fracción I, párrafos segundo y tercero; y 8o., fracciones I, II y III, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente a partir del veintisiete de diciembre de dos mil cinco, toda vez que respecto de ellos fue revocado el sobreseimiento decretado en primera instancia y, este Alto Tribunal no advierte que se actualice alguna otra causa de improcedencia.
Así, se tiene que en el primer concepto de violación, la quejosa sostiene que el artículo 8o., fracción II, en relación con los artículos 1o., fracción I; y 3o., fracción I, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, trastoca el principio de equidad tributaria, en virtud de que exime sin justificación alguna del pago total del impuesto la enajenación de vehículos cuyo valor sea hasta de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), y a los que su precio oscile entre $150,000.01 (ciento cincuenta mil pesos 01/100 moneda nacional), y hasta $190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 moneda nacional), se les exenta de la contribución en un 50% (cincuenta por ciento), situación que trae como consecuencia que, igualmente, se violente el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que una pequeña variación en la base ocasiona un notable cambio en el impuesto a pagar, sin guardar proporción alguna, de manera que en virtud de una exención injustificada, se ocasiona un salto cuantitativo considerable en el entero del impuesto, lo que resulta violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, pues el trato desigual que la ley establece entre tales sujetos no guarda correspondencia con la diferencia que existe entre ellos de acuerdo con el valor del vehículo.
En este sentido, aduce la recurrente que el precepto impugnado viola el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque el aumento cuantitativo del valor del vehículo ubica al contribuyente en un distinto rango de exención en el cual se paga el impuesto con base en el valor total del vehículo y no sobre la cantidad excedente, lo que resulta un incremento considerable de la base, no obstante que la suma gravada no se incrementa en la misma proporción, esto es, opera un salto cuantitativo que es desproporcional en relación con el valor sujeto a una exención total.
Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación al principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable.
En efecto, de una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/2000, sostenida por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 35, del Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."
Por su parte, el principio de proporcionalidad tributaria implica que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa de sus ingresos, utilidades o rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada, de manera que, atento a este principio, las contribuciones deben fijarse de acuerdo con la capacidad contributiva de cada sujeto pasivo, por lo que las personas que obtengan ingresos elevados deben tributar en forma superior a los de medianos y reducidos recursos, esto es, que para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes.
Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 10/2003, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el folio 144, del Tomo XVII, del mes de mayo de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción."
Por otro lado, para estar en aptitud de analizar los planteamientos de la quejosa, debe partirse de los elementos esenciales de la obligación tributaria en el impuesto sobre automóviles nuevos, para posteriormente examinar el texto de la disposición reclamada desde las exigencias que fijan los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, en relación con las disposiciones legales que rigen la materia.
Para ello, se hace necesario transcribir, en su parte conducente, el artículo 1o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
"Artículo 1o. Están obligados al pago del impuesto sobre automóviles nuevos establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos siguientes:
"I. Enajenen automóviles nuevos. Se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.
"II. Importen en definitiva al país automóviles, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. ..."
Del examen del precepto antes transcrito, se advierte que los sujetos pasivos del impuesto reclamado se fijan en función de los actos que ahí se enuncian, por lo que son contribuyentes del impuesto de que se trata las personas físicas o morales que enajenen automóviles nuevos de producción nacional o los importen en definitiva al país.
Asimismo, del mencionado artículo se desprende que el objeto del tributo es la enajenación de automóviles nuevos de producción nacional, así como la importación en forma definitiva de éstos por personas distintas a los distribuidores, ensambladores, fabricantes o comerciantes en el ramo, generándose la obligación tributaria en el momento en que se realiza la enajenación o la importación del vehículo; esto es, el objeto del impuesto sobre automóviles nuevos es la enajenación de vehículos nuevos de producción nacional y su importación en definitiva al país.
A su vez, la base, tasa y época de pago del impuesto en examen son definidas por los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de la siguiente forma:
"Artículo 2o. El impuesto para automóviles nuevos se calculará aplicando la tarifa o tasa establecida en el artículo 3o. de esta ley, según corresponda, al precio de enajenación del automóvil al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidores autorizados o comerciantes en el ramo de vehículos, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones. ..."
"Artículo 3o. Para los efectos del artículo 2o. de esta ley, se estará a lo siguiente:
"I. Tratándose de automóviles y camiones con capacidad hasta de diez pasajeros, al precio de enajenación del automóvil de que se trate, se le aplicará la siguiente:
"Tarifa
(cuadro correspondiente)
"II. Tratándose de camiones con capacidad de carga hasta de 3,100 kilogramos, incluyendo los tipos panel con capacidad máxima de tres pasajeros y remolques y semirremolques tipo vivienda, al precio de enajenación del vehículo de que se trate se le aplicará la tasa del 5%."
"Artículo 4o. El impuesto se calculará por ejercicios fiscales, excepto en el caso de las importaciones a que se refiere el artículo 10 de esta ley. ..."
De estos preceptos, se desprende que la base gravable del impuesto se constituye por el precio de la enajenación de los automóviles, que la tasa es progresiva en relación con dicho precio y que, la época de pago se calcula por ejercicios fiscales, excepto en el caso de las importaciones.
Ahora bien, el artículo cuya constitucionalidad se cuestiona, es del tenor literal siguiente:
"Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley, en los siguientes casos:
"...
"II. En la enajenación al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, cuyo precio de enajenación, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones no exceda de la cantidad de $150,000.00. En el precio mencionado no se considerará el impuesto al valor agregado.
"Tratándose de automóviles cuyo precio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20282-443b8827/automoviles-nuevos-las-exenciones-para-el-pago-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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