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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMISORA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, NO ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERPONERLA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1356/2001. · Registro digital (IUS): 7493
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LUCAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 1605.

AMPARO EN REVISIÓN 1356/2001. LUCAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Previamente al estudio de los agravios que hace valer la autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe examinarse la procedencia del recurso, pues si bien la responsable es parte en el juicio de amparo, y conforme al artículo 87 de la ley de la materia, está legitimada para interponer el recurso de revisión en los casos en que la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto afecte directamente el acto que se reclame, debe destacarse, que en el caso concreto, carece de interés legítimo para interponer el recurso, porque el acto reclamado fue dictado en un procedimiento en el que la autoridad obra como órgano que realiza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, en el que sólo está resolviendo una controversia entre particulares, cuya decisión sólo afecta a éstos, por ello lo conducente es desechar el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable.

Sirve de apoyo la tesis cuyos datos de identificación son los siguientes:

"Octava Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 63, marzo de 1993

"Tesis: III.1o.C. J/16

"Página: 45

"REVISIÓN. LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO ESTÁ FACULTADA PARA INTERPONERLA.-Es cierto que conforme al artículo 5o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, las autoridades responsables tienen el carácter de parte en el juicio de garantías; sin embargo, cuando el acto reclamado es de naturaleza jurisdiccional debe declararse improcedente el recurso de revisión que interpongan, en virtud de que carecen de interés directo necesario para la continuación del juicio de garantías, pues el acto sólo puede causar perjuicio a las partes que intervienen en el litigio ante las propias autoridades o, en su caso, a terceras personas que sin intervenir en la contienda les alcancen los actos jurisdiccionales que en ellas se realicen y, por lo mismo, sólo tales partes -quejoso y tercero perjudicado- pueden interponer la revisión contra la sentencia de amparo, salvo que en ésta se afecten directamente los intereses o derechos de la autoridad responsable, por ejemplo, cuando se les impone multa."

Cabe apuntar que este Tribunal Colegiado acorde a la doctrina, admite la existencia del concepto de Jueces lato sensu que son todos aquellos titulares de los órganos de autoridad que, dependiendo del Poder Judicial o de alguno de los otros poderes, ejercen la función jurisdiccional, al estar facultados legalmente para decidir controversias entre particulares mediante procedimientos establecidos en la ley, los que necesariamente culminarán en una resolución reconociendo el mejor derecho de alguna de las partes litigantes. Así, al examinar el concepto de juzgador vemos que actúa como uno de los sujetos de la trilogía procesal "actor, demandado y Juez", lo que hace con el carácter de imparcial, encargado de dirimir la controversia planteada entre actor y demandado; a su vez, las normas que rigen el procedimiento, mediante el que se desenvuelve la controversia, confieren a los otros dos de los sujetos de la relación procesal, derechos y obligaciones con el fin de lograr la solución de la controversia, procedimiento en el que se tendrá que garantizar la igualdad ad procesum en cuanto al trato y oportunidades respecto de los contendientes, las cuales han de ser otorgadas por el juzgador, cuya función en ese sentido será la de actuar como director del proceso.

En este marco de referencia, las normas procedimentales tienen como único y exclusivo objeto garantizar la satisfacción de los intereses de los particulares; por ello, cuando la actuación del juzgador no se apega a la imparcialidad, las normas procedimentales conceden a los particulares lesionados la vía de impugnación, esto es, incidentes, recursos o inclusive, el juicio de amparo.

Ahora bien, la autoridad responsable en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales al haber emitido la sentencia, laudo o resolución en un procedimiento, en el juicio de amparo tiene la oportunidad de defender la constitucionalidad de sus actos, para ello se le brinda la posibilidad, que constituye tanto un derecho como una obligación, consistente en rendir un informe justificado con todas las prerrogativas que la ley de la materia concede; sin embargo, carece de legitimación para hacer valer los medios de defensa referidos en el párrafo anterior, por haberse establecido sólo en beneficio de los particulares afectados por los actos de la propia autoridad jurisdicente. Admitir lo contrario, significaría la pérdida de la imparcialidad del juzgador y el rompimiento del equilibrio entre las partes litigantes al conferir la facultad de actuar en favor de una de ellas, para impugnar lo que no obtuvo a través de la sentencia de amparo dictada por el Juez de Distrito, pues se dan casos en los que el particular que se vio afectado con dicha sentencia, por resultar contraria a sus intereses, tácitamente se conforma con ella, al no hacer valer el recurso de revisión a que tiene derecho y, sin embargo, de aceptar que la autoridad puede interponer el recurso, prácticamente se estaría sustituyendo a la voluntad respecto de quien realmente asiste el derecho tutelado por la ley.

