I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL RECAE EN EL CONSEJERO JURÍDICO (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LEGITIMACIÓN PASIVA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INDEPENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, CUANDO EL ACTO IMPUGNADO FUE EMITIDO DIRECTAMENTE POR SU TITULAR EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, TODA VEZ QUE LA MISMA AUTORIDAD DEMANDADA, CON POSTERIORIDAD, DEJÓ SIN EFECTOS ÉSTE [ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA POLÍTICA DE CONFIABILIDAD, SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL EMITIDO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO EL ACUERDO PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA, CALIDAD, CONFIABILIDAD, CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO DE LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19), EMITIDO POR EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA Y PUBLICADO EN EL BUZÓN DE NOTIFICACIONES DEL ÁREA PÚBLICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADO EL UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2020. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 13 DE OCTUBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de octubre de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte el veinticinco de junio de dos mil veinte, César Augusto Verástegui Ostos, ostentándose como secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas y representante del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez de las normas generales y acto que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"IV. Normas generales o actos cuya invalidez se demanda.
"Del Ejecutivo Federal se reclaman (conjuntamente los ‘acuerdos reclamados’ o los ‘acuerdos impugnados’ indistintamente):
"1 El Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) (el ‘Acuerdo Cenace’), emitido por el Cenace el 29 de abril de 2020 y publicado en el buzón de notificaciones del área pública del Sistema de Información del Mercado, el 1 de mayo de 2020.
"1.1. Dicho acto es imputable al orden jurídico federal, en razón de que el Cenace es un organismo público descentralizado de la administración pública federal creado mediante decreto del C. Titular del Ejecutivo Federal en términos de lo dispuesto por el artículo décimo sexto transitorio, inciso b), del Decreto de Reformas Constitucionales en Materia de Energía en relación con los artículos 3 de la LOAPF, 2 de la LFEP y 107 de la LIE.
"2. El Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (el ‘Acuerdo Sener’), emitido por la titular de la Secretaría de Energía y publicado en el D.O.F. el 15 de mayo de 2020.
"2.1 La actuación de la Secretaría de Energía debe entenderse referida al orden jurídico constitutivo de la Federación e imputable al ámbito competencial del Poder Ejecutivo Federal, puesto que la Secretaría de Energía es un órgano de la administración pública centralizada y, por tanto, subordinado al titular del Ejecutivo Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la CPEUM y del artículo 2 de la LOAPF."
2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
I. El veinte de diciembre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reformas Constitucionales en Materia Energética.
II. El once de agosto de dos mil catorce se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Decretos por los cuales se expidieron la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
III. El veintiocho de agosto de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Creación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), instituyéndolo como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, sectorizado a la Secretaría de Energía (Sener).
IV. El treinta y uno de marzo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se da a conocer el requisito para la adquisición de certificados de energías limpias en dos mil dieciocho de la Secretaría de Energía, el cual correspondió a un 5%.
V. El ocho de septiembre de dos mil quince, la Sener inició la ejecución del mandato previsto en el artículo tercero transitorio del Decreto de la LIE, consistente en emitir las primeras reglas del mercado eléctrico mayorista, las cuales incluirían las bases del mercado eléctrico y las disposiciones operativas del mercado. Así, en esa fecha se publicaron en el D.O.F., las bases del mercado, donde se definen las reglas y procedimientos que deberán llevar a cabo los participantes del mercado y las autoridades para mantener una adecuada administración, operación y planeación del mercado eléctrico mayorista. Dicho mandato se conformó con 29 disposiciones administrativas de carácter general, de las cuales destacan para efectos de la presente controversia las siguientes:
Ver disposiciones
VI. El veinticuatro de diciembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Transición Energética, que tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.
VII. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis la Sener publicó en el D.O.F., la resolución que autoriza el inicio de operaciones del Mercado de Energía de Corto Plazo en los Sistemas Interconectados Baja California, Nacional y Baja California Sur, actualiza el calendario que deberá observar el Centro Nacional de Control de Energía para el inicio de pruebas y operaciones del mercado de energía de corto plazo y establece disposiciones transitorias para su entrada en vigor.
