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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. SU CUANTÍA DEBE ACTUALIZARSE ANUALMENTE CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 157/2024. · Registro digital (IUS): 32706
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-20
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 2, Pág.1417.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 157/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE JULIO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 910/2023 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 295/2023.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de mayo de dos mil veinticuatro, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios suscitada entre el emitido por ese órgano colegiado al resolver el amparo directo 910/2023 y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 295/2023.

2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 157/2024; instruyó a las presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes para que remitieran únicamente por conducto del MINTERSCJN, la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de sus ejecutorias, así como del proveído en el que informaran si los criterios sustentados en esos asuntos se encuentran vigentes o señalaran las razones que sustenten que sus posturas fueron superadas o abandonadas.

3. En el mismo acuerdo se ordenó turnar el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para su resolución.

4. Avocamiento. Finalmente, por acuerdo de once de junio de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal de Justicia ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y determinó su competencia legal.

I. Competencia

5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(2) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, y los artículos 7 y 8 del Acuerdo General 67/2022(5) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; toda vez que la contradicción de criterios se plantea entre Tribunales Colegiados de Circuito que pertenecen a las Regiones Centro-Sur y Centro-Norte, respectivamente.

II. Legitimación

6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II,(6) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, el cual corresponde a uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.

III. Criterios denunciados

7. Para determinar si existe contradicción de criterios es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias denunciadas.

• Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 910/2023, el once de abril de dos mil veinticuatro.

8. Demanda laboral. Una persona demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegación Gómez Palacio, Durango, el ajuste en el pago de la pensión de cesantía en edad avanzada que le fue otorgada -a partir del seis de marzo de dos mil diecisiete- bajo el régimen de la abrogada Ley del Seguro Social, así como el pago de diferencias con efectos retroactivos de diversas prestaciones complementarias a ese beneficio de seguridad social, como ayuda asistencial, aguinaldo, incremento del once por ciento, con base en el Decreto que reforma el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro; e incrementos anuales generados en los meses de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

9. Sentencia. El Juez Sexto del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, Coahuila, absolvió al Instituto demandado de la totalidad de las prestaciones reclamadas.

10. Juicio de amparo directo. Inconforme con esa sentencia, el actor promovió juicio de amparo directo, cuyo problema jurídico planteado consistía en determinar si la pensión de cesantía en edad avanzada que disfrutaba conforme al artículo 168 de la abrogada Ley del Seguro Social, debió computarse conforme al salario mínimo que rige en la Ciudad de México, en aras de salvaguardar su derecho al mínimo vital.

11. A su dicho, el órgano asegurador debió tomar como punto de partida el salario mínimo para así fijar el monto de la pensión y las actualizaciones que correspondieran a los años subsecuentes.

12. Resolución. El Tribunal Colegiado de conocimiento negó el amparo solicitado, conforme a las siguientes consideraciones:

• El artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Seguro Social, publicado el veinte de diciembre de dos mil uno, establece que la cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

• Por su parte, el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en su artículo Tercero Transitorio establece que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización, a partir de su entrada en vigor, que fue el veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

• En ese mismo sentido fue reformado el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, precisando que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

• Si bien el salario mínimo puede ser una medida para fijar el monto de una pensión, lo cierto es que los incrementos de ese beneficio de seguridad social deben actualizarse conforme a distintos parámetros diseñados en el sistema actuarial de pensiones, como es, el Índice Nacional de Precios al Consumidor o bien, la Unidad de Medida y Actualización.

• Por tanto, la circunstancia de que una pensión no sea actualizada con base en un salario mínimo, no agota ni soslaya la protección del derecho al mínimo vital, al no existir identidad entre el salario mínimo y esa prerrogativa fundamental, porque se trata de conceptos cuyo contenido es diferente y que en el caso de las pensiones, el mecanismo de actualización sólo tiene como propósito evitar que pierdan su poder adquisitivo.

• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 295/2023, en sesión de trece de octubre de dos mil veintitrés.

13. Demanda laboral. Una persona, por conducto de su apoderado legal, presentó demanda contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde reclamó el ajuste, pago correcto y actualizado de la pensión de cesantía en edad avanzada –otorgada a partir del tres de agosto de dos mil once–, así como el pago de las diferencias generadas durante el tiempo transcurrido desde su otorgamiento, más los incrementos correspondientes.

