DONACIÓN. MANDATARIO. CARECE DE FACULTADES PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE, CUANDO EN EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO SE OMITE INSERTAR CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE LO FACULTA A REALIZAR AQUEL ACTO JURÍDICO DE DISPOSICIÓN (ARTÍCULOS 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 2528 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 7/1995, emitido por el Tribunal Pleno el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis que se refiere a la materia civil, ya que en el caso la posible contradicción versa sobre si el mandatario tiene facultades para celebrar contrato de donación cuando cuenta con poder general para actos de dominio, requiere o no de cláusula especial, tema que corresponde de manera exclusiva a esta Primera Sala.
SEGUNDO. El texto de la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, abril, de mil novecientos noventa y dos, tesis I. 5o. C. 477 C, página 492, es el siguiente:
"DONACIÓN, MANDATARIO, CARECE DE FACULTADES PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE, CUANDO EN EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO SE OMITE INSERTAR CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE LO FACULTA A REALIZAR TAL ACTO JURÍDICO. Si se parte de una interpretación literal de los párrafos tercero y cuarto del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, como lo pretenden los peticionarios de garantías al aducir que el poder general para actos de dominio sin limitación alguna de que se trata autoriza al mandatario para realizar donaciones, supuesto que éste tendría todas las facultades de dueño, se arribaría a una conclusión contraria a derecho; sin embargo, si se toma en consideración la especial naturaleza del contrato de donación que lo caracteriza como un acto jurídico personalísimo, debe concluirse que para tal acto específico de dominio, se requiere necesariamente la autorización expresa del mandante. En efecto, los fundamentos por los cuales el mandatario general para actos de dominio, no está en posibilidad jurídica de efectuar donaciones sin la autorización expresa de su mandante, son: a) por analogía o mayoría de razón, conforme a lo que establece el artículo 2499 del Código Civil, ya que si los tutores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos, están impedidos para conceder el uso gratuito (comodato), sin autorización especial, de los bienes confiados a su guarda, tampoco el mandatario general para actos de dominio podrá donar sin permiso expreso y especial del mandante; b) es de sobra conocido, que el mandato se confiere generalmente para la administración y conservación del patrimonio del mandante y no para la desintegración del mismo o para que el mandatario lo dilapide, salvo permiso especial, otorgado desde luego en cláusula específica; y c) por análogas razones, ni los padres ni los tutores pueden realizar donaciones de los bienes de sus representados, según lo dispuesto en los artículos 436 y 576 del ordenamiento citado. A lo anterior, cabe agregar que la mayoría de los tratadistas en materia de contratos, coinciden en clasificar al contrato de donación como de aquellos intuitu personae, esto es, que se celebran en consideración a la persona y en los que en su celebración las calidades personales de los contratantes son tomadas en cuenta; de ahí el carácter personalísimo del referido contrato, que se desprende del contenido de los numerales 2332 al 2383 del código en cita. Además, si de acuerdo con lo que establece el artículo 2548 del ordenamiento en consulta, sólo son susceptibles de mandato o pueden ser objeto de él todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado, de ello se sigue, que si en la especie, el mandatario celebró un acto, si bien lícito como lo es el de donación, pero respecto del cual la ley requiere o exige la intervención personal del donante o en su defecto requiere de cláusula especial en el mandato, autorizándolo expresamente a realizar donaciones, es evidente que el contrato de donación es de estimarse nulo ya que el mandatario se extralimitó o traspasó los límites expresados del poder que le fue conferido. Amparo directo 5711/91. Carlos Ruiz Ruiz y otra. 27 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio Patlán Romero. Secretario: Sergio D. Maldonado Soto."
