INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LEGITIMACIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS PARA EJERCER DERECHOS DERIVADOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO, SUSCRITOS, EN FAVOR DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, CON POSTERIORIDAD A LOS DECRETOS DE TRANSFORMACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCERO Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil 2123/96, promovido por Raúl Silvano Páez Olivo y otros, sostuvo el siguiente criterio:
".... QUINTO.-Los motivos de inconformidad que se exponen en el capítulo de hechos, como aquellos que se contienen en el denominado conceptos de violación, resultan infundados, al tenor de las consideraciones siguientes: Por cuanto a las consideraciones que vierte la parte quejosa y en el sentido de que la Sala responsable estableció que deberían prevalecer en lo conducente los razonamientos del Juez primario (quien precisó que el hecho de que Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, por decreto presidencial hubiere cambiado a Bancomer, Sociedad Anónima, no significaba que se tratare de personas morales diversas), se estiman apegadas a derecho, pues efectivamente la transformación de la institución de que se trata de sociedad nacional de crédito a sociedad anónima, consumada por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, en forma alguna implica que se trate de personas jurídicas diferentes, ni, que a virtud de esa transformación se extingan los derechos y obligaciones que en su momento tuvo la extinta sociedad nacional de crédito, o que por ese cambio de régimen social (nacional de crédito a sociedad anónima), se provoque una afectación en el patrimonio de dicha persona moral, que traiga como consecuencia la extinción de algún derecho adquirido por la inicial de sociedad nacional de crédito; en efecto, atendiendo la naturaleza del caso de que se trata, debe decirse que en lo conducente la transformación de la sociedad nacional de crédito a sociedad anónima, publicada, como ya se ha dicho, en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1991, en sus artículos 1o. y 4o. esencialmente establece: ‘Artículo 1o. Se decreta la transformación de Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, en Bancomer, Sociedad Anónima, el cual conservará su misma personalidad jurídica y patrimonio.’; y el artículo 4o. a su vez dice: ‘los bienes y derechos de que es titular la sociedad, así como sus obligaciones, no tendrán modificación alguna por el hecho de la transformación.’. Ahora bien, si como se ha visto, en el referido decreto está plenamente establecido que la transformación de las aludidas sociedades en forma alguna conlleva a la restricción de su personalidad jurídica, de su patrimonio ni mucho menos en sus bienes y derechos, en tal virtud, es evidente que por dichas circunstancias y como de manera similar lo consideró la Sala responsable, Bancomer, Sociedad Anónima, por satisfacer los imperativos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, está plenamente legitimada para que por conducto de sus diversos endosatarios en procuración ejercite en la vía ejecutiva mercantil la acción cambiaria de que se trata.-Así también, debe decirse que resulta inconsistente la expresión del quejoso en cuanto a que con motivo del cambio de denominación, la persona moral de que se trata, no sólo sufrió una transformación jurídica en relación con su denominación, sino además en su patrimonio, pues tales argumentos no se encuentran jurídicamente reforzados, ya que no se dice, en su caso qué perjuicio es el que le irroga la transformación de dicha sociedad y cuál es la razón legal por virtud de la cual Bancomer, hoy sociedad anónima, se encuentre impedida para reclamar, como ya se ha dicho, a través de sus diversos endosatarios en procuración, el pago de las diferentes prestaciones en la vía ejecutiva mercantil; en esa medida y de acuerdo con lo anterior, siendo un hecho público el que las instituciones bancarias antes conocidas como sociedades nacionales de crédito, con motivo del reseñado decreto se transformaron en sociedades anónimas, ello no implica sin embargo, que se trate de entes distintos, cuya personalidad se encuentra extinguida ni que pierdan derechos adquiridos, sino que propiamente a virtud del indicado decreto, el funcionamiento de tales instituciones, en cuanto a sus derechos y obligaciones se encuentren regulados, ya no por la Ley de Instituciones de Crédito, sino ahora, por la Ley General de Sociedades Mercantiles como al efecto y de manera similar lo ha sustentado el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito de amparo, en la ejecutoria consultable en la página seiscientos veinticinco, clave TC016146CIV, Tomo XIV, agosto, Octava Época, que a la letra dice: ‘INSTITUCIONES BANCARIAS. SU TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO A SOCIEDADES ANÓNIMAS, NO CREA DOS ENTES DISTINTOS, SINO QUE SE TRATA DE UNA MISMA PERSONA MORAL.’ (se transcribe) criterio que este Tribunal Colegiado comparte en sus términos esenciales.