14. Sentencia. El Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México, determinó absolver a la demandada del ajuste y pago correcto de la pensión de cesantía en edad avanzada y de las restantes prestaciones accesorias reclamadas.

15. Juicio de amparo directo. Inconforme con la sentencia, el actor promovió juicio de amparo directo, argumentando que la responsable estimó en forma incorrecta el monto de la pensión de cesantía en edad avanzada, pasando por alto que conforme al artículo 168 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, tal pensión no puede ser inferior al cien por ciento del salario mínimo general de la Ciudad de México.

16. Resolución. El Tribunal Colegiado del conocimiento determinó conceder el amparo solicitado, bajo las siguientes consideraciones:

• Señaló que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1780/2003, concluyó que el mínimo vital significa el derecho a un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.

• Señaló que en materia de trabajo cobra relevancia lo dispuesto en la fracción VI, del apartado A, del artículo 123 constitucional, que establece las bases que regulan a los salarios mínimos, el cual debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, lo que refleja la representación, al menos en el aspecto laboral del mínimo vital, contenido como un derecho fundamental en la Constitución Federal.

• Señaló que tratándose de pensiones derivadas de la seguridad social, el Pleno de este Alto Tribunal, sostuvo en la tesis aislada P. XXXVI/2013 (10a.), de rubro: "SEGURIDAD SOCIAL. LAS JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO GOZAN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADOS A, FRACCIÓN VIII Y B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", que se deben homologar, en su naturaleza, al salario percibido, precisamente porque se trata de ingresos asimilables al producto del trabajo y, por ende, gozan de los mismos privilegios de protección que aquél.

• Por su parte, analizó la exposición de motivos de la abrogada Ley del Seguro Social, y respecto del precepto 168 señaló que el legislador consideró que las pensiones ahí descritas, no podrían ser inferiores al cien por ciento del salario mínimo general que rija para el otrora Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de lo contrario serían insuficientes para hacer frente a la inflación que sufre de manera constante el país.

• Asimismo, del artículo transitorio Décimo Cuarto del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado el veinte de diciembre de dos mil uno, y su exposición de motivos, determinó que las pensiones cuyo monto sea menor de un salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal, se incrementarán hasta igualar dicho salario mínimo.

• De lo anterior, concluyó que la intención del legislador al sostener que las pensiones, entre ellas, la de cesantía en edad avanzada, no podrían ser inferiores al cien por ciento del salario mínimo general que rija para el otrora Distrito Federal, no solo debe entenderse que es al momento de su otorgamiento, sino en realidad su propósito es que una vez actualizada, no podría ser menor a ese monto.

• Finalmente, aclaró que sólo en el supuesto de que la actualización de la pensión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor le sea más benéfica, sería la aplicable, por el contrario, si la pensión a cubrirse, una vez actualizada, es menor a un salario mínimo vigente, se incrementará hasta igualar este último, con el fin de tutelar el mínimo vital a que tiene derecho la promovente.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

17. El objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no una contradicción de criterios será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse la siguiente jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES".(7)

18. También, debe observarse la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(8)

19. Conforme a las jurisprudencias reproducidas, para que exista la contradicción de criterios es necesario que los órganos jurisdiccionales involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

20. Entonces, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica -el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general-, y que a partir de ésta arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

21. Así, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

22. Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(9)

23. Atento a lo anterior, esta Segunda Sala determina que sí existe la contradicción de criterios entre las ejecutorias denunciadas.

24. Esto es así porque los Tribunales Colegiados contendientes tuvieron bajo su análisis asuntos en donde se reclamaba el pago de pensiones de cesantía en edad avanzada, que fueron otorgadas en dos mil once y dos mil diecisiete, respectivamente, conforme al artículo 168 de la abrogada Ley del Seguro Social.

25. Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito determinó que, si bien el artículo 168 de la abrogada Ley del Seguro Social establece que la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, no podrá ser inferior al cien por ciento del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). Lo cierto era que esa unidad de medición se modificó con la finalidad de desvincular al salario mínimo por no ser un instrumento de medición que coincida con la inflación.

