SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO "SALVANDO VIDAS", AL NO SEGUIRSE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVENIRSE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 14/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE MARZO DE 2022. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LA MAGISTRADA SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO, ASÍ COMO DE LOS MAGISTRADOS MOISÉS MUÑOZ PADILLA, JESÚS DE ÁVILA HUERTA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, RENÉ OLVERA GAMBOA, JACOB TRONCOSO ÁVILA Y ROBERTO CHARCAS LEÓN. DISIDENTE: OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA. PONENTE: ROBERTO CHARCAS LEÓN. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito correspondiente al veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en sesión celebrada vía remota, emite la siguiente:
SENTENCIA, mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 14/2021, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de contradicción.
2. Por medio del oficio **********,(1) firmado de manera electrónica por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se remitió la sentencia dictada por el propio órgano jurisdiccional al resolver el recurso de queja 257/2021 y se denunció la posible contradicción del criterio sustentado en esa resolución, frente al diverso sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja número 94/2021 de su índice.
3. SEGUNDO.—Admisión y trámite de la denuncia.
4. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno,(2) la presidencia de este Pleno de Circuito admitió a trámite el asunto, con el número de expediente de contradicción de tesis 14/2021 (actualmente contradicción de criterios), de conformidad con los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en congruencia con el numeral 9o. del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
5. En el mismo acuerdo admisorio, sobre la base de que el órgano jurisdiccional denunciante remitió, entre otras constancias, las sentencias dictadas en los recursos de queja 257/2021 y 94/2021, materia de la denuncia, únicamente se solicitó a la presidencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informara sobre la vigencia del criterio sostenido en el asunto de su índice.
6. En el propio auto admisorio, con fundamento en el artículo 6o., fracción VI, y 14, segundo párrafo, del Acuerdo General 17/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se ordenó dar aviso a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de criterios.
7. Por acuerdos de ocho y doce de noviembre de dos mil veintidós,(3) se recibieron las constancias solicitadas, esto es, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informó que el criterio sustentado en la queja 94/2021 seguía vigente; y, asimismo, se tuvo al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando por oficio **********, que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos, tanto en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, como en los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de algún asunto que guardara relación con la temática que aquí se plantea.
8. En el último acuerdo mencionado se ordenó el turno del asunto al Magistrado Jorge Cristóbal Arredondo Gallegos, a fin de que procediera a la elaboración del proyecto de resolución; sin embargo, con motivo de la conclusión de labores del Pleno en el año dos mil veintiuno, se devolvieron los autos de la contradicción de tesis 14/2021 a la presidencia del Pleno.
9. TERCERO.—Turno. Finalmente, mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós,(4) se acordó el turno de la contradicción de criterios al Magistrado Roberto Charcas León, adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
10. CUARTO.—Sesión virtual. Este Pleno de Circuito (sic) en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sesionará