CRÉDITO QUIROGRAFARIO, PAGARÉS UTILIZADOS POR LOS BANCOS PARA DOCUMENTAR UN. SON SUFICIENTES POR SÍ MISMOS PARA INTENTAR LA VÍA EJECUTIVA. PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO ESTÁN AUTORIZADAS PARA OTORGARLOS. TÍTULOS DE CRÉDITO. DIFERENCIAS ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA ABSTRACCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito al fallar el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el amparo directo AD. 355/96 civil promovido por Radio Refacciones Flores, Sociedad Anónima de Capital Variable y otro, en lo conducente consideró:
"SEXTO. En su primer concepto de violación los quejosos argumentan en síntesis, que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 640 y 1391 del Código de Comercio, así como el 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque la parte actora se limitó a presentar un pagaré como título fundatorio de su acción, el cual por sí sólo, es insuficiente para integrar un título ejecutivo a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues sólo se perfecciona cuando se presenta acompañado del estado de cuenta del contador debidamente desglosado; que las instituciones de crédito se rigen por una ley especial y que por ello un solo pagaré es ineficaz para integrar un título de crédito; y que el documento presentado por el actor no trae aparejada ejecución y por lo tanto es improcedente la acción intentada; mencionando un criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que citó y transcribió. Lo que antecede es infundado, toda vez que el título presentado por la parte actora, llena los requisitos a que se refiere el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y por ende constituye un pagaré, que es un título que trae aparejada ejecución en los términos de la fracción IV del artículo 1391 del ordenamiento en comentario; en consecuencia, la acción cambiaria es procedente, porque se funda en este caso en la falta de pago, ello en los términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 150 del mismo ordenamiento. Ahora bien, no es verdad que dicho título requiera para ser ejecutivo de la certificación del contador del banco, en los términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, como alegan los quejosos, en atención a las consideraciones siguientes. El artículo 68 en comento establece: ‘Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, en todos los casos en que por establecerse así en el contrato: I. El acreditado o el mutuatario pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato, y II. Se pacte la celebración de operaciones o la prestación de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados.’-Como se advierte el numeral que antecede no se refiere a los títulos de crédito que por disposición expresa de la legislación mercantil tiene aparejada ejecución, por ende, no puede ser aplicado a los títulos valores a que se refiere la fracción IV del artículo 1391 del Código de Comercio, éstos conservan su naturaleza autónoma y desde luego no requieren la certificación del contador para ser ejecutivos. El numeral en comento, se refiere, expresamente a los contratos o a las pólizas, como documentos que para gozar de la cualidad de ser títulos ejecutivos, requieren un elemento adicional que consiste en la citada certificación, y no a los títulos valores que por disposición de la ley traen aparejada ejecución, pues éstos desde luego no tienen por qué requerir un elemento adicional para tal efecto, que la ley que los rige no establece; por ende, es evidente que el pagaré base de la acción cambiaria a que se refiere el presente asunto que por su naturaleza cuenta con los requisitos a que se refiere el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es un título ejecutivo en los términos de la fracción IV del artículo 1391 del Código de Comercio y no requiere de la certificación contable para tener dicha característica; por lo tanto, si la parte actora por falta de pago del documento intentó la acción cambiaria, eligió la vía correcta en los términos de la fracción II del numeral 150 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora bien, lo anterior que es aplicable a la generalidad de los pagarés, tiene una salvedad, cuando en el caso específico de los créditos refaccionarios y de habilitación o avío, el acreditado otorga a la orden del acreditante pagarés que representen las disposiciones que haga del crédito concedido, y se haga constar en esos documentos la procedencia de los mismos, de manera tal, que queden suficientemente identificados y que revelen las anotaciones del registro del crédito original; en este caso, es evidente la existencia de una vinculación entre el crédito otorgado y dichos títulos, por lo que éstos no gozan de autonomía y en sí mismos son insuficientes para traer aparejada ejecución; sin embargo dicho análisis es ocioso en esta ocasión, toda vez que la parte demandada, en ningún momento demostró que el pagaré de referencia provenía de uno de los créditos a que se refiere el artículo 325 en comentario, que prevé la existencia de pagarés que no gozan de la citada autonomía. En diverso punto de inconformidad los quejosos argumentan en síntesis, que la responsable consideró equívocamente que los actos del banco actor, no se rigen por el régimen de autoridad, que por lo tanto