26. Por tanto, consideró que de conformidad con el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado el veinte de diciembre de dos mil uno, la cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la abrogada Ley del Seguro Social –a partir del dos de febrero de dos mil dos–, debía ser actualizada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

27. Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostuvo que del artículo 168 de la abrogada Ley del Seguro Social y de su exposición de motivos, se advierte que el legislador consideró que las pensiones, entre ellas, la de cesantía en edad avanzada, no podrían ser inferiores al cien por ciento del salario mínimo general que rija para la hoy Ciudad de México, de lo contrario serían insuficientes para hacer frente a la inflación que sufre de manera constante el país.

28. Ello porque el constituyente estimó que el salario mínimo general debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural.

29. Por tanto, precisó que sólo en el supuesto que la actualización de la pensión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor le sea más benéfica, sería la aplicable, por el contrario, si la pensión a cubrirse, una vez actualizada, es menor a un salario mínimo vigente, se incrementará hasta igualar este último, con el fin de tutelar el mínimo vital.

30. De lo anterior, esta Segunda Sala advierte que es existente la contradicción de criterios denunciada, en virtud de que los Tribunales Colegiados realizaron ejercicios interpretativos disímiles sobre una misma situación jurídica, consistente en la cuantía de la pensión por cesantía en edad avanzada otorgada conforme al artículo 168 de la derogada Ley del Seguro Social

31. Lo anterior permite establecer como premisa a dilucidar, si las pensiones de cesantía en edad avanzada otorgadas bajo la abrogada Ley del Seguro Social, se deben incrementar y actualizar conforme al salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, o bien, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. V. Estudio de fondo

32. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresa a continuación, de conformidad con los razonamientos siguientes:

33. A fin de resolver la problemática que nos ocupa, es necesario distinguir entre el monto inicial de la pensión y su actualización.

34. El monto de las pensiones mínimas en el régimen del Seguro Social, fueron establecidas por el legislador en la Ley del Seguro Social que entró en vigor el uno de abril de mil novecientos setenta y tres (1973), estableciendo, en ese momento, un mínimo de seiscientos pesos respecto a la pensión de cesantía en edad avanzada e invalidez.

35. La cuantía mínima de las pensiones establecidas en el mencionado artículo 168 de la Ley del Seguro Social, fue objeto de múltiples reformas y adiciones, con el propósito de mejorar las condiciones de los pensionados sin perder el equilibrio financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social.

36. Así, en 1994(10) dicho precepto se reformó y determinó que la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las ayudas asistenciales y asignaciones familiares, no puede ser inferior al cien por ciento del salario mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal.

Artículo 168. La pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.

37. Como se advierte, el citado precepto únicamente indica que la cuantía inicial de la pensión no será inferior al salario mínimo.

38. Por tanto, una vez determinado el monto inicial, en el diverso artículo 172 de la mencionada Ley del Seguro Social, se determinó un sistema de actualización conforme al cual, las pensiones serían revisadas cada vez que se incrementara el salario mínimo y se incrementarían en igual proporción.

Artículo 172. La cuantía de las pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada serán revisadas cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose con el mismo aumento porcentual que corresponda al Salario Mínimo General del Distrito Federal.

39. Ahora bien, el uno de julio de mil novecientos noventa y siete (1997) entró en vigor la Ley del Seguro Social, por la cual se derogó la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres.

40. Posteriormente, el veinte de diciembre de dos mil uno (2001), se publicó el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la vigente Ley del Seguro Social, donde el legislador emitió diversos artículos Transitorios que modificaron las pensiones otorgadas bajo el amparo de la ley abrogada.

41. Particularmente, en el artículo Décimo Cuarto Transitorio dispuso lo siguiente:

Décimo Cuarto. Las pensiones otorgadas con fundamento en el Título Segundo, Capítulo V, Secciones tercera y cuarta de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973 y en el Título Segundo, Capítulo VI, Secciones segunda y tercera de la Ley del Seguro Social vigente, otorgadas hasta el inicio de vigencia del presente Decreto, se determinarán de acuerdo con los factores y modalidades siguientes:

a) Los pensionados cuyo monto de pensión sea menor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ésta se incrementará hasta igualar dicho salario mínimo;

b) Los pensionados de 60 años o más, con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el monto de su pensión será el resultado de multiplicar la pensión que reciban al 31 de marzo del 2002, por el factor 1.1.

[...]

42. Como se observa, dicho transitorio previó un mecanismo para nivelar las pensiones, tanto las otorgadas bajo el régimen de la ley abrogada, como las que corresponden a la legislación vigente, previendo dos escenarios para el caso que la pensión fuera inferior al salario mínimo o superior a ello.

43. Es decir, lo previsto en el artículo Décimo Cuarto Transitorio constituye un factor de nivelación que el legislador previó a efecto de que ninguna pensión de las ya otorgadas fuera inferior al salario mínimo previsto en la fecha de expedición del mencionado Decreto, es decir, al veinte de diciembre de dos mil uno. En tanto que las equivalentes o superiores a dicho salario, debían nivelarse con el factor indicado.

44. Ahora bien, en el Décimo Primero Transitorio del mencionado Decreto de dos mil uno, el legislador estableció la forma en que debe actualizarse la pensión anualmente, una vez que ésta se ha nivelado.

Décimo Primero. La cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997 será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. Esta disposición se aplicará a partir del 1o. de febrero de 2002.

45. Como se desprende, la cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres -vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete- se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. Disposición que comenzó a aplicarse a partir del uno de febrero de dos mil dos.

46. Acorde a la exposición de motivos de esa reforma, esto obedeció a la intención del legislador de homologar el parámetro de actualización de las pensiones otorgadas de acuerdo con la Ley vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete con el de la Ley en vigor.

47. Esencialmente, por la preocupación del legislador sobre el hecho que las pensiones otorgadas al amparo de la Ley vigente hasta junio de mil novecientos noventa y siete, al tener como parámetro de incremento el salario mínimo general para el entonces Distrito Federal, se traducía en una desventaja, en comparación con los pensionados al amparo de la Ley que ahora se propone reformar.

48. De ahí que, con dicho numeral se modificó la base que debía tomarse en cuenta para calcular la actualización de las pensiones, al ya no establecerse por salario mínimo general para el entonces Distrito Federal, sino conforme a lo determinado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

49. En otras palabras, se propuso la homologación del parámetro de incremento a las pensiones de ambos regímenes, a efecto de que todas se actualizaran de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, a fin de abandonar el esquema menos favorable de la Ley anterior, esto es, conforme al salario mínimo general del entonces Distrito Federal. Así, dicha propuesta se realizó con el propósito de lograr, dentro de las posibilidades del Gobierno Federal, una mejor distribución del costo fiscal dedicando un mayor esfuerzo a los pensionados con mayores requerimientos.(11)

50. Al respecto, con relación al Índice Nacional de Precios al Consumidor, este Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 220/2008, cuyas consideraciones se retomaron por esta Segunda Sala al fallar el amparo directo en revisión 2765/2023,(12) señalaron que dicho referente es el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación, que consiste en el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se expenden en una economía.

51. La razón principal por la que se realiza una medición lo más precisa posible de la inflación, es porque se traduce en un fenómeno económico nocivo, toda vez que daña la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, afecta el crecimiento económico, distorsiona las decisiones de consumo y ahorro, propicia desigualdad en la distribución del ingreso y dificulta la intermediación financiera.

52. Así, de acuerdo con el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el Banco de México diseña la política monetaria orientada a procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional; de igual forma el referido índice permite obtener magnitudes reales, o lo que es lo mismo, en términos del poder de compra, a partir de información económica expresada en términos nominales.

53. Aunado a ello, acorde a los referidos precedentes, el hecho que la actualización se realice conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y no en salarios mínimos, no constituye una afectación al mínimo vital, pues, por una parte, la actualización de las pensiones no equivale a la remuneración que reciben los trabajadores por su labor, pues éstas se encuentran ya dentro de un nuevo ámbito de naturaleza administrativa y, por tanto, sea procedente que se fije como parámetro en su actualización una medida de referencia como lo es el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

54. Máxime que de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el artículo 123, fracción VI, de la Constitución Federal, establece que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

55. Lo cual implica que el Constituyente Permanente prohibió al legislador ordinario continuar empleando el salario mínimo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de seguridad social.

56. Esto es, se prohibió que el salario mínimo se fijara como indicador de referencia para la actualización de conceptos ajenos a su finalidad, con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32706-0897eae0/pension-de-cesantia-en-edad-avanzada-su-cuantia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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