-En otro orden de ideas, debe decirse que es también inconsistente el señalamiento del promovente de amparo en el sentido de que la responsable dejó de estudiar las excepciones que con toda oportunidad los demandados hicieron valer, pues al no precisar con la debida técnica cuáles fueron aquellas que dice se opusieron y qué es lo que en su concepto quedó demostrado, tales omisiones por sus propias características producen la ineficacia del motivo de queja en cuestión.-En lo referente a que la Sala responsable inadecuadamente sostuvo que una de las dos quejosas dejó de producir contestación oportuna a la correspondiente demanda, dicho argumento es inatendible, ya que en la parte considerativa del fallo que ahora se combate por esta vía de amparo no se observa que el respectivo tribunal de alzada hubiere hecho pronunciamiento alguno sobre el particular.-Es también inatendible que en el caso específico hubiere operado la excepción de falta de condición para el ejercicio de la acción, pues como ya se ha dicho, con motivo del comentado decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, la transformación de las sociedades en los términos antes puntualizados de manera alguna impiden a la actual persona moral Bancomer, Sociedad Anónima, hacer valer los derechos adquiridos con relación al crédito que en la vía ejecutiva mercantil intentó en contra de los hoy quejosos, o dicho de otro modo, que esos derechos inicialmente pertenecientes a Bancomer, como sociedad nacional de crédito, se hayan extinguido con motivo de la mencionada transformación de sociedades, ni que a virtud de dicho cambio opere la excepción de falta de condición, ni mucho menos que carezca de legitimación activa para actuar en la forma y términos como lo hizo ..."
Asimismo, el propio Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo civil 4533/95, promovido por Matilde Díaz Yáñez de George y otro, consideró lo siguiente:
"... QUINTO.-Resultan ineficaces los argumentos que invoca la parte quejosa.-En primer término y por lo que hace a la supuesta inconstitucionalidad en el sentido de que se viola el artículo 89, fracción I constitucional, dado que no debió emitirse decreto, sino reglamento, que regulara lo relativo a la transformación de las sociedades nacionales de crédito a sociedades anónimas, el mismo resulta infundado; lo anterior, en virtud de que entre las facultades que el numeral en cita confiere al presidente de la República está la de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea, la facultad reglamentaria, que en sí es la que determina que el Ejecutivo Federal pueda expedir disposiciones generales y abstractas que tienen por objeto la ejecución de una ley, desarrollando y complementando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la Unión. Estas disposiciones son actos formalmente administrativos y materialmente legislativos, dentro de los cuales no sólo se encuentra el reglamento, como en forma inexacta lo sostiene la parte quejosa.-En efecto, la fracción en cita al eludir a la palabra proveer, de ninguna manera lo hace en forma restringida, esto es, que sólo exista un medio a través del cual se pueden expedir las disposiciones que tiendan al cumplimiento de una ley, sino que la facultad reglamentaria que el artículo en comento le otorga al presidente de la República, puede ser ejercitada mediante distintos actos y diversos momentos, según lo ameriten las circunstancias, sin más límite que el de no rebasar ni contravenir las disposiciones que se reglamenten.-Así las cosas, uno de esos actos que tienden a cumplimentar la ejecución de la Ley de Instituciones de Crédito, lo puede ser el decreto.-Es aplicable al caso la tesis visible en la página 60 del Informe de 1978, Segunda Sala, que a la letra dice: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe).-En segundo lugar, según se advierte de los conceptos de violación, de lo que se duelen en sí los quejosos, es que se hizo una inapropiada técnica legislativa al emitirse el decreto, y por ello existe violación al artículo 89, fracción I constitucional, siendo que la fracción en comento no se refiere de ninguna manera a la técnica legislativa, sino que se reitera, se refiere a las facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal para expedir disposiciones generales y abstractas, que tienen por objeto la ejecución de una ley.-Además, la norma o técnica de legislación se encuentra implícita en diversos artículos constitucionales relacionados entre sí, los cuales de ninguna manera fueron controvertidos por los quejosos, puesto que solamente controvierten en el punto en cuestión, la inconstitucionalidad del decreto, que dicen vulnera en su perjuicio el artículo en comento.-Consecuentemente, no existe choque del artículo en cita, con el contenido del artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, ni con la emisión del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, por el que se transformó Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito en Bancomer, Sociedad Anónima.