La resolución indicada se apoya en las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Los conceptos de violación transcritos anteriormente, son infundados en parte y fundados por otra. En efecto, en el juicio natural la litis quedó fijada para determinar si el mandatario tenía facultades para donar en favor de su hija, los bienes de su mandante. Ahora bien, primeramente cabe destacar que en el poder general conferido por Cosme Ruiz Téllez, a Carlos Ruiz Ruiz, se determina lo siguiente: 'Comparece el señor Cosme Ruiz Téllez, y expone: Que por el presente instrumento confiere y otorga en favor del señor Carlos Ruiz Ruiz, poder general amplísimo, para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de dominio, sin limitación alguna, con todas las facultades que requieren de cláusula especial conforme a la ley, en los términos y con la amplitud establecida por los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las diversas fracciones del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado ordenamiento legal; en consecuencia, de manera enunciativa pero no limitativa, el apoderado nombrado queda facultado para ejercer actos de dominio sobre los bienes y negocios del otorgante ... y firmar cuantos documentos e instrumentos públicos o privados se requieran para el ejercicio de este mandato ...'. Tal acto jurídico, obra agregado a los autos (f. 36 a 37), bajo el número de escritura 32872, de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y tres, pasado ante la fe del licenciado Gilberto M. Miranda Pérez, notario público número 79 del Distrito Federal. Del instrumento notarial referido, se desprende, sin duda alguna, que Cosme Ruiz Téllez otorgó en favor de Carlos Ruiz Ruiz, poder general amplísimo, entre otros, para actos de dominio, sin limitación alguna, incluyéndose de manera enunciativa y no limitativa, la facultad de firmar cuantos documentos públicos o privados se requieran para el ejercicio del mandato. Ahora bien, si se parte de una interpretación literal de los párrafos tercero y cuarto del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal vigente, como lo pretenden los quejosos, se arribaría a una conclusión contraria a derecho, señalando que el mandato de que se trata autoriza al mandatario para realizar donaciones, supuesto que tendría todas las facultades de dueño; sin embargo, si atendemos a la especial naturaleza jurídica del contrato de donación que lo hace ser un acto jurídico personalísimo, debe concluirse que para ese acto específico de dominio (donación), se requiere necesariamente la autorización expresa del mandante. Ciertamente, como se señala en el Código Civil para el Distrito Federal Comentado, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo V, página 194, existen tres razones por virtud de las cuales el mandatario general para actos de dominio no está en la factibilidad jurídica de efectuar donaciones sin la autorización expresa de su mandante, a saber: a) por analogía o mayoría de razón, conforme a lo que establece el artículo 2499 del Código Civil, ya que si los tutores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos, están impedidos para conceder el uso gratuito (comodato), sin autorización especial, de los bienes confiados a su guarda, tampoco el mandatario general para actos de dominio podrá donar sin permiso expreso y especial del mandante; b) es además de sobra conocido, que el mandato se confiere generalmente para la administración y conservación del patrimonio del mandante y no para la desintegración del mismo o para que el mandatario lo dilapide, salvo permiso especial, otorgado desde luego en cláusula específica, razón por la que el artículo 2554, párrafo tercero, del Código Civil, precisa que el mandatario para actos de dominio tiene sobre los bienes del mandante únicamente facultades 'para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos'; y c) por análogas razones, ni los padres ni los tutores pueden realizar donaciones de los bienes de sus representados, según lo dispuesto en los artículos 436 y 576 del Código Civil. Por su parte, el tratadista Rafael Rojina Villegas, en su obra 'Derecho Civil Mexicano', Tomo Sexto, Contratos, Volumen I, en su página 519, dice lo siguiente. Conforme a una interpretación literal del artículo 2554 del Código Civil vigente, ese poder para ejecutar actos de dominio autoriza al mandatario para realizar donaciones, supuesto que tendrá todas las facultades de dueño; pero si atendemos a la naturaleza especialísima de ese acto de dominio y a los códigos de 1884 y 1870 como antecedentes, llegaremos a la conclusión de que en la representación voluntaria se necesita autorización expresa para hacer donaciones.'. El citado autor termina la cuestión citando al tratadista Ruggiero y transcribe lo siguiente: 'Una facultad general no es válida para donar; el carácter espontáneo que la libertad tiene y la ponderación que la ley exige para este acto requieren que quien desee donar mediante mandatario determine en el mandato el objeto de la donación y la persona del donatario.'