DERECHOS POR TRÁMITE ADUANERO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 636/2006. SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, quinto, fracción I, inciso A), y décimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se interpone en contra de la sentencia dictada por el Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 49, párrafo primero, de la Ley Federal de Derechos vigente en mil novecientos noventa y siete y 49, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal de Derechos, vigente en dos mil cinco, y si bien subsiste en esta instancia la cuestión de constitucionalidad, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para su resolución, en virtud de que existen jurisprudencias y precedentes que permiten su solución.
SEGUNDO. Esta Sala no se hace cargo de examinar la oportunidad en la presentación del recurso de revisión, puesto que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento ya hizo el estudio correspondiente.
TERCERO. Antes de entrar en materia, es necesario hacer algunas precisiones a fin de clarificar la materia de la revisión.
En primer término, importa subrayar que, atendiendo al capítulo de actos reclamados y a los conceptos de violación de la parte quejosa, se advierte que impugnó el artículo 49, párrafo primero, de la Ley Federal de Derechos, vigente en mil novecientos noventa y siete, y los artículos 49, fracciones I, III y IV, y 50-B de la Ley Federal de Derechos, vigente en dos mil cinco.
Como se desprende del fallo recurrido, la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto a la fracción IV del artículo 49 de la ley mencionada, y concedió el amparo respecto de las fracciones I y III; sin embargo, nada dijo tocante al párrafo primero del artículo vigente en mil novecientos noventa y siete, ni acerca del artículo 50-B de la propia ley.
En contra de la sentencia federal, sólo es la autoridad responsable la que interpone recurso de revisión, pero no la parte quejosa. En tales condiciones, deben entenderse consentidas las razones dadas por la Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento en el juicio.
Sucede que el Tribunal Colegiado de Circuito, al abordar los agravios de la autoridad recurrente en la materia de su competencia, se pronunció en cuanto al sobreseimiento decretado en el primer punto resolutivo de la sentencia impugnada, que comprende la fracción IV del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, dejándolo intocado; analizó la causa de improcedencia hecha valer por la impugnante, declarando infundados sus argumentos; estimó inoperante lo dicho respecto a la fracción I del artículo 49, dada la existencia de una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional dicha norma; y, finalmente, le concedió razón a la autoridad en lo relativo a los efectos de la concesión, conforme a otra tesis jurisprudencial de la Primera Sala.
Finalmente, el Tribunal Colegiado de Circuito reservó a este Alto Tribunal los conceptos de violación donde se plantea la inconstitucionalidad del artículo 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Derechos (primero), y de la fracción III de la misma disposición, pero vigente en dos mil cinco (parte del segundo), lo que debe extenderse al concepto de violación cuyo estudio omitió la juzgadora (tercero), en aras de proteger el derecho de defensa de la parte quejosa.
Así las cosas, debe precisarse lo siguiente:
1) Las fracciones I (tema de proporcionalidad) y IV del artículo 49 no son parte de la litis constitucional; de aquí que no pueden ser motivo de estudio los conceptos de violación segundo, tercero, cuarto y quinto, en lo que atañe a dichas hipótesis.
2) La materia de la presente revisión se constriñe: a) al recurso de revisión hecho valer por las autoridades responsables, pero sólo en lo tocante a la fracción III (tema de proporcionalidad) del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, vigente en dos mil cinco, respecto a la cual se concedió la protección constitucional a la quejosa; y, b) a los conceptos de violación primero, segunda parte del segundo y tercero, donde se plantea, respectivamente, la inconstitucionalidad del artículo 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Derechos, vigente en mil novecientos noventa y siete, de la fracción III (tema de proporcionalidad) de la misma disposición y de los artículos 49, fracciones I y III, y 50-B, vigentes en dos mil cinco (tema de equidad).
CUARTO. Por cuestión de orden y método se analiza ante todo el tercer agravio de las autoridades recurrentes, en el que aducen, sustancialmente, lo siguiente:
a) La Juez del conocimiento interpreta indebidamente el artículo 49, fracción III, de la Ley Federal de Derechos, al señalar que resulta contrario a la garantía de proporcionalidad. En efecto, el precepto establece la relación entre el servicio de trámite aduanero, proporcionado por el Estado, con el monto o la cuota del derecho que paga cada contribuyente, lo que debe atender al valor de los bienes, ya que no existe otro parámetro que de manera equitativa y proporcional le ayude al Estado a determinar el monto del derecho a pagar por el trámite aduanero, en la importación de mercancías, siendo la única forma de calcular dicha cuota sin que se violen garantías constitucionales.
b) La mecánica establecida en tal precepto sí refleja capacidad contributiva de aquellos que realizan operaciones aduaneras utilizando un pedimento o documento aduanero correspondiente, asimismo refleja un trato equitativo, ya que todos los contribuyentes que importen el mismo bien pagarán la misma cuota, y contribuyentes que importen bienes que representen un costo elevado al Estado pagarán una cuota mayor, respetando con ello las garantías de proporcionalidad y equidad.
c) El legislador ha establecido diversas hipótesis de causación o generación del derecho de trámite aduanero tomando en cuenta la naturaleza de las mercancías, diversos regímenes aduaneros distintos a los de importación o exportación definitiva y la calidad de algunos importadores o exportadores que participen de la maquila de exportación o participen en los programas de Pitex, ostensiblemente con el fin de impulsar o alentar ciertas actividades, y en tratándose de los supuestos a que alude la fracción examinada se ha establecido una cuota fija por operación.
d) Se considera que la cuota fija de $178.78 por cada operación que consigna la norma legal no transgrede el principio de proporcionalidad, pues no atiende para su determinación a elementos extraños y ajenos al costo del servicio, que razonablemente se ha fijado en la cantidad a que asciende la cuota fija, la que se considera no es exorbitante ni ruinosa, pues no está fuera de toda medida, ni significa un empobrecimiento para el usuario del servicio público consistente en el trámite aduanero que proporciona la autoridad correspondiente.
e) Por equidad tributaria en materia de impuestos debe entenderse que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos; sin embargo, existen derechos, dependiendo del objeto real del servicio prestado, como en el caso, que para cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad a que están sujetas para su validez todas las contribuciones, es necesario que, además de la correlación que debe preservar entre el costo del servicio y el monto de la cuota, también se tomen en cuenta los beneficios recibidos por los usuarios, sus posibilidades económicas como razones de tipo extrafiscal.
f) Luego, si a servicio igual le corresponde una misma tarifa que se pagará cualquiera que sea la operación que se efectúe de las contenidas en las fracción III del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, cabe concluir que dicha norma respeta las garantías de proporcionalidad y equidad, pues sólo se cobra la cuota fija que representa razonablemente el costo que para el Estado significa proporcionar el servicio de trámite aduanero y que deben cubrir por igual todos los usuarios sin distinción.
Es esencialmente fundado el agravio sintetizado, pues como esta Segunda Sala ya lo sostuvo al resolver el amparo en revisión 1859/2005, el diecisiete de febrero de dos mil seis, bajo la ponencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, la fracción III del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, vigente en dos mil cinco, no es violatoria de la garantía de proporcionalidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional.
En dicho precedente se sostuvo la constitucionalidad no sólo de la indicada fracción, sino también de la IV, empero, como en la especie el asunto versa exclusivamente en torno de la fracción III, se hará referencia nada más a esta última.
A propósito de lo anterior, conviene reproducir los artículos 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y 1o. de la Ley Federal de Derechos, que establecen:
"Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
"...
"IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado."
"Artículo 1o. Los derechos que establece esta ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
"Los derechos por la prestación de servicios que establece esta ley deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso el financiero, salvo en el caso de que dichos cobros tengan un carácter racionalizador del servicio. ..."
De los artículos reproducidos se advierte que los derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados siempre que, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se prevén en la Ley Federal de Derechos y, asimismo, son derechos las contribuciones a cargo de los organismos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
En el caso, se está en presencia de derechos causados por recibir un servicio público que presta el Estado, esto es, el presupuesto de hecho de las contribuciones se actualiza cuando el particular recibe los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, que son los denominados derechos por servicios. Al respecto, conviene tener en cuenta que en el amparo en revisión número 968/2005, el Tribunal Pleno determinó sobre este punto que para ser proporcional la imposición de un derecho por servicios debe atenderse, ordinariamente, a los siguientes aspectos:
"1. El monto de las cuotas debe guardar congruencia con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio, sin que este costo sea el exacto, sino aproximado.
"2. Las cuotas deben ser fijas e iguales para los que reciban un idéntico servicio, porque el objeto real de la actividad pública se traduce generalmente en la realización de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable en el costo del servicio."
Así, se tiene que el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, en su fracción III, establece:
"Artículo 49. Se pagará el derecho de trámite aduanero, por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, conforme a las siguientes tasas o cuotas:
"...
"III. Tratándose de importaciones temporales de bienes distintos de los señalados en la fracción anterior siempre que sea para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación $178.78.
"Asimismo, se pagará la cuota señalada en el párrafo anterior, por la introducción al territorio nacional de bienes distintos a los señalados en la fracción II de este artículo, bajo el régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados, así como en los retornos respectivos. ..."
Como se puede apreciar, la norma controvertida impone a los contribuyentes el deber de pagar el derecho de trámite aduanero por aquellas operaciones que se efectúen utilizando un pedimento en términos de lo dispuesto en la Ley Aduanera, de manera específica en la fracción III, para el caso de bienes distintos a los señalados en la fracción II, siempre que sea para elaboración, transformación o reparación, ya sea en programas de maquila o de exportación o en recintos fiscales, así como en los retornos respectivos, supuesto en el cual se pagará una cuota de $178.78.
En ese contexto, se aprecia que en la hipótesis de la fracción III del artículo reclamado, el trámite aduanero se efectúa con pedimento o documento aduanero, y para la determinación del pago de derechos respectivo se establece una sola cuota, de donde se concluye que la disposición no transgrede el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, ya que el monto de la cuota guarda congruencia con el costo que para el Estado representa la realización del servicio, debiendo recordarse que basta con que el costo sea aproximado y no el exacto, lo que además se estima es lógico, razonable y objetivo, si se parte de la base de que la cuota de $178.78 que cubre el importador o exportador de las mercancías atiende en lo básico el costo que representa para la autoridad administrativa la prestación de sus servicios de despacho o trámite aduanero, a modo tal que no es materialmente notorio que la aplicación de la referida cuota resulte un pago desproporcional y excesivo.
Lo dicho queda más de relieve si se considera lo que implica el servicio público de despacho o trámite aduanero por las operaciones que realicen los contribuyentes utilizando un pedimento o documento aduanero. Para tal propósito, conviene recordar lo que disponen los artículos 10, 35 y 36 de la Ley Aduanera:
"Artículo 10. La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá efectuarse por lugar autorizado, en día y hora hábil. Quienes efectúen su transporte por cualquier medio, están obligados a presentar dichas mercancías ante las autoridades aduaneras junto con la documentación exigible. ..."
"Artículo 35. Para los efectos de esta ley, se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales."
"Artículo 36. Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de: ..."
Tales dispositivos ponen de relieve que la entrada o salida al país de mercancías, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, exige su presentación ante las autoridades aduaneras con la documentación exigible, a fin de desahogar su despacho aduanero, que la misma ley define como el "conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales"; lo que habrá de realizarse, tratándose de importación y exportación de mercancías, con la presentación de pedimentos en las formas oficiales aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ahora bien, la Ley Federal de Derechos previene que en esta clase de operaciones aduaneras que utilicen pedimentos o documentos aduaneros se pagará un derecho por trámite aduanero, que de acuerdo con la fracción III del artículo 49 será de $178.78, lo que resulta congruente y aproximado al costo que significa el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que despliegan en las aduanas las autoridades fiscales, dado que para analizar la proporcionalidad de la disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la medida que la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado, de todo lo cual ha de concluirse que la porción normativa examinada no es violatoria de la garantía de proporcionalidad tributaria.
En relación con lo anterior, cabe mencionar que al solicitarse del Estado la realización de dicho trámite, se entabla una relación bilateral entre el particular y el Estado a través de la dependencia correspondiente que proporciona los servicios en su función de derecho público en operación aduanera, lo que hace denotar que tal actuación le causa un beneficio directo a la quejosa, con motivo de las importaciones o exportaciones de mercancías que realizan, pero no un perjuicio con el pago del derecho por trámite aduanero que, como en el caso, es representativo del servicio público que se presta a los contribuyentes importadores y exportadores.
En consecuencia, resulta fundado lo aducido por la autoridad recurrente, en el sentido de que el artículo 49, fracción III de la Ley Federal de Derechos no es violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria, condición en la cual debe modificarse la sentencia recurrida en la parte que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, pues además de lo antes razonado, se advierte del fallo recurrido que su titular se limitó a aplicar los motivos que sostuvo la Primera Sala de esta Corte Suprema en relación con la fracción I del referido numeral, sin hacer mayor análisis del supuesto de la fracción III, cuando que, como ha quedado visto, corresponde a una hipótesis diferente que, por ende, amerita su propia reflexión, como lo hizo ya este cuerpo colegiado.
QUINTO. Como quedó antes precisado, la materia de la revisión también comprende los conceptos de violación primero, segunda parte del segundo y tercero, en los que -respectivamente- se plantea la inconstitucionalidad del artículo 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Derechos, vigente en mil novecientos noventa y siete, de la fracción III (tema de proporcionalidad), de la misma disposición y de los artículos 49, fracciones I y III, y 50-B, vigentes en dos mil cinco (tema de equidad).
Sin embargo, estando resuelta la cuestión fundamental alegada en la segunda parte del segundo concepto de violación donde la quejosa alega el mismo tópico, esto es, la inconstitucionalidad del artículo 49, fracción III, de la Ley Federal de Derechos, vigente en dos mil cinco, por infringir la garantía de proporcionalidad tributaria, carece de sentido examinar el punto que el Tribunal Colegiado del conocimiento reservó a esta Suprema Corte.
Sólo restaría analizar la aseveración que hace la quejosa en esa misma segunda parte del concepto de violación segundo, en el sentido de que la fracción III del artículo 49 es contraria al principio de proporcionalidad tributaria, lo que -dijo- "debe analizarse a la luz del artículo 133 constitucional y del artículo VIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio".
Es infundado lo anterior, como también esta Segunda Sala ya lo determinó al resolver el amparo en revisión 1859/2005, el diecisiete de febrero de dos mil seis, bajo la ponencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
En efecto, en dicha resolución se hizo referencia al artículo VIII del "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" al que México se adhirió el veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y seis, cuyo protocolo fue publicado el veintiséis de noviembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, el cual, en la parte conducente, señala lo siguiente:
"Artículo VIII
"Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación
"1. a) Todos los derechos y cargas de cualquier naturaleza que sean, distintos de los derechos de importación y de exportación y de los impuestos a que se refiere el artículo III, percibidos por las partes contratantes sobre la importación o la exportación o en conexión con ellas, se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y no deberán constituir una protección indirecta de los productos nacionales ni gravámenes de carácter fiscal aplicados a la importación o a la exportación.
"b) Las partes contratantes reconocen la necesidad de reducir el número y la diversidad de los derechos y cargas a que se refiere el apartado a).
"c) Las partes contratantes reconocen también la necesidad de reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación y exportación y de reducir y simplificar los requisitos relativos a los documentos exigidos para la importación y la exportación."
Como se puede advertir, la disposición establece a favor de los contribuyentes que todos los derechos y cargas de cualquier naturaleza que sean distintos de los derechos de importación y de exportación y de los impuestos a que se refiere el artículo III, percibidos por las partes contratantes sobre la importación o la exportación o en conexión con ellas, se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados, lo que de ninguna manera se ve superado por la fracción que se impugna, dado que la cuota que establece por operación atiende a la prestación de dichos servicios, como se expuso en consideraciones precedentes, de ahí lo infundado del argumento relativo.
SEXTO. Deben ahora examinarse los conceptos de violación primero y tercero, con fundamento en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo.
En su primer concepto de violación la empresa quejosa aduce, de manera fundamental, "infracción a la garantía de legalidad tributaria, establecida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de que el primer párrafo del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos no define el objeto del tributo, sino que se deja a la libre determinación de las autoridades administrativas".
Es infundado lo anterior, como esta Segunda Sala ya lo señaló al resolver el amparo en revisión 1085/2005, con fecha veinticuatro de marzo de dos mil seis, bajo la ponencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, cuyas razones, en lo esencial, se reiteran a continuación.
El precepto cuestionado dispone lo siguiente:
"Artículo 49. Se pagará el derecho de trámite aduanero, por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, conforme a las siguientes tasas o cuotas: ..."
De tal disposición se advierte el deber a cargo de los contribuyentes de pagar el trámite aduanero por las operaciones que realicen utilizando un pedimento o documento aduanero, en términos de la Ley Aduanera, entre otros, de los artículos 10, 35, 36, 37, 38, 42, 43 y 44, de cuya lectura se desprende que la entrada o salida al país de mercancías, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes exige su presentación ante las autoridades aduaneras con la documentación exigible, a fin de desahogar su despacho aduanero, que la misma ley define como el "conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo que, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales", lo que habrá de realizarse tratándose de importación y exportación de mercancías, con la presentación de pedimentos en las formas oficiales aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, se establece la obligación de acompañar al pedimento relativo, tratándose de mercancía de importación que cumplan diversos requisitos, como: la factura comercial; el conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo; los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior; el documento que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen, etcétera; el documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado; el certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada, cuando éste se requiera; la información que permita la identificación, análisis y control que señale la secretaría mediante reglas, entre otros. Tratándose de mercancía de exportación, los documentos que deben acompañarse son: la factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías; los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, que se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación.
También destaca, conforme a lo señalado en el artículo 43 de la Ley Aduanera, que elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado se presentarán las mercancías con el pedimento ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas, que en caso de ser así, la autoridad efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal, el que una vez concluido, debe activarse nuevamente el mecanismo de selección automatizado, siendo la misma autoridad la que determinará si las mercancías se sujetarán a un segundo reconocimiento. También se establece que tanto el primero como el segundo reconocimiento aduanero, consisten en el examen de las mercancías de importación o de exportación, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado, en relación a las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar la mercancía; la descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías; y los datos que permitan la identificación de las mercancías.
Lo antes expuesto, por un lado, permite concluir que el despacho aduanero es prestado por autoridades aduaneras, que consiste en un conjunto de actos y formalidades que deben practicarse para reconocer las mercancías que se pretenden importar o exportar del país, las que al presentarse con el pedimento respectivo se sujetarán al procedimiento administrativo de reconocimiento aduanero; por otro, que para el despacho de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20298-c3ce324c/derechos-por-tramite-aduanero-el-articulo-49-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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