-En relación al argumento en el sentido de que existe violación a los artículos 72 y 73 constitucionales, puesto que la Ley de Instituciones de Crédito no contempla lo relativo a la transformación de sociedades mercantiles, ya que quien lo hace es la Ley de Sociedades Mercantiles, el mismo resulta improcedente, en atención a que no por el hecho que en determinado momento pueda existir contradicción entre las citadas leyes, debe concluirse que alguna de ellas contraviene los dispositivos constitucionales antes citados, puesto que la violación debe existir en sí, de la ley considerada inconstitucional, con los artículos que se dicen violados de la Carta Magna, más no así considerar la inconstitucionalidad, tomando como base la existencia de otra ley, de la misma jerarquía, que regula o no la misma situación; máxime que los artículos constitucionales que indican se vulneran, en ningún momento establecen una limitación o prohibición, en el sentido de que sólo en una ley debe regularse determinada materia y que no podrá hacerse en otra.-Es aplicable al caso, la tesis visible en la página 128 del Volumen 193-198, Primera Parte, Pleno, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.’ (se transcribe).-Por otra parte, la fundamentación y motivación de una ley, no puede entenderse en los mismos términos que la de otros actos de autoridad, puesto que para que aquélla se considere fundada y motivada, basta que la actuación de la autoridad que expide la ley se ajuste a la Constitución en cuanto a sus facultades y competencia; así las cosas, resulta improcedente el argumento de los quejosos dirigido a controvertir la fundamentación y motivación de la Ley de Instituciones de Crédito en que se apoyó el Ejecutivo Federal, para expedir el decreto de transformación, que en esta vía se controvierte.-Es aplicable al caso, la tesis visible en la página 100, Volumen 193-198, Primera Parte, Pleno, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTÍA, CON RESPECTO A LAS LEYES.’ (se transcribe).-Finalmente, si bien el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito señala que el Ejecutivo Federal en un plazo de trescientos sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor de dicha ley, expedirá los decretos mediante los cuales se transformen las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, en sociedades anónimas, y que dicha ley entró en vigor el diecinueve de julio de mil novecientos noventa; no puede considerarse inexistente el decreto que dio cumplimiento al artículo transitorio en cita, por lo que respecta a la institución de crédito Bancomer, el cual se expidió el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y uno, porque no existe disposición alguna en la Ley de Instituciones de Crédito, que prevea sanción en caso de que algún decreto de los que ordena se expidan, se realice fuera del citado término; esto es, el artículo séptimo transitorio, es un supuesto normativo imperfecto, sin consecuencia legal (sanción) en cuanto a la emisión, dentro del término a que alude, de los decretos respectivos; por lo tanto, no puede considerarse ilegal o inexistente el decreto expedido con fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y uno.-Por otra parte y en relación con el concepto de violación por el que impugna la resolución dictada en el toca 1543/95, que confirmó la sentencia definitiva de primer grado, el mismo resulta infundado, en virtud de que si bien la parte quejosa opuso la defensa de falta de acción, ésta se hizo en los siguientes términos: ‘C) La falta de acción, que se hace consistir en que mis representados no están obligados a pagar el adeudo que se les reclama en el proemio del escrito inicial de demanda, toda vez que en ningún momento tuvieron relación alguna con la actora Bancomer, Sociedad Anónima’ (folio 38 del juicio, natural); esto es, su defensa fue dirigida a controvertir la relación que dijo tener con la actora, mas no como lo pretende sostener y que dice fue dirigida a controvertir la vía intentada para demandarla; máxime que el Juez a quo señaló en su resolución que la procedencia de la acción cambiaria directa se acreditó con la exhibición de los treinta pagarés suscritos como obligado principal Rangole y Cía., S.A. de C.V., y en su calidad de avales los demás codemandados los que suscribieron los títulos de crédito en cuestión para garantizar el cumplimiento de lo convenido en la cláusula cuarta del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, entre Bancomer, S.A., como acreditante y Rangole y Cía. S.A. de C.V., como acreditada, al obligarse ésta al reconocimiento de las sumas que disponga con suscripción a la orden del banco de treinta pagarés, por lo que conforme a lo previsto por los artículos 150, 158, 159 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, todos los que aparezcan en el documento suscribiéndolo en el mismo acto, responden solidariamente de las obligaciones nacidas de éste, lo que da facultad al acreedor a exigir el total del adeudo, al aceptante y al obligado solidario, de manera indistinta, por tratarse de deuda indivisible y que se deriva de una misma causa, quedando obligado a responder de una manera total del adeudo y por ello se condenó a los codemandados. Esto es, el Juez natural sí analizó la procedencia de la vía intentada, declarándola procedente por los motivos antes citados, ya que conforme al artículo 167, en relación con el 174 de la ley de títulos citada, la acción cambiaria contra cualquiera de los signatarios de la letra (en el caso pagarés) es ejecutiva por el importe de ésta y por el de los intereses y gastos accesorios.-Así las cosas al no haber invocado los argumentos ante el Juez natural, relativos a que los quejosos carecen de autorización judicial para obligarse, en términos de los artículos 174 y 175 del Código de Comercio, válidamente la ad quem los consideró improcedentes, puesto que el Juez a quo no estuvo en condiciones de tomarlos en cuenta al dictar su fallo.-Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI, 1o. 45, visible en la página 95 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, mayo de 1991, cuyo texto señala: ‘APELACIÓN NO PUEDEN SER MATERIA DE ELLA, LAS CUESTIONES QUE NO FUERON PLANTEADAS EN PRIMERA INSTANCIA.’ (se transcribe).-En atención al anterior razonamiento, el fallo de la responsable no resulta conculcatorio de las garantías constitucionales de los quejosos, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, motivo por el cual se procede a negarles el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan."
Las anteriores ejecutorias dieron origen a la tesis sustentada por el propio Tribunal Colegiado, que dice:
"INSTITUCIONES BANCARIAS. SU TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO A SOCIEDADES ANÓNIMAS, NO IMPLICA QUE SE TRATE DE PERSONAS JURÍDICAS DIFERENTES, SINO QUE SE TRATA DE UNA MISMA PERSONA MORAL.-La suscripción de títulos de crédito en favor de una institución bancaria, como sociedad nacional de crédito, cuando ya ésta opera como sociedad anónima, por virtud del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, en forma alguna implica que se trate de personas jurídicas diferentes, ni que, a virtud de esa transformación, no tenga legitimación y se extingan los derechos y obligaciones que en su momento tuvo la extinta sociedad nacional de crédito, o que por ese cambio de régimen social (nacional de crédito a sociedad anónima) se provoque una afectación en el patrimonio de dicha persona moral, que traiga como consecuencia la extinción de algún derecho adquirido por la inicial sociedad nacional de crédito, sino que propiamente a virtud del indicado decreto el funcionamiento de tales instituciones, en cuanto a sus derechos y obligaciones, se encuentra regulada, ya no por la Ley de Instituciones de Crédito sino, ahora, por la Ley General de Sociedades Mercantiles."
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el amparo directo civil 3116/94, promovido por Salvador García Durán y otro, consideró, en esencia, lo siguiente:
"... SÉPTIMO.-Los conceptos de violación que se esgrimen resultan infundados, atento a las siguientes consideraciones.-El quejoso aduce en primer término que la Sala responsable se aparta del contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que la sentencia reclamada carece de fundamentación y motivación.-No asiste razón al peticionario de garantías en el argumento acabado de resumir, en virtud de que la Sala responsable al dar respuesta a los agravios hechos valer, advirtió que según decreto de dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, Banca Serfín, Sociedad Nacional de Crédito, se transformó en Banca Serfín, Sociedad Anónima, esta última conservó la personalidad jurídica, el patrimonio y los derechos y obligaciones de que era titular cuando fue sociedad nacional de crédito y que por tanto, ante tal situación la institución bancaria denominada Banca Serfín, en su calidad de actora sí se encontró debidamente legitimada, no sólo para endosar los títulos de crédito base de la acción sino también para ejercitar la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil en contra de los demandados deudores.-Luego, no existen las deficiencias de que se duele la parte quejosa en cuanto a que el acto reclamado adolezca de falta de fundamentación y motivación, si la ad quem aludió al Diario Oficial de la Federación, en que fue publicado el decreto por el que operó la transformación de sociedad nacional de crédito a sociedad anónima, respecto a la institución bancaria aquí tercera perjudicada, puesto que efectivamente, los artículos 1o. y 4o. de dicho decreto establecen, en su parte conducente: ‘Artículo 1o. Se decreta la transformación de Banca Serfín, Sociedad Nacional de Crédito en Banca Serfín, Sociedad Anónima, en el cual conservará su misma personalidad jurídica y patrimonio.’ y ‘Artículo 4o. Los bienes y derechos de que es titular la sociedad, así como sus obligaciones, no tendrán modificación alguna por el hecho de la transformación.’.-En las condiciones apuntadas, si la ad quem apoyó su determinación en el Diario Oficial de la Federación que contiene el decreto mencionado y la motivación que se da en la propia sentencia se generó en lo dispuesto por el mismo decreto, es infundado el concepto de violación en estudio.