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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN ELECTRÓNICA DE CONTRIBUCIONES. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITA NI NOTIFIQUE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN ESE PROCEDIMIENTO EN EL PLAZO DE 40 DÍAS, TRAE COMO CONSECUENCIA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3130/2021. · Registro digital (IUS): 30573
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-20
Promovente: ANGLOAMERICANO DE MONTERREY, S.C.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, Pág.3598.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3130/2021. ANGLOAMERICANO DE MONTERREY, S.C. 9 DE FEBRERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; LA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 9 de febrero del 2022, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión en amparo directo 3130/2021, interpuesto en contra de la sentencia dictada en sesión del 20 de mayo de 2021, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el juicio de amparo directo DA. 306/2019.

El problema que la Segunda Sala debe resolver consiste en determinar si la interpretación conforme del artículo 53-B, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2018, a la luz de los principios de interpretación más favorable y de seguridad jurídica, previstos en los artículos 1o. y 16 de la Constitución Federal, conllevan considerar que si no se dicta resolución en el procedimiento de revisión electrónica en el plazo de cuarenta días que se otorga para ello, se origina o no su nulidad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Angloamericano de Monterrey, Sociedad Civil (la quejosa en lo que sigue) es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyo objeto social es, entre otros, el fomento científico, cultural y técnico, mediante la comunicación internacional base para el intercambio entre naciones, sociedades, personas físicas y morales; la divulgación de la cultura por todos los medios y preparación de ejecutivos, profesionistas y personas, de empresas del sector público y privado mediante la enseñanza de lenguas extranjeras y del idioma español, así como otros temas de interés general.(1)

2. El 27 de septiembre de 2018, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" del Servicio de Administración Tributaria, emitió la resolución provisional con el número de oficio 500-41-00-03-01-2018-11988,(2) a efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables, ordenando practicar revisión electrónica.

3. Del análisis efectuado a la declaración anual normal del impuesto sobre la renta se conoció que en el renglón denominado "ISR a cargo del ejercicio" la quejosa manifestó un importe de $288,674.00; no obstante, la referida autoridad fiscal advirtió que no efectuó el pago correspondiente.

4. Por ello, requirió a la quejosa para que en un plazo de 15 días hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación del referido oficio, manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y proporcionara la información y documentación tendente a desvirtuar los hechos o posibles irregularidades señaladas o para acreditar el pago de las contribuciones consignadas, en términos del artículo 53-B, párrafo primero, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.(3)

5. En la misma fecha (27 de septiembre de 2018), la citada autoridad fiscal emitió la preliquidación con el oficio número 500-41-00-03-01-2018-12730,(4) mediante el cual comunicó a la quejosa la propuesta de crédito fiscal que podía pagar en el caso de que aceptara los hechos y posibles irregularidades señaladas en la resolución provisional. Tanto ésta como aquélla las notificó el 8 de octubre de 2018.(5)

6. El 24 de enero de 2019, la autoridad fiscal mencionada emitió el diverso oficio número 500-41-00-08-02-2019-896(6) a través del cual se le determinó un crédito fiscal a la quejosa en cantidad de $691,704.93, el cual le notificó el 25 de enero siguiente, toda vez que no acudió a la invitación señalada, ni en el plazo de diez días hábiles a que tenía derecho, de conformidad con el artículo 42, quinto párrafo, del Código Fiscal de la Federación.(7)

7. Juicio contencioso administrativo. En desacuerdo con lo anterior el 13 de febrero de 2019, la quejosa promovió juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de la resolución contenida en el oficio 500-41-00-08-02-2019-896, de 24 de enero de 2019, emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1", a través de la cual se le determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, mismo que quedó radicado en la Segunda Sala Regional del Noreste con el número de expediente 1440/19-06-02-2 y mediante sentencia de 24 de junio de 2019, se reconoció la validez de la resolución impugnada.(8)

8. Demanda de amparo. En desacuerdo con la sentencia citada en el párrafo anterior, la quejosa promovió en su contra juicio de amparo directo mediante escrito presentado el 19 de agosto de 2019, ante las Salas Regionales del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que señaló como autoridad responsable a la Segunda Sala Regional del Noreste del referido tribunal y como acto reclamado la sentencia de 24 de junio de 2019, dictada al resolver el juicio contencioso administrativo 1440/19-06-02-2, por considerarla violatoria de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(9)

9. Mediante proveído de 4 de septiembre de 2019, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, admitió la demanda de amparo y ordenó formar el expediente respectivo el cual quedó registrado con el número de expediente 306/2019.(10)

10. Sentencia del juicio de amparo. En sesión de 20 de mayo de 2021 se resolvió conceder el amparo solicitado por la quejosa.(11)

11. Interposición del recurso de revisión. En contra de la ejecutoria descrita en el punto precedente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de revisión,(12) el cual fue enviado vía electrónica el 24 de junio de 2021 y recibido el 25 siguiente, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; mediante proveído de 28 del mismo mes y año, el presidente de dicho órgano jurisdiccional ordenó remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(13)

12. Trámite del recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 28 de septiembre de 2021, el presidente de este Alto Tribunal tuvo por recibidas las constancias por medio del MINTERSCJN y registró el toca con el número 3130/2021. Del análisis de dichas constancias advirtió que el Tribunal Colegiado del conocimiento otorgó el amparo a la quejosa para el efecto de que la Sala responsable dictara otra resolución en la que determinara que la autoridad demandada inobservó el término prescrito en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, a fin de que se actualizara la figura de caducidad de las facultades de la autoridad para dictar y notificar dentro de la revisión electrónica la resolución correspondiente que diera lugar a la liquidación impugnada y, en vía de agravios la autoridad recurrente tercero interesada, alega la indebida interpretación directa de los numerales 1o. y 16 constitucionales por parte del citado órgano jurisdiccional, lo cual se relaciona con el tema:

"Los alcances de la interpretación directa de los artículos 1o. y 16 constitucionales, a la luz de los principios pro homine y seguridad jurídica, relacionada con la figura de la caducidad prevista en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación."

13. Por lo que el Ministro presidente concluyó que se surte una cuestión propiamente constitucional que a su juicio reviste un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, por lo que se impuso a admitirlo y turnarlo al Ministro Alberto Pérez Dayán y ordenar su radicación en esta Segunda Sala.(14)

14. Avocamiento. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto por acuerdo de 23 de noviembre de 2021, dictado por la presidenta de la misma, quien además ordenó se remitieran los autos a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán.(15)

15. I. Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión.(16)

16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponencia), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

17. II. Oportunidad. El recurso de revisión se interpuso oportunamente.(17)

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponencia), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

19. III. Legitimación. El recurso de revisión se interpuso por parte legítima.(18)

20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponencia), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

21. IV. Estudio de procedencia del recurso. Esta Suprema Corte considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:

22. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021, así como en el punto primero del Acuerdo General 9/2015 emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 8 de junio de 2015.

23. De tales preceptos se colige que las sentencias en juicios de amparo directo que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo que cumplan dos requisitos. El primero se refiere a que las sentencias impugnadas:

a) Decidan sobre la constitucionalidad de normas generales;

b) Establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; o,

c) Hayan omitido dicho estudio, cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo. Los anteriores supuestos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo.

24. Adicionalmente, para efectos de la procedencia del recurso, antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021, debía analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañaban la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, ello de conformidad con el Acuerdo General 9/2015, emitido el 8 de junio de 2015 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo punto segundo sostiene que un asunto permitirá fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando:

a. Se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,

b. Las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente constitucionales.

25. Como se señaló, el 11 de marzo de 2021 se reformó el artículo 107, fracción IX,(19) constitucional, señalando ahora para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, que procede ante la Suprema Corte cuando a su juicio revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

26. De la exposición de motivos respectiva se obtiene que dicha reforma tuvo como propósito apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.

27. Es decir, se modificó la fracción IX del artículo 107 constitucional en el sentido de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

28. Por lo que se fortaleció la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo. Es decir, que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito únicamente en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad, excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.

29. Ahora, de acuerdo con los antecedentes de los que se ha dado cuenta, el presente asunto cumple los requisitos de procedencia, en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó la interpretación directa de los artículos 1o. y 16 de la Constitución Federal, al estimar que el numeral 53-B del Código Fiscal de la Federación, no es acorde con los principios de interpretación más favorable y de seguridad jurídica, puesto que no se dictó ni notificó la resolución definitiva en el procedimiento de revisión electrónica en el plazo de cuarenta días que se prevé en la fracción IV, inciso a), del invocado numeral, con lo cual se configuró la caducidad de la facultad de la autoridad fiscal para hacerlo. Al respecto resultan aplicables las jurisprudencias P./J. 46/91,(20) 1a./J. 34/2005(21) y la tesis aislada P. XVIII/2007.(22)

30. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

V. Estudio de fondo.

31. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación, se hace referencia a los conceptos de violación, la sentencia recurrida y los agravios hechos valer en el recurso de revisión.

Conceptos de violación

(Referencia)

32. La quejosa formuló tres conceptos de violación, de los cuales el Tribunal Colegiado del conocimiento declaró fundado el tercero, por lo cual, en su caso y de ser necesario, se hará alusión a los restantes motivos de queja primero y segundo, sin que resulte necesaria su transcripción de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010.(23)

Sentencia recurrida

(Síntesis)

33. En el considerando sexto, el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó fundado el concepto de violación tercero. Para tal efecto, comenzó por señalar que el argumento que resultaba fundado es el relativo a que el artículo 53-B, fracción IV, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, no prevé sanción alguna para la autoridad cuando el procedimiento establecido se resuelva con posterioridad al plazo de 45 días (sic), por lo que esa omisión debe ser sancionada en pleno respeto al principio de seguridad jurídica, en razón de que las facultades de verificación no son ilimitadas, pues ello implicaría dejar a la quejosa en estado de indefensión.

34. Para arribar a la anterior conclusión, el Tribunal Colegiado trajo a conocimiento las consideraciones que sustentó esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 107/2002-SS y que originaron la jurisprudencia 2a./J. 140/2002.(24) De ahí concluyó que dentro de los procedimientos de verificación –como lo es el de revisión electrónica–, la omisión de la autoridad de dictar la resolución correspondiente dentro del término previsto para ello conlleva declarar la nulidad de la resolución correspondiente, aun cuando no exista disposición expresa que así lo establezca.

35. Así, estimó el tribunal del conocimiento que, con independencia de que la ejecutoria por la que se estableció la jurisprudencia aludida se refiera al procedimiento administrativo en materia aduanera, las razones jurídicas manifestadas son aptas para otorgarle la razón a la quejosa, dado que al igual que en el procedimiento fiscal de revisión electrónica, es necesario que el ejercicio de las facultades de comprobación no sea ilimitado, sino que debe concluir en el plazo señalado en la norma relativa, porque atendiendo al principio de seguridad jurídica no puede indefinidamente permanecer la afectación en la esfera jurídica del gobernado.

36. Que, en el caso quedó acreditado que la notificación de la resolución dictada en la revisión electrónica excedió el plazo de 45 días (sic) previsto en el numeral 53-B, fracción IV, inciso a), del Código Fiscal Federal, después de haber fenecido el diverso de 15 días otorgado para desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos, establecido en la fracción II del mismo numeral, lo que la misma Sala dejó asentado que así ocurrió, por lo que dicha irregularidad por sí misma transgrede los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa, ya que el plazo señalado constituye un mecanismo esencial para garantizar al gobernado que la actuación de la autoridad se supedite a los requisitos de validez de todo acto que emita, para así evitar que la situación del interesado quede indefinida en contravención a su seguridad jurídica.

37. Aun cuando a la referida porción normativa se le considere una norma imperfecta, al no contemplar una sanción por la omisión de emitir y notificarle al particular la resolución que proceda en el término de 45 días (sic), ya que estimar lo contrario implicaría que las autoridades pudieran practicar actos de molestia en forma indefinida, quedando a su arbitrio la duración de su actuación, lo que resulta violatorio de la seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución, así como de los preceptos de la ley en mención que delimitan temporalmente la actuación de dicha autoridad.

38. Sin que obste a lo anterior que conforme a la parte final del numeral 53-B, se contemple que las autoridades deberán concluir el procedimiento de revisión electrónica en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la resolución provisional correspondiente, en tanto que debe prevalecer la interpretación más favorable en términos del artículo 1o. de la Constitución, atendiendo a lo dispuesto en la fracción IV del mismo numeral, que establece el deber de la autoridad de emitir y notificar la resolución determinante en el término de 45 días (sic).

39. Así, el Tribunal Colegiado del conocimiento concedió el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera otra en la que determinara que la autoridad demandada inobservó el término previsto en el artículo 53-B, fracción IV, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, a fin de que se actualice la caducidad de las facultades de la autoridad para dictar y notificar la liquidación respectiva.

40. Hecho lo anterior, la Sala responsable debía declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada con fundamento en los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que el vicio advertido configura la caducidad de las facultades de la autoridad para dictar resolución, lo que se traduce en un impedimento para reiterar su resolución, al quedar claro que los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada.

SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS

41. La autoridad recurrente formuló dos motivos de queja en los que, en esencia, manifestó lo siguiente:

42. En el agravio primero, adujo que la sentencia recurrida es inconstitucional, en virtud de que la interpretación que realizó el Tribunal Colegiado del conocimiento de los artículos 1o. y 16 de la Constitución, a la luz de los principios de interpretación más favorable y de seguridad jurídica en relación con el plazo para emitir resolución en el procedimiento de revisión electrónica previsto en el numeral 53-B, fracción IV, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación, es incorrecta y no conforme con el Texto Constitucional. 43. De la interpretación conforme que se realice del numeral aludido, se colige que las autoridades fiscales deben concluir el procedimiento de revisión electrónica dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la resolución provisional.

44. Ahora, a efecto de acreditar la ilegalidad de la sentencia recurrida, debe señalarse que si bien es cierto el fin último del principio de interpretación más favorable lo constituye la tutela y protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía colectiva, no menos lo es que dicho fin no puede llevarse al extremo de realizarse de forma indiscriminada, esto es, sin existir sustento legal para ello.

45. Ello es así, pues el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó una indebida interpretación del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, otorgándole un beneficio al contribuyente que no se encuentra en dicha norma, al señalar que la consecuencia de no emitir resolución en el procedimiento de revisión electrónica en el plazo de cuarenta días conlleva declarar la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal y, por ende, declarar la nulidad lisa y llana de la resolución.

46. Sin embargo, de la norma en estudio claramente se advierte que el plazo para concluir la facultad de comprobación de que se trata es de seis meses, conforme a lo dispuesto en su último párrafo, de ahí que en ningún momento se deje en estado de inseguridad jurídica a la quejosa, pues sabe perfectamente que, con independencia del plazo que tiene la autoridad para emitir una resolución en términos de la fracción IV del numeral 53-B, esto es, de cuarenta días, también tiene un límite máximo de seis meses para concluir la revisión electrónica, con lo cual no se permite la actuación arbitraria de la autoridad fiscal.

47. Así, es contraria al Texto Constitucional la aplicación e interpretación que realizó el Tribunal Colegiado del conocimiento de los principios de seguridad jurídica y de interpretación más favorable, dado que le dio un beneficio a la parte quejosa que no está contemplado en la norma y, con dicha sanción ocasiona una afectación irreparable a las arcas del erario.

48. De esa forma, al limitar la actuación del fisco, bajo el pretexto de una interpretación conforme a una porción normativa imperfecta, que no establece consecuencia para la inobservancia del plazo de cuarenta días referido, aun cuando se respete la limitante temporal general para realizar las referidas facultades de comprobación, lejos de ajustarse a los principios de legalidad y seguridad jurídica, en realidad lo que propone es crear beneficios artificiales que causan afectación al interés general.

49. En el agravio segundo la recurrente aduce, en lo fundamental, que la sentencia recurrida resulta ilegal, dado que el Tribunal Colegiado del conocimiento pasó por alto que el precepto impugnado no le causó perjuicio a la quejosa, pues la autoridad hacendaria le notificó la resolución definitiva dentro del plazo de seis meses previsto para tal efecto, situación que no se analizó previo al estudio de constitucionalidad que se realizó.

50. A fin de acreditar lo anterior, la recurrente manifiesta que debieron analizarse las fechas en que acontecieron las distintas fases del procedimiento de revisión electrónica en términos del último párrafo del numeral 53-B.

51. Primera fase del procedimiento (a). Resolución provisional de 27 de septiembre de 2018, por la que se inició la revisión electrónica por el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de 2014, a la que se anexó liquidación de la misma fecha, emitida por la autoridad fiscal correspondiente.

52. Con fundamento en el artículo 42, párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación, se le citó a la contribuyente para que dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación de la citada resolución, acudiera a las oficinas de la autoridad fiscal con el objeto de informarle los hechos y posibles irregularidades que pudieran entrañar el incumplimiento en el pago de contribuciones.

53. Segunda fase del procedimiento (b). Ofrecimiento de pruebas. Quince días. La quejosa no desahogó en el plazo indicado la vista que se le otorgó para tal efecto, es decir, no ofreció pruebas ni formuló alegatos.

54. Tercera fase (c). Mediante resolución de 24 de enero de 2019, la autoridad fiscal le determinó a la quejosa un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, actualizaciones, multas y recargos por el ejercicio fiscal 2014.

55. De lo expuesto se advierte que del 27 de septiembre de 2018, fecha en que se notificó a la quejosa la resolución provisional, al 24 de enero de 2019, fecha en que concluyó el procedimiento de revisión con la notificación de la resolución definitiva, transcurrieron menos de seis meses, y si bien no se emitió dicha resolución definitiva dentro del plazo de cuarenta días que establece la fracción IV del artículo 53-B, sí se emitió dentro del plazo de seis meses que señala el último párrafo del invocado precepto.

56. Por tal motivo, con base en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte en los amparos directos en revisión 4389/2017, 4232/2018 y 156/2019, no se aplicó en perjuicio de la quejosa el citado precepto legal, lo que imposibilitaba su estudio y, en consecuencia, en la sentencia recurrida debieron declararse inoperantes los conceptos de violación formulados en su contra.

57. V1. Pues bien, el primer problema jurídico que debe resolver esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar cuál es la interpretación conforme del artículo 53-B, fracción IV, inciso a), del Código Fiscal de la Federación vigente en 2018, a la luz de los principios de interpretación más favorable y de seguridad jurídica, previstos en los artículos 1o. y 16 de la Constitución Federal.

INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN

58. Como punto de partida conviene señalar, en primer término, que se aludirá a la interpretación constitucional y legal que ha realizado esta Segunda Sala del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, aun con otra vigencia, para que a partir de dichos cánones interpretativos, en segundo lugar, se analice dicho precepto, y en específico su fracción IV, inciso a), vigente para el ejercicio fiscal de 2018, a la luz de los principios de interpretación más favorable y de seguridad jurídica, previstos en los numerales 1o. y 16 de la Ley Fundamental, para arribar a la conclusión de si resulta o no acorde a ellos, para con posterioridad analizar los agravios manifestados por la recurrente.

59. El artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente en 2018, es del tenor siguiente:

(Adicionado, D.O.F. 9 de diciembre de 2013)

"Artículo 53-B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente:

(Reformada, D.O.F. 18 de noviembre de 2015)

"I. Con base en la información y documentación que obre en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, a través de una resolución provisional a la cual, en su caso, se le podrá acompañar un oficio de preliquidación, cuando los hechos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal.

(Derogado segundo párrafo, D.O.F. 30 de noviembre de 2016)

"II. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en un plazo de quince días siguientes a la notificación de la citada resolución, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información y documentación, tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional.

(Reformado, D.O.F. 18 de noviembre de 2015)

"En caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, mediante el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en los términos contenidos en el oficio de preliquidación, en cuyo caso, gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas.

(Reformada, D.O.F. 30 de noviembre de 2016)

"III. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo previsto en la fracción II de este artículo, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos:

"a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, el cual deberá ser atendido dentro del plazo de diez días siguientes a partir de la notificación del segundo requerimiento.

"b) Solicitará información y documentación de un tercero, situación que deberá notificársele al contribuyente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de la información.

"El tercero deberá atender la solicitud dentro de los diez días siguientes a la notificación del requerimiento; la información y documentación que aporte el tercero deberá darse a conocer al contribuyente dentro de los diez días siguientes a aquel en que el tercero la haya aportado; para lo cual el contribuyente contará con un plazo de diez días contados a partir de que le sea notificada la información adicional del tercero para manifestar lo que a su derecho convenga.

(Reformada, D.O.F. 30 de noviembre de 2016)

"IV. La autoridad contará con un plazo máximo de c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30573-00cf91d8/revision-electronica-de-contribuciones-el-hecho-de-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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