PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. LA EXPRESIÓN "CON PENSIÓN IGUAL O MAYOR A UN SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL", CONTENIDA EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, REFORMADO POR EL DIVERSO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, NO ESTABLECE UN LÍMITE MÁXIMO PARA TENER DERECHO AL INCREMENTO CORRESPONDIENTE.
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. LA EXPRESIÓN "CON PENSIÓN IGUAL O MAYOR A UN SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL", CONTENIDA EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, REFORMADO POR EL DIVERSO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, NO ESTABLECE UN LÍMITE MÁXIMO PARA TENER DERECHO AL INCREMENTO CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL CUARTO CIRCUITO Y DÉCIMO TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO. 9 DE AGOSTO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos y porque la materia de la contradicción de tesis versa sobre la materia laboral, especialidad de esta Segunda Sala, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(2)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el cual sustentó uno de los criterios denunciados como opositores.
TERCERO.-Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. Amparo directo laboral 1080/2016.
1. Juicio laboral
El trece de octubre de dos mil quince, un pensionado por cesantía demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el pago correcto y ajuste a su pensión, pago de las diferencias con los incrementos correspondientes, así como los aguinaldos a que tuviera derecho.
En los hechos de la demanda expresó haber sido inscrito ante el instituto demandado desde el veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y tres, indicando haber trabajado para diversos patrones, de los cuales mencionó el nombre, sitio, puesto laboral, periodo en el que prestó su servicio y las semanas cotizadas al régimen obligatorio del propio instituto.
Asimismo, manifestó que, mediante resolución de diez de septiembre de dos mil quince, con efectos a partir del treinta y uno de julio del mismo año, se le otorgó, por parte del demandado, una pensión por cesantía con un salario promedio inferior al que en realidad venía percibiendo; además, adujo que no le fueron tomadas en cuenta el total de semanas acumuladas.
Al contestar la demanda, el instituto demandado negó todos y cada uno de los hechos mencionados en la demanda, señalando que el actor cotizó setecientas semanas bajo el régimen obligatorio y que le fue otorgada una pensión de cesantía en edad avanzada el diez de septiembre de dos mil quince. Por lo que manifestó que era falso que se le adeudara monto alguno al actor.
En el laudo, la Junta ordenó al instituto demandado modificar la resolución en la que se otorgó al actor la pensión, toda vez que, después de cuantificar la pensión, de conformidad con el artículo 167 de la Ley del Seguro Social y con los respectivos incrementos anuales, en términos de los diversos numerales 168 y 171 del mismo ordenamiento, concluyó que el actor tenía derecho a un monto mayor.
En consecuencia, condenó al instituto a ajustar el monto de la pensión y a pagarle al actor la diferencia resultante, cuantificada del treinta y uno de julio de dos mil quince al treinta de abril de dos mil dieciséis, sin menoscabo de las actualizaciones que se generaran con posterioridad hasta que la demandada diera cumplimiento a la sentencia. Cabe mencionar que en el cálculo del monto pensionario, la Junta no aplicó el factor de incremento previsto en el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social vigente.
La parte actora promovió juicio de amparo directo.
2. Ejecutoria de amparo
El ocho de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado de Circuito emitió ejecutoria en la que negó el amparo.
En primer lugar, estimó inoperante el argumento del quejoso en el sentido de que, al monto de la cuantía básica e incrementos, debía aplicarse el factor de 1.11. Consideró que el inciso b) del artículo décimo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos décimo cuarto y vigésimo cuarto transitorios del "Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno", no dispone que a las pensiones otorgadas deba sumarse ese porcentaje, sino que deben multiplicarse por el factor 1.11; de ahí que el argumento de disenso parte de una premisa falsa.
Por otra parte, consideró infundado que debiera aplicarse el factor 1.11, en lo que se refiere al inciso b) del artículo décimo cuarto transitorio de referencia, pues señaló que dicho supuesto se actualiza únicamente si se obtiene una pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y no como aduce el quejoso "sin importar el monto de su pensión".
Explicó que de la interpretación teleológica de la exposición de motivos y del proceso legislativo de la creación del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, puede colegirse que lo previsto en el inciso b) implica la intención del legislador de optimizar la cuantía de las pensiones existentes o las que se determinaran con posterioridad al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, lo cual se actualiza únicamente si se obtiene que la pensión es igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, es decir, hasta menos de dos salarios mínimos.
Agregó que la finalidad de la reforma es garantizar que la totalidad de las personas pensionadas y jubiladas tengan un nivel de, por lo menos, una pensión equivalente a un salario mínimo, entre ellos, para la población menos favorecida, en respuesta a un requerimiento urgente de la sociedad y atendiendo a un criterio de justicia distributiva, buscando proporcionalidad en los apoyos que se otorgasen para quienes reciben menores pensiones.
Además, consideró que si la intención legislativa consistió en atender a un grupo de personas que reciben pensiones mínimas, ello implica que atendió al derecho al mínimo vital que se encuentra contenido en el artículo 123 de la Constitución Federal, el cual consiste en el aseguramiento de una existencia digna para las personas, como postulado básico de un Estado social, en la medida en la que se establece la idea de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona, así como la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país.
Para tal efecto, citó la tesis aislada P. VII/2013 (9a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS ÁMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA."; asimismo, se refirió al contenido de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 422/2013 emitida por la Segunda Sala de esto Alto Tribunal en la que también se hizo referencia al derecho al mínimo vital.
En consecuencia, concluyó que la expresión contenida en el inciso b) del precepto en análisis, que refiere "con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal" para que sea aplicado el factor 1.11 a las personas pensionadas de sesenta años o más, debe entenderse como un límite a esos específicos supuestos en que las personas que se encuentran en condiciones precarias mínimas se vean beneficiadas, a efecto de que, por lo menos, puedan satisfacer sus necesidad básicas.
De ahí que estimó que fuera de ese parámetro para la aplicación del factor 1.11, se encuentran aquellas personas pensionadas que gozan de un ingreso igual a dos salarios mínimos o superiores a éstos, por no tratarse de un grupo de personas que, en aras de la justicia social y atendiendo al mínimo vital, hayan sido beneficiadas con dicha prerrogativa, por exceder el referente que tasó como personas pensionadas en situaciones desfavorables.
Por último, sostuvo que no era óbice a tal decisión lo previsto en el artículo 169 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, donde se dispuso a las pensiones el límite del cien por ciento del salario promedio que sirvió de base para fijar la cuantía, ya que ello no restringe la limitante para la aplicación de la prerrogativa otorgada por el legislador para las personas pensionadas en condiciones precarias mínimas, pues si la intención legislativa hubiera sido distinta, se habría dirigido el incremento a la población total de pensionadas y pensionados, cuando en realidad se redactó, entre otros, aquellas personas con sesenta años o más: "con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal"; esto es, se apuntó como definición limitante a los montos de pensión que sean igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo cual se traduce en que, tratándose de pensiones equivalentes a dos salarios mínimos o mayores a ese monto, no es aplicable el aludido factor.
En ese orden de ideas, concluyó que resultaba infundado que debiera considerarse el factor 1.11, previsto en el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social, para el cálculo de la pensión del quejoso, pues no se estaba en presencia de una pensión de cuantía mínima, es decir, igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el entendido que la pensión del quejoso excedía de dos veces el salario mínimo.
En virtud de lo anterior, emitió las tesis aisladas de títulos, subtítulos y textos siguientes:
"PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. INAPLICABILIDAD DEL INCREMENTO DEL FACTOR 1.11 CUANDO SU MONTO SEA IGUAL O MAYOR A DOS SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL. El artículo décimo cuarto transitorio, inciso b), del Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, establece que para los pensionados de 60 años o más, con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el monto de su pensión será el resultado de multiplicar la pensión que reciban al 31 de diciembre de 2003, o la pensión que se determine si se pensionan después de esa fecha, por el factor 1.11. Ahora bien, de la exposición de motivos y del proceso legislativo de su creación se aprecia que la intención del legislador emerge de un acto de justicia social tendiente a proteger a un grupo de personas que reciben menores pensiones; por tanto, ese ejercicio legislativo es un reflejo del cumplimiento del Estado para asumir la tarea de remover obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona conforme al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; norma que tutela los derechos de los trabajadores en cuanto a lo básico en un aspecto indispensable, lo que se ha definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho al mínimo vital en la tesis P. VII/2013 (9a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 136, con el título y subtítulo: ‘DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS ÁMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA.’. En ese sentido, de una interpretación teleológica, se advierte que la finalidad de la norma es salvaguardar ese derecho al mínimo vital, por lo que la expresión ‘con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal’, prevista en el aludido inciso b), para que sea aplicado el factor 1.11, para los pensionados de 60 años o más, debe entenderse como un límite a esos específicos supuestos en que los pensionados que se encuentran en condiciones precarias mínimas se vean beneficiados para que, por lo menos, puedan satisfacer sus necesidades básicas; de ahí que aquellos pensionados que gozan de un ingreso igual o mayor a dos salarios mínimos, están excluidos de la aplicación del aludido factor, por no tratarse del grupo de personas que, en aras de la justicia social y atento al derecho al mínimo vital, fueron beneficiadas por el legislador con la prerrogativa del factor 1.11; ello, por exceder el referente que el legislador tazó como pensionados en situaciones desfavorables."(3)
"PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1973, NO RESTRINGE NI AMPLÍA LA LIMITANTE PARA LA APLICACIÓN DEL INCREMENTO CONSISTENTE EN EL FACTOR 1.11, CUANDO EL MONTO DE LA PENSIÓN SEA IGUAL O MAYOR A DOS SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL. De la interpretación teleológica del artículo décimo cuarto transitorio, inciso b), del Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, se advierte que la finalidad de dicho numeral es salvaguardar el derecho al mínimo vital previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, la expresión ‘con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal’, contenida en dicho inciso, debe entenderse como un límite a esos específicos supuestos en que los pensionados se encuentran, para que sean beneficiados y puedan satisfacer sus necesidades básicas; de ahí que aquellos pensionados que gozan de un ingreso igual o mayor a dos salarios mínimos están excluidos de la aplicación de tal factor, por no tratarse del grupo de personas que, en aras de la justicia social y atento al derecho al mínimo vital fueron beneficiadas por el legislador con la prerrogativa aludida, ello por exceder el referente que el legislador tazó como pensionados en situaciones desfavorables. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 169 de la Ley del Seguro Social de 1973, donde el legislador dispuso que las pensiones que se otorguen por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo el importe de las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que se concedan, no excederá del cien por ciento del salario promedio que sirvió de base para fijar la cuantía, porque si bien es cierto que tal precepto topa el monto de las pensiones, entre ellas, la de cesantía en edad avanzada, también lo es que no restringe ni amplía la limitante para la aplicación de la prerrogativa otorgada por el legislador para los pensionados en condiciones precarias, ya que es precisamente para los menos favorecidos a quienes resulta aplicable el factor 1.11, pues considerar que la finalidad de ese incremento fue otra, bastaría con que, en la redacción del inciso b), así se hubiera señalado, es decir, dirigiéndolo a la población total de pensionados, cuando en realidad se redactó, entre otros, para los pensionados con 60 años o más ‘con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal’; esto es, tratándose de pensiones equivalentes a dos o más salarios mínimos, el aludido factor es inaplicable."(4)
II. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo directo laboral 146/2011.
1. Juicio laboral
El veintiuno de octubre de dos mil ocho, un pensionado por cesantía en edad avanzada promovió demanda laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, de quien reclamó el reajuste de su pensión tomando en cuenta el número correcto de semanas que cotizó y el aumento en un factor de 1.11, al que se refiere el inciso b) del artículo décimo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos décimo cuarto y vigésimo cuarto transitorios del "Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno", el pago de los incrementos correspondientes y las diferencias resultantes, así como los aguinaldos y asignaciones familiares a que tuviera derecho.
En los hechos de la demanda expresó haber sido inscrito ante el instituto demandado y que, mediante resolución de dos de octubre de dos mil ocho, le fue otorgada, por parte del instituto, una pensión por cesantía de cantidad menor a la que le corresponde, toda vez que el instituto le reconoció de forma indebida seiscientas cincuenta y un semanas cotizadas, cuando realmente cotizó mil trescientas cincuenta y dos.
Al contestar la demanda, el instituto señaló que la parte actora carecía de acción y derecho para reclamar las prestaciones demandadas, ya que la pensión por cesantía que le fue otorgada fue calculada correctamente.
El veintidós de enero de dos mil diez, la Junta dictó un primer laudo, en el que absolvió a la demandada de todas las prestaciones reclamadas. En contra de dicho laudo, la parte actora promovió juicio de amparo directo, que fue resuelto en el sentido de conceder la protección constitucional para el efecto de que la Junta atendiera las pretensiones del actor y las defensas y excepciones opuestas por el demandado y, posteriormente, emitiera un nuevo laudo.
En cumplimiento a esa ejecutoria, el veintinueve de junio de dos mil diez, la Junta dictó un nuevo laudo, en el que absolvió al instituto de las prestaciones demandadas y únicamente lo condenó a aplicar a la pensión de cesantía en edad avanzada otorgada al actor en un factor de 1.11, así como a concederle los incrementos porcentuales, en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, ajustar el aguinaldo anual correspondiente y ordenó abrir incidente de liquidación para su correcta cuantificación.