-Ahora bien, es verdad que los títulos de crédito base de la acción fueron suscritos los días quince y veinte de octubre de mil novecientos noventa y dos, a favor de Banca Serfín, Sociedad Nacional de Crédito, es decir, cuando ya no operaba como tal sino como sociedad anónima, a virtud del mencionado decreto de dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, sin embargo, ello no es obstáculo para considerar que la Sala responsable haya errado en su criterio al confirmar el fallo de primera instancia en el cual se estimó acreditada la legitimación activa de la institución bancaria tercera perjudicada, puesto que, los derechos de los pagarés expedidos en favor de una sociedad nacional de crédito que operaba como institución bancaria, corresponde ejercitarlos a la sociedad anónima en que aquélla se transformó, a pesar de que en el texto de los documentos se diga que el beneficiario es una sociedad nacional de crédito, ya que no se trata de dos sociedades distintas, sino de una misma persona moral, en virtud de que la institución bancaria de que se trata bajo la forma de sociedad nacional de crédito regulada por la Ley de Instituciones de Crédito, y en virtud del decreto de dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, se transformó en sociedad anónima, la cual, siguió conservando su personalidad jurídica bajo esta forma legal regulada ahora, por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ello, resulta evidente, si se toma en cuenta que la sociedad nacional de crédito en cuestión no entró en disolución y liquidación, por alguna causa legal que así lo determinara.-Por lo que ve al concepto de violación en el que se afirma que en la sentencia reclamada se sostiene que la demandada aceptó reconocer el adeudo y que de ahí la Sala responsable dedujo que dicha parte no se obligó con persona inexistente y que por esa razón, Banca Serfín, independientemente de la sociedad que fuere sí es acreedora de la demandada; no es, como califica el promovente del amparo, un argumento infundado y falto de motivación, puesto que, contrariamente a esa estimación, la Sala responsable estuvo en lo correcto al emitir las consideraciones en que se basó, habida cuenta de que, la persona moral acreedora no varió, sino la clase de sociedad que la reguló y tal situación, no incide en forma alguna con la institución en sí, máxime que como ya se vio, el decreto por el que obedeció la transformación, no contempla cambio alguno en cuanto a personalidad jurídica, razones que hacen infundado el concepto de violación en comento.-Como corolario a lo anterior, es menester apuntar que el hecho de que se suscriban títulos de crédito en favor de una institución bancaria, como sociedad nacional de crédito, cuando ya ésta opera como sociedad anónima, por virtud de un decreto expedido por el Ejecutivo Federal, ello no significa que no tenga legitimación activa por su transformación, pues es a esta última razón social a quien le corresponde ejercitar los derechos sobre dichos títulos, ya que no se trata de dos entes distintos, sino de una misma persona moral, sólo que si antes estaba regida por la Ley de Instituciones de Crédito, ahora lo está por la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero esa situación no implica de ninguna manera que la sociedad, entre en disolución y liquidación por alguna causa legal que así lo determine.-Finalmente, en lo que hace al concepto de violación por el que el promovente de amparo aduce que no reconoció deuda alguna en favor de Banca Serfín, Sociedad Anónima, sino que, sí fue reconocida la misma para el efecto de que se interpretara literalmente el pagaré como consecuencia de una de las características de los títulos de crédito, es decir, la literalidad a fin de que se demandara en la vía ordinaria el dinero que se prestó pero por la sociedad nacional de crédito y no por la sociedad anónima y que no fue la vía intentada la correcta para demandar las prestaciones, sino la ordinaria, son argumentos que resultan infundados, toda vez que, como ya se estableció con antelación, el quejoso sí reconoció la deuda contraída con la institución bancaria tercera perjudicada, sin que la circunstancia del cambio de sociedad tenga repercusión en el caso, por las razones ya expuestas; y por otra parte, el hecho de haberse ejercitado la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil en contra de la parte demandada sin que al contestar la demanda opusiera excepción alguna al respecto, hizo, que la quejosa se sometiera a la vía intentada, por lo que si el Juez natural estimó que era la correcta y ello fue confirmado por la Sala responsable, ningún agravio puede depararle tal estimación.-En mérito de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, procede negar la protección federal solicitada, sin que en la especie se surta la hipótesis contemplada en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo para suplir la queja deficiente."