las instituciones sólo pueden hacer lo que se previene en las leyes, y las operaciones activas que realicen deben sujetarse a los lineamientos establecidos en los artículos del 65 al 76 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo que antecede es infundado, porque las instituciones bancarias, como la actora, que es una sociedad anónima de banca múltiple, no es un órgano del Estado, pues ni es parte integrante de los tres Poderes de la Unión, ni de los Estados o Municipios, ni pertenece a la esfera de la administración pública paraestatal; por ende, resulta ser una persona moral que tiene el carácter de gobernado, y lejos de ser obligado al principio de legalidad a que se refiere la Constitución en los artículos 14 y 16, resulta ser titular de dicho derecho subjetivo público, en sus relaciones de subordinación que guarda con los órganos del Estado; en consecuencia no puede jurídicamente pasar a ser un órgano del Estado obligado al principio de legalidad por el hecho de tener una concesión para operar como institución bancaria y la circunstancia de que su actuación sea reglamentada por la citada Ley de Instituciones de Crédito, pues ello no ocasiona que los actos jurídicos que realiza, se vean revestidos de imperio, de unilateralidad y coercitividad al entrar a relacionarse con los particulares, ya que con ellos de manera constante guarda una relación de coordinación, como ocurre en el caso concreto en el que realizaron una operación crediticia, documentada en un pagaré mercantil, lo cual no se encuentra prohibido expresamente por ley alguna, y dilucidaron ante los órganos jurisdiccionales ordinarios una controversia respecto a dicho título. Ahora bien, respecto al argumento consistente en que la responsable consideró que las instituciones bancarias, pueden otorgar y descontar documentos en descubierto, debe decirse que tal argumentación deviene inoperante, en principio porque no es verdad que la responsable hubiera realizado tal pronunciamiento, sino que la Sala interpretó la fracción VII del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, considerando que de su contenido no puede deducirse que los bancos tengan prohibido documentar o hacer constar los préstamos que realicen en títulos de crédito, y que el hecho de que las instituciones de crédito celebren contratos de apertura de crédito simple sin garantía conocidos como quirografarios, no es contrario a lo que estipulan los artículos 78 y 79 del Código de Comercio, ya que en la Ley de Instituciones de Crédito, nada se estipula en relación a solemnidad alguna que deban revestir los contratos de apertura de crédito simple, y que por ende, su regulación se rige por las reglas que expida para tal efecto, el Banco de México, la propia Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, según el artículo 6o. de la Ley de Instituciones de Crédito, y por los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y que cuando se otorguen a estos créditos, las operaciones no se resumen a la entrega de dinero, sino que se documentan con un pagaré suscrito por el cliente en favor del banco en el que se obliga al pago con su firma, es decir con su persona, y con su patrimonio genéricamente ponderado, y que dicha operación descansa en la teoría general de los títulos de crédito; y que en este caso se garantizó el crédito con la firma de un aval. En contra del anterior razonamiento, los quejosos se limitaron a aducir que la responsable consideró equívocamente, que por las prácticas bancarias se pueden otorgar y descontar documentos en descubierto y que por ello resulta ilegal su criterio, lo cual deviene inoperante, pues de ninguna manera combate racionalmente las estimaciones de la responsable en las que interpreta la fracción VII del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, considerando que del mismo no se desprende que los bancos tengan prohibido documentar o hacer constar préstamos en títulos de crédito, en los casos de contratos de apertura de crédito simple sin garantías, conocidos como quirografarios, que ello no es contrario a lo dispuesto en los artículos 78 y 79 del Código de Comercio, máxime cuando la operación no se resume a la entrega de dinero, sino que se documenta con un pagaré, en el que el cliente se obliga en lo personal con su patrimonio y adicionalmente se garantiza con un aval. Independientemente de lo anterior, es oportuno mencionar que las instituciones bancarias, pueden válidamente operar con títulos mercantiles, como ocurrió en la especie al haber documentado el otorgamiento de un crédito con un pagaré; ello en los términos de lo dispuesto en la fracción XI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. En estas condiciones, siendo infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, se impone negar a Radio Refacciones Flores, Sociedad Anónima de Capital Variable y a Candelario Flores Alcocer, el amparo y protección que solicitan, en contra de la sentencia de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en el toca 110/96. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 158, 184, 190 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Radio Refacciones Flores, Sociedad Anónima de Capital Variable y a Candelario Flores Alcocer, en contra de la sentencia de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en el toca 110/96."
TERCERO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis, el amparo directo DC. 1919/96, promovido por José Refugio Miranda Ramos, en la parte que interesa consideró:
"QUINTO. Los conceptos de violación resultan sustancialmente fundados. Argumentan los quejosos que el perjuicio que les causa la sentencia reclamada lo es el hecho de que la Sala, al considerar autónomos los pagarés base de la acción, no tomó en cuenta que en tratándose de operaciones bancarias, a las instituciones crediticias, cuya actividad está regulada por leyes especiales, les está prohibido otorgar préstamos sin que exista un contrato de crédito y en el caso, el crédito quirografario no está regulado por la legislación mercantil, lo que hace nula la deuda reclamada. También aseveran que el régimen jurídico del préstamo bancario, exige la existencia de contrato escrito y los pagarés, como en el caso, nunca podrán ser independientes, sino que siempre serán causales o nexo causal del contrato del que derivan. Se desprende de la demanda de origen que Banco Mercantil del Norte, demandó la acción cambiaria directa a los ahora quejosos, fundándose en los pagarés A227261, A227266 y A098691, con fechas de vencimiento cuatro, diez y quince de junio de mil novecientos noventa y tres, cuyos importes son respectivamente por quince mil, ocho mil y seis mil pesos. Los demandados al dar contestación a la demanda se opusieron a la ejecución y se excepcionaron en forma genérica aduciendo la inautonomía de los documentos, indicando que habían sido elaborados como renovación del adeudo principal, sin que hubieren recibido el importe que ampara cada uno de ellos, tomando en cuenta que de acuerdo al artículo 106, fracción VII, de la Ley de Instituciones de Crédito, a los bancos les está prohibido aceptar o pagar documentos o certificar cheques en descubierto, salvo en los casos de apertura de crédito. De acuerdo a lo expresado en los conceptos de violación, los documentos fundatorios de la acción, aun cuando reúnen las características de un pagaré, conforme al artículo 170 de la Ley General de Operaciones de Crédito, sin embargo, los mismos no satisfacen los requisitos que señala el numeral 68 de la Ley de Instituciones de Crédito para que puedan ser considerados, en la especie, títulos ejecutivos. Así es, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, son títulos ejecutivos los contratos o pólizas en los que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, siempre que a los mismos se les agregue el estado de cuenta certificado por el contador facultado de dicha institución, el cual deberá contener el resumen completo de las transacciones entre el deudor y acreedor a fin de establecer el adeudo. En la especie, el banco actor se concretó a ejercer la acción cambiaria directa en contra de los ahora quejosos, basándose en los pagarés descritos, documentos que a pesar de que fueron reconocidos y firmados por los demandados, no son aptos por sí solos, para ejercitar la acción en contra de los firmantes. Como lo establece el transcrito numeral 106, fracción VII, de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos están impedidos para aceptar o certificar documentos hecha excepción de los casos de apertura de crédito. Los quejosos aducen que los documentos firmados por ellos presentados por la parte actora son producto de la reestructuración o renovación de un crédito otorgado por la acreditante y al efecto exhibieron constancias de las copias correspondientes al cliente, con la razón social de Banorte de las cartas de remesa de fechas seis, doce y diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres, con un haber cada una de ellas por quince mil, ocho mil y seis mil pesos, fechas en que también se suscribieron los documentos base de la acción, documentos aquellos que en su parte superior central contienen la leyenda abonar el importe del crédito a la cuenta 014 57167 1, la cual está a nombre de José Refugio Miranda Ramos; y en la parte inferior izquierda del mismo papel, otra que reza: ‘Les rogamos se sirvan tomar nota de que con esta fecha les estamos acreditando en su cuenta el importe de las operaciones de crédito concedidas a ustedes.’