Además, el agravio que otorga la legitimación para acudir al juicio constitucional así como al recurso de revisión, debe provenir de la afectación a un derecho reconocido legalmente, del cual carece la autoridad emisora de la resolución constituyente del acto reclamado, pues no puede argüir el tener derecho a que se reconozca la legalidad de su actuación, pues no obstante que esto pudiera constituir un argumento válido para la autoridad, no lo es para la procedencia del recurso, dado que ninguna ley en forma específica dispone que deba fallarse siempre a favor de la determinación de la autoridad, motivo por el que no puede invocarse la existencia de un derecho a su favor en tal sentido.

Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, los criterios sustentados en las tesis cuyos datos de identificación son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, diciembre de 1995

"Tesis: P. CXIV/95

"Página: 259

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EL TRIBUNAL EMISOR DE LA SENTENCIA RECLAMADA.-Si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, al haber actuado sólo como un órgano jurisdiccional que resolvió la controversia suscitada entre el particular quejoso y la administración pública como autoridad demandada, el tribunal emisor de la sentencia reclamada carece de legitimación para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 83, fracción V, de la ley de la materia, dado que su actuación imparcial por antonomasia, quedó agotada con el dictado de la sentencia que constituye el acto reclamado, de modo que el interés para que tal determinación subsista o no, sólo lo tienen las partes contendientes (particular actor y órgano de la administración pública demandado)."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VIII, julio de 1998

"Tesis: P. LI/98

"Página: 32

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSABLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.-Es cierto que las autoridades responsables son parte en el juicio de garantías y que, por tal razón, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción V y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley, pero también es cierto que las autoridades responsables que ejercen funciones jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir en revisión las sentencias de amparo directo dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito que efectuó consideraciones sobre la inconstitucionalidad de la ley aplicada en la resolución reclamada, ya que este tipo de autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes contendientes, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes. Por ello, las autoridades judiciales, inclusive las del orden penal, no pueden válidamente recurrir en revisión la ejecutoria dictada en el juicio constitucional que declara la inconstitucionalidad de la resolución impugnada en la vía de amparo directo, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, además, como coadyuvantes del Ministerio Público y de la parte ofendida, lo cual resulta contrario a los principios que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han reconocido en favor del reo."

En las anteriores condiciones, procede desechar el recurso hecho valer por la autoridad recurrente.

QUINTO.-Los agravios que hace valer la recurrente, parte quejosa en el juicio de amparo, son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa.

En efecto, el Juez de Distrito al emitir la sentencia que se revisa estimó que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin embargo, este tribunal estima que aunque si bien es cierto como se señala en la referida sentencia, que a partir de la reforma que sufrió la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el diecinueve de abril del año dos mil en el Diario Oficial de la Federación, se ha venido planteando la causal de improcedencia a que se contrae la fracción y precepto antes citado, mismo que a la letra dice que es improcedente el juicio de garantías: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.".

Esto a virtud de que con motivo de la reforma aludida, se ha estimado que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que desde el año de mil novecientos noventa y cuatro se encontraba limitada a actos de la administración pública centralizada, con la norma de referencia resulta también aplicable a los órganos descentralizados a partir del mes de abril del año dos mil, según su dispositivo marcado con el numeral 1o. que a la letra dice:

"Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.-El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.-Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.-Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas."

Por lo que, en atención a la anterior transcripción, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resulta aplicable a partir del veinte de abril de dos mil, no sólo a los órganos centralizados, sino también a los organismos descentralizados de la administración pública paraestatal que realicen actos de autoridad, con la salvedad de los siguientes casos: a) materia fiscal; b) responsabilidad de servidores públicos; c) justicia agraria y laboral; d) funciones constitucionales del Ministerio Público; e) materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, a los que únicamente les será aplicable el título tercero A.

De acuerdo a lo anterior, una vez que se publicaron las reformas aludidas, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo también debe de aplicarse respecto a los actos de las entidades paraestatales en su carácter de autoridad, sin embargo es importante destacar, que en ese mismo contexto el artículo 83 de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo también fue reformado, pero esto fue hasta el día treinta de mayo del año dos mil, en el que se plantea la procedencia del recurso de revisión por cuanto hace a los actos y resoluciones de organismos descentralizados federales que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, al quedar establecido en los siguientes términos:

"Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.-En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente."

Por otra parte, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que componen la administración pública paraestatal descentralizada aquellas entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopte.

Ahora bien, si se toma en consideración el precepto antes citado se debe concluir que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado que actúa como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial y, por tanto, le son aplicables las disposiciones de la ley antes referida, en términos de los artículos 6o., primer párrafo y 7o. de la Ley de la Propiedad Industrial, en los que se establece:

"Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades ...". "Artículo 7o. Los órganos de administración del instituto serán la Junta de Gobierno y un director general, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 6o. y 7o. bis 2 de esta ley."

Lo antes transcrito, nos puede llevar a concluir que el citado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, queda incluido en la aplicación de las disposiciones de los preceptos aludidos y que, por tanto, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 debe agotarse en contra de los actos y resoluciones que emitan sus autoridades; no obstante lo anterior, tal procedencia también implica la posibilidad de acudir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, atento que en el reformado artículo 83 textualmente se dice: "... o la vía judicial que corresponda ...".

Así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 139/99, que sigue siendo aplicable y que es del tenor siguiente:

"REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-De la interpretación literal y sistemática de lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, así como de los antecedentes históricos que informan a este último numeral, se colige que al hacerse referencia en el primero de los preceptos mencionados a las 'vías judiciales correspondientes' como instancia para impugnar los actos emitidos por las respectivas autoridades administrativas, el legislador tuvo la intención de aludir a un procedimiento seguido ante un órgano jurisdiccional, con independencia de que éste sea de naturaleza judicial, y cuyo objeto tenga afinidad con el recurso de revisión en sede administrativa, el cual se traduce en verificar que los actos de tales autoridades se apeguen a las diversas disposiciones aplicables; por otra parte, de lo establecido en el citado precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se deduce que a través de él se incluyó dentro del ámbito competencial del referido tribunal el conocimiento de las controversias que surjan entre los gobernados y las autoridades administrativas cuya actuación se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que se condicionara la procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento del citado recurso, máxime que la interposición de éste es optativa. En ese contexto, se impone concluir que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que se rijan por ese ordenamiento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, tienen la opción de impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación; destacando que dentro de las vías judiciales correspondientes a que hizo referencia el legislador en el mencionado artículo 83 no se encuentra el juicio de garantías dado que, en abono a lo anterior, constituye un principio derivado del diverso de supremacía constitucional que las hipótesis de procedencia de los medios de control de constitucionalidad de los actos de autoridad, únicamente pueden regularse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la ley reglamentaria que para desarrollar y pormenorizar esos medios emita el legislador ordinario."

De la lectura de la anterior tesis se debe entender que el particular afectado por un acto de autoridad administrativa centralizada tiene el derecho optativo para intentar el recurso de revisión ante las autoridades administrativas, o bien, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; se puntualiza que la tesis antes invocada contiene nota aclaratoria que remite en sentido de que: "El criterio contenido en esta tesis no guarda relación alguna con las excepciones al principio de definitividad del juicio de amparo, que permiten impugnar un acto de autoridad administrativa sin agotar los medios ordinarios de defensa; véase la tesis 2a./J. 19/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 131.".

Sin embargo, se estima que en lo referente a los medios de defensa en contra de las resoluciones dictadas por autoridades tanto centralizadas como descentralizadas, aún quedaba imperfecta la norma y si bien se pretende enmendar esa imperfección con las reformas que se emitieron en el mes de abril del año dos mil, el propósito no adquiere la plenitud de su objetivo, por dos razones fundamentales: la primera, porque en el procedimiento que rige el juicio ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, no se preveía la suspensión del acto impugnado como en el juicio de garantías, pues únicamente se contemplaba esa figura para suspender la ejecución de créditos fiscales impugnados en nulidad; y, en segundo lugar, porque para los efectos conducentes tampoco tenía competencia para conocer de este tipo de asuntos; lo anterior es así porque la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal que así se denominaba, textualmente decía: "XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, inclusive aquellos a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.".

De suerte tal que es a virtud de las reformas que sufre la entonces denominada Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (mismas que la transforman en Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que entra en vigor el día dos de enero del año dos mil uno), es que se establece en este nuevo ordenamiento la competencia en los términos de la nueva fracción XIII del artículo 11, para quedar como a continuación se transcribirá, mientras que en el Código Fiscal se introduce la suspensión para actos administrativos diversos de los de la ejecución de créditos fiscales.

A continuación se transcribe el texto de la nueva fracción XIII, que a la letra dice: "XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.".

Luego entonces, es hasta este momento en que la norma se perfecciona, al través de la citada reforma, surtiendo efectos plenos en contra de los particulares.

De lo que se infiere que con anterioridad a las citadas reformas, al no satisfacerse plenamente en la norma los requisitos de la opcionalidad a que se contrae la tesis de jurisprudencia que se cita con antelación, porque no se contemplaba en el juicio de nulidad la suspensión del acto y porque el Tribunal Fiscal no tenía la competencia definida, esto se traduce en una imposición contraria al espíritu de la ley que precisamente se refiere a la facultad de opción, misma que se transgrede a virtud de la imperfección de la norma; por lo que es obvio concluir que con anterioridad a la reforma de diciembre de dos mil, que entró en vigor en enero de dos mil uno, como acontece con el acto que se reclama en este asunto que es de septiembre del dos mil no se tenía que agotar, previamente a la instancia constitucional, el recurso de revisión administrativo aun cuando la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla la suspensión con idénticos o menores requisitos que los que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo; consecuentemente, en el caso, tampoco se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo en que se apoyó el Juez de Distrito.

Es aplicable al caso por analogía la jurisprudencia 2a./J. 15/95, visible a fojas ciento sesenta y cuatro, Tomo I, junio de mil novecientos noventa y cinco, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. EN CONTRA DE SU BAJA PROCEDE EL AMPARO SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-Es procedente el juicio de amparo que promueve el policía judicial del Distrito Federal en contra de la resolución que, fundada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, decreta su baja, sin necesidad de agotar previamente el recurso administrativo de revocación o el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación que establecen los artículos 71 y 73 de dicha ley, ya que no se surte la causal de improcedencia que establece la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo; ello, en virtud de que para el otorgamiento de la suspensión, aquella ley ordinaria exige mayores requisitos que los establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, bastando para llegar a esta conclusión que en la revocación administrativa se condiciona el otorgamiento de la suspensión a que el acto impugnado sea de imposible reparación, mientras que la fracción III, del citado artículo de la Ley de Amparo, sólo condiciona la medida, en el aspecto indicado, a que el acto reclamado sea de difícil reparación. Tampoco se surte la indicada causa de improcedencia cuando se comparan los requisitos de la suspensión en amparo con el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en virtud de que el Código Fiscal de la Federación, en su título VI, que regula el procedimiento contencioso administrativo, en ninguna de sus disposiciones contempla la suspensión de dicho acto reclamado, sino únicamente prevé la suspensión ante el Magistrado instructor que conozca del asunto, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución cuando dicha medida haya sido negada por la autoridad ejecutora, cuando ésta haya rechazado la garantía ofrecida para asegurar el interés fiscal y cuando haya reiniciado la ejecución de dicho procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 227 en relación con el artículo 144, ambos del Código Fiscal de la Federación."

No es obstáculo para lo anterior, el contenido de la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas cuarenta y nueve, Tomo XII, septiembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice:

"AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. En estas condiciones, debe decirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no se ha agotado, previamente, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la propia ley. Ello es así, porque al establecerse en el diverso artículo 87 de la citada ley, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho recurso, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que se condicione la medida cautelar a que el recurso sea procedente, no constituye un requisito adicional a los señalados por el artículo 124 de la ley últimamente citada para su concesión, ya que aun cuando en este numeral no se exige que la demanda de garantías sea procedente para conceder la suspensión, el Juez de Distrito al recibirla está obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de la materia, a atender previamente a cualquier otra cuestión, a su procedencia y después a la medida suspensional, pues de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado."

Como ya se dijo no es obstáculo el contenido de la tesis, pues como se advierte del texto de la misma tan sólo se ocupa de la obligatoriedad de agotar el recurso de revisión cuando éste proceda, pero no se pronuncia (posiblemente porque así se le planteó la litis) de la hipótesis por la cual la ley otorga en favor del particular el derecho a la opción, entre elegir el recurso administrativo o el interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Se debe agregar que no es el caso de que este tribunal comprometa su criterio en relación con las últimas reformas aludid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7493-3ef7e9a4/revision-en-amparo-indirecto-la-autoridad-responsable-emisora · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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