La ejecutoria de referencia dio origen a la tesis sustentada por ese órgano colegiado y, cuyo texto, es el que se reproduce a continuación:
"INSTITUCIONES BANCARIAS. SU TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO A SOCIEDADES ANÓNIMAS, NO CREA DOS ENTES DISTINTOS, SINO QUE SE TRATA DE UNA MISMA PERSONA MORAL.-El hecho de que se suscriban títulos de crédito en favor de una institución bancaria, como sociedad nacional de crédito, cuando ya ésta opera como sociedad anónima, por virtud de un decreto expedido por el Ejecutivo Federal, ello no significa que no tenga legitimación activa por su transformación, pues es a esta última razón social a quien le corresponde ejercitar los derechos sobre dichos títulos, ya que no se trata de dos entes distintos, sino una misma persona moral, sólo que si antes estaba regida por la Ley de Instituciones de Crédito, ahora lo está por la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero esa situación no implica de ninguna manera que la sociedad, entre en disolución y liquidación por alguna causa legal que así lo determine."
TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo civil 262/96, promovido por Banco Mexicano Somex, Sociedad Anónima, sostuvo el criterio que a continuación se reproduce:
"... QUINTO.-Los conceptos de violación son infundados.-Alega la quejosa que la responsable violó por falta de aplicación las garantías de seguridad jurídica, legalidad y audiencia, además infringió normas de orden público y aplicación general, como son las contenidas en los artículos 3o., 12, 54, 64, 261 y 266 del código procesal civil de Sonora, supletorio de la legislación mercantil.-Que lo anterior se confirma cuando la responsable, de motu propio considera que al no existir pruebas fehacientes que lo demuestren, Banco Mexicano Somex carecía de legitimación para demandar, al hacer uso de un título de crédito suscrito a una sociedad nacional de crédito, pues dice la quejosa, no está acreditado en autos, se hubiese suscrito el título de crédito a favor de ninguna sociedad nacional de crédito porque, ni siquiera Banco Mexicano Somex Sociedad Anónima ha dicho que así hubiere sucedido; por el contrario, nunca expresó que su derecho derive de que el documento base de la acción provenga de la suscripción a favor de la sociedad nacional de crédito, que una vez fue, y que por ende se le hubiere transmitido tal derecho, sino que, Banco Mexicano Somex, como sociedad anónima al demandar en el capítulo de hechos, así como con la aportación de pruebas en el sumario, tales como confesional del demandado, testimonial de su cónyuge y con el propio documento como prueba preconstituida, siempre expresó que el demandado Genaro Francisco Garzón Canchola suscribió a su favor el documento crediticio a virtud de un préstamo que recibió el día dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos; fecha en que Banco Mexicano Somex, por virtud del decreto de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos se había transformado de sociedad nacional de crédito a sociedad anónima.-Que por ello, la falta de sustento y credibilidad de que la sentencia reclamada es el resultado de un acucioso análisis es muy cuestionable, si en el sumario no existe ninguna prueba de que el demandado haya firmado el documento crediticio a favor de una sociedad nacional de crédito porque basta con examinar el decreto del Ejecutivo Federal de veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos, para concluir que a partir de esa fecha perdió su vida jurídica o se extinguió la sociedad nacional de crédito, siendo por demás falsa la afirmación de que el demandado suscribió a favor de una persona moral, ya inexistente, el título de crédito.-Aduce por otra parte, que por ello, ninguna falta de legitimación en el caso prevalece, y es un silogismo la llamada resolución, tanto la que revoca como la aclaratoria, porque se alejan de la verdad, sabida, esa verdad material que prevalece en el sumario sobre cualquier formal que pudiere haber, y que desdeña en todo el tribunal responsable, que debió aplicar la ley expedida con anterioridad al hecho, valorando correctamente la aprecia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4863-0ddc88ef/instituciones-de-credito-legitimacion-de-las-sociedades-anonimas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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