. Además, en la parte superior izquierda de los pagarés, previa la palabra cedente, aparece el número 014571671, cero, uno, cuatro, cinco, siete, uno, seis, siete, uno, dígitos que coinciden con los que aparecen en las citadas cartas remesa, en las cuales (sic) se puede también apreciar que el documento se expidió como renovación, desprendiéndose entonces de los documentos indicados, que el citado número corresponde a la cuenta que José Refugio Miranda Ramos, maneja con el banco en cuestión, a la que se hicieron los abonos del crédito a que hacen alusión los demandantes de garantías. En estas condiciones, se colige que los documentos base de la acción, no son autónomos y sí dependientes del contrato que les dio origen, motivo por el que al banco actor correspondía aportar como documento base de su demanda, el contrato en que consta el crédito otorgado a los ahora quejosos, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, estados de cuenta que requieren, para ser constitutivos de ejecutividad y fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos, un desglose de los movimientos que originaron el saldo cuyo cobro se pretende con los pagarés de mérito. Por tanto, para que pudiera hacerse exigible la obligación que se reclama, era menester aportar los documentos requeridos, y si en el caso, como aducen los quejosos, no existe crédito expreso, o el banco lo otorgó como crédito quirografario, el que contraviene las disposiciones mercantiles, es una situación que redunda únicamente en perjuicio de la institución bancaria. Finalmente en lo que se refiere a que los créditos relacionados que se otorguen en contravención a la Ley de Instituciones de Crédito, deberán capitalizarse al cien por ciento en lugar del ocho por ciento, regla que en el crédito impugnado, se alega, no se aplicó, es dable decir a los peticionarios de amparo que no puede hacerse consideración al respecto en el asunto en comento, toda vez que, como quedó señalado, no obra en autos el documento de reconocimiento de redocumentación por la institución bancaria actora, redocumentación que, afirman los quejosos, fue motivo de la suscripción de los pagarés, reiterándose que esos documentos no satisfacen por sí solos, las características de los títulos ejecutivos que traen aparejada ejecución, con base en los cuales se ejercitó la acción cambiaria directa. En la tesitura de las consideraciones anteriores, no cabe sino concluir lo fundado de los argumentos vertidos por los quejosos, y concederse el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 76 a 79, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Refugio Miranda Ramos y María Velázquez de Miranda, contra la sentencia de cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito al resolver el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, el amparo directo 411/96, promovido por Banca Serfín, S.A., consideró en lo conducente:
"QUINTO. Es fundado en lo sustancial el primero de los conceptos de violación transcritos, tal como se demostrará enseguida. Aduce en síntesis el promovente del amparo, que la Sala responsable infringió en perjuicio de su representada los preceptos 14 y 16 constitucionales, al sustentar la improcedencia del juicio ejecutivo mercantil que promovió en contra de Almacenes Lucy Farah, Sociedad Anónima y del señor Abraham Farah Wejebe, en un artículo del Código de Comercio y en dos de la Ley de Instituciones de Crédito, no obstante la manifiesta inaplicabilidad de los mismos. Añade, que el pagaré base de la acción que ejercitó satisface los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como incluso se reconoce en la sentencia aquí combatida, y que por ende, trae aparejada ejecución en términos de la fracción IV, del artículo 139l, del aludido código mercantil, sin que a ello obste lo dispuesto por el diverso numeral 640 del código en mención, toda vez que lo que establecen los preceptos 52 y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, no desvirtúa la autonomía de los títulos de crédito y tampoco impide que los bancos sean titulares de la acción cambiaria. Es fundado lo anterior, pues sin desconocer que el artículo 640 del Código de Comercio, se refiere a la Ley de Instituciones de Crédito, cuando establece: ‘Las instituciones de crédito se regirán por una ley especial ...’; resulta un hecho incontrastable, que el artículo 52 de la referida ley especial, no contiene limitación alguna que impida a los bancos otorgar los llamados créditos quirografarios; lo que se corrobora con el texto del artículo 65 de la ley en comento, que dice: ‘Para el otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones de crédito deberán estimar la viabilidad económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de recuperación de éstos, las relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de los estados financieros o la situación económica de los acreditados, y la calificación administrativa y moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar las garantías que, en su caso, fueren necesarias. Los montos, plazos, regímenes de amortización, y en su caso, periodos de gracia de los financiamientos, deberán tener una relación adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversión y con la situación presente y previsible de los acreditados. La Comisión Nacional Bancaria vigilará que las instituciones de crédito observen debidamente lo dispuesto en el presente artículo.’