VIII. El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis se publicó en el D.O.F., el aviso por el que se da a conocer el requisito para la adquisición de certificados de energías limpias en dos mil diecinueve de la Sener, el cual correspondió a un 5.8%.
IX. El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el D.O.F., la Política de Confiabilidad 2017.
X. El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete se publicó en el D.O.F., el Aviso por el que se dan a conocer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias en 2020, 2021 y 2022 de la Sener, siendo estos de 7.4%, 10.9% y 13.9% para los periodos de obligación respectivos.
XI. El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete el subsecretario de Electricidad de la Sener, mediante oficio 300.214/17, informó a la Comisión Reguladora de Energía que esa dependencia dio cabal cumplimiento al artículo tercero transitorio del Decreto de la LIE.
XII. El ocho de enero de dos mil dieciocho se publicó en el D.O.F., el Manual para el Desarrollo de las Reglas del Mercado de la Sener, el cual tiene como fin establecer las reglas, directrices y procedimientos a seguir para evaluar, revisar y, en su caso, modificar dichas reglas y emitir las adiciones, sustituciones y derogaciones que resulten procedentes.
XIII. El trece de julio de dos mil dieciocho se publicó en el D.O.F., el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la LGCC, en cuyo artículo Segundo transitorio se incluyó el objetivo indicativo de reducir en 30% las emisiones para el 2020 con respecto a la línea de base, y 50% para el 2050 en relación con las emitidas en el 2000.
Además, indicó que la reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero se conseguiría a través del compromiso de los diferentes sectores participantes. Al sector de la generación eléctrica se le asignó el 31%.
XIV. El cinco de febrero de dos mil diecinueve se publicaron en el D.O.F., los resultados y recomendaciones de la evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, dentro de los que se recomendó a la Sener y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizar las acciones necesarias de coordinación para la facilitación, soporte, promoción e implementación de ahorro de energía, eficiencia energética, energías renovables, cogeneración o generación limpia distribuida, en entidades federativas y Municipios.
XV. El veintinueve de marzo de 2019 se publicó en el D.O.F., el Acuerdo por el que se da a conocer el requisito para la adquisición de certificados de energías limpias en 2022 de la Sener, el cual confirma el requisito de 7.4% para el periodo de obligación 2020, 10.9% para el 2021 y 13.9% para el 2022.
XVI. El veintinueve de abril de dos mil veinte Cenace publicó en el buzón de notificaciones del sistema de área pública del Sistema de Información de Mercado, el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), cuya invalidez se demanda.
XVII. El quince de mayo de dos mil veinte se verificó lo siguiente:
• La Sener presentó ante la Conamer una solicitud de exención de la manifestación de impacto regulatorio –MIR– de la política de confiabilidad, por considerar que no creaba obligaciones adicionales a particulares, no imponía mayores cargas administrativas, no reducía o restringía derechos a los particulares y no modificaba metodologías o criterios.
• El director de Manifestaciones de Impacto Regulatorio emitió el oficio Conamer –cuya invalidez se demanda– donde notificó a la Sener la inaplicabilidad del procedimiento de mejora regulatoria.
• Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la SENER, cuya invalidez se demanda.
3. TERCERO.—Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1o., 4o., 14, 16, 25, 27, 28, 39, 40, 41, 73, fracciones X, XVI y XXIX-G, 116, 124 y 133 de la Constitución Federal; así como los artículos décimo, incisos a) y c), décimo segundo, primer párrafo, décimo sexto, inciso b), décimo séptimo y décimo octavo transitorios del Decreto de Reformas Constitucionales en Materia de Energía de dos mil trece.
4. Igualmente, violan los artículos 12, numeral 2, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 10 y 11 del Protocolo de San Salvador; así como los artículos 34, incisos f), l) y m), de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y 1 y 2 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.
5. CUARTO.—Conceptos de invalidez. En su demanda, el actor sostiene, en esencia, que el acuerdo impugnado contiene diversas disposiciones que impiden la promoción de energías renovables en la generación de energía eléctrica, con lo que se vulneran sus facultades en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente, previstas en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, así como con el mandato que obliga a todas las autoridades a garantizar un medio ambiente sano, previsto en el artículo 4o., párrafo quinto, de dicho ordenamiento.
6. QUINTO.—Trámite y admisión. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil veinte, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 95/2020 y lo turnó por conexidad al Ministro Luis María Aguilar Morales.(1)
7. Posteriormente, por acuerdo de tres de julio de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y, entre otras cosas; reconoció el carácter de partes demandadas al Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía; ordenó su emplazamiento y les requirió para que al momento de dar contestación, enviaran copia certificada de las documentales relacionadas con los acuerdos impugnados y específicamente a la primera para que remitiera copias certificadas de los ejemplares del Diario Oficial de la Federación en el que constaran la publicación de dichos acuerdos; y, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
8. SEXTO.—Contestación a la demanda por parte del Ejecutivo Federal. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, en la que sostuvo como causas de improcedencia, que el presente medio de control constitucional no es la vía idónea para resolver la litis formulada, así como la falta de interés legítimo del actor para promoverla. Adicionalmente, ofreció distintos argumentos para combatir el concepto de invalidez planteado.
9. SÉPTIMO.—Contestación a la demanda por parte del Centro Nacional de Control de Energía. Mediante escrito recibido a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal, el veinte de agosto de dos mil veinte, Carlos Ramírez Elizondo, en su carácter de director jurídico del Centro Nacional de Control de Energía, dio contestación a la demanda de controversia constitucional.
10. En su contestación se hicieron valer las siguientes causales de improcedencia:
10.1 Primero. La controversia no encuadra dentro del artículo 105, párrafo primero, fracción I, inciso a), de la CPEUM. El Centro Nacional de Control de Energía no es parte del Ejecutivo Federal (administración pública centralizada) y, por tanto, la actora, carece de legitimación pasiva.
10.2 La demanda de la actora no encuadra dentro del artículo 105, párrafo primero, fracción I, inciso a), de la Constitución General; 1o. y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, dado que no contemplan la posibilidad de admitir una demanda en contra de un acto de un organismo descentralizado como lo es el Cenace, de tal suerte que la demanda es improcedente.
10.3 Toda vez que si la persona contra la que se endereza la demanda no es aquella que tiene a su cargo el cumplimiento de la obligación demandada, estará legitimada ad procesum para actuar en el juicio, dado que se está entablando en su contra y tiene la ineludible necesidad de defender jurídicamente, pero ello de ninguna manera la estará legitimando pasivamente ad causam para responder del cumplimiento de la obligación que se demanda, por no ser la titular de la misma, que es lo que le daría la legitimación pasiva.
10.4 Segunda. La actora carece de legitimación activa para la promoción de la demanda.
10.5 El Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas carece de legitimación activa, en tanto que: en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas no le fueron otorgadas facultades sobre la industria eléctrica y menos lo relativo a la planeación; el Poder Legislativo de esa entidad federativa no tiene facultades concurrentes con la Federación en materia legislativa de la industria eléctrica, y menos de planeación; y, la parte actora, no puede promover controversia alguna contra la Federación por facultades que no le fueron concedidas.
10.6 En este orden de ideas, se identifica que no está legitimado el carácter de la actora, cuando se ejerce un derecho que no le asiste, porque no logra ni siquiera de manera indiciaria acreditar que el Acuerdo Cenace, per se, le genere un perjuicio, máxime que es un requisito sine qua non que se demuestre para la promoción de la demanda, porque en ningún momento, demuestra el nexo causal entre la supuesta molestia, y su condición de promovente de constitucionalidad, ya que más allá de la publicación en el Sistema de Información del Mercado del Acuerdo CENACE, y no en el Diario Oficial de la Federación, no hay evidencia de que se haya materializado el contenido de dicho acuerdo en perjuicio de la promovente, como falsamente pretende hacer creer, tergiversando la aplicabilidad del Acuerdo Cenace.
10.7 En relación con los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda, la autoridad demandada formula idénticos argumentos que el Poder Ejecutivo Federal.
11. OCTAVO.—No contestación a la demanda por parte de la Secretaría de Energía. Mediante proveído de once de septiembre de dos mil veinte dictado por el Ministro instructor, se señaló que el plazo para contestar la demanda había fenecido sin que la Secretaría de Energía hubiera comparecido para tal efecto, por lo que se fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
12. NOVENO.—Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento o manifestación alguna.
13. DÉCIMO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el treinta de octubre de dos mil veinte, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
14. DÉCIMO PRIMERO.—Cierre de instrucción. Por auto de tres de noviembre de dos mil veinte, el Ministro instructor ordenó agregar al expediente el acta de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, en la que se hizo constar la relación de las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza y por formulados los alegatos presentados; asimismo, desechó de plano la prueba pericial que ofreció el Poder Ejecutivo actor, en materia de ingeniería eléctrica, por considerar que no guardaba relación con la litis de la presente controversia constitucional.
15. Consecuentemente, el Ministro instructor, ordenó cerrar la instrucción para la elaboración del proyecto correspondiente.
16. DÉCIMO SEGUNDO.—Radicación en la Segunda Sala. Una vez recibidos los autos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidenta, por acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiuno, ordenó su avocamiento, así como su remisión a la ponencia respectiva para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
17. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(5) y tercero(6) del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo de una entidad federativa y el Poder Ejecutivo Federal, en el que no se impugnan normas generales y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
18. SEGUNDO.—Fijación de la norma general cuya invalidez se demanda. En términos del artículo 41, fracción I,(7) de la ley reglamentaria de la materia, es necesario fijar de manera precisa las normas generales objetos de la controversia.
19. Este Alto Tribunal ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, de una manera tal que se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada; de conformidad con la tesis P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(8)
a) El Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), emitido por el Cenace el veintinueve de abril de dos mil veinte, publicado en el buzón de notificaciones del área pública del Sistema de Información del Mercado, el uno de mayo de dos mil veinte.
b) El Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitido por la titular de la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veinte.
20. TERCERO.—Oportunidad. En términos del artículo 21, fracciones I y II de la ley reglamentaria de la materia, el plazo para promover una controversia constitucional, cuando se impugnan actos, será de treinta días a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acuerdo impugnado, a partir de que se haya tenido conocimiento de ello o de su ejecución, o a partir de que el actor se ostente sabedor de aquéllos.(9)
21. En el caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, cuestionó el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado en el buzón de notificaciones del área pública del Sistema de Información del Mercado, el uno de mayo de dos mil veinte, así como el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo del mismo año.
22. Por lo que debe considerarse que fue a partir de ese momento en que la actora tuvo conocimiento de los actos impugnados en la presente controversia constitucional.
23. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si la presentación de la demanda resulta oportuna, es necesario tomar en cuenta que mediante el Acuerdo General Número 3/2020 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó, como medida urgente, suspender las actividades jurisdiccionales de este Alto Tribunal y declarar inhábiles los días del periodo comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, debido al brote de la enfermedad por coronavirus COVID-19.
24. Dicho periodo fue prorrogado a través de los diversos Acuerdos Generales 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020 hasta el tres de agosto de dos mil veinte, ya que, conforme al punto segundo del Acuerdo General 14/2020, a partir de esa fecha se levantó la suspensión de plazos de los asuntos de competencia de este Alto Tribunal, incluyendo a las controversias constitucionales.
25. Ahora bien, no pasa inadvertido que conforme al Acuerdo General 10/2020 del Pleno de este Alto Tribunal del veintiséis de mayo de dos mil veinte, se habilitaron los días y horas que resultaran necesarias durante el periodo comprendido del uno al treinta de junio de dos mil veinte con el objeto de proveer sobre las controversias constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión y para la promoción por vía electrónica de los asuntos de su competencia mediante el uso de la FIREL o de la e.firma (antes FIEL).(10)
26. Sin embargo, lo anterior no significó el levantamiento de la suspensión de términos, pues de conformidad con el citado Acuerdo General 14/2020 ello no aconteció sino hasta el tres de agosto del dos mil veinte.(11)
27. En consecuencia, si la suspensión de los términos inició el dieciocho de marzo del dos mil veinte; el primero de los acuerdos impugnados fue del conocimiento de la promovente a través del buzón de notificaciones del área pública del Sistema de Información del Mercado el uno de mayo de dos mil veinte y el segundo de ellos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veinte y se levantó la suspensión el tres de agosto siguiente, el término de treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional corrió del tres de agosto al once de septiembre de dos mil veinte.
28. De esta manera, si la demanda fue presentada de manera electrónica el veinticinco de junio de dos mil veinte mediante el sistema electrónico de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que su presentación fue oportuna.
29. CUARTO.—Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 105, fracción I, inciso a),(12) otorga legitimación a las entidades federativas para promover una controversia constitucional sobre la constitucionalidad de las normas, actos u omisiones, emitidas por la Federación.
30. Por su parte, los artículos 10, fracción I y II y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia prevén que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que los representen, en términos de las normas que resulten aplicables.(13)
31. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por César Augusto Verástegui Ostos, en su carácter de secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad, quien acredita su personalidad con las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda, mediante el cual fue designado con dicho carácter y sin que obre en el expediente prueba en contrario.
32. Por lo anterior y, tomando en cuenta que en términos del artículo 25, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas,(14) a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado le corresponde representar al titular de dicho Poder en todos los juicios en que éste intervenga y que, el titular de dicha consejería es el representante jurídico del Estado, se reconoce la representación que ostenta el promovente para promover el presente medio de control constitucional.
33. QUINTO.—Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de las autoridades demandadas, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción.
34. Conforme a los artículos 10, fracción II,(15) y el citado 11, párrafos primero y tercero,(16) de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos; y, en el caso del presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado conforme lo determine el propio presidente y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.
35. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía.
36. Por lo que hace al Poder Ejecutivo Federal, comparece a juicio por conducto de Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor el uno de diciembre de dos mil dieciocho.
37. De conformidad con el artículo 43, fracción X,(17) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el punto único, párrafo primero,(18) del "Acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se menciona", publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes nueve de enero de dos mil uno.
38. En cuanto a la Secretaría de Energía, debe decirse que el acuerdo impugnado fue emitido por Norma Rocío Nahle García en su carácter de titular de dicha dependencia, por lo que se encuentra legitimada pasivamente en la presente controversia constitucional; lo anterior con independencia de que sea un órgano subordinado del Ejecutivo Federal.
39. En efecto, en términos de los artículos 1 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Energía forma parte de la administración pública federal centralizada pues es una de las dependencias con las que cuenta el Poder Ejecutivo Federal para el despacho de sus asuntos.(19)
40. En ese sentido, para estar en aptitud de decidir si se le debe reconocer legitimación pasiva a la Secretaría de Energía, aparte de la que se le debe reconocer al Poder Ejecutivo Federal, debe tenerse presente la doctrina que este Alto Tribunal ha desarrollado en torno a los órganos de gobierno derivados para efectos de su legitimación pasiva en una controversia constitucional.
41. En efecto, los órganos primarios –previstos expresamente en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal– cuentan con legitimación activa para acudir a la presente controversia constitucional, así como con legitimación pasiva para actuar como demandados en este medio de control constitucional.
42. Por su parte, la doctrina constitucional de este Alto Tribunal ha sido consistente en afirmar que a los "órganos de gobierno derivados" es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la Constitución Federal, sino en una ley, no se les debe reconocer legitimación activa para promover una controversia constitucional, ya que no se encuentran previstos dentro de los supuestos de la tutela jurídica de dicho medio de control constitucional, la cual se traduce en la protección del ámbito de atribuciones que la propia Constitución Federal prevé únicamente para los órganos originarios del Estado.
43. Sin embargo, también se ha dicho que para tener legitimación pasiva no se requiere ser un órgano originario del Estado, por lo que dicha condición debe analizarse en cada caso particular, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida y al espectro de protección del pre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30377-fc5f9a71/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-secretario-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO POR EL QU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL ESTADO DE JALISCO (ARTÍCULOS 36 Y 50, FRACCIÓN XIX, AMBOS DE LA C (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO QUE EXPIDE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL RECURSO ADMINISTRATIVO (2a./J. 167/2011 (9a.))
- INDUSTRIA ELÉCTRICA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY RELATIVA. (I.4o.A.146 A (10a.))
- COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE). DEBE ATENDER LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SU COMPETENCIA, SIN QUE P (I.18o.A.18 A (11a.))
- COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN QUE EMITE EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN FORMULADA CONTRA UN AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES U (2a./J. 168/2011 (9a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis