CRÉDITO REFACCIONARIO O DE HABILITACIÓN O AVÍO CELEBRADO POR INSTITUCIONES CREDITICIAS. PARA INTEGRAR TÍTULO EJECUTIVO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA SU EXPEDICIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2016. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 22 DE FEBRERO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MÓNICA CACHO MALDONADO.
III.Competencia
7. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.
8. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 (10a.) de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL ONCE)."(1)
IV. Legitimación
9. En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, órgano que emitió la resolución en la que se sustenta uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal(2) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.(3)
V. Existencia de la contradicción
10. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado,(4) consistentes en que:
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, como se verá a continuación.
12. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito resolvió el amparo directo **********, cuyos antecedentes son los siguientes:
12.1. **********, por conducto de su apoderado, demandó en la vía ejecutiva mercantil de **********, ********** y **********, el pago de la cantidad de $********** (********** moneda nacional), como suerte principal derivado de lo que denominó un contrato de apertura de crédito simple, entre otras prestaciones.
12.2. La Juez del Ramo Civil a quien correspondió el conocimiento del asunto dictó sentencia el siete de agosto de dos mil quince, en la que declaró improcedente la vía ejecutiva mercantil intentada y dejó a salvo los derechos de la parte actora para hacerlos valer en vía y forma correspondiente.
12.3. En lo que interesa, la Juez sostuvo, esencialmente, que el contrato base de la acción denominado "contrato de apertura de crédito simple" en realidad se trataba de un contrato de habilitación o avío, el cual no se encontraba ajustado a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la ley orgánica de la **********,(5) así como a lo establecido en el artículo 326, fracción II, en relación con el 66 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues no se firmó ante dos testigos ni se ratificó ante el encargado del Registro Público de la Propiedad; sin que la ratificación se confunda con la inscripción del contrato, en virtud de que la primera constituye el reconocimiento de lo asentado en el documento así como de las firmas, y la inscripción sólo tiene el fin de darle publicidad al acto. En su defecto, dijo el Juez, la ratificación debió hacerse ante notario, corredor público o Juez de primera instancia en funciones de notario.
12.4. En contra de esa decisión, la parte demandante promovió el juicio de amparo directo, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con el número **********. Por Acuerdo General 43/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(6) se cambió la denominación y competencia de dicho órgano colegiado, para convertirse en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el cual registró el expediente con el número ********** de su índice, y cuyos integrantes dictaron la ejecutoria de once de enero de dos mil dieciséis en el sentido de conceder el amparo solicitado, por las razones siguientes:
12.4.1. Una vez establecido que el contrato celebrado entre las partes es refaccionario de habilitación o avío, y no uno de crédito simple, se consideró fundado el concepto de violación formulado contra la determinación sobre improcedencia de la vía ejecutiva mercantil, porque no cumple con los requisitos establecidos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues el Juez responsable soslayó lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito en el que se establece que "los contratos ... en los que ... se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, será título de crédito (sic), sin necesidad de reconocimiento de firma ni otro requisito", por lo que la falta de ratificación no le priva de su carácter ejecutivo; máxime que título ejecutivo no sólo es el reconocido en la ley, sino también los que prueben plenamente un crédito cierto, líquido y exigible.
12.4.2. En efecto, si la accionante exhibió con su demanda mercantil el contrato en el que se hace constar el crédito otorgado a los demandados, juntamente con los pagarés firmados en garantía, así como el estado de cuenta certificado por la contadora autorizada de la propia acreditante, es inconcuso que se surte el supuesto establecido en el artículo 68, párrafo primero, de la Ley de Instituciones de Crédito y, por ende, ese contrato basal, por ese solo hecho, tiene la naturaleza de un título ejecutivo.
12.4.3. Además, resulta intrascendente si las firmas de dicho contrato fueron o no reconocidas por sus suscriptores, pues claramente establece que ello no es necesario, ni diverso requisito, para ser considerado como un título ejecutivo, cuando se le acompaña del estado de cuenta certificado.
12.4.4. Luego, se surte el supuesto de configuración de título ejecutivo previsto en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con la fracción IX del artículo 1391 del Código de Comercio, por lo cual, es procedente la vía ejecutiva mercantil elegida por la actora.
12.4.5. Lo anterior, sin que se soslaye que la autoridad responsable apoyó su determinación en la tesis aislada X.1o.21 C, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro: "CONTRATO DE CRÉDITO. PARA SER CONSIDERADO TÍTULO EJECUTIVO, ES NECESARIO QUE CUMPLA CON LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY CONTEMPLA."; no obstante, no se comparte dicha tesis y, por el contrario, se participa del criterio contenido en la diversa tesis aislada V.3o.6 C, de rubro: "CRÉDITO REFACCIONARIO Y DE HABILITACIÓN O AVÍO. LA FALTA DE RATIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS NO HACE INEFICAZ EL CONTRATO PARA EJERCER LA VÍA EJECUTIVA.", sustentada por el antes Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.
13. El Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito (actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito) resolvió el amparo directo **********, cuyos antecedentes son:
13.1. En el juicio ejecutivo mercantil de origen, **********, por conducto de su apoderado, demandó de ********** y **********, el pago de la cantidad de ********** moneda nacional, por concepto de capital vencido derivado de un crédito refaccionario de habilitación o avío, entre otras prestaciones.
13.2. El Juez de lo mercantil dictó sentencia el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la que acogió las prestaciones reclamadas. Y esta determinación fue confirmada por el tribunal de alzada en el recurso de apelación mediante resolución de treinta de marzo de dos mil.
13.3. Inconforme con esa decisión, la parte demandada promovió el juicio de amparo directo del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito con el número **********, en donde se negó el amparo con los argumentos que ahora se sintetizan:
13.3.1. Resulta infundado el concepto de violación en el que la parte quejosa alega que la autoridad responsable dejó de atender los agravios dirigidos a controvertir el hecho de que la falta de ratificación del contrato por los testigos ante notario, corredor o cualquier otra autoridad, hacían ineficaz el título ejecutivo, y los atinentes a que se había realizado una interpretación aislada del artículo 326, fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al no relacionarlo con los artículos 66 y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.
13.3.2. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 de la Ley de Instituciones de Crédito y 326 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el contrato de crédito refaccionario y de habilitación o avío no es solemne, sino convencional pues se ejecuta con la entrega de la cosa, pero si adicionalmente se pretenden constituir derechos accesorios o de garantía, y convertirlo en un crédito con preferencia de pago, entonces sí debe cumplir con las exigencias adicionales; y tratándose del ejercicio de la acción personal, para su eficacia no es necesario que se exijan las mismas formalidades que se requiere para la constitución de garantías.
13.3.3. Por tanto, de conformidad con los artículos 66, fracción I, y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 326, fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se tiene que si bien señalan que el contrato como el de la especie se firmará ante dos testigos conocidos, y que deberá ratificarse por los otorgantes y testigos, esa ratificación es sólo para el efecto de su inscripción, a fin de dar publicidad al acto para evitar que resulten afectados posibles terceros de buena fe; pero no es de manera alguna constitutiva de derechos, ni su omisión invalida el contrato, ni lo hace ineficaz para ejercitar la vía ejecutiva.
13.3.4. Asimismo, en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, los contratos o pólizas en los que, en su caso, se hicieran constar los créditos que otorgan las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de firmas ni de otros requisitos, máxime que en el caso, las partes intervinientes (acreedor y deudor), ratificaron el acto, de suerte que, aun cuando en el caso no se hubiera cumplido con la ratificación de testigos, tal omisión no invalida el acto ni torna ineficaz el título ejecutivo, porque el requisito de la ratificación ante los testigos es para los efectos de la inscripción en el registro público, que no es lo que perfecciona la operación.
14. De esta resolución derivó la tesis aislada V.3o.6 C, de rubro y texto siguiente:
"CRÉDITO REFACCIONARIO Y DE HABILITACIÓN O AVÍO. LA FALTA DE RATIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS NO HACE INEFICAZ EL CONTRATO PARA EJERCITAR LA VÍA EJECUTIVA.-Si bien los artículos 66, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito y 326, fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito disponen que los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío deben firmarse ante dos testigos conocidos y ratificarse por los otorgantes y testigos; sin embargo, esa ratificación es sólo para el efecto de su inscripción ante el Registro Público, a fin de dar publicidad al acto para evitar que resulten afectados posibles terceros de buena fe; pero no es de manera alguna constitutiva de derechos, y su omisión no invalida el contrato, ni lo hace ineficaz para ejercer la vía ejecutiva, pues en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito los contratos o pólizas en los que, en su caso, se hicieran constar los créditos que otorgan las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de firmas ni de otros requisitos, máxime si en el caso, las partes contratantes (acreedor y deudor), ratificaron el acto, de suerte que, aun cuando no se hubiera cumplido con la ratificación de los testigos, esa omisión no produce el efecto de invalidar el acto ni vuelve ineficaz el título ejecutivo."(7)
15. Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito (ahora Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito) resolvió el amparo en revisión **********, cuyos antecedentes son:
15.1. **********, por conducto de su apoderado, demandó en la vía ejecutiva mercantil de **********, el pago de la cantidad de $********** (********** moneda nacional), por concepto de capital financiado y vencido, derivado de un contrato de apertura de crédito de avío en cuenta corriente con garantía hipotecaria, entre otras prestaciones.
15.2. El Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Macuspana, Tabasco, a quien correspondió el conocimiento del asunto, registró la demanda con el número de expediente ********** y dictó el auto de exequendo correspondiente.
15.3. En contra de lo anterior, el demandado interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, la cual mediante sentencia de once de enero de mil novecientos noventa y nueve, confirmó la resolución recurrida (toca de apelación **********).
15.4. Inconforme con esa resolución, ********** promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con el número **********. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve y, acto seguido, se dictó la sentencia en el sentido de negar el amparo solicitado.
15.5. El quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia anterior, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, el cual registró el asunto con el número **********. En sesión de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el órgano colegiado resolvió conceder la protección constitucional, por las consideraciones que se sintetizan a continuación:
15.5.1. De conformidad con el artículo 326, fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los contratos de crédito refaccionario o de habilitación o avío se consignarán en contrato privado, que se firmará por triplicado ante dos testigos conocidos y se ratificarán ante el encargado del registro público de que habla la fracción IV del mismo precepto.
15.5.2. Asimismo, conforme al artículo 66, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío celebrados por las instituciones de crédito se ajustarán a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y, entre otras bases, a la de que deben consignarse, según convenga a las partes y cualquiera que sea su monto, en póliza ante corredor público titulado, en escritura pública o en contrato privado, que en este último caso se firmará por triplicado ante dos testigos y se ratificará ante notario público, corredor público titulado, Juez de primera instancia en funciones de notario o ante el encargado del registro público correspondiente.
15.5.3. Por tanto, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, debe entenderse en el sentido de que el contrato de crédito exhibido junto con la certificación contable bancaria, tiene que ajustarse a las bases que la propia ley contempla, así como a lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sirve de apoyo la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito: "TÍTULOS EJECUTIVOS. PARA QUE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO SEAN APTOS PARA INTEGRARLOS, ES NECESARIO CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY CONTEMPLA."
15.5.4. Así, al constatarse que el contrato de crédito exhibido por la demandante no se encuentra firmado ante dos testigos, ni ratificado ante el encargado del Registro Público de la Propiedad, no reúne los requisitos que la ley exige para ser considerado título ejecutivo.
15.5.5. Al respecto, se tiene en cuenta que los actos de firma del contrato ante dos testigos y la ratificación ante el encargado del registro público son actos distintos de la inscripción en dicha oficina, ya que la suscripción demostraría la intervención de los testigos en el contrato; la ratificación es el reconocimiento de lo asentado en el mismo, así como de la firma, y la inscripción es con el fin de dar publicidad al acto; tan es así, que la intervención de los dos testigos y la ratificación se prevén en la fracción III del artículo 326 de la ley, en tanto que la inscripción se ubica en la fracción IV del mismo precepto.
16. De la anterior resolución derivó la tesis X.1o.21 C, de rubro y texto siguientes:
"CONTRATO DE CRÉDITO. PARA SER CONSIDERADO TÍTULO EJECUTIVO, ES NECESARIO QUE CUMPLA CON LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY CONTEMPLA.-Para que conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el contrato de crédito que se exhiba junto con la certificación contable bancaria, sea apto para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil, debe cumplir con las exigencias que la misma ley contempla; de lo que se colige, que para que el contrato refaccionario de habilitación o avío, integre título ejecutivo, debe ajustarse a lo que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 326, fracción III, en concordancia con el numeral 66, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, consistente en que, entre otras cosas, debe firmarse ante dos testigos y ratificarse ante el encargado del Registro Público, sin que estos actos deban confundirse con la inscripción del contrato, en virtud de que la ratificación constituye el reconocimiento de lo asentado en el documento así como de las firmas, y la inscripción sólo tiene el fin de darle publicidad al acto."(8)
17. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica: determinar si para conformar el título ejecutivo a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío que celebren las instituciones crediticias deben cumplir los requisitos previstos en los artículos 326, fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 66, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito.
18. Como ha quedado expuesto, las conclusiones a las que los tribunales contendientes arribaron resultan contrarias respecto a esa cuestión jurídica.
19. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos ********** y **********, respectivamente, determinaron que para conformar el título ejecutivo al cual se refiere el artículo 68, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, no es necesario que los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío celebrados por las instituciones bancarias cumplan los requisitos previstos en los preceptos citados en el párrafo anterior, específicamente los relativos a que si el contrato se consigna en documento privado, éste sea firmado ante dos testigos y ratificado ante el encargado del registro público correspondiente; porque para la formación del título ejecutivo en términos de la disposición señalada en primer lugar, los contratos o pólizas en los que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. Además de que la ratificación del contrato privado refaccionario o de habilitación o avío, sólo es para efectos de publicidad del acto frente a terceros de buena fe.
20. En cambio, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo que para este tipo de contratos integren el título ejecutivo a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, es necesario satisfagan los requisitos que para su otorgamiento previenen los artículos 326, fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, específicamente, y 66, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, que si el contrato se consigna en escrito privado, debe firmarse ante dos testigos y ratificarse ante el encargado del registro público; sin que deba confundirse la ratificación con la inscripción del contrato.
21. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes y la materia que debe resolverse en esta contradicción, cabe formular la siguiente interrogante: ¿Los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío deben cumplir los requisitos establecidos en la fracción III del artículo 326 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con el numeral 66, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, para que, conjuntamente con el estado de cuenta certificado correspondiente, se les pueda otorgar el carácter de título ejecutivo al que se refiere el artículo 68 de este último ordenamiento?
22. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer la tesis de que para integrar el título ejecutivo a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, los contratos de crédito refaccionario o de habilitación o avío celebrados por las instituciones bancarias deben satisfacer los requisitos previstos para su expedición, en los artículos 326, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 66, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que deben constar en póliza ante corredor público titulado, en escritura pública, o bien, en contrato privado firmado por triplicado ante dos testigos y ratificado ante notario público, corredor público titulado, Juez de primera instancia en funciones de notario o ante el encargado del Registro Público correspondiente. Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza de los títulos ejecutivos como los suficientes para demostrar la existencia de una deuda cierta, líquida y exigible; así como la naturaleza especial de los contratos de crédito refaccionarios y de habilitación o avío como créditos de destino y de producción, que inciden en el aspecto de orden público de fomento a las empresas industriales, ganaderas, agrícolas o comerciales, en razón de lo cual le son exigibles ciertos requisitos para su expedición, dirigidos a garantizar certeza sobre el crédito, su destino específico y las garantías naturales que quedan constituidas.
23. En efecto, los títulos ejecutivos consisten en documentos que hacen patente la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible, cuando la ley les reconoce presunción vehemente de certeza, o en los que ésta se produce por acuerdo de las partes, de modo que son suficientes para realizar el crédito contra el deudor; bajo el entendido de que tal presunción admite prueba en contrario que puede producirse dentro del juicio ejecutivo.
24. La certeza del crédito implica que el derecho aparezca consignado en el texto del documento o documentos que cumplan los requisitos para conformar el título ejecutivo, sin necesidad de acudir a otras fuentes de información. La exigibilidad se traduce en que el pago no pueda rehusarse conforme a derecho porque están satisfechos todos los elementos fijados para el pago, tanto en la ley como por las partes en el título, ya sea el tiempo o el lugar de pago, o alguna condición, entre otros. La liquidez implica que el importe del adeudo aparezca expresado en cantidad determinada, o fácilmente determinable a partir de los elementos que claramente se adviertan del título, mediante operaciones aritméticas sencillas.(9)
25. A fin de cumplir tales condiciones, la ley establece los requisitos que han de satisfacer los títulos para ser suficientes para demostrar la deuda cierta, líquida y exigible; como sucede, por ejemplo, con los requisitos esenciales (no susbsanables o presumibles) de los diferentes títulos de crédito, sean letras de cambio (artículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), pagarés (artículo 170 de la misma ley) o cheques (artículo 176 de igual ley); o las condiciones de una confesión judicial para que pueda dar lugar a título ejecutivo en términos de los artículos 1287 y 1288 del Código de Comercio; o los requisitos de los instrumentos públicos expedidos por fedatarios públicos en que conste un adeudo; o que haya causado ejecutoria la sentencia; o sea inapelable el laudo arbitral, etcétera. Y cuando se ha encontrado que los documentos atinentes no cumplen los requisitos legales previstos para su formación, se ha negado la procedencia de la vía ejecutiva.(10)
26. En razón de lo anterior, el juicio ejecutivo, que tiene lugar cuando se acompaña a la demanda un título con esas características, se considera una vía privilegiada para lograr la resolución del crédito, en tanto comienza con la ejecución y su objeto no es declarar o reconocer la existencia del derecho, sino hacer efectivo el que ya se encuentra consignado en el título ejecutivo, pues éste es suficiente para dar cuenta de una deuda cierta, líquida y exigible.(11)
27. Por la misma razón se ha dicho que en esta clase de juicio, la etapa probatoria está concedida para que el demandado pueda demostrar las excepciones que oponga contra la ejecución iniciada en su contra y no tanto para que el acreedor demuestre su derecho, pues éste ya aparece consignado en el título ejecutivo. Y por tanto, la carga probatoria corresponde al demandado o deudor, ya que el acreedor o actor tiene a su favor la presunción del derecho consignado en el título ejecutivo. Esto, a diferencia de los procesos de conocimiento o de cognición, cuyo objeto sí es determinar a cuál de las partes asiste el derecho; pues el alegado por el actor aparece como dudoso y, por tanto, tiene la carga de demostrarlo, según las reglas generales de las cargas probatorias.
28. El artículo 1391 del Código de Comercio enlista los diferentes documentos que traen aparejada ejecución en materia mercantil y que dan lugar a los juicios ejecutivos, como son: a) la sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada; b) el laudo arbitral inapelable, conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348; c) los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los notarios públicos; d) la confesión judicial del deudor, según el artículo 1288; e) los títulos de crédito; f) las pólizas de seguros conforme a la ley de la materia; g) la decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia; h) las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor.
29. Finalmente, en su fracción VIII se hace remisión genérica a los demás documentos que, por disposición de la ley tienen el carácter de ejecuti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27195-d63436b6/credito-refaccionario-o-de-habilitacion-o-avio-celebrado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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