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Modo: Corpus Pro

VACACIONES GENERADAS Y NO DISFRUTADAS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. TIENEN DERECHO A DEMANDAR SU PAGO SI CONTINÚA LA RELACIÓN LABORAL POR HABER PROCEDIDO SU REINSTALACIÓN, AL EXISTIR IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA GOZAR DE ELLAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 968/2018. · Registro digital (IUS): 30574
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-05-20
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, Pág.4422.

AMPARO DIRECTO 968/2018. 3 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: SILVIA VALESKA SOBERANES SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Estudio del asunto.

Previamente a dar respuesta a las disensiones formuladas, debe precisarse que no serán materia de pronunciamiento las condenas impuestas a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz a: (A) reinstalar al actor en el puesto que se encontraba desempeñando al momento de ser separado de su cargo; (B) pagarle salarios caídos desde la fecha de su despido (once de marzo de dos mil once) hasta que se lleve a cabo materialmente su reinstalación; (C) vacaciones y prima vacacional proporcionales al año dos mil once; la segunda, además, por todo el tiempo que se encuentre separado de su empleo; (D) aguinaldo proporcional al año dos mil once y por todo el tiempo que se encuentre separado de su cargo; (E) tiempo extraordinario por el último año de servicios; (G) salarios devengados; (H) reconocimiento de la antigüedad general del actor a partir del uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco; (K) pago de ayuda para útiles escolares; (L) estímulo a servidores públicos; (P) compensación administrativa; y, (S) gratificación consistente en quince días de salario adicionales al aguinaldo por todo el tiempo que dure separado de su empleo y hasta su reinstalación; ello, cuenta habida que tales determinaciones son acordes con sus pretensiones y este órgano de control constitucional no advierte queja deficiente que suplir en su favor, acorde con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto a los periodos de las condenas, salvo por lo que se refiere al periodo de vacaciones y de los salarios devengados, y a la base salarial que debe servir para el pago de tales prestaciones; aunado a que éstas fueron objeto de análisis y pronunciamiento en el diverso juicio de amparo directo con el que se encuentra relacionado este asunto, y en el que, en esta misma sesión, se determinó negar el amparo solicitado por la entidad pública patronal.

Tampoco serán objeto de pronunciamiento las absoluciones decretadas a favor de la demandada a pagar al actor (F) días de descanso obligatorio; (I) ayuda de despensa; (J) ayuda para previsión social múltiple; (M) ayuda para pasajes; (O) ayuda por servicio; y, (Q) capacitación y desarrollo del personal, bajo el argumento, la primera de ellas, de que no acreditó haberlos laborado y, las cinco últimas, porque la demandada demostró habérselas cubierto de forma permanente, esto es, como parte integrante de su salario; por lo que su pago quedará integrado, a su vez, en la condena al pago de salarios caídos; además, el promovente del amparo no formula concepto de violación alguno al respecto, ni este órgano colegiado advierte queja deficiente que suplir en su favor al respecto.

En ese tenor, la litis constitucional en el presente juicio se constriñe al estudio del salario diario conforme al cual el tribunal responsable condenó a la parte demandada a reinstalar al actor en el puesto que se encontraba desempeñando al momento de ser separado de su cargo ($**********), y conforme al cual la condenó a cubrir las prestaciones de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, del cinco de febrero al once de marzo de dos mil once, y las que se siguieran generando hasta su reinstalación, así como las horas extras que devengó del cinco de febrero al diez de marzo de esa misma anualidad; el periodo de los (G) salarios devengados que se le deben cubrir; las absoluciones decretadas a favor de la demandada a pagar al actor (C) vacaciones por el último año laborado, (R) premio mensual por buen desempeño, así como la omisión en que incurrió la autoridad responsable de pronunciarse respecto al pago del (N) bono anual de despensa en términos de la cláusula 87 de las Condiciones Generales de Trabajo celebradas (sic) entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y el citado Poder Ejecutivo del Estado.

Una vez delimitado lo anterior, es menester precisar que los conceptos de violación que hace valer la disidente son parcialmente fundados, suplidos en lo necesario en su deficiencia, acorde con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, los que se analizarán en un orden diverso al propuesto, y otros en su conjunto, por así autorizarlo el artículo 76 del citado ordenamiento legal.

En una parte de sus conceptos de violación, el peticionario del amparo aduce que el tribunal responsable, indebidamente, absolvió a la demandada del pago del (R) premio mensual por buen desempeño ya que, si bien es cierto que las condiciones generales de trabajo que exhibió en el juicio natural no fueron perfeccionadas mediante el cotejo con su original, no menos lo es que inadvirtió que su existencia constituye un hecho notorio, aunado a que se encontraban registradas ante el propio Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Que, incluso, ese tribunal ha emitido condenas en múltiples juicios laborales con motivo de la aplicación de dichas condiciones generales de trabajo, entre otros, en los sumarios ********** y **********.

Además, sigue argumentando, que la autoridad responsable pasó por alto que la demandada admitió la existencia de dicha prestación, puesto que, al contestar la demanda, se excepcionó aduciendo que le había pagado, con lo que, aduce, tácitamente reconoció su existencia y, por ende, la condena a su pago era procedente.

Los reseñados motivos de disenso resultan infundados, por las razones que a continuación se exponen.

Ciertamente, al margen de que la falta de perfeccionamiento de las referidas condiciones generales de trabajo haya sido atribuible al tribunal responsable; que las mismas pudieran constituir un hecho notorio tanto para la autoridad responsable como para este tribunal; y que la parte demandada haya aceptado el pago de las prestaciones extralegales exigidas por el actor, entre ellas, el referido bono mensual por buen desempeño, lo cierto es que, en principio, existió condena respecto de todas esas prestaciones extralegales, unas por estar incluidas en el salario integrado, base para la cuantificación de los salarios caídos (ayuda de despensa, ayuda para previsión social múltiple, ayuda para pasajes, ayuda por servicio, capacitación y desarrollo del personal), y otras de manera autónoma, por haberse acreditado su pago (ayuda para útiles escolares, estímulo a servidores públicos, compensación administrativa y gratificación), salvo por lo que se refiere al aludido premio mensual por buen desempeño; sin embargo, su absolución se considera objetivamente correcta, por las razones siguientes.

Así es, aun cuando las condiciones generales de trabajo se estimaran perfeccionadas, y que la demandada se haya excepcionado de manera genérica aduciendo que lo cubrió al actor (foja 37 ibídem), lo cierto es que en autos del juicio natural obran medios de prueba que desvirtúan su procedencia, pues de la copia certificada de los recibos de nómina básica y de gratificación extraordinaria y/o compensación por desempeño que exhibió la patronal desde mil novecientos noventa y siete, a la primera quincena de febrero de dos mil once (fojas 122 a 539 del expediente laboral), se desprende que aquél nunca percibió dicho premio mensual por buen desempeño por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), por lo que debe estimarse que resulta objetivamente correcta la absolución a su pago; máxime si se toma en cuenta que de la lectura de la cláusula respectiva, que establece: "Cláusula 87. A fin de incentivar la productividad en el desempeño del trabajo la entidad pública a partir del mes de septiembre de 2008, otorgará 425 bonos mensuales, con valor de $********** cada uno, con cargo a la prestación denominada ‘Premio mensual por buen desempeño’", no se aprecia que sea una prestación que deba entregarse obligatoriamente y de forma periódica a todos los trabajadores.

En otro orden argumentativo, el solicitante del amparo alega que el laudo reclamado resulta incongruente, en virtud de que se ordenó su reinstalación conforme a una base salarial diversa a la reclamada en el juicio, pasando por alto que, en vía de ampliación y aclaración de su escrito de demanda, señaló que su último salario ascendía a $********** diarios; empero, la autoridad responsable, indebidamente, determinó que ese salario fue el que le correspondió como **********.

Además, inadvirtió la confesión expresa de la parte demandada en el sentido de que ése era su salario, sin que manifestara que le correspondiera uno inferior por habérsele asignado una plaza diversa.

Que si bien en el mes de febrero de dos mil once se le hicieron dos depósitos, ello no implica un reconocimiento de que los mismos correspondían a su salario en el nuevo puesto de trabajo asignado.

Por tanto, aduce que la autoridad responsable se extralimitó en su análisis, pues condenó a la demandada a la reinstalación, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras, a una base salarial que no le corresponde.

Los reseñados motivos de disenso, suplidos en su deficiencia, acorde con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, resultan parcialmente fundados.

Con el objeto de demostrar el aserto anterior, en principio, es menester destacar que del escrito inicial de demanda, en el capítulo correspondiente a los hechos, se advierte que el accionante, aquí quejoso, manifestó haber ingresado a laborar para la secretaría demandada el uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y que el dieciséis de agosto de dos mil tres le otorgaron una plaza de base definitiva como "**********", con un sueldo tabular de $********** (********** pesos 00/100 M.N.); y que el quince de noviembre de dos mil nueve fue promovido como **********, con un ingreso de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), mensuales.

Asimismo, refirió que el cuatro de febrero de dos mil once, a petición de su superior, renunció al cargo que desempeñaba como **********, quien le indicó que se le respetaría la base que tenía asignada como "**********"; por lo que continuó laborando hasta el once de marzo de dos mil once en este último cargo, cuando fue despedido injustificadamente. (fojas 5 y 6 del expediente laboral)

Con motivo de la prevención que le fue formulada por el tribunal responsable, el quejoso aclaró que las nuevas funciones que desempeñaba a últimas fechas, consistían en realizar actividades de proyectista, dictaminador de cuestiones inherentes a la oficina, llevar en orden los archivos, recabar datos en los sistemas de cómputo y realizar oficios, reiterando que su salario ascendía a la suma de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) mensuales. (fojas 11 y 12 ibídem)

En su escrito de ampliación de demanda, el actor precisó que su reinstalación debía llevarse a cabo con un salario diario de $********** (********** pesos 00/100 M.N.). (fojas 27 a 30 ibídem)

Al contestar la demanda, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, admitió que el actor se desempeñaba como **********, con un salario diario de $**********, cargo al que manifestó que renunció voluntariamente el cuatro de febrero de dos mil once, y negó que el actor hubiera seguido laborando posteriormente a esa fecha.

Ahora bien, el quejoso demostró que siguió laborando para la referida dependencia con las nuevas funciones que precisó en su escrito aclaratorio, con el informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del que se desprende que en el mes de febrero de dos mil once se le realizaron dos depósitos a su cuenta bancaria, el primero el once de febrero de dos mil once, por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) y, el segundo, el veintiocho de febrero de dos mil once, por la diversa de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), como se desprende de la siguiente imagen: (fojas 640 a 658 ibídem)

(Se suprime imagen)

A ello se concatena la copia certificada de los recibos de nómina exhibidos por la secretaría demandada, de los que se desprende que por concepto de compensación se realizaron en favor del quejoso dos depósitos el veintiocho de febrero de dos mil once, uno por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), y otro por $********** (********** pesos 00/100 M.N.), como se desprende de la imagen que a continuación se inserta:

(Se suprime imagen)

Montos que sumados hacen un total de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), que corresponde al depósito realizado en esa misma fecha en la cuenta bancaria del actor.

Además, obra el recibo de nómina correspondiente a la primera quincena de febrero de dos mil once, del que se desprende que por concepto de salario se le pagó la cantidad bruta de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), y neta de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), que corresponde al primer depósito que se le efectuó el once de febrero de dos mil once, en su cuenta bancaria.

(Se suprime imagen)

De lo que se obtiene que, diverso a lo que estableció el tribunal responsable, el quejoso percibió un salario diario de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), que se obtiene de dividir el salario bruto que recibió en la primera quincena de febrero de dos mil once, entre quince días ($********** ÷ 15 días = $**********) y, a su resultado, se adiciona la compensación diaria que se le cubrió, que a su vez se obtiene de dividir dicha compensación entre treinta días que se le cubrieron ($********** ÷ 30 = $********** + $********** = $**********).

En la inteligencia de que el salario que debe tomarse en cuenta para el pago de las condenas es el bruto, de conformidad con lo dispuesto en la tesis aislada XVI.1o.T.23 L (10a.), que se comparte, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2139, con número de registro digital: 2011107, de título, subtítulo y texto siguientes:

"SALARIO BRUTO. LAS CONDENAS EN LOS LAUDOS DEBEN EFECTUARSE CON BASE EN AQUÉL. De conformidad con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, por lo que no debe confundirse la suma de las percepciones con el remanente de éstas, luego de las retenciones efectuadas con motivo de aportaciones de seguridad social o la obligación del trabajador de contribuir al gasto público, por medio del pago de impuestos, habida cuenta que la circunstancia de que los patrones se encuentren obligados a realizar la retención de contribuciones y autorizados para efectuar ciertos descuentos de otra índole, generalmente en forma simultánea al pago, no es obstáculo para dejar de considerar como salario integrado la suma de lo que el trabajador percibió, previas deducciones, ya que esa cantidad es la que entró en su esfera patrimonial, tan es así, que es sobre las percepciones totales que el patrón determina la base gravable, a fin de calcular y materializar la retención; también es sobre ese ingreso que se realizan otros descuentos o retenciones, como el pago de préstamos (artículo 97, fracción III, de la referida ley) o de pensiones alimenticias judicialmente ordenadas (fracción I del mismo precepto); en consecuencia, no debe considerarse como salario integrado el neto, en tanto que es el salario bruto sobre el que se aplican las deducciones contributivas o de cualquier otra naturaleza, atendiendo a circunstancias que pueden ser variables y estar fuera del conocimiento de la Junta. Obviamente no existirá obstáculo para que, al cumplir el laudo, el patrón efectúe las retenciones o descuentos que la ley lo obligue a hacer."

En ese tenor, como en autos quedó acreditado el monto que efectivamente se le cubrió al actor con motivo del nuevo cargo y funciones que desempeñó para la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, hasta la fecha de su despido acaecido el once de marzo de dos mil once; entonces, el operario debe ser reinstalado con ese último salario por ser el último que percibió conforme a las funciones que desempeñó en su nuevo cargo, más los incrementos y mejoras que aquél haya tenido durante la tramitación del juicio y hasta que sea materialmente reinstalado, y las prestaciones autónomas a que tuvo derecho (vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras) deben cubrírsele conforme a ese mismo salario, y no conforme a la suma que se indicó en el laudo impugnado, de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), y tampoco conforme al salario que refiere el disidente de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) pues, como se destacó, éste corresponde al que percibió en el cargo de **********, como lo reconoció la entidad tercero interesada al contestar la demanda; cargo al cual el propio actor admitió haber renunciado el cuatro de febrero de dos mil once, y que posteriormente a esa fecha ejerció diversas actividades y funciones a las que desempeñaba, por las cuales se demostró en el sumario natural que se le cubrió el monto diario antes precisado.

Además, debe tomarse en consideración que, acorde con lo previsto en el artículo 89, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, debe tomarse como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a obtenerlas, siendo éste el del despido, por lo que debe atenderse al último salario percibido por el actor.

De modo que, al existir en autos constancias que acreditan fehacientemente el monto que percibió el actor con motivo de su nuevo cargo, es inconcuso que conforme a éste debe llevarse a cabo su reinstalación y el pago de las prestaciones que devengó durante su desempeño (del cinco de febrero al once de marzo de dos mil once) y las que se sigan generando durante el tiempo que permanezca separado de su empleo, con los incrementos y mejoras que dicho salario haya generado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 157 a 162, Quinta Parte, página 97, con número de registro digital: 242900, de rubro y texto siguiente:

"SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO. Si un trabajador demanda la reinstalación y el pago de los salarios vencidos y el patrón no acredita la causa justificada de la rescisión, la relación laboral debe continuar en los términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; de ahí que si durante la tramitación del juicio hasta la fecha en que se reinstale al trabajador hay aumentos al salario por disposición de la ley o de la contratación colectiva, o un aumento demostrado en el juicio laboral, proveniente de alguna fuente diversa de aquéllas, éstos deben tenerse en cuenta para los efectos de calcular el monto de los salarios vencidos, toda vez que la prestación de servicios debió haber continuado de no haber sido por una causa imputable al patrón; pero en el caso de que la acción principal ejercitada sea la de indemnización constitucional, no la de reinstalación, y la primera se considere procedente, los salarios vencidos que se hubieran reclamado deben cuantificarse a la base del salario percibido a la fecha de la rescisión injustificada, toda vez que al demandarse el pago de la indemnización constitucional el actor prefirió la ruptura de la relación laboral, la que tuvo lugar desde el momento mismo del despido." Así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2016 (10a.), por la idea jurídica que contiene, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Tomo I, julio de 2016, página 741, con número de registro digital: 2011992, de título, subtítulo y texto siguientes:

"SALARIOS VENCIDOS. PARA DETERMINAR SU MONTO NO DEBE TOMARSE EN CUENTA EL SUELDO SEÑALADO POR EL PATRÓN AL OFRECER EL TRABAJO. Para fijar el monto de los salarios vencidos a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta debe atender a lo expuesto por las partes en la demanda y en su contestación como monto del salario del trabajador y, en caso de controversia, a las pruebas que hayan ofrecido, cuya carga corresponde al patrón, en términos de los artículos 784, fracción XII y 804, fracción II, de la citada ley. Conclusión que se robustece con lo previsto en el artículo 89, primer párrafo, del propio ordenamiento legal, el cual establece que para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se tomará como base al salario correspondiente al día en que nazca el derecho a obtenerlas, siendo éste el del despido, por lo que debe atenderse al último salario percibido por el actor, alegado por las partes, y demostrado en caso de controversia. Por tanto, el salario del ofrecimiento de trabajo formulado por el patrón durante la tramitación del juicio laboral, superior al señalado en el apartado de hechos de su contestación, como propuesta conciliatoria a partir de la reinstalación, no puede tomarse en cuenta para fijar el monto de los salarios vencidos, toda vez que los efectos de la propuesta u oferta conciliatoria se dan hacia el futuro de la reinstalación y no al pasado, instante en que, precisamente, concluye la condena a su pago."

Por otra parte, también en suplencia de la deficiencia de la queja, este órgano de control constitucional advierte que la absolución decretada a favor de la demandada de pagar al actor (C) vacaciones por el último año laborado, bajo el argumento de que de la copia certificada de los recibos de nómina que obran en el sumario, se desprendía el pago continuo y permanente del salario del actor y, con ello, el de las vacaciones, en virtud de que el artículo 53 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, dispone que no procede su pago doble, resulta desacertada.

Para establecer las razones por las que se arriba a tal conclusión, resulta necesario destacar que las vacaciones de los trabajadores al servicio del Estado se encuentran reguladas en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz aplicable, que a la letra dicen:

"Artículo 53. Los trabajadores que tengan más de seis meses de trabajo ininterrumpido al servicio de la misma entidad pública, disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones de por lo menos diez días hábiles, con goce de sueldo, en las fechas que al efecto señale el calendario oficial correspondiente. Los periodos no podrán ser acumulados ni fraccionados y, en ningún caso, los trabajadores que laboren en los mismos, tendrán derecho al pago de salario doble."

"Artículo 54. Los trabajadores tendrán derecho a una prima vacacional, no menor del veinticinco por ciento aplicada al sueldo que les corresponda sobre los días hábiles del periodo vacacional."

"Artículo 55. Cuando por la naturaleza del servicio que presta la entidad pública o dependencia, éste no deba ser interrumpido o se requiera la prestación del trabajo para la tramitación de asuntos urgentes, el titular o responsable de la misma, a su juicio, podrá disponer se queden guardias de trabajo que atiendan las necesidades aludidas.

"Para la designación del personal que quedará de guardia, se utilizará el servicio de trabajadores que no tuviesen derecho a vacaciones en el tiempo que esto ocurra, si los que se quedasen de guardia tuviesen derecho a ellas, las disfrutarán dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que las mismas debieron iniciarse, a elección del interesado y previa autorización del titular."

De los citados numerales se colige que los trabajadores que tengan más de seis meses de trabajo ininterrumpido al servicio de la misma entidad pública, tendrán derecho a gozar de dos periodos anuales de vacaciones, de diez días hábiles cada uno, con goce de sueldo, que no podrán acumularse ni fraccionarse; esto es, que el trabajador que labore el periodo indicado obtiene el derecho al disfrute de dos periodos al año de vacaciones, pero no podrá disponer de ambos en un mismo lapso, ni menos de diez días en cada periodo.

Además, las vacaciones se disfrutarán en las fechas previamente establecidas en el calendario oficial correspondiente y, de resultar necesario no interrumpir las labores por la naturaleza del servicio que presta la entidad pública o dependencia, se dejarán guardias de trabajo que atiendan las necesidades aludidas (mismas que serán cubiertas de preferencia por el personal que no tenga ese derecho), sin que en ningún caso los trabajadores que laboren en las guardias tengan derecho al pago de salario doble; sin embargo, los empleados que laboren el periodo vacacional correspondiente y que tuviesen derecho a vacaciones, podrán disfrutar de las mismas dentro de los tres meses inmediatos siguientes a la fecha en que éstas debieron iniciarse, a su elección, previa autorización del titular de la entidad pública a la que pertenezcan.

En ese tenor, la limitante que prevé el citado artículo 53 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en el sentido de que los periodos vacacionales no podrán ser acumulados ni fraccionados y que, en ningún caso, los trabajadores que laboren en los mismos tendrán derecho al pago de salario doble, no es impedimento para que los operarios demanden el pago de los salarios correspondientes a los periodos vacacionales que no hubiesen disfrutado, incluso, durante todo el tiempo que duró la relación de trabajo, cuando el vínculo laboral haya llegado a su fin o, incluso, cuando la acción de reinstalación haya resultado procedente, como en el caso, ya que esa prohibición se entiende encaminada únicamente a su disfrute, por la cantidad y en los periodos estrictamente establecidos; pero no que no se tenga derecho al pago de tal prestación una vez que ya se hubiese generado, y se haya interrumpido la relación de trabajo, aunque posteriormente continúe en virtud de la referida reinstalación, porque en este último caso resulta evidente que ya no podrá disfrutarse de las mismas, por existir imposibilidad jurídica para ello.

Lo anterior es así, pues la lectura de los citados numerales permite establecer que, si bien un trabajador burocrático, una vez que laboró seis meses de forma ininterrumpida para una entidad pública determinada, obtiene el derecho a disfrutar cada año de dos periodos vacacionales (verano e invierno), de diez días hábiles cada uno, lo cierto es que debe gozar de ellos, rigurosamente, en los periodos contemplados en el calendario oficial correspondiente, mismos que no podrán acumularse o fraccionarse, atendiendo a las particularidades del servicio de la función pública; o bien, en el supuesto de excepción, cuando en el correspondiente periodo vacacional hubiese tenido que laborar, podrá gozarlas dentro de los tres meses inmediatos siguientes a la fecha en que ordinariamente debió disfrutarlas.

Luego, los trabajadores al servicio del Estado, a efecto de no interrumpir o entorpecer el adecuado funcionamiento del servicio público que desempeñan, únicamente pueden gozar de sus vacaciones en los periodos preestablecidos en el calendario oficial correspondiente, por regla general y, por excepción, dentro de los tres meses inmediatos siguientes a que de ordinario debieron disfrutarlas.

Ahora, este Tribunal Colegiado de Circuito ha establecido que cuando se reclama el pago de vacaciones por parte de un trabajador que ha generado el derecho de disfrutar de las mismas, ello conlleva la afirmación de que laboró el periodo vacacional que le correspondía, por haberse quedado a cubrir la guardia respectiva, en términos de lo dispuesto por el invocado precepto legal 55, párrafo segundo, de la ley en cita.

Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia VII.2o.T. J/24 (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Tomo IV, enero de 2018, página 2029, con número de registro digital: 2016065, del tenor literal siguiente:

"VACACIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. FORMA EN QUE SE GENERA EL DERECHO A SU PAGO, A PARTIR DE LA PRESUNCIÓN DE QUE SE LABORARON LOS PERIODOS RESPECTIVOS POR HABERSE CUBIERTO GUARDIAS, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Este tribunal, en la tesis aislada VII.2o.T.116 L (10a.), de título y subtítulo: ‘VACACIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR DICHA PRESTACIÓN CUANDO ALEGAN HABER TENIDO GUARDIA Y LABORAR EL PERIODO CORRESPONDIENTE (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 53 Y 55 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA).’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de junio de 2017 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio de 2017, página 3051, sostuvo que de la interpretación sistemática de los artículos 53 y 55 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se colige que los trabajadores al servicio del Estado, una vez que laboraron ininterrumpidamente 6 meses para una entidad pública, obtienen el derecho a disfrutar cada año de 2 periodos vacacionales, de 10 días hábiles cada uno, establecidos en el calendario oficial expedido para la entidad o dependencia a la que se encuentran adscrito

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30574-4cd9c756/vacaciones-generadas-y-no-disfrutadas-de-los-trabajadores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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