. Y por lo que atañe al numeral 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que también sirvió de apoyo a la Sala responsable, para concluir acerca de la improcedencia de la acción ejecutiva mercantil intentada en contra de los aquí terceros perjudicados, basta su lectura para constatar que los contratos y las pólizas a que alude su texto, no pueden referirse a los títulos de crédito que por disposición expresa del artículo 1391 del Código de Comercio, tienen aparejada ejecución. En efecto, el precepto en cuestión se refiere a los contratos o a las pólizas, como documentos que para gozar de la calidad de títulos ejecutivos, requieren un elemento adicional que consiste en la certificación del estado de cuenta por parte del contador de la institución bancaria respectiva, y no a los títulos valores que por disposición de la ley traen aparejada ejecución, pues éstos desde luego no tienen por qué requerir un elemento adicional para tal efecto, que la ley que los rige no establece. Por otra parte, es conveniente destacar que como bien aduce el peticionario de garantías, la circunstancia de que en el propio pagaré generador de la acción cambiaria ejercitada en contra de los aquí terceros perjudicados, conste que el crédito otorgado a éstos, es de tipo quirografario, resulta bastante para estimar equivocada la apreciación que hizo la Sala responsable, en el sentido de concluir que del texto del aludido pagaré, se presumía válidamente que el mismo deriva de un contrato de crédito que debió haber exhibido el banco demandante. En consecuencia, al ser notoria la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada, procede conceder a la institución bancaria quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que impetra, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo aquí combatido y en su lugar emita otro que se ajuste a los lineamientos de esta ejecutoria. Dado el sentido de este fallo resulta innecesario examinar el restante concepto de violación. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además, en los artículos 76, 77, 78, 80, 158, 184 y 190, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Para los efectos precisados en el penúltimo párrafo del considerando quinto de esta sentencia, la Justicia de la Unión ampara y protege a Banca Serfín, Sociedad Anónima, contra la sentencia de fecha siete de junio de mil novecientos noventa y seis, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en los autos del toca de apelación 431/95."
QUINTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el amparo directo DC. 7967/97 promovido por Diana Argüello Rodríguez y Cristóbal Ayala Magallán, consideró en la parte que interesa lo siguiente:
"Los conceptos de violación transcritos son infundados en parte y por otra inoperantes, por ende ineficaces para conceder el amparo solicitado. En los conceptos de violación primero y quinto, esencialmente los quejosos argumentan que la resolución reclamada es ilegal, porque incorrectamente la Sala responsable estimó autónomo el pagaré base de la acción, cuando que a las instituciones crediticias les está prohibido otorgar préstamos quirografarios, por lo cual el banco acreedor debió exhibir el contrato que le dio origen a ese título, así como el certificado del contador autorizado, para que éste constituyera título ejecutivo en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Tales aseveraciones son infundadas, y para ponerlo de manifiesto es menester precisar qué es un préstamo quirografario. Según la Enciclopedia del Idioma, de Martín Alonso, tomo III, página 3481, quirografario es lo concerniente o relativo al quirógrafo, o en esta forma acreditado. El Diccionario Jurídico de Joaquín Escriche, Editorial Themis, página 428, conceptúa quirografario como el instrumento o resguardo que el acreedor da a su deudor para acreditar lo que éste le pagó, y que vulgarmente se denomina carta de pago o recibo. También significa el instrumento que da el deudor a su acreedor para que pueda hacer constar su crédito; y de aquí viene la denominación de acreedor quirografario que suele darse al que justifica su crédito con algún documento, principalmente si éste fuere privado, como recibo, vale, pagaré, carta misiva, cuenta, etcétera. Lo expuesto lleva a concluir, que la palabra quirografario deviene de quirógrafo, relativo al documento que contiene una obligación contractual que no está autorizada por notario ni lleva otro signo oficial o público y también se conoce con ese nombre al instrumento o resguardo que el acreedor da a su deudor para que éste le pague o para que pueda hacer constar su crédito, y por tanto una suscripción de un pagaré con motivo de un préstamo personal no implica la existencia de un contrato diferente de aquel que lo vincula con ese título. Puntualizado lo anterior, si bien conforme a lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos están sujetos a importantes limitaciones generales y específicas como la prevista por la fracción ‘VII. Aceptar o pagar documentos o certificar cheques en descubierto, salvo en los casos de apertura de crédito.’