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PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. CUANDO SE RECLAMA LA CUANTIFICACIÓN DE SU MONTO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AUNQUE EN UNA RESOLUCIÓN PREVIA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR ERROR, NO LA HAYA CONSIDERADO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE TRANSGRESIÓN A DERECHOS ADQUIRIDOS NI AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2021. · Registro digital (IUS): 30260
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-12-03
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN M
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Pág. 1536.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: N. MONTSERRAT TORRES CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

6. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo (en su redacción vigente al momento en que se efectuó la denuncia), y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los transitorios primero, fracción II y quinto,(3) de la actual Ley Orgánica, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, cuyo conocimiento es competencia de la Sala debido a que el tema del asunto corresponde a la materia laboral, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

7. SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo (en su redacción vigente al momento en que se efectuó la denuncia), ya que se formuló por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

8. TERCERO.—Criterios contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

9. I. Amparo directo 107/2021 (expediente auxiliar), del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.(4)

10. Un gobernado demandó en la vía laboral al Instituto Mexicano del Seguro Social, por diversas prestaciones, como el pago correcto y pago de diferencias de la pensión por cesantía en edad avanzada, pago de incrementos legales y aguinaldos, pago correcto de las mensualidades sucesivas y el incremento a la cuantía básica del 1.11 por ciento.

11. El asunto fue resuelto por la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León, en el sentido de absolver a la parte demandada.

12. No estando de acuerdo, el actor promovió juicio de amparo directo en el que, por sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se negó la protección constitucional solicitada, al considerar en esencia lo que sigue:

"... SEXTO.—Estudio. El concepto de violación planteado por el quejoso es infundado, sin que este Tribunal Colegiado advierta queja deficiente que suplir en su favor.

"... este Tribunal Colegiado concluye que fue legal que la Junta aplicara el contenido del artículo 33 de la Ley del Seguro Social abrogada, para calcular el monto de la pensión previamente otorgada al asegurado.

"... En efecto ... es correcto que la Junta atendiera a lo establecido en el mencionado artículo 33 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, en cuanto al límite superior del salario del actor, en virtud de que a éste se le otorgó la pensión conforme al esquema de pensiones previsto en la derogada Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, al así haberse solicitado, tal como se desprende de la documental consistente en resolución de otorgamiento de pensión de treinta de abril de dos mil doce.

"... Como marco referencial, conviene citar el contenido del artículo 33(5) de la Ley del Seguro Social abrogada ...

"Por tanto, es inconcuso, que si para la obtención de la pensión de cesantía en edad avanzada el actor se acogió a los beneficios de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, para cuantificar dicha subvención resulta aplicable el artículo 33 de la citada legislación, que como se vio establece el límite superior que tiene el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, a saber, de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en la época del otorgamiento de la pensión.

"De ahí que, aun cuando no fue materia de controversia el salario promedio que señaló el actor (quejoso) ... e, incluso el mismo fue reconocido por el instituto demandado en la contestación de la demanda, no obstante, para el cálculo de la pensión de cesantía en edad avanzada, debe observarse el límite salarial previsto en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social ... que es el que debe considerarse para el cálculo de la pensión de cesantía en edad avanzada. ... es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 85/2010,(6) de la Segunda Sala ...

"Bajo ese contexto, aun y cuando el impetrante hubiera cotizado bajo el actual régimen de seguridad social, no resultaba aplicable el salario que se tuvo por reconocido por el instituto en el juicio ... pues ... el actor se acogió a los beneficios contemplados en la anterior legislación de seguridad social, es decir, al régimen de mil novecientos setenta y tres, por lo que deben aplicarse las prerrogativas establecidas en dicha legislación, cuando fue el propio accionante quien decidió acogerse a los beneficios señalados en la aludida ley de seguridad social.

"Además, lo así decidido, no implicó el análisis de un presupuesto que se encontraba fuera de la litis, pues independientemente de las excepciones opuestas y si éstas son acreditadas o no, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tienen la obligación, conforme lo ordenan los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, de examinar la procedencia de la acción deducida, y si encuentran, que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, deben absolver.

"... Por ello, la responsable estaba en aptitud de analizar, aun de oficio, la procedencia de la modificación de la cuantía de la pensión, con vista en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social, al ser una disposición de orden público, para los casos aplicables.

"... Es así, porque al existir disposición de orden público y de observancia obligatoria respecto al límite superior que debe tomarse en cuenta para el pago de las mismas, las Juntas no pueden evadir esa cuestión ni siquiera en los casos en que el instituto ... omita oponer excepción expresa en ese sentido.

"Así lo estableció la Segunda Sala ... concluyó que la autoridad laboral debe atender al límite superior previsto en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, incluso cuando el demandado no se excepcione en ese sentido ... jurisprudencia 2a./J. 8/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: ‘PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO.’ ...

"... Por lo demás debe decirse que la circunstancia de que el instituto demandado al resolver otorgar la pensión, lo hiciera sin advertir que el salario con que la calculó rebasaba los términos establecidos por la norma que regula su cuantía, de ninguna manera se traduce en la adquisición de un derecho por el asegurado.

"Esto es así, porque un derecho adquirido es el que se crea al amparo de una legislación y, por consecuencia, no puede afectarse o transgredirse por las posteriores; lo que en el caso no sucede, porque la pensión cuyo ajuste se reclama fue otorgada durante la vigencia de la ley que establece el límite de diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y fue precisamente la disposición normativa aplicada por la Junta en el caso concreto; por tanto, aun cuando originalmente la demandada no observó el límite respectivo al cuantificar la pensión, ello no es óbice para soslayar la aplicación de los máximos legales establecidos en dicho precepto al emitirse el laudo reclamado.

"... Ahora, no debe confundirse entre: a) el derecho que se adquiere y b) los términos en los cuales se concede el mismo, puesto que este último constituye un aspecto que sí podría variar y/o modificarse dependiendo de los términos en que se concedió.

"En el caso concreto, el derecho que adquirió el aquí quejoso lo constituye la pensión de cesantía que se le concedió por haber cumplido con los requisitos legales necesarios para su otorgamiento, la cual ya no es susceptible de desincorporarse de su esfera de derechos.

"Empero, el monto con el cual se le concedió dicha pensión sí es susceptible de variarse o modificarse, ya sea por el propio actor, o bien, por el ente asegurador de estimarlo necesario, tal y como lo prevén los artículos 272 y 273 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres –aplicable al caso–.

"Por ello, la acción que intentó en el juicio laboral el aquí quejoso, implica la modificación en la cuantía de su pensión, considerando cierto salario y número de semanas para volver a calcular el monto de la pensión que le fue otorgada; luego, es dable considerar que el monto de la cuantía, salario y número de semanas consideradas para su cálculo no constituyen por sí mismos derechos adquiridos, al ser susceptibles de variarse y/o modificarse incluso, mediante una determinación judicial en caso de considerar que no se otorgó conforme a derecho.

"Consecuentemente, si el ente de seguridad social incurrió en un error al cuantificar la pensión otorgada al actor, ahora quejoso, ello de forma alguna puede traducirse en la adquisición del derecho a recibirla conforme a dicho monto, ni es dable prevalerse de tal yerro para conservar ese monto, puesto que, como se dijo, tal aspecto sí es susceptible de ser modificado, verbigracia, por haberse calculado en cantidad menor a la que legalmente correspondía o, como en la especie sucede, por no estar ajustado a los parámetros legales previstos en la ley para su otorgamiento.

"En ese tenor, la circunstancia de que el instituto demandado haya otorgado la pensión a Javier García Garza, sin advertir que el salario con que la calculó rebasaba los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, no impide que tal aspecto sea analizado para determinar la procedencia de su acción, pues el único derecho que adquirió el trabajador fue a gozar de una pensión, siendo factible su revisión para determinar si su otorgamiento se hizo conforme a la ley aplicable, la cual, en el caso, establece un tope salarial que forzosamente debe observarse; máxime que no es factible dar mayores alcances al citado precepto.

"También carece de sustento, el señalamiento relativo a que la Junta aplicó de manera retroactiva lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, en cuanto al límite de diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

"Lo anterior es así porque, la disposición legal de cuya aplicación se duele el quejoso, no forma parte de una nueva ley que entrara en vigor con posterioridad al otorgamiento de la pensión al actor, sino de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres conforme a la cual, como se dijo, le fue otorgada su pensión, inclusive es en la que apoya su reclamación de ajuste de pensión.

"Por lo que la circunstancia, de no tomarse en cuenta el dispositivo que regula el salario que rige para su pensión al momento de su otorgamiento, no excluye que no pueda ser considerado para efectuar el ajuste de la misma.

"De manera que, por las consideraciones expuestas, fue legal la decisión de la Junta de considerar el límite de diez veces el salario establecido en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social abrogada ..."