. Cabe también transcribir lo que al respecto ha escrito el tratadista Alberto Trabucchi, en su libro 'Instituciones de Derecho Civil', Tomo II, página 486: 'La donación es un acto personal que no permite la representación; únicamente se admite el poder «especial» con expresa indicación de la persona del donatario y del objeto de la donación (artículo 778); se consiente también que el donante pueda referir a un tercero la designación de donatario entre las distintas personas designadas, así como la elección de la cosa donada dentro de los límites por aquél fijados. Ni siquiera los representantes legales pueden donar en representación de las personas incapaces. No obstante, se consiente, respetando las formas habilitantes requeridas, la libertad, con ocasión de las nupcias de los descendientes, hecha por el incapaz o inhabilitado (artículo 777)'. Aunado a todo lo que antecede, la mayoría de los autores coinciden en clasificar al contrario de la donación (sic) como de aquellos 'intuitu personae', esto es, que se celebran en consideración a la persona y en los que en su celebración las calidades personales de los contratantes son tomadas en cuenta; de ahí el carácter personalísimo del referido contrato, que se desprende del título cuarto, segunda parte, del libro cuarto, del Código Civil (artículos 2232 al 2383). Además, si de acuerdo con lo que establece el artículo 2548 del referido código, sólo son susceptibles de mandato o pueden ser objeto de él todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado; de ello se sigue, que si el mandatario celebró un acto (si bien lícito como lo es el de donación), pero respecto del cual la ley requiere o exige la intervención personal del donante o en su defecto requiere de cláusula especial en el mandato, autorizándolo expresamente a realizar donaciones, es evidente que el contrato de donación es de estimarse nulo, ya que el mandatario se extralimitó o traspasó los límites expresos del poder que le fue conferido. De todo lo anterior se sigue que si la Sala responsable señaló que el mandatario se extralimitó en sus atribuciones, sea evidente que hizo una correcta valoración del mandato en cuestión, el cual, en opinión de este cuerpo colegiado, no era apto para la donación cuya nulidad se reclamó. SEXTO. Sin embargo, este Tribunal Colegiado estima que el concepto de violación marcado como TERCERO de los transcritos con antelación, es fundado y apto para la concesión del amparo a los quejosos. En efecto, en el considerando II del fallo reclamado, la Sala responsable, al realizar el estudio del agravio segundo hecho valer por los apelantes, hoy quejosos, sólo se concretó a decir que: 'Carece de eficacia jurídica la pretensión del recurrente de que habiéndose celebrado el contrato de donación el veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, es decir, un año un mes antes del fallecimiento del mandante, al no haberla revocado o anulado, ésta quedó perfeccionada por la ratificación tácita que se deriva de la omisión del mandante, toda vez que de las pruebas aportadas al juicio, no se desprende elemento de convicción alguno tendiente a demostrar que el mandante tuvo conocimiento de dicha donación y que tácitamente la hubiere ratificado'. Sin embargo, se observa con claridad que la propia Sala responsable omitió en la referida sentencia, analizar la escritura de donación contenida en el testimonio notarial 4579, de fecha veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, en la cual, según se estableció en el desarrollo de la litis, el mandante Cosme Ruiz Téllez, concurrió ante el notario público número uno de la ciudad de Tula de Allende, Hidalgo, conjuntamente con los hoy amparistas al otorgamiento del acto jurídico de donación, materia de la nulidad demandada y que, por ende, con ello se demostraba la ratificación de tal acto jurídico por parte del citado donante Cosme Ruiz Téllez. Cabe hacer notar que la citada ratificación del acto jurídico cuya nulidad se demandó, fue motivo de controversia dados los términos de la demanda y de la contestación, pues en cuanto hace a la primera, el actor refirió en el punto de hechos número 8, inciso a), que la escritura de donación era nula atendiendo a que 'el mandante jamás ratificó la donación que hizo el mandatario, porque aquél no tuvo conocimiento del abuso que hizo este último ...' y, por su parte, los demandados contestaron al respecto, en el punto octavo de sus hechos que 'la donación se hizo debidamente legalizada y con el conocimiento pleno del señor Cosme Ruiz Téllez ...'. Así las cosas, la Sala responsable no sólo omitió el análisis de tal medio probatorio, sino también el agravio correspondiente en toda su amplitud y los puntos de hecho señalados que son sustanciales en la litis, transgrediendo en perjuicio de los amparistas las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al habérseles privado y molestado en su derecho de que el tribunal de alzada estudiara la prueba documental pública referida, con vista en el agravio segundo que se hizo valer por ellos en la apelación. Siendo de aplicarse al respecto las tesis de jurisprudencia números 1519 y 100, visibles en las páginas 2413 y 166, respectivamente, del Apéndice 1917-1988, Segunda Parte (Salas y Tesis Comunes), que establecen: 'PRUEBAS, FALTA DE ESTUDIO DE LAS. Si el juzgador omite estimar las pruebas allegadas por una de las partes, tal hecho importa una violación de los artículos 14 y 16 constitucionales, y por ello procede conceder la protección federal, a fin de que, al dictarse nueva sentencia, se tomen en consideración las pruebas que no fueron estimadas.', y 'AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, FALTA DE ESTUDIO DE LOS. Si el tribunal de apelación no estudia los agravios expresados por el apelante, viola garantías individuales.'. Consecuentemente, se está en el caso de conceder a Carlos Ruiz Ruiz y Leticia Ruiz Gómez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Sala responsable dicte nueva sentencia definitiva, en la que con vista en lo manifestado por los apelantes en el segundo agravio hecho valer en la apelación y bajo el análisis de la escritura de donación contenida en el testimonio notarial 4579, de veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, pasada ante la fe del notario público número uno de la ciudad de Tula de Allende, Hidalgo (y desde luego con el restante material probatorio), analice si el mandante Cosme Ruiz Téllez concurrió ante dicho fedatario en el otorgamiento de tal escritura y si, en su caso, tal comparecencia demuestra la ratificación del acto jurídico de donación por el citado Cosme Ruiz Téllez, como se planteó en la litis y, hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho proceda con plenitud de jurisdicción. La concesión anterior se hace extensiva a los actos que se reclaman del Juez Décimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal y director de la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia de la citada entidad, señalados como autoridades ejecutoras, en términos de la jurisprudencia 295, consultable en la página 516 del Apéndice referido con antelación, que establece: 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, por vicios de ésta.'".
TERCERO. Por su parte, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II-Septiembre, páginas 548 a 551, es del tenor literal siguiente:
"DONACIÓN. EL APODERADO CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO NO REQUIERE CLÁUSULA ESPECIAL PARA DONAR BIENES DEL PODERDANTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Aun cuando no se haya otorgado autorización expresa del poderdante para que su apoderado donara gratuitamente bienes inmuebles de su propiedad, lo cierto es que la ley no contempla que, en los poderes generales para ejercer actos de dominio, se requiera cláusula especial para donar los bienes en comento; supuesto que el artículo 2528 del Código Civil para el Estado de Chiapas, en su tercer párrafo dispone: 'En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades del dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlo.'. De donde se advierte con claridad meridiana, que legalmente no existe limitación alguna para este tipo de apoderados, a los que equipara como propietarios de los bienes, y quienes lógicamente no requieren de 'autorización expresa o cláusula especial', para donarlos, ya que el último párrafo del precepto legal antes citado, culmina estableciendo: 'Cuando se quiera limitar, en los casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.'; por tanto, resulta intrascendente que el contrato de donación sea un acto jurídico personalísimo, pues al no haberse limitado expresamente, en este aspecto el mandato otorgado al 'apoderado general con facultades de dominio', al igual que el dueño, no necesita de autorización expresa para celebrar éste u otro tipo de contratos, por lo que si el animus del poderdante no era otorgar mandato sin limitaciones, debió por disposición expresa de la ley, restringir ese mandato, mediante cláusula especial u otorgar 'poder especial'. De ahí que donde la ley no distingue, al juzgador le está vedado hacerlo." Amparo directo 280/95. Sergio Mass Porras. 10 de agosto de 1995. Mayoría de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. "Voto particular del Magistrado Francisco A. Velasco Santiago, que a la letra dice: Se difiere del criterio mayoritario, porque en el caso concreto existe pronunciamiento en contrario sustentado por este propio Tribunal Colegiado al resolver en sesión plenaria de catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de votos de los Magistrados Ángel Suárez Torres, Francisco A. Velasco Santiago (ponente) y Mariano Hernández Torres, en el juicio de amparo directo número 551/993, promovido por Rooselvet Martínez Chambé; estimando que es razón insuficiente para interrumpir ese criterio legal, la circunstancia de que hubiese variado la integración de este órgano jurisdiccional; ahora bien, es pertinente destacar que, en concepto del suscrito, los conceptos de violación aducidos por el quejoso, que en esencia señalan que el poder general otorgado haya facultado de manera expresa en favor de la mandataria, demandada en el juicio natural ahora tercero perjudicado, para poder donar en favor de terceras personas como acontece en el caso que nos ocupa a través del contrato de donación pura y simple a título gratuito, verificado mediante la escritura pública número 3,541, volumen número 79, de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, ante la fe del notario público número 31 del Estado, que la donante realiza respecto de la parte alícuota que le corresponde al poderdante de los inmuebles motivo de la sociedad conyugal por el matrimonio existente entre ambos; bienes raíces que se precisan en la referida escritura cuya nulidad se demanda, realizada en favor de los donatarios que resultan ser los padres de la donante, ya que resulta insuficiente el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y dominio que le fue conferido, y aun cuando fue otorgado para, entre otras cosas, ejercer actos de dominio, en el mismo no existe autorización expresa para que su mandante donara los inmuebles que fueron motivo del juicio de origen, lo cual resulta indispensable para celebrar contratos de donación, por tener entre otras características la de ser un acto jurídico personalísimo e invoca que son aplicables por mayoría de razón y por analogía los artículos del código sustantivo civil que cita y que por ello traspasó las facultades del poder que le confirió su mandante. En tal virtud, y conforme a los conceptos de violación mencionados, el suscrito estima que los mismos resultan análogos a los expresados en el juicio de amparo directo número 551/993; y, en el caso surgen las hipótesis que en aquel asunto, razón por la cual se estima que en la especie deben de reproducirse los razonamientos en que se sustentó dicha resolución, mismos que son del tenor literal siguiente: 'QUINTO. Los conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías son fundados. Le asiste razón al quejoso al sostener que para hacer donaciones, no basta un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio que se le haya conferido al mandatario, sino debe existir el animus donandi, o sea, que sólo puede celebrarse en forma personal por el propietario del bien objeto de la donación o por medio del mandatario con autorización específica de qué es lo que se dona y a favor de quién debe hacerse la donación, o sea, cláusula especial en el mandato, autorizándolo expresamente a realizar donaciones, y si esto no acontece, es inconcuso que el contrato de donación debe declararse nulo. En efecto, si bien es cierto que el poder general para actos de dominio sin limitación alguna, que le fue otorgado al donante, lo hace tener todas las facultades de dueño sobre los bienes del mandante, también lo es que el mandato se confiere generalmente para la administración y conservación del patrimonio del mandante y no para la desintegración del mismo o para que el mandatario lo dilapide, salvo permiso especial, otorgado desde luego en cláusula específica; supuesto que por analogía o mayoría de razón según lo dispuesto por los artículos 431 y 570 del Código Civil para el Estado de Chiapas, ni los padres ni los tutores pueden realizar donaciones de los bienes de sus representados; menos puede hacerlo el mandatario sin la facultad expresa del mandante, aunado a lo anterior, cabe agregar que el contrato de donación es de los que se celebran en consideración a la persona y en los que en su celebración las calidades personales de los contratantes son tomadas en cuenta; de ahí su carácter personalísimo del contrato de referencia, que se desprende del contenido de los artículos 2306 al 2357 del ordenamiento legal antes invocado. A mayor abundamiento, cabe manifestar, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 2522 del ordenamiento en cita, sólo son susceptibles de mandato o pueden ser objeto de él todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado, por tanto, si en la especie el mandatario celebró un acto, si bien lícito como lo es el de donación pero respecto del cual la ley requiere o exige la intervención personal del donante o en su defecto requiere de cláusula especial en el mandato, autorizándolo expresamente a realizar esa donación, y sin que de las constancias de autos seadviertan estas circunstancias, es evidente que el multicitado contrato de donación en comento, debe estimarse nulo, supuesto que el mandatario se extralimitó o traspasó los límites expresados en el poder que le fue conferido; por ende lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Resulta aplicable en la especie la tesis aislada visible en la página 492 del Tomo IX correspondiente al mes de abril de 1991 (sic), Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, relativo a Tribunales Colegiados de Circuito (sic), cuyo rubro y texto a la letra dice: 'DONACIÓN, MANDATARIO, CARECE DE FACULTADES PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE, CUANDO EN EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO SE OMITE INSERTAR CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE LO FACULTA A REALIZAR TAL ACTO JURÍDICO. Si se parte de una interpretación literal de los párrafos tercero y cuarto del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, como lo pretenden los peticionarios de garantías al aducir que el poder general para actos de dominio sin limitación alguna de que se trata autoriza al mandatario para realizar donaciones, supuesto que éste tendría todas las facultades de dueño, se arribaría a una conclusión contraria a derecho; sin embargo, si se toma en consideración la especial naturaleza del contrato de donación que lo caracteriza como un acto jurídico personalísimo, debe concluirse que para tal acto específico de dominio, se requiere necesariamente la autorización expresa del mandante. En efecto, los fundamentos por los cuales el mandatario general para actos de dominio, no está en posibilidad jurídica de efectuar donaciones sin la autorización expresa de su mandante, son: a) por analogía o mayoría de razón, conforme a lo que establece el artículo 2499 del Código Civil, ya que si los tutores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos, están impedidos para conceder el uso gratuito (comodato), sin autorización especial, de los bienes confiados a su guarda, tampoco el mandatario general para actos de dominio podrá donar sin permiso expreso y especial del mandante; b) es de sobra conocido, que el mandato se confiere generalmente para la administración y conservación del patrimonio del mandante y no para la desintegración del mismo o para que el mandatario lo dilapide, salvo permiso especial, otorgado desde luego en cláusula específica; y c) por análogas razones, ni los padres ni los tutores pueden realizar donaciones de los bienes de sus representados, según lo dispuesto en los artículos 436 y 576 del ordenamiento citado. A lo anterior, cabe agregar que la mayoría de los tratadistas en materia de contratos, coinciden en clasificar al contrato de donación como de aquellos intuitu personae, esto es, que se celebran en consideración a la persona y en los que en su celebración las calidades personales de los contratantes son tomadas en cuenta; de ahí el carácter personalísimo del referido contrato, que se desprende del contenido de los numerales 2332 al 2383 del código en cita. Además, si de acuerdo con lo que establece el artículo 2548 del ordenamiento en consulta, sólo son susceptibles de mandato o pueden ser objeto de él todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado, de ello se sigue, que si en la especie, el mandatario celebró un acto, si bien lícito como lo es el de donación, pero respecto del cual la ley requiere o exige la intervención personal del donante o en su defecto requiere de cláusula especial en el mandato, autorizándolo expresamente a realizar donaciones, es evidente que el contrato de donación es de estimarse nulo ya que el mandatario se extralimitó o traspasó los límites expresados del poder que le fue conferido.'".
La resolución indicada se apoya en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación que se hacen valer en la demanda de garantías. En efecto, no le asiste la razón al promovente del juicio de amparo, por cuanto alega que la sentencia que reclama de la Sala Regional Mixta Zona Oriente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, viola en perjuicio de su mandante las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque 'erróneamente sostuvo en su resolución que la demandada en el juicio natural, mediante el poder general otorgado por el propio actor, se encontraba facultada para donar gratuitamente en favor de sus padres, el cincuenta por ciento de los bienes raíces que se determinan en el contrato de donación, cuya nulidad se demanda'; ya que como bien lo destacó en su sentencia la Sala señalada como responsable, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 2528 del Código Civil del Estado de Chiapas, 'en todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidas sin limitación alguna'. Y en el ca
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4406-fbac5700/donacion-mandatario-carece-de-facultades-para-celebrar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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