El Instituto Mexicano del Seguro Social promovió juicio de amparo directo.
2. Ejecutoria de amparo
El veinticuatro de marzo de dos mil once, el Tribunal Colegiado de Circuito emitió ejecutoria en la que negó el amparo, con base en las siguientes consideraciones:
Declaró infundado el concepto de violación en el que el instituto demandado alegó que la Junta pasó por alto que, entre las pruebas aportadas por el tercero perjudicado, no se encontraba el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de dos mil cuatro, en el cual basó su petición y la responsable su condena.
Señaló que si bien el actor apoyó su reclamo del pago de incrementos a la pensión en el decreto que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 64/2000, emitida por la Segunda Sala, de rubro: "PRESTACIONES LABORALES APOYADAS EN UN DECRETO PRESIDENCIAL. CARGA DE LA PRUEBA.", cuando una trabajadora o trabajador se apoya en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, basta que especifique la fecha de publicación para que la Junta esté obligada a traerlo oficiosamente a su vista, constatar su contenido y resolver la controversia planteada, por lo que no era obligación del tercero interesado exhibir ese decreto como prueba.
Por lo tanto, concluyó que el proceder de la Junta responsable fue correcto.
Enseguida, estimó infundado el argumento del instituto quejoso, en el que alegó que la Junta responsable aplicó el factor de la pensión otorgada al actor sin explicar de qué manera obtuvo la cantidad de **********; toda vez que la Junta sí estableció que a la pensión que venía recibiendo el actor, es decir, a los ********** se debía aplicar el factor 1.11 y de ahí fue que resultó dicha cantidad.
Asimismo, consideró infundado el argumento del quejoso relativo a que la Junta omitió analizar que la pensión se otorgó al actor en dos mil ocho y el incremento fue otorgado a las pensiones existentes a la fecha en que fue publicado el decreto mencionado, es decir, en dos mil cuatro.
Precisó que el artículo décimo cuarto transitorio, que prevé el incremento, señala que las pensiones otorgadas con fundamento en el título segundo, capítulo III, artículo 65, fracciones II y III, artículo 71, fracciones II, III, IV y V, artículo 73, párrafo tercero y capítulo V, secciones segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973; y en el título segundo, capítulo III, artículo 58, fracciones II y III, artículo 64, fracciones II, III, IV, V y VI, artículo 66, párrafo tercero, capítulo V, secciones segunda y tercera, y capítulo VI, secciones segunda y tercera de la Ley del Seguro Social vigente, al momento de la publicación del mencionado decreto, se determinarán de acuerdo con los factores ahí señalados; y en su inciso b) establece que, en tratándose de pensión de cesantía en edad avanzada otorgada después de dos mil tres, se le debe aplicar el factor 1.11, es decir, el monto será el resultado de multiplicar la pensión por ese factor 1.11.
En ese sentido, determinó que si la Junta responsable estableció que la pensión de cesantía en edad avanzada otorgada al actor, al haber sido cuantificada a razón de ********** y ser posterior a la fecha del decreto -dos de octubre de dos mil ocho- se le debía aplicar el factor 1.11, su proceder fue correcto.
Finalmente, estimó infundado el argumento del instituto en el que alegó que la Junta responsable determinó que existió un factor de incremento, pero omitió analizar que en dicho decreto se autorizó un incremento por única vez a las pensiones existentes, pues la Junta aplicó por única vez ese incremento y no condenó a que se siguiera aplicando en el futuro.
Al respecto, sostuvo que estaba demostrado que la responsable aplicó el factor al que se refiere el decreto por única vez y así condenó al instituto, es decir, por una sola ocasión y no para que en el futuro se siguiera aplicando, por tanto, el proceder de la responsable fue legal.