13. II. Amparo directo 522/2017, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

14. Un gobernado demandó en la vía laboral al Instituto Mexicano del Seguro Social, por diversas prestaciones, como el pago correcto de la pensión por cesantía en edad avanzada que le fue otorgada por el referido instituto, así como el pago de diferencias, entre otras.

15. El asunto fue resuelto por la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la que mediante un primer laudo determinó absolver a la parte demandada. Posteriormente, se promovió un primer juicio de amparo directo, en el que se resolvió conceder la protección constitucional para el efecto de que la Junta proveyera conforme a derecho lo relativo al medio de perfeccionamiento de una prueba documental, consistente en copia simple de la resolución de otorgamiento de pensión y hecho lo anterior resolviera lo procedente.

16. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable dictó un segundo laudo en el que determinó absolver al instituto demandado, al estimar que el monto de la pensión era apropiado. Al no estar conforme, el actor promovió un segundo juicio de amparo directo, en el que se determinó conceder la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se determinara el correcto pago de la pensión y demás prestaciones reclamadas, realizando las operaciones aritméticas correspondientes.

17. Atento a lo anterior, la Junta dictó un tercer laudo en el que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de diferencias de pensión y de aguinaldo, hasta que se efectuara el pago correcto del monto de la pensión, además de absolverlo de las demás prestaciones reclamadas.

18. No estando de acuerdo con el laudo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió el juicio de amparo directo 522/2017, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que en sesión de trece de diciembre de dos mil diecisiete concedió el amparo, con base en lo siguiente:

"... Los anteriores argumentos resultan infundados.

"José Sotero Reyes Vázquez demandó el pago de diferencias de la pensión de cesantía que se le venía otorgando.

"El demandado negó acción y derecho.

"Para apoyar su acción, el actor, ofreció como prueba la copia simple de la resolución 08/169730, de otorgamiento de la pensión de veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciocho (2018) con efectos a partir del cinco (5) de junio de dos mil ocho (2008), documental que se tuvo por perfeccionada ...

"El artículo 33(7) de la Ley del Seguro Social de 1973, establece:

"De lo anterior se advierte, que el precepto prescribe un límite máximo con el que deben otorgarse las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, es decir, el salario promedio que debe servir de base para cuantificar la pensión, cuyo límite superior el equivalente a diez (10) veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

"Como se advierte de la resolución transcrita, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó a José Sotero Reyes Vázquez su pensión de cesantía por edad avanzada, conforme al Régimen 73, en la que le reconoció al bimestre ‘2008/06/05’, 1068 (mil sesenta y ocho) semanas de cotización y como salario promedio ... el cual tomó como base para obtener el monto de la cuantía de la pensión mensual, sin que de la resolución para el otorgamiento de la pensión de cesantía se observe que aplicara el límite salarial establecido por el artículo 33 de la Ley del Seguro Social.

"Por tanto, no asiste razón al inconforme en lo que ahora pretende hacer valer, en el sentido de que la Junta debía atender la limitante a la pensión establecida en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social para calcular las diferencias reclamadas, esto es, que el salario promedio que debía servir de base para cuantificar las diferencias de la pensión no podía ser superior al equivalente a diez (10) veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), pues si el demandado concedió la subvención fijando el salario promedio de cotización ... sin emplear la limitante, con ese mismo salario es con el que se debe analizar si es que existe diferencia en el pago de la pensión sin utilizar la limitante mencionada, pues de hacerlo, equivaldría a la aplicación de forma retroactiva de la ley en menoscabo de los derechos adquiridos del pensionado.

"Entonces, el artículo 33 de la Ley del Seguro Social prescribe un límite máximo con el que deben otorgarse las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, es decir, el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización que debe servir de base para cuantificar la pensión, cuyo límite superior será el equivalente a diez veces del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); sin embargo, dicha limitante no debe atenderse cuando se reclama el pago correcto de la pensión, si en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó la subvención sin aplicar el límite establecido en el artículo 33 de la legislación en cita, pues de hacerlo se traduciría en menoscabo de los derechos adquiridos del pensionado ..."

19. De las anteriores consideraciones derivó la tesis aislada I.13o.T.188 L (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. CUANDO SE RECLAMA LA RECTIFICACIÓN DE SU MONTO CORRECTO NO DEBE ATENDERSE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA."(8)

20. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En principio, es importante precisar que acorde con el criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

21. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P./J. 72/2010 y la tesis aislada P. XLVII/2009, cuyos rubros son los siguientes: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(10)

22. Deriva de los referidos criterios que, la existencia de la contradicción de tesis, no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

23. En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

24. Hechas las precisiones anteriores, conviene acotar que de acuerdo con lo establecido en las ejecutorias reproducidas, se advierte que sí existe la contradicción de criterios denunciada, ya que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, consideró que cuando se reclama la cuantificación correcta de la pensión por cesantía en edad avanzada y se aplica el tope máximo de 10(11) veces el salario mínimo(12) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(13) no implica la transgresión a derechos adquiridos, ni al principio de retroactividad de la ley, pese a que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social, por error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.

25. En cambio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito estimó que cuando se reclama la cuantificación correcta de la pensión por cesantía en edad avanzada y se aplica el tope máximo de 10(14) veces el salario mínimo(15) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(16) sí se vulneran derechos adquiridos y se transgrede el principio de retroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó la pensión sin tomar en cuenta dicha limitante.

26. Como se advierte, los Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron posturas disímiles frente a una misma situación jurídica, consistente en establecer si al resolver sobre la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10(17) veces el salario mínimo(18) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(19) se vulneran derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó la pensión sin atender dicha limitante; ya que mientras uno considera que sí se vulneran derechos adquiridos, el otro estima que no se infringen.

27. En esa tesitura, el punto de contradicción que se debe dilucidar estriba en determinar si al resolver sobre la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10(20) veces el salario mínimo(21) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(22) se vulneran o no derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.

28. QUINTO.—Consideraciones y fundamentos. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avoca a su resolución, determinando que debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio que aquí se establece.

29. Con el propósito de evidenciar lo anterior, en primer lugar, resulta importante destacar algunos aspectos relacionados con la pensión por cesantía en edad avanzada en relación con los derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley.(23) En segundo término, se analizará si al resolver sobre la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10(24) veces el salario mínimo(25) previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973,(26) se vulneran o no derechos adquiridos y el principio de retroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante.

30. Al respecto, cabe precisar que en virtud de que el punto jurídico en disenso está encaminado a dilucidar si existe o no transgresión a los derechos adquiridos y al principio de retroactividad de la ley, es pertinente realizar las siguientes acotaciones.

31. La prohibición de aplicación retroactiva de la ley está reconocida como derecho en el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Federal,(27) y en el análisis de su protección debe verificarse si el acto de autoridad se lleva a cabo dentro del ámbito temporal de validez de la ley sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por la quejosa con anterioridad a su entrada en vigor. Así lo ha establecido esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 87/2004, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA."(28)

32. Con el propósito de analizar el efecto retroactivo de la ley o de su aplicación retroactiva, en la jurisprudencia se han adoptado dos teorías: la de los derechos adquiridos y la de los componentes de la norma.

33. De acuerdo con la primera, para determinar si un precepto impugnado es o no violatorio del derecho mencionado, es necesario precisar, en primer lugar, si el particular tenía ya dentro de su haber jurídico, los derechos y prestaciones a los que alude o se trataba sólo de una expectativa de derecho. Así se estableció en el criterio 2a. LXXXVIII/2001, de rubro: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS."(29)

34. De conformidad con las teorías que existen sobre los derechos adquiridos (que redundan en la irretroactividad de las leyes) debe distinguirse entre estos últimos y las expectativas de derechos, a saber:

35. I. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio de una persona y ese hecho ya no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario.

36. II. En cambio, la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una determinada situación jurídica, pero que no entra al patrimonio de la persona; es decir, la expectativa de derecho corresponde al futuro al no haberse cubierto los requisitos que en su momento previó la ley, esto es, que potencialmente se iban a obtener al surtirse los supuestos establecidos en la propia ley.

37. Por tanto, la ley es retroactiva o se aplica retroactivamente cuando se modifican o destruyen los derechos que una persona adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, porque esos derechos ya habían entrado en su patrimonio o esfera jurídica, pero no sucede lo mismo cuando se trata de expectativas de derechos.

38. De acuerdo con la teoría de los componentes de la norma, debe advertirse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia. Si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes. Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, puesto que puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas, es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo:

39. a) Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia, sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, dado que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de una nueva ley.

40. b) Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas.

41. c) Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, ya que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.

42. d) Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley, no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición).

43. e) Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30260-8e95ee81/pension-por-cesantia-en-edad-avanzada-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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