. Sin embargo esa prohibición se refiere a que no deben aceptar o pagar documentos ni certificar cheques en descubierto, es decir sin fondos, exceptuándose los casos de apertura de crédito, pero de ninguna manera implica el préstamo directo o personal o quirografario documentado mediante un título de crédito. Sostener lo contrario sería contravenir lo dispuesto por el artículo 46 en sus fracciones II, VI y XI de la ley invocada, que dice: ‘Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: ... II. Aceptar préstamos y créditos; ... VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; ... XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia.’. Así como, el artículo 65 del mismo ordenamiento legal que establece: ‘Para el otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones de crédito deberán estimar la viabilidad económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de recuperación de éstos, las relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de los estados financieros o la situación económica de los acreditados, y la calificación administrativa y moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar las garantías que, en su caso, fueren necesarias. Los montos, plazos, regímenes de amortización, y en su caso, periodos de gracia de los financiamientos, deberán tener una relación adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversión y con la situación presente y previsible de los acreditados.’. De los numerales transcritos en la parte que interesa se colige que expresamente las instituciones bancarias están autorizadas para aceptar, conferir préstamos -en general, dentro de los que se incluyen los quirografarios-, y para operar con documentos mercantiles por cuenta propia sin más exigencia que la prevista por el artículo 65 de la ley en cita, esto es que las instituciones bancarias tomen en consideración la situación económica de los acreditados y la calificación administrativa y moral de éstos. Consecuentemente, si en el caso, Bancrecer, Sociedad Anónima, demandó de Diana Argüello Rodríguez y Cristóbal Ayala Magallán en la vía ejecutiva mercantil la acción directa, por haber suscrito el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco, un pagaré por la cantidad de ciento noventa y siete mil quinientos nuevos pesos, es evidente que esa operación fue en virtud de un préstamo personal o quirografario documentado en dicho título, por lo cual el acreedor no tenía por qué exhibir contrato alguno que se vinculara con el pagaré para exigir su pago, pues a lo que tenía que atenderse es a la autonomía y al derecho incorporado en ese documento acorde con lo previsto por el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por tanto, como correctamente lo apreció el tribunal de alzada no es verdad que todas las operaciones realizadas por una institución bancaria deban constar en un contrato de crédito por escrito y ante notario, pues tratándose de préstamos directos conferidos en función de la solvencia moral y situación del acreditado, es suficiente con que se documenten en un título de crédito, para que la emisión
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5916-c5490a16/credito-quirografario-pagares-utilizados-por-los-bancos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DIVORCIO. SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. COMO CAUSAL DE. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE LA FECHA EXACTA DE SEPARACIÓN. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- PROCEDENCIA. VÍA SUMARIA HIPOTECARIA. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE CADA ESTADO ES LA LEY ESPECIAL APLICABLE. VÍA SUMARIA HIPOTECARIA. ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL C (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA RESPONSABILIDAD DIRECTA E ILIMITADA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY RELATIVA, SE ACTUALIZA SI SE ACREDITA QUE EL FUNCIONARIO ES EMPLEADO DEL BANCO Y (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- COSTAS. (VI.2o.586 C)
- TESTIGOS, CONTRADICCIONES ENTRE LOS. (s/clave)
- TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. (XVII.4o.4 K )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis