Corpus
Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. PARA SU INTERRUPCIÓN, NO TIENEN ALCANCE PROBATORIO LOS ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS POR CONTADOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 470/2019. · Registro digital (IUS): 30433
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-03-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRI
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo II, Pág. 1636.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 470/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE JUNIO DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: ANA MARÍA GARCÍA PINEDA.

III. COMPETENCIA

7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo se relaciona con la materia civil competencia de la Primera Sala.

IV. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, órgano colegiado en el que se emitió la resolución relativa al amparo directo 186/2019 (cuaderno auxiliar 546/2019), el cual es uno de los criterios contendientes en la presente contradicción de tesis.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

9. En el presente apartado se dará cuenta con los criterios contendientes de los Tribunales Colegiados que pudieran dar lugar a una contradicción de tesis.

A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al emitir sentencia en el amparo directo 186/2019 (cuaderno auxiliar 546/2019)

Antecedentes procesales

10. Juicio ejecutivo mercantil. El once de diciembre de dos mil trece, ********** y ********** suscribieron a favor de ********** un pagaré por la cantidad de **********, el cual debía ser cubierto mediante sesenta pagos mensuales, a partir del quince de enero de dos mil catorce. Asimismo, se convino que la falta de pago oportuno de alguna de las amortizaciones generaría un interés moratorio y sería causa de vencimiento anticipado del saldo insoluto consignado en el propio documento.

11. Posteriormente, **********, en su calidad de endosataria en procuración de **********, demandó en la vía ejecutiva mercantil de **********, en su carácter de deudora principal, y de ********** como avalista: a) el pago de ********** como suerte principal; b) el pago de la cantidad que resulte de aplicar el ********** anual por concepto de interés ordinario fijo, más el impuesto al valor agregado correspondiente; c) el pago de intereses moratorios a razón de la tasa que resulte de aplicar el ********** anual adicionales a la tasa de interés ordinaria; y, d) el pago de gastos y costas.

12. Para sustentar lo anterior, la actora exhibió el pagaré y un estado de cuenta certificado por el contador facultado por **********, en términos del artículo 25 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

13. Conoció de la demanda el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en donde se registró con el expediente 118/2017 y se requirió a los demandados el pago de las prestaciones reclamadas y se les hizo del conocimiento que, en caso de no hacerlo, se les embargaría bienes de su propiedad y se realizarían los emplazamientos respectivos.

14. La demandada ********** se opuso a las pretensiones de la actora e hizo valer la excepción de prescripción, sustentada sobre la base de que trascurrieron más de tres años desde el momento en que dejó de cubrir el pago correspondiente al quince de abril de dos mil catorce.

15. En cuanto a los hechos reconoció la suscripción del pagaré, pero negó que el último abono se hubiese efectuado el once de diciembre de dos mil quince, como lo aseguró la actora en su demanda.

16. El diverso demandado no compareció a juicio por lo que fue declarado en rebeldía.

17. El Juez del conocimiento emitió sentencia el quince de febrero de dos mil diecinueve, en la que condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas e instruyó que de no cumplir la parte demandada voluntariamente la sentencia, se hiciera trance y remate del cincuenta por ciento del bien inmueble que se le embargó y con el producto de su venta se pagara a la parte actora lo condenado.

18. Amparo directo. Por la cuantía menor que representó el litigio, no admitió recurso ordinario alguno, por lo que la demandada ********** en desacuerdo con la anterior sentencia promovió juicio de amparo, el cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, quien lo registró bajo el toca 186/2019, reconoció como terceros interesados a ********** y al codemandado ********** y, en auxilio del referido Tribunal Colegiado el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, emitió sentencia el doce de septiembre de dos mil diecinueve en el sentido de negar la protección constitucional solicitada.

Argumentación de la sentencia

19. El Tribunal Colegiado consideró que era infundada la argumentación de la quejosa respecto al tema en análisis, al considerar que partía de una premisa equivocada al suponer la necesidad de obtener otros elementos de prueba que avalen el estado de cuenta certificado por el contador facultado por la actora.

20. Ello, pues el artículo 25 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo establece que "el estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los deudores".

21. De ahí que no sea correcto lo aducido por la quejosa, porque el artículo citado establece una presunción legal en relación con la veracidad de la certificación contable y, por tanto, le correspondía a la quejosa demostrar lo contrario, en términos del artículo 1,196 del Código de Comercio, que establece que: "[t]ambién está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante."

22. Refiere que tal conclusión la sustenta en precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son aplicables por analogía.

23. Tales precedentes interpretan el contenido y alcance de un diverso precepto, pero su texto es similar al del artículo 25 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Se trata del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.

24. El artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito también otorga a los contratos o pólizas y a los estados de cuenta certificados por el contador del banco, la característica de un título ejecutivo; y reconoce, al mismo tiempo, que el estado de cuenta certificado por el contador facultado, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios.

25. Esta similitud –entre ambos preceptos– es la que permite afirmar la aplicación analógica de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas tesis llevan por títulos y subtítulos: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD PROCESAL.", "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RELATIVA NO PREVÉ UNA PRERROGATIVA PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RELATIVA NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD PROCESAL." e "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR FACULTADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RELATIVA, PUEDE DESVIRTUARSE CON LOS COMPROBANTES Y ESTADOS DE CUENTA QUE TENGA EL DEUDOR."

26. Con estas tesis se supera cualquier duda sobre si el estado de cuenta certificado por el contador facultado por ********** es suficiente para afirmar la veracidad de su contenido. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo –con base en una disposición similar a la aplicable en el presente asunto– que sí resulta suficiente, porque así lo estableció expresamente el legislador, al señalar que el estado de cuenta certificado por el contador hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios.

27. La quejosa niega esta posibilidad, porque entiende que se trata de una prueba elaborada unilateralmente por un contador de la actora.

28. Sin embargo, la argumentación de la que parte la quejosa ha sido desestimada reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes, todos los cuales han apuntado a un mismo criterio: el legislador prevé una presunción legal en relación con la veracidad de la certificación contable formulada por la o el contador facultado por la institución acreedora, la cual se justifica por la necesidad de dotar de seguridad, celeridad y firmeza a la circulación de la riqueza por medio de las operaciones de crédito, sobre la premisa del reconocimiento de la existencia de un acuerdo de voluntades entre la parte acreedora y la deudora. No obstante, la presunción de veracidad –derrotable– del título ejecutivo, aun cuando redunde en un beneficio procesal a las instituciones de crédito, no puede entenderse como una "prerrogativa" prohibida por el artículo 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni puede considerarse violatoria del derecho a la igualdad procesal, pues queda expedita para la contraparte, la posibilidad de que la certificación indicada sea falsa, que son inexactos los datos contenidos en ésta o que la persona que la realizó carece de facultades para realizarla. De esta forma no se limita ni restringe la oportunidad de la parte supuestamente deudora de impugnar y, en su caso, demostrar los extremos de su pretensión.

29. En consecuencia, si en el caso concreto la quejosa no ofreció pruebas para desvirtuar la presunción legal de la que goza el estado de cuenta certificado, entonces no puede afirmar la prescripción de la acción cambiaria directa.

30. No es como cuando los abonos se anotan al dorso de los títulos de crédito y se discute en un juicio si operó o no la prescripción. En ese supuesto, efectivamente los abonos no bastarían por sí solos para interrumpirla, cuando el deudor niega haberlos efectuado, por las razones contenidas en la tesis de rubro: "TÍTULOS DE CRÉDITO, VALOR PROBATORIO DE LOS ABONOS ANOTADOS AL DORSO DE LOS, PARA LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN."

31. Sin embargo, el presente asunto es diferente: aquí los abonos aparecen reflejados en un estado de cuenta certificado, cuyo contenido hace fe en juicio, salvo prueba en contrario.

32. Por tanto, como el legislador estableció una presunción legal en relación con la veracidad de la certificación contable formulada por la o el contador facultado por la hoy tercero interesada; entonces si en ese documento se establece que el último pago efectuado fue el once de diciembre de dos mil quince, quedó claro, para el Tribunal Colegiado, que no trascurrieron los tres años requeridos para la prescripción de la acción cambiaria directa, al haberse presentado la demanda relativa el uno de junio de dos mil diecisiete.

33. No es obstáculo que la quejosa sostenga como parte de su primer concepto de violación que la actora dejó pasar más de un año para presentar su demanda y que, por ende, debe presumirse "... que los pagos que dice efectuó la demandada son falsos".

34. En el caso, no existe presunción legal alguna que permita concluir que el simple hecho de promover un juicio ejecutivo mercantil después de un año de vencido el título de crédito, conduzca de inmediato a presumir que la actora miente en su demanda o que el estado de cuenta certificado contiene información falsa.

35. Este tipo de presunciones deriva de la ley. De modo que, si no existe una disposición legal que consagre que la presentación de una demanda mercantil después de un año de vencido el título de crédito, permite presumir que lo alegado por la actora es falso, es inconcuso que, por esa razón, el concepto de violación en estudio resulta infundado.

36. Lo mismo corresponde señalar con respecto a la existencia de una presunción humana. Ello, pues las presunciones humanas deben partir de una base segura, es decir, de un hecho conocido sin lugar a dudas, lo que no ocurriría en caso de presumirse la falsedad de la actora por haber transcurrido más de un año de vencido el documento base de la acción.

37. Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado consideró que era suficiente para declarar infundado el primer concepto de violación. Al haberse desestimado las premisas sobre las que giraban los argumentos de la quejosa, la conclusión obligada es que no operó la prescripción de la acción cambiaria directa, tal como la Juez de Distrito responsable lo resolvió en su sentencia.

38. Asimismo, el órgano colegiado también refirió en su sentencia que aprovechaba la ocasión para aclarar que no compartía el criterio contenido en la tesis I.8o.C.72 C (10a.), de título y subtítulo: "ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL CONTADOR. NO ES APTO PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN." y señala que esa tesis se construye alrededor de dos ideas muy concretas: 1) el certificado contable sólo acredita la existencia de un saldo, no los pagos; y, 2) sostener lo contrario violaría el principio básico que consiste en que a nadie es lícito crear una prueba en su propio beneficio.

39. Considera que esas dos ideas contradicen los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por no decir que el propio texto del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo que dichos criterios señalan es que el legislador prevé una presunción legal en relación con la veracidad de la certificación contable formulada por la o el contador facultado por la institución acreedora, la cual se justifica por la necesidad de dotar de seguridad, celeridad y firmeza a la circulación de la riqueza por medio de las operaciones de crédito, sobre la premisa del reconocimiento de la existencia de un acuerdo de voluntades entre la parte acreedora y la deudora. No obstante, la presunción de veracidad –derrotable– del título ejecutivo, aun cuando redunde en un beneficio procesal a las instituciones de crédito, no puede entenderse como una "prerrogativa" prohibida por el artículo 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni puede considerarse violatoria del derecho a la igualdad procesal, pues queda expedito para la contraparte, la posibilidad de que la certificación indicada sea falsa, que son inexactos los datos contenidos en ésta o que la persona que la realizó carece de facultades para realizarla. De esta forma no se limita ni restringe la oportunidad de la parte supuestamente deudora de impugnar y, en su caso, demostrar los extremos de su pretensión.

40. Reconoce que resulta difícil aceptar la posibilidad de que una de las partes elabore sus propias pruebas; sin embargo, este cuestionamiento ha sido reiteradamente expuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evidenciar la inconstitucionalidad del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y la respuesta siempre ha sido la misma: la presunción de veracidad es razonable –por los fines que persigue– y no impide a la contraparte desvirtuar su contenido, pidiendo, por ejemplo, la contabilidad llevada por la institución de crédito, en cuyo caso, ésta tendrá que exhibir en juicio el sustento de las disposiciones indicadas en el estado de cuenta.

41. Aduce que si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese aceptado el argumento de que el artículo relativo permite la violación al principio básico que consiste en que a nadie es lícito crear una prueba en su propio beneficio, el criterio hubiera sido completamente diferente y habría declarado inconstitucional el precepto; pero no fue así. En su lugar, reconoció la necesidad del privilegio otorgado a las instituciones de crédito, sobre la base de que es aceptable presumir la veracidad de la certificación contable –en su totalidad– formulada por la o el contador facultado por la institución acreedora. Tan es así que en sus precedentes se acepta la posibilidad de que la certificación indicada sea falsa o que son inexactos los datos contenidos en ésta.

42. Señala que el amparo directo en revisión 2566/2015 –resuelto por la Primera Sala en sesión de veintiuno de octubre de dos mil quince– corrobora esa conclusión.

43. Refiere que la afirmación de la Primera Sala relativa a que el deudor debe desvirtuar la información contenida en el estado de cuenta –incluyendo los pagos efectuados–, equivale a sostener que dicha información hace fe en juicio en su totalidad –y no solamente el saldo descrito–.

44. Razones las anteriores por las que el Tribunal Colegiado no comparte el criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

B. Criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al emitir sentencia en el amparo directo 433/2018

Antecedentes procesales

45. Juicio especial hipotecario. El veintiséis de noviembre de dos mil quince **********, demandó de ********** y de ********** la declaración judicial de que había prescrito su obligación de pago derivada del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria consignado en el instrumento notarial número **********, de veintidós de junio de dos mil cinco; la extinción o cancelación de las hipotecas constituidas sobre el inmueble de su propiedad; y la inscripción de la cancelación de las hipotecas referidas.

46. Fundó su demanda en los siguientes hechos: El veintidós de junio de dos mil cinco celebró contrato de apertura de crédito con las codemandadas consignado en el instrumento notarial **********, otorgándole un crédito por la cantidad de ********** unidades de inversión equivalentes en la fecha de su otorgamiento a **********; convinieron en que el plazo máximo de pago del crédito sería de quince años, mediante ciento ochenta pagos mensuales consecutivos, que se realizarían los días último de cada mes de calendario, siendo el primero el correspondiente al mes de la firma del contrato, esto es, en el mes de junio de dos mil cinco; y se constituyó hipoteca en primer lugar y grado a favor de ********** y, en segundo lugar, a favor de **********; se estableció como causa de vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito y de rescisión, entre otras, la falta de pago de cualquier amortización de capital e intereses.

47. Es el caso que el actor no hizo pago de ninguna amortización del crédito otorgado en el documento base de la acción, de manera que, para las codemandadas, dicho crédito era exigible desde el mes de julio de dos mil cinco, conforme a lo pactado. Ahora bien, entre el mes de julio de dos mil cinco, fecha en que para las codemandadas era ya exigible el crédito otorgado en el instrumento notarial base de la acción, y el mes de noviembre de dos mil quince, transcurrieron más de diez años y cuatro meses, por lo que operó a favor del actor el plazo de diez años para la prescripción negativa que establece la ley.

48. Conoció del juicio la Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México quien admitió la demanda, la registró con el expediente 1067/2015 y emplazó a las codemandadas.

49. ********** contestó la demanda y opuso las excepciones y defensas que consideró pertinentes; por su parte **********, también contestó la demanda aduciendo que contrario a lo referido por el actor, éste sí había realizado pagos al crédito en términos del certificado de cuenta expedido por el contador público, cumpliendo amortizaciones de los años dos mil cinco, dos mil seis y hasta el mes de mayo de dos mil siete y opuso excepciones y defensas, así como reconvención.

50. El catorce de julio de dos mil diecisiete, la Juez del conocimiento emitió sentencia en la que determinó absolver al demandado de las prestaciones reclamadas; declaró vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito otorgado; condenó al actor al pago del saldo insoluto, así como al pago de comisión por administración, al pago de comisión por cobertura, al pago de intereses moratorios y al pago de costas; asimismo se instruyó que de no efectuarse oportunamente el pago del adeudo, así como sus accesorios, se hiciera el trance y remate del bien hipotecado y con su producto se pagara a la demandada.

51. Recurso de apelación. Inconforme el actor interpuso recurso de apelación del que conoció la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el toca número 1409/2017 y emitió resolución el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en el sentido de revocar la sentencia de primer grado.

52. Juicio de amparo 907/2017. No conforme ********** promovió juicio de amparo que fue del conocimiento del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resuelto el siete de marzo de dos mil dieciocho, en el sentido de conceder el amparo a la quejosa, para el efecto de que el tribunal responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que, partiendo de la base de que la revocación de la autorización, a la citada demandada, por sí sola, no le resta eficacia al certificado contable en cuestión y, con plenitud de jurisdicción resolviera lo correspondiente.

53. En cumplimiento de la resolución, la sala de apelación dictó nueva sentencia el diez de abril de dos mil dieciocho, en el sentido de modificar la sentencia de primer grado.

54. Juicio de amparo 433/2018. En desacuerdo con la anterior sentencia ********** promovió juicio de amparo, conoció de éste el mismo Tribunal Colegiado, quien emitió sentencia el ocho de agosto de dos mil dieciocho en el sentido de conceder el amparo.

Argumentación de la sentencia

55. El Tribunal Colegiado consideró fundados los conceptos de violación que se hicieron valer.

56. Señaló que de los antecedentes del caso se colige que el actor solicitó el ejercicio de la acción de prescripción de la obligación de pago derivada del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria que celebró con ********** y **********, y como consecuencia, la cancelación y extinción de las hipotecas constituidas sobre el inmueble propiedad del actor.

57. En ese tenor, correspondería a dicho actor probar los hechos generadores del derecho cuya protección pretendió, y en el caso, de una acción tendiente a la declaración de prescripción, se debe justificar: a) La existencia del contrato, y, b) El transcurso del tiempo; extremos que se afirma le compete acreditar, por tratarse de los hechos que generan el derecho que pretende se declare en su favor en la sentencia.

58. Luego, lo anterior revela que la interrupción de la prescripción, obviamente no forma parte de los elementos de la acción, porque de dicha interrupción, no deriva el derecho que pretende el actor se proteja a través del ejercicio de la acción, sino que la interrupción de la prescripción, deriva del derecho impeditivo que ejercita, lo que conduce a establecer que la acción de prescripción indudablemente le toca probarla al que exprese que está interrumpida.

59. Así, era evidente que al afirmar el demandado que el actor realizó pagos está afirmando que la prescripción se interrumpió, porque la prescripción se interrumpe precisamente por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación, y es un reconocimiento tácito hacer el pago.

60. Lo anterior lo trajo a colación el Tribunal Colegiado, porque como lo afirma el quejoso, la responsable perdió de vista que la función probatoria que le corresponde al certificado contable, no es la de hacer prueba del pago que haya realizado en este caso el actor, pues si se exige en un certificado contable que se exprese en el rubro de pagos cuáles son los efectuados, no es porque se considere que el certificado contable haga prueba del pago, sino de lo que hace prueba es del saldo, y la necesidad de que en éste se expresen cuáles son los pagos, obedece simplemente al hecho de que el demandado tenga la oportunidad de afirmar si fueron éstos u otros, mas no porque el certificado contable haga prueba del pago; menos aun si lo que se trata de justificar con dicho instrumento es la interrupción de la prescripción, pues sería tanto como dejarla en manos del demandado acreedor, simplemente asentando en el certificado contable que se hicieron pagos para interrumpir la prescripción.

61. Por tanto, si la carga de la prueba de la interrupción de la prescripción le corresponde a la demandada, por no tratarse de un hecho que genere el derecho cuya protección solicita el actor a través del ejercicio de la acción, entonces, como lo aduce la quejosa, el certificado contable sólo acredita la existencia de un saldo, pero no la existencia de los hechos interruptores de la prescripción, como serían los pagos que se afirma fueron efectuados, lo que de suyo revela que la responsable le otorga al certificado contable una eficacia probatoria que no merece, como es interrumpir la prescripción, pues sería tanto como dejar en manos del acreedor la prueba de la existencia de la interrupción de la prescripción, contraviniendo el principio básico que consiste en que a nadie es lícito crear una prueba en su propio beneficio.

62. Además de que el certificado contable, por sí sólo, no hace prueba alguna, sino que su eficacia la produce en conjunción con el contrato respectivo, aunado a que su finalidad y para lo cual es creado, sólo prueba la existencia del saldo, tal como se desprende del propio contenido del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regula su eficacia probatoria al establecer:

"Artículo 68. Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.

"El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios.

"El estado de cuenta certificado antes citado deberá contener nombre del acreditado; fecha del contrato; notario y número de escritura, en su caso; importe del crédito concedido; capital dispuesto; fecha hasta la que se calculó el adeudo; capital y demás obligaciones de pago vencidas a la fecha del corte; las disposiciones subsecuentes que se hicieron del crédito, en su caso; tasas de intereses ordinarios que aplicaron por cada periodo; pagos hechos sobre los intereses, especificando las tasas aplicadas de intereses y las amortizaciones hechas al capital; intereses moratorios aplicados y tasa aplicable por intereses moratorios. Para los contratos de crédito a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el estado de cuenta certificado que expida el contador sólo comprenderá los movimientos realizados desde un año anterior contado a partir del momento en el que se verifique el último incumplimiento de pago."

63. La función probatoria del certificado contable se reduce, pues, a la que le atribuye el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, de servir, junto con el contrato, de título ejecutivo, y lógicamente con ello se alude al caso en que se va a probar el saldo, mas no para demostrar el pago como medio de interrumpir la prescripción, pues al exigir dicha norma que en el estado de cuenta se haga referencia a los pagos efectuados, lo que persigue es que el demandado tenga conocimiento de las operaciones de las que se afirme deriva el saldo para que, de haber efectuado abonos distintos a los especificados, quede en aptitud de acreditarlos, lo que no implica que dicho documento haga fe si el pago se invoca como interruptor de la prescripción, porque entonces se dejaría en manos del oferente de la prueba (certificado contable) la interrupción de la prescripción, y, por ello, concluye que la función probatoria del certificado contable no se extiende hasta ese extremo, dado, además, que lo contrario equivaldría a imponer al deudor la carga de justificar, no que efectuó abonos sino, al contrario, que no los hizo, lo que carece de sentido y sería contrario al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

64. Consecuentemente, dado que la autoridad responsable no valoró correctamente el referido certificado contable, ante lo fundado de los conceptos de violación expuestos, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia reclamada y se dicte otra en la que establezca que el citado documento no hace prueba de la interrupción de la prescripción y enseguida, con pl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30433-5c0411e4/prescripcion-de-la-accion-para-su-interrupcion-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.