PROCEDENCIA. VÍA SUMARIA HIPOTECARIA. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE CADA ESTADO ES LA LEY ESPECIAL APLICABLE. VÍA SUMARIA HIPOTECARIA. ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA CONSTE EN ESCRITURAS DEBIDAMENTE REGISTRADAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostuvo en el juicio de amparo directo civil número 1353/96, lo siguiente:
"IV. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer. Es principio de derecho comúnmente conocido que lo dispuesto en una ley especial debe prevalecer sobre la norma general. Ahora bien, conforme con lo establecido por el artículo 640 del Código de Comercio, el banco actor por ser una institución de crédito se rige por una normatividad específica, que no es otra que la Ley de Instituciones de Crédito y según lo previsto por los diversos numerales 6o., fracción I, 8o., primer párrafo y 9o., primer párrafo, de esta última legislación, a los organismos autorizados por el Gobierno Federal para operar como instituciones de crédito se les aplicará la aludida codificación mercantil solamente en lo no previsto por la susodicha ley especial. Así, es incuestionable entonces que si ésta no sólo no excluye la posibilidad de que las controversias se ventilen de acuerdo con ordenamientos distintos al Código de Comercio, sino que expresamente permite en su precepto 72, que cuando el crédito respectivo tenga garantía real, el acreedor ejercite sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, en ordinario, o en el que en su caso corresponda, debe concluirse que si la acción intentada por el promovente se funda en un contrato de habilitación o avío ganadero con garantía hipotecaria, la misma puede ser ejercitada, contra lo afirmado por el ad quem, en la vía civil, no obstante que los dispositivos 1049 y 1050 del Código de Comercio prescriban, en lo conducente, que los juicios mercantiles tienen por objeto decidir controversias que con base en lo dispuesto por los diversos numerales 4o., 75 y 76 deriven de actos comerciales, y que cuando para una de las partes que intervienen en ellos, el acto que celebren tenga naturaleza comercial y para la otra sea de carácter civil, el procedimiento correspondiente se regirá por la citada legislación mercantil, toda vez que, se reitera, tales preceptos generales y supletorios no pueden prevalecer sobre el numeral 72 de la Ley de Instituciones de Crédito que es de aplicación especial, el cual, por cierto, textualmente establece: ‘Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda, conservando la garantía real y su preferencia aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.’. Al respecto se invoca la ejecutoria publicada en la página 767, del Tomo IV, de la Novena Época, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y seis, que dice: ‘VÍA SUMARIA HIPOTECARIA CIVIL, PROCEDENCIA DE LA. TRATÁNDOSE DE CONTRATOS MERCANTILES GARANTIZADOS CON HIPOTECA.’ (se transcribe). Por otra parte, tiene igualmente razón el banco quejoso en lo tocante a que resulta innecesario que el contrato fundatorio de la acción debe estar elevado a escritura pública para que se declare procedente la vía elegida, en virtud que ese requisito no es exigido por la multicitada Ley de Instituciones de Crédito, ya que sobre el particular su diverso numeral 66 previene, en lo que interesa, que: (se transcribe). Sobre el tema tratado en el párrafo precedente se invoca la tesis publicada en la página 1665, de la compilación de ejecutorias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo V, 1969-1987, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ‘CRÉDITO REFACCIONARIO GARANTIZADO CON INMUEBLES. VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA PROCEDENTE PARA SU COBRO, AUNQUE NO SE HAYA HECHO CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA.’ (se transcribe). En consecuencia, procede otorgar la protección federal solicitada para el efecto de que la Sala responsable en la nueva resolución que pronuncie en sustitución de la reclamada, además de que acate los lineamientos dados en la presente ejecutoria, examine los agravios cuyo estudio omitió al decidir la alzada, resolviendo respecto de éstos lo que en derecho proceda. La concesión del amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a la autoridad responsable señalada como ejecutora, con base en lo dispuesto por la jurisprudencia 105 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe). Como el criterio sustentado en este fallo se encuentra en contradicción con el que sostienen respectivamente, los Tribunales Colegiados del Décimo Quinto y Vigésimo Circuito, en las tesis que invocó el ad quem de los rubros: ‘IMPROCEDENCIA DE LA VÍA SUMARIA HIPOTECARIA CUANDO EL CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NO ESTÁ CONTENIDO EN ESCRITURA PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).’, ‘ACCIÓN HIPOTECARIA, REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA.’ y ‘JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO. IMPROCEDENCIA DEL.’, se ordena hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Banco del Atlántico, Sociedad Anónima, contra las autoridades y por los actos que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Hágase la correspondiente denuncia de contradicción de tesis. Notifíquese."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el juicio de amparo directo número 202/94, en lo conducente sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. En lo esencial, resultan fundados los conceptos de violación que hacen valer los quejosos. En efecto, el acto reclamado infringe en perjuicio de los amparistas los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la autoridad responsable determinó incorrectamente que la institución de crédito actora en el juicio natural, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, fracciones I y II y 72, de la Ley de Instituciones de Crédito, y del diverso dispositivo 326, fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tiene la facultad de proceder en la vía sumaria hipotecaria sin necesidad de que el documento fundatorio de la acción conste en escritura pública y que por ello, sólo basta como así ocurrió en la especie, que aquélla haya celebrado el crédito refaccionario que otorgó a los demandados en contrato privado y exhibido el mismo en juicio, para hacer procedente la vía en comento. Ahora bien, lo ilegal de tal consideración, se debe a que si bien hay que convenir con la Sala responsable en cuanto a que en el primero y el último de los preceptos que se analizan, se establece que las instituciones de crédito podrán consignar los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío, según convenga a las partes y cualquiera que sea su monto, en póliza ante corredor público titulado, en escritura pública o en contrato privado, que en este último caso se firmará por triplicado ante dos testigos y se ratificará ante notario público, o corredor público titulado, Juez de primera instancia en funciones de notario o ante el encargado del registro público correspondiente, asimismo, que en el segundo de los dispositivos se dispone que cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario o el que en su caso corresponda, conservando la garantía real y su preferencia aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución; sin embargo, se difiere de lo aseverado en el sentido de que de acuerdo a esas normas legales la institución de crédito esté facultada para intentar la vía hipotecaria en base a un contrato privado en el que conste el crédito refaccionario, cuenta habida que tales artículos no son aplicables al presente asunto, puesto que no regulan la procedencia del juicio hipotecario como cuando en el caso se exige el pago de un crédito garantizado con hipoteca, en virtud de que como ya se indicó, en los dispositivos que se analizan, sólo se contienen tanto las diversas formas en que deben consignarse los créditos refaccionarios, como de habilitación o avío, cuando lo celebren las instituciones de crédito, así como los diversos juicios que puede promover el acreedor cuando el acreditado tenga garantía real, pero sin que en dichos artículos se contemple la procedencia del juicio hipotecario. En cambio, es incuestionable que como bien lo afirman los amparistas, el procedimiento sumario hipotecario para exigir el pago de un crédito garantizado con hipoteca, se contiene en el artículo 457 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, según se obtiene del examen practicado a éste; por tal motivo, debe estarse a las exigencias que en el mismo se establecen para la procedencia del juicio en comento, por ser la ley especial aplicable, por ende, si en dicho artículo se exige entre otros requisitos para ello, que el crédito conste en las escrituras debidamente registradas, entonces es inconcuso que la parte actora al intentar la vía hipotecaria, debió ceñirse a lo dispuesto por el artículo ya señalado, y exhibir la escritura debidamente registrada en donde consta el crédito que otorgó a los demandados, lo cual no aconteció en la especie, dado que del análisis efectuado al documento en que fundó su acción, se obtiene que el crédito aludido se hizo constar en un contrato privado celebrado por las partes ante dos testigos y ratificado ante el encargado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (expediente relativo a la sección segunda del juicio sumario hipotecario), motivo por el cual no cumplió con el requisito ya señalado, y por ello, es obvio que resultó improcedente la vía hipotecaria que intentó el banco actor; de acuerdo a lo antes razonado, es por lo que resulta inexacto lo aseverado por la autoridad responsable a fojas 4 y 5 frente y vuelta, del acto reclamado, en cuanto a que en los artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito ya precisados, se contenga una excepción a la regla general contenida en el artículo 457 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor, que autorice a las instituciones de crédito a intentar la vía sumaria hipotecaria en base a un contrato privado en donde conste el crédito como se pretende, observándose que el anterior criterio ha sido sustentado por este propio tribunal en el diverso juicio de amparo directo número 264/92."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el juicio de amparo directo civil número 129/95-I, en lo conducente sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la institución quejosa. De la lectura de la resolución impugnada se desprende que el argumento toral que esgrimió la Sala responsable en la resolución recurrida, fue que no procedió la vía intentada por la quejosa, en virtud de que para proceder sumariamente era necesario que el crédito constara en escritura, y no en contrato privado, documento que exhibió la institución actora en el juicio natural como fundatorio de la acción que ejercitó. Es inatendible lo manifestado por la peticionaria de garantías en el sentido de que la Sala del conocimiento hizo indebida interpretación del artículo 457 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, al considerar que el contrato privado de crédito refaccionario no era instrumento que pudiera considerarse como apto para la procedencia de la vía sumaria, en virtud de que, de conformidad con las constancias que obran en autos, Nacional Financiera, S.N.C., celebró un contrato de apertura de crédito refaccionario con garantía hipotecaria industrial, hipotecaria, prendaria y personal, con Industrias Agropecuarias Pólvora, S.A. de C.V., el día veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve (fojas 11 a 28, sección de ejecución), contrato que al día siguiente fue ratificado por ambas partes y los testigos del mismo ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Mexicali (foja 29). Ahora bien, el tipo de contrato en comento, si bien es cierto que fue realizado con las formalidades que para estos casos prevé el artículo 326 fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, puesto que se consignó en contrato privado, ante dos testigos y fue ratificado ante el registro público, también lo es que se celebró con garantía hipotecaria, de tal suerte que, acorde a lo previsto por el artículo 2784 del Código Civil del Estado: ‘Para la constitución de créditos con garantía hipotecaria se observarán las formalidades establecidas en los artículos 2191 y 2194.’; por su parte este último numeral dispone que: ‘Si el valor del inmueble excede de cuatro veces el salario mínimo general elevado al año en Baja California, su venta se hará en escritura pública, salvo lo dispuesto por el artículo 2121.’. En este orden de ideas, haciendo una relación e interpretación lógica de los numerales en cita, debe concluirse, como lo hizo la Sala, que las escrituras a que se refiere el artículo 457 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en este caso que se refiere a la constitución de un contrato de hipoteca sobre un inmueble cuyo valor debe constar en escritura pública, no tiene otra connotación que el de documento público que es la escritura que exige como documento que debe acompañar el actor a su demanda para que proceda la vía sumaria hipotecaria. En tales circunstancias, es la propia quejosa y no la responsable, la que confunde los documentos en base a los cuales procedía la vía hipotecaria, con los documentos para la constitución de un crédito hipotecario, ya que la garantía hipotecaria surgió a virtud del contrato refaccionario celebrado entre la institución impetrante del amparo y los terceros perjudicados, el cual, como ya quedó establecido, ciertamente reunió los extremos exigidos por el artículo 326 fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y aun cuando la acepción ‘escrituras’ de que habla el artículo 457 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, pudiera ser muy amplia y comprender tanto escritura pública como privada, sin embargo, de conformidad con el artículo 2784 del Código Civil en vigor para la constitución de créditos hipotecarios, deben observarse determinadas formalidades, remitiéndonos, entre otros al artículo 2194 del ordenamiento en cita que dispone: ‘Si el valor del inmueble excede de cuatro veces el salario mínimo general elevado al año en Baja California, su venta se hará en escritura pública.’. De tal suerte que en la especie debe concluirse necesariamente que para que procediera la vía sumaria se requería que el contrato refaccionario con garantía hipotecaria estuviera contenido en escritura pública, debidamente registrado, dado el monto del crédito en cuestión que ascendió a $635,000.00 viejos pesos, cantidad que es muy superior a la que previene el artículo 2194 del Código Civil del Estado, luego, la constitución de la hipoteca debió constar en escritura pública. Por los anteriores motivos, y contrariamente a lo aducido por la quejosa, resultó aplicable la tesis invocada por la Sala responsable, que de manera categórica establece que la base para la procedencia en juicio de la acción hipotecaria, que fue la intentada por la actora en el juicio natural, es la existencia, en escritura pública, de un crédito con garantía hipotecaria, como en el caso a estudio. En relación a que indebidamente la Sala del conocimiento modificó el resolutivo tercero de la sentencia de primera instancia, debe decirse que tampoco asiste razón a la quejosa ya que hizo su planteamiento precisamente a la inversa, pues de la lectura de la resolución emitida por el Juez Cuarto Civil, con residencia en esta ciudad, el día ocho de julio del año pasado (fojas 74 a 75v), en el resolutivo tercero dijo: ‘Se condena a la parte actora al pago de las costas en esta instancia’, y la Sala, en el resolutivo tercero de su sentencia dijo que: ‘... se condena a la parte demandada al pago de las costas generadas en ambas instancias y que legalmente se justifique, conforme a lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.’. Aunado a lo anterior, por acuerdo emitido el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, la Sala responsable aclaró tal punto resolutivo diciendo que: ‘Se condena a la parte actora ...’, ello con fundamento en el artículo 84 del ordenamiento invocado, que dispone en su párrafo segundo: ‘Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la publicación de la sentencia, o a instancia de parte, presentada dentro del día siguiente al de la publicación de la sentencia, o a instancia de parte, presentada dentro del día siguiente al de la notificación.’, por lo que el proceder se ajustó debidamente al dispositivo de marras, si se considera que la sentencia aclarada, se publicó en el Boletín Judicial del Estado, el día veinticuatro de noviembre del año anterior, además de que fue correcta la condena, en ambas instancias, para la aquí quejosa, en virtud de que recayeron en su contra dos sentencias adversas, como lo prescribe el artículo 141, fracción VII, del código adjetivo estatal."
QUINTO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el juicio de amparo directo número 389/94, en lo conducente sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación expresados por los quejosos. En efecto, le asiste razón a los accionantes del amparo, en la medida que, la Sala responsable incurre en una evidente violación de garantías al confirmar la sentencia de primer grado, ya que contrariamente a lo estimado por dicha responsable, para la procedencia de la acción hipotecaria es necesario que el título en que se apoya, conste en escritura pública debidamente registrado, y de autos aparece que el contrato de crédito simple con garantía hipotecaria en que se funda la demanda que dio origen al juicio natural, consta en un documento privado que no fue elevado a la categoría de escritura pública, no obstante que, dada la cuantía, debía revestir esta formalidad, como así lo dispone el artículo 2889 del Código Civil del Estado en vigor; sin que sea obstáculo a lo anterior la certificación que en dicho contrato hace el licenciado Enrique Sumuano Ramírez, notario público número uno, pues con independencia de que en esa certificación no se anota el número de volumen en que fue asentada el acta respectiva en el protocolo del notario, ésta da fe de que en su presencia estamparon sus firmas los señores Cutberto Cruz Pérez y María Isabel Lorenzo Bautista, quienes suscriben el contrato a nombre de Banco Nacional de México, S.N.C., sucursal Tacaná, no así los impetrantes del amparo, ni los testigos del acto; por lo que la ad quem carece de razón cuando invoca lo dispuesto por el numeral 1770 del Código Civil del Estado, para concluir que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, que para su validez no se requiere de formalidades determinadas y que dicho contrato, aun cuando se suscribió en un documento privado, se formalizó al inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, al respecto debe decirse que la regla general que establece el invocado numeral 1770 del Código Civil del Estado, es que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, salvo aquellos que deban revestir una formalidad establecida en la ley, como es la de que deben constar en escritura pública, por así exigirlo el artículo 2389 del ordenamiento legal antes invocado, y en el caso a estudio, si bien el contrato privado fue ratificado ante notario público, dicha ratificación fue hecha únicamente por los representantes de la institución bancaria, no así por los hoy quejosos, ni por los testigos, de suerte que no se puede considerar que el contrato se encuentre contenido en una escritura pública por el simple hecho de la autentificación efectuada por el fedatario público, pues para ello se hacía necesario que las firmas contenidas en el citado contrato, fueran ratificadas por todos los que en ese acto intervinieron. Por otra parte, si bien el artículo 1808 del Código Civil establece que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para su validez se requiera de formalidades determinadas, no menos cierto resulta que el invocado numeral establece como excepción los casos expresamente designados por la ley y que son aquellos que requieren como formalidad, que consten en escritura pública; de igual manera, resulta erróneo el criterio de la responsable cuando considera que el contrato de hipoteca se formalizó al quedar inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues al respecto debe mencionarse que, como válidamente lo sostienen los quejosos, la inscripción no convalida los actos nulos o los contratos que sean nulos, ya que cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa formalidad no será válido, ya que así lo establecen los artículos 1809 y 2978 del ordenamiento legal invocado. En ese orden de ideas, y dado que el hecho de que el contrato de hipoteca, cuando por su cuantía, deba de otorgarse en escritura pública, siendo éste un requisito de la acción que se intenta, y como el que resulta base de la acción que dio origen al juicio natural no satisface tal requisito, sin que la Sala responsable lo haya considerado así, es inconcuso que los conceptos de violación expresados por los impetrantes del amparo, resultan fundados y conducen a concederles el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución que se analiza, y en su lugar dicte otra, en la que, ajustándose a los lineamientos de este fallo, resuelva lo que en derecho proceda. Tiene aplicación al caso, la tesis número IX.2o.32 C, visible en la página 208, del Tomo VIII-Octubre, de la Octava Época, correspondiente a Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘JUICIO HIPOTECARIO, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL.’ (se transcribe)."
SEXTO. La denuncia de la contradicción proviene de parte legítima conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
De conformidad con los criterios sostenidos por este Alto Tribunal al interpretar lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, para que existan tesis contradictorias deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos esencialmente iguales, se adopten criterios o posiciones jurídicas discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sirven de apoyo las siguientes tesis:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 72, diciembre de 1993
"Tesis: 3a./J. 38/93
"Página: 45
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción."
Ahora bien, en el presente caso se cumple con las hipótesis antes mencionadas, pues como se desprende de la transcripción de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados así como del texto de las tesis sustentadas, existe contradicción de criterios, toda vez que mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostiene por una parte que un principio general de derecho es el que la ley especial debe prevalecer sobre la general, y que el banco actor por ser una institución de crédito se rige por una normatividad específica, como lo es la Ley de Instituciones de Crédito, y que solamente en lo no previsto por esta ley se aplicará la codificación mercantil, y que de conformidad con el artículo 72 de dicho ordenamiento legal permite que cuando un crédito contenga garantía real, puede ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o en su caso el que corresponda, de donde concluye que si la acción intentada se funda en un contrato de habilitación, refaccionario o avío ganadero puede ser ejercida en la vía civil, sin que se haga necesario que el contrato de crédito con hipoteca tenga que constar en escrituras públicas, en virtud de no ser un requisito exigido por la Ley de Instituciones de Crédito.
Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito sostiene en el amparo directo civil 202/94 en esencia lo siguiente:
Que los artículos de la Ley de Instituciones de Crédito no son aplicables para intentar la vía hipotecaria en el asunto que se analiza, puesto que no regulan la procedencia del juicio hipotecario, cuando como en el caso se exige el pago de un crédito garantizado con hipoteca, toda vez que los dispositivos de la ley antes mencionada contienen las diversas formas en que deben consignarse los créditos refaccionarios como de habilitación o avío, cuando los celebren las instituciones de crédito. Por lo que debe estarse a las exigencias que contiene el Código de Procedimientos Civiles del Estado, para la procedencia del juicio hipotecario por ser la ley especial aplicable.
Por otra parte, sostiene que siendo la ley especial aplicable para la procedencia del juicio hipotecario el Código de Procedimientos Civiles del Estado, debe estarse a las exigencias que en el mismo se establecen, dentro de las cuales está que el crédito conste en las escrituras debidamente registradas.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el amparo directo 129/95, no se encuentra en contradicción de criterio con los Tribunales Colegiados en discrepancia, toda vez, que si bien es cierto que se trata de un juicio hipotecario, relativo a un contrato de crédito refaccionario con garantía hipotecaria, en el cual no procedió la vía sumaria hipotecaria y esto lo confirmó, no analizó la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer cual era la ley especial aplicable, sino que precisó su estudio respecto del contrato en el que se consignó el crédito refaccionario con garantía hipotecaria, para estimar que como éste se llevó a cabo en contrato privado ratificado por ambas partes y testigos ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Mexicali, el cual se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, no se estimó que de acuerdo con el artículo 2784 del Código Civil del Estado, para la constitución del contrato de crédito con garantía hipotecaria debió observar las formalidades que establecen los artículos 2191 y 2194 del mismo ordenamiento legal, los cuales se refieren al valor de los inmuebles cuando excedan de determinada cantidad en veces el salario mínimo, se realizarán en escritura pública, y que en el caso se excede de esa cantidad y que debió haberse presentado en escritura pública, por lo que resultó improcedente la vía sumaria hipotecaria. De donde se sigue que el análisis realizado en la ejecutoria no comprende el presupuesto indispensable que confrontan las ejecutorias de los Tribunales Colegiados respecto de si debe constar en escritura pública o no el contrato de crédito refaccionario con garantía hipotecaria de que se trata, para la procedencia de la vía sumaria hipotecaria, conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito en sus artículos 66 y 72, o conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles, ya que si bien parece llevar inmerso en su análisis el descartar lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, no realizó un estudio al respecto para estimar que llegó a la conclusión contraria partiendo de los mismos elementos, pues el análisis consistió en que el contrato de crédito con garantía hipotecaria, no obse
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6169-3385a7d5/procedencia-via-sumaria-hipotecaria-el-codigo-de-procedimientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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