RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003).
AMPARO EN REVISIÓN 1218/2005. AUTOMÓVILES MUNDIALES. S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Los agravios hechos valer por el subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del presidente de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público, y por ausencia de éste y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador Fiscal de la Federación, son los siguientes:
"SEGUNDO. Es infundado el concepto de violación de la quejosa al manifestar que el artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el principio de proporcionalidad. No obstante lo señalado anteriormente, para poder determinar si el artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el principio de proporcionalidad tributaria, debe entenderse en qué consiste el referido principio. En este sentido, si bien es cierto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Mexicana, señala que los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional, el referido artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en ningún momento define lo que debe entenderse por proporcionalidad tributaria, por lo que el Máximo Tribunal del país, ha tenido que darse a la tarea de interpretar y definir lo que debe entenderse por proporcionalidad de las contribuciones. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que la proporcionalidad de las contribuciones radica, medularmente, en que los sujetos pasivos de los tributos contribuyan al gasto público de acuerdo con su capacidad económica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, lo que en otros términos significa que un impuesto es proporcional en la medida en que atiende a la capacidad económica del sujeto pasivo del mismo. En este mismo sentido, el Poder Judicial de la Federación también ha señalado que el cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 199-204, Primera Parte. Instancia: Pleno, Séptima Época, página 144, que establece: ‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.’ (se transcribe). Como podrá apreciarse, tratándose de contribuciones que, como el impuesto sobre la renta recaen sobre el ingreso, mismo que se traduce en la obtención de una renta o utilidad, la que constituye la base para el pago del gravamen, dicho Alto Tribunal, ha sostenido que la proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. Refuerza lo anterior la tesis P. XXXI/96, instancia: Pleno. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 437 que a la letra dice: ‘IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.’ (se transcribe). Como puede apreciarse de las tesis citadas con anterioridad, el principio de proporcionalidad tributaria se ve respetado en la medida en que el impuesto grave al contribuyente de acuerdo con su verdadera capacidad contributiva, lo cual en lo que se refiere al impuesto sobre la renta a cargo de las personas morales, se logra a través de permitir al contribuyente deducir de los ingresos que acumula las erogaciones en que el mismo haya tenido que incurrir para la obtención de esos ingresos. Resultan infundados los argumentos del Juez en el sentido de considerar que el artículo 31, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede la garantía de proporcionalidad en virtud de que no le permite deducir en su totalidad los gastos que por concepto de previsión social realice el patrón respecto a las o particiones (sic) que realiza a los fondos de ahorro. No obstante lo anterior la ley no desconoce que podría suceder que dada la naturaleza particular de las aportaciones a los fondos de ahorro no es conveniente que se permita la deducción completa de dichos fondos, máxime cuando el no cumplir con algunos requisitos mínimos puede desvirtuar dichas cantidades como auténticas prestaciones de previsión social, no por ello se deja de promover que los patrones realicen dichas erogaciones de previsión social, únicamente se pone un límite razonable al monto deducible de dichas erogaciones, de otro modo se propiciaría que los patrones realizaran toda clase (sic) gastos de supuesta previsión social. En efecto, la norma reclamada por el quejoso no hace sino establecer requisitos mínimos para que las aportaciones a los fondos de ahorro cumplan efectivamente su cometido sin que por ello se cause un grave daño a la hacienda pública. Ahora bien, dicha disposición reglamenta lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, concretamente lo que establece la fracción XII del artículo 31 de dicha ley, con el objeto de demostrar que no existe inconstitucionalidad de la norma reglamentaria es conveniente transcribir la norma sustantiva que es del tenor siguiente: ‘Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: ... XII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Para estos efectos, tratándose de trabajadores sindicalizados se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley. Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general siempre que se otorguen de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contratos ley y sean las mismas para todos los trabajadores del mismo sindicato, aun cuando éstas sean distintas en relación con las otorgadas a los trabajadores de otros sindicatos de la propia persona moral, de acuerdo con sus contratos colectivos de trabajo o contratos ley. Tratándose de trabajadores no sindicalizados, se considera que las prestaciones de previsión social son generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a todos ellos y siempre que las erogaciones deducibles que se efectúen por este concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles por el mismo concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, efectuadas por cada trabajador sindicalizado. A falta de trabajadores sindicalizados, se cumple con lo establecido en este párrafo cuando se esté a lo dispuesto en el último párrafo de esta fracción. En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo serán deducibles cuando, además de ser generales en los términos de los tres párrafos anteriores, el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el reglamento de esta ley. Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los trabajadores, serán deducibles sólo cuando los beneficios de dichos seguros cubran la muerte del titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, que se entreguen como pago único o en las parcialidades que al efecto acuerden las partes. Asimismo, serán deducibles los pagos de primas de seguros de gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores. Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se refiere el párrafo anterior, se considera que éstas son generales cuando sean las mismas para todos los trabajadores de un mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, aun cuando dichas prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o a los trabajadores no sindicalizados. Asimismo, las erogaciones realizadas por concepto de primas de seguros de vida y de gastos médicos y las aportaciones a los fondos de ahorro y a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de esta ley, no se considerarán para determinar el promedio aritmético a que se refiere el cuarto párrafo de esta fracción. El monto de las prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los trabajadores no sindicalizados, excluidas las aportaciones de seguridad social, las aportaciones a los fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de esta ley, las erogaciones realizadas por concepto de gastos médicos y primas de seguros de vida, no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año.’. Las prevenciones estipuladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta obedecen a una doble necesidad ya que no sólo se justifican por el carácter particularmente sensible que tienen las inversiones realizadas por el público en general sino, y principalmente atienden a la importancia que representan los ingresos por concepto de previsión social para los trabajadores es por ello que el riesgo que dichas inversiones deben tener ha de ser el mínimo para que no se afecte a los trabajadores en lugar de beneficiarlos. En efecto si se comprende que los fondos de ahorro como prestaciones de previsión social tienen como finalidad apoyar al trabajador a enfrentar posibles contingencias que con su salario normal difícilmente podría enfrentar se comprende que no sea posible que el Estado permita que la disposición de dichas cantidades se realice al libre arbitrio del patrón, aun cuando éste aporte una parte significativa a dichos fondos. TERCERO. La sentencia que se recurre infringe en perjuicio de la autoridad recurrente los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por la falta de observancia y debida aplicación. En efecto, en la sentencia que se recurre el juzgador no analizó con el debido detenimiento la litis planteada, ya que ésta se concretó a determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002. Numeral que determina lo siguiente: ‘Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: ... XII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Para estos efectos, tratándose de trabajadores sindicalizados se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley. Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general siempre que se otorguen de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contratos ley y sean las mismas para todos los trabajadores del mismo sindicato, aun cuando éstas sean distintas en relación con las otorgadas a los trabajadores de otros sindicatos de la propia persona moral, de acuerdo con sus contratos colectivos de trabajo o contratos ley. Tratándose de trabajadores no sindicalizados, se considera que las prestaciones de previsión social son generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a todos ellos y siempre que las erogaciones deducibles que se efectúen por este concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles por el mismo concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, efectuadas por cada trabajador sindicalizado. A falta de trabajadores sindicalizados, se cumple con lo establecido en este párrafo cuando se esté a lo dispuesto en el último párrafo de esta fracción. En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo serán deducibles cuando, además de ser generales en los términos de los tres párrafos anteriores, el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el reglamento de esta ley. Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los trabajadores, serán deducibles sólo cuando los beneficios de dichos seguros cubran la muerte del titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, que se entreguen como pago único o en las parcialidades que al efecto acuerden las partes. Asimismo, serán deducibles los pagos de primas de seguros de gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores. Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se refiere el párrafo anterior, se considera que éstas son generales cuando sean las mismas para todos los trabajadores de un mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, aun cuando dichas prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o a los trabajadores no sindicalizados. Asimismo, las erogaciones realizadas por concepto de primas de seguros de vida y de gastos médicos y las aportaciones a los fondos de ahorro y a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de esta ley, no se considerarán para determinar el promedio aritmético a que se refiere el cuarto párrafo de esta fracción. El monto de las prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los trabajadores no sindicalizados, excluidas las aportaciones de seguridad social, las aportaciones a los fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de esta ley, las erogaciones realizadas por concepto de gastos médicos y primas de seguros de vida, no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año.’. El artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta sólo establece los requisitos para acceder a las deducciones autorizadas, derivadas de las prestaciones de previsión social otorgadas a los trabajadores, sin que dicho numeral prohíba o coarte el derecho de los trabajadores para que se les concedan esas prestaciones. De lo anterior es fácil concluir que el juzgador no analizó con el debido detenimiento la litis expuesta a su consideración, y si la norma no obliga a que las prestaciones de previsión social que otorga a sus trabajadores sean las mismas tanto para los trabajadores de confianza como para los otros trabajadores el juzgador no tenía por qué determinar que la norma resulta desproporcional e inequitativa. El juzgador pasa por alto que el artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo establece los requisitos para el acceso a las deducciones autorizadas, esa es la esencia del numeral, por lo que sobre las prestaciones de previsión social, no establece obligación respecto de las mismas, no obliga al otorgamiento general de las mismas, sino simplemente autoriza su deducción cuando se otorguen de manera general a todos los trabajadores. Por otra parte el sostener la falta de equidad, dentro del artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es infundado, ya que no se da la violación a la equidad, si como se desprende del mismo numeral, se otorga a todos los contribuyentes la posibilidad de deducir los gastos que hayan realizado derivados de la previsión social. En conclusión, podemos decir que el artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resulta apegado a la Constitución al resultar proporcional y equitativo, al determinar lo siguiente: ‘Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: ... XII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Para estos efectos, tratándose de trabajadores sindicalizados se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley. Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general siempre que se otorguen de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contratos ley y sean las mismas para todos los trabajadores del mismo sindicato, aun cuando éstas sean distintas en relación con las otorgadas a los trabajadores de otros sindicatos de la propia persona moral, de acuerdo con sus contratos colectivos de trabajo o contratos ley. Tratándose de trabajadores no sindicalizados, se considera que las prestaciones de previsión social son generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a todos ellos y siempre que las erogaciones deducibles que se efectúen por este concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles por el mismo concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, efectuadas por cada trabajador sindicalizado. A falta de trabajadores sindicalizados, se cumple con lo establecido en este párrafo cuando se esté a lo dispuesto en el último párrafo de esta fracción. En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo serán deducibles cuando, además de ser generales en los términos de los tres párrafos anteriores, el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el reglamento de esta ley. Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los trabajadores, serán deducibles sólo cuando los beneficios de dichos seguros cubran la muerte del titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, que se entreguen como pago único o en las parcialidades que al efecto acuerden las partes. Asimismo, serán deducibles los pagos de primas de seguros de gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores. Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se refiere el párrafo anterior, se considera que éstas son generales cuando sean las mismas para todos los trabajadores de un mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, aun cuando dichas prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o a los trabajadores no sindicalizados. Asimismo, las erogaciones realizadas por concepto de primas de seguros de vida y de gastos médicos y las aportaciones a los fondos de ahorro y a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de esta ley, no se considerarán para determinar el promedio aritmético a que se refiere el cuarto párrafo de esta fracción.’. Ahora bien, para puntualizar que en el caso no se infringen los principios de proporcionalidad y equidad nos permitimos manifestar que el artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta cumple con los mismos por lo siguiente: Proporcional: En virtud de que permite la deducción de los gastos de previsión social a que se refiere el artículo correspondiente, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la condicionante de que se otorguen a sus trabajadores en forma general, lo cual influye en manera directa a la base gravable. Equidad: El numeral que se defiende otorga la autorización de deducir los gastos de previsión social a todos los contribuyentes que otorguen de manera general a sus trabajadores, prestaciones de previsión social que le generen gasto, no existiendo razón para determinar una falta de equidad ya que se da trato igual a los iguales. El artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no obliga a que las prestaciones de previsión social se otorguen a los trabajadores de confianza y de base en forma general, sino que sólo señala como requisito para su deducibilidad que se otorguen en forma general, lo cual no lo hace desproporcional ni inequitativo. Sustenta lo anterior, la siguiente tesis 1a. CVIII/2004, Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, página 368, Materia Constitucional, Administrativa, tesis aislada, cuyo rubro señala: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, AL LIMITAR EL MONTO DE LAS DEDUCCIONES DE GASTOS POR PREVISIÓN SOCIAL AUTORIZADAS PARA LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe),-En efecto como ha quedado señalado y como lo admite el juzgador para que se cumpla con el requisito de equidad se requiere que se otorgue trato igual a los iguales respecto de determinada contribución, requisito que en el caso se cumple cabalmente dado que la deducción de los gastos de previsión social se otorga a todos los empleadores que realicen erogaciones por dichos conceptos, permitiéndoles la deducción de los mismos con las mismas limitantes, no existiendo razón para que el juzgador determine que existe falta de equidad por darse un trata (sic) diverso a los gastos de previsión social de los trabajadores de base y los de confianza, ya que en el caso no se encuentra a discusión la disimilitud entre éste sino que la norma dé trato igual a los iguales, esto es a los empleadores entre sí, que son los que en todo caso se ven afectados por la disposición y no así los trabajadores. Por otra parte tampoco se infringe el principio de proporcionalidad ya que la base gravable no se ve afectada dado que los gastos de previsión social efectivamente como lo reconoce el juzgador resultan deducibles por lo mismo el monto a enterar del impuesto sobre la renta a cargo de los empleadores no se aleja de su capacidad contributiva ya que no debe olvidarse que el gravamen señala como objeto los ingresos y la base constituye la utilidad fiscal de la que se disminuyen los gastos estrictamente indispensables para la actividad de que se trate, motivo por el cual la autorización de la deducibilidad con ciertas limitaciones que se aplica a todos los empleadores no provoca desproporcionalidad de la norma. En apoyo a lo anterior se hace notar que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los principios de referencia deben analizarse de acuerdo a las características particulares de la contribución, tal y como se sostiene en la siguiente jurisprudencia: ‘PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA UNA.’ (se transcribe). CUARTO. Violación a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por falta de observancia y debida aplicación. En efecto, la sentencia que se recurre en la parte que causa agravio a esta autoridad, el considerando cuarto, el cual se solicita se tenga por reproducido como si a la letra se insertare. La a quo manifiesta dentro del considerando que ha quedado señalado, que se violenta en perjuicio de los quejosos el diverso 31, fracción IV, de la Carta Magna, por lo que es de establecerse que las deducciones por los contribuyentes a sus trabajadores, para determinar las deducciones de previsión social del pago del impuesto sobre la renta, constituye una obligación, por tener personal que le presta servicios personales subordinados, lo cual es un beneficio que el patrón debe otorgar a todos sus trabajadores, sin exclusión de ninguno. El patrón podrá hacer deducciones de previsión social a todos sus trabajadores, ya que para que es indispensable (sic) que sea en forma igual para todos ellos, requisito sin el cual no podrá llevar a cabo dicha deducción, respetando de esta forma el principio de equidad que tutela el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable, al caso concreto, la tesis que a continuación se transcribe: (se citan datos de localización). ‘LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEDUCCIONES CONTEMPLADAS EN LA.’ (se transcribe). De lo anterior se desprende primeramente que las deducciones son partidas establecidas en la ley para restar de los ingresos acumulables del contribuyente, para así conformar la base gravable sobre la cual el impuesto se paga, es decir, son los conceptos que el legislador considera intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido por el contribuyente. Las deducciones se pueden considerar como una prerrogativa a favor del contribuyente, pero éstas, deben cumplir con determinadas formalidades, pues el legislador incluyó en la ley diversos requisitos a los que se sujeta su procedencia, debido a que por medio de ellas podría disminuirse en forma indebida la utilidad fiscal del contribuyente, lo que acarrearía un perjuicio para el Estado. Entre los requisitos fiscales que las deducciones deben reunir se encuentran: el que sean estrictamente indispensables para los fines del negocio, que se encuentren registradas en la contabilidad, que los pagos que se hagan cumplan con los requisitos que marca la ley, es decir resulta evidente la circunstancia de que no por ser una prerrogativa a favor del contribuyente la misma no debe revestir de ciertas formalidades tal y como en la especie se señala en la resolución que se combate, resaltando la circunstancia de que dichos requisitos en ningún momento afectan la esfera jurídica de la ahora quejosa sino que son medios legalmente establecidos para controlar las posibles prácticas de elusión o evasoras de los contribuyentes y, por ende, no afecta la contribución en lo particular, del impuesto sobre la renta. En tal virtud, nos encontramos frente a disposiciones que otorgan la prerrogativa al contribuyente de disminuir a sus utilidades, los gastos que se consideren estrictamente indispensables para el logro de su actividad, lo cual únicamente se logra en forma efectiva, cuando a dichas prerrogativas se les limita con los requisitos que el legislador ha considerado necesarios para evitar un mal uso de las deducciones en detrimento del fisco federal. En este orden de ideas, sin la existencia de dichos requisitos para las deducciones permitidas, se corre el riesgo de que los contribuyentes obtengan un beneficio, reflejado en la reducción de sus utilidades, exclusivamente para evadir el pago de sus obligaciones fiscales, como lo es en el caso concreto, del impuesto sobre la renta. De los argumentos vertidos por el a quo, se desprende que la supuesta violación al principio de equidad tributaria, consiste en que debe tomar en cuenta a todos sus trabajadores por igual, sin tomar en cuenta el tipo de relación laboral que tenga con cada uno de ellos, lo cual también le generaría una mayor (sic) gasto como contribuyente, ya que no todos tienen el mismo nivel y para poder lograr dicha igualdad les tendría que pagar a todos lo mismo, lo cual se contrapone, en virtud de que el principio de equidad tributaria radica en el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, lo cual le otorga la posibilidad de llevar a cabo las deducciones de previsión social como son las percibidas con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y todas aquellas prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, debiendo ser concedidas de manera general de acuerdo con la ley o por los contratos de trabaja (sic) que el patrón tenga celebrados con sus trabajadores, dichas deducciones de previsión social no rompen con el principio de equidad tributaria, por lo que es menester invocar la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19261-a8e4f5c6/renta-el-articulo-31-fraccion-xii-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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