La anterior ejecutoria dio origen a la tesis aislada, de rubro y texto siguientes:
"PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. FORMA EN QUE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN DEBEN PROCEDER CUANDO SE DEMANDE EL INCREMENTO DE AQUÉLLA CON BASE EN EL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE ENERO DE 2004.-El artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social señala que las pensiones otorgadas con fundamento en el título segundo, capítulo III, artículo 65, fracciones II y III, artículo 71, fracciones II, III, IV y V, artículo 73, párrafo tercero y, capítulo V, secciones segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973; y en el título segundo, capítulo III, artículo 58, fracciones II y III, artículo 64, fracciones II, III, IV, V y VI, artículo 66, párrafo tercero, capítulo V, secciones segunda y tercera y capítulo VI, secciones segunda y tercera de la Ley del Seguro Social vigente, al momento de la publicación del decreto por el que se reforma dicho artículo transitorio (cinco de enero de dos mil cuatro), se determinarán de acuerdo con los factores ahí señalados; y en su inciso b), establece que tratándose de pensión de cesantía en edad avanzada otorgada después de dos mil tres, se le debe aplicar el factor 1.11, es decir, el monto será el resultado de multiplicar la pensión que reciban o la que se determine por el factor 1.11; por tanto, al monto de la pensión de cesantía en edad avanzada en términos de ese numeral, otorgada con posterioridad a dos mil tres se le debe aplicar el factor aludido."(5)
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. A fin de verificar si, en la especie, existe la contradicción de tesis denunciada, se debe tomar en cuenta el criterio del Tribunal Pleno surgido por el sistema de reiteración, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)
Conforme al criterio anterior, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Del análisis de los antecedentes y resoluciones que dieron origen a la presente contradicción, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de criterios denunciada, por los motivos que se exponen a continuación:
En el asunto del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, la Junta condenó al instituto demandado a modificar la resolución mediante la cual se otorgó al actor la pensión por cesantía, para que fuera cuantificada correctamente, tomando en consideración la congruencia en la cuantía básica, así como los incrementos anuales en términos de los artículos 167, 168 y 171 de la Ley del Seguro Social derogada, sin condenar al incremento del factor 1.11, cuestión que demandó la parte actora, al promover juicio de amparo directo.
Mientras que en el asunto resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la Junta responsable sí condenó al instituto a aplicar a la pensión de cesantía otorgada al actor el factor 1.11, así como a otorgarle los incrementos correspondientes, en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social derogada y ajustar el aguinaldo anual.
De lo anterior se puede advertir que, en el asunto del órgano Colegiado del Cuarto Circuito, el actor reclamó la falta de aplicación del factor 1.11 a su pensión; mientras que en el del Tribunal Colegiado del Primer Circuito, por el contrario, el instituto promovió juicio de amparo en contra de la determinación de la Junta de aplicar dicho factor a la pensión del actor.
Ahora bien, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito se enfocó en analizar si la expresión contenida en el inciso b) del precepto en análisis que refiere "con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal", para que sea aplicado el factor 1.11 a las personas pensionadas de sesenta años o más, debe entenderse como una limitante en el sentido de que a aquellas pensiones equivalentes a dos salarios mínimos o mayores no les es aplicable el aludido factor, o si, por el contrario, como alegó el quejoso, le resulta aplicable a todas las personas aseguradas con una pensión de un salario mínimo o superior, sin importar el monto.
En ese contexto, el Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que la finalidad del legislador, al establecer el incremento del artículo décimo cuarto transitorio, consistió en atender al derecho mínimo vital y garantizar que la totalidad de las personas pensionadas y jubiladas tengan un nivel de por lo menos una pensión equivalente a un salario mínimo, por lo que, fuera del parámetro para la aplicación del multicitado factor, se encuentran las pensionadas y pensionados que gozan de un ingreso igual a dos salarios mínimos o superiores a éstos.
En cambio, en el asunto resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, éste estimó correcta la determinación de la Junta responsable, al establecer que a la pensión de cesantía en edad avanzada del actor, al ser posterior a la fecha del decreto, sí se le debía aplicar el factor 1.11, sin limitar la aplicación de ese factor a monto máximo alguno de la pensión.
Del análisis comparativo se advierte que el órgano jurisdiccional mencionado en primer término decidió que el alcance de la expresión "con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal", establecida en el inciso b) del artículo en estudio, debía ser interpretado como una limitante, en el sentido de que sólo les es aplicable el factor 1.11 a aquellas pensiones iguales o mayores a un salario mínimo, es decir, hasta menos de dos salarios mínimos.
Mientras que el órgano colegiado referido en segundo término, reconoció que dicha expresión no establece límite alguno, sino que debe aplicarse a todas las pensiones iguales o mayores a un salario mínimo, al sostener que la Junta responsable actuó correctamente, al determinar que resultaba aplicable el factor 1.11 a la pensión del actor, por ser posterior a la fecha del decreto, siendo que el monto de la pensión era mayor a dos salarios mínimos.
Por tal motivo, desde esta perspectiva, se concluye que, en el caso, sí existe la contradicción de criterios, lo cual encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 93/2006, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.",(7) así como en la tesis aislada 2a. LXXVIII/95, emitida por la Segunda Sala, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE SU ANÁLISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGEN
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27353-ba44be60/pension-por-cesantia-en-edad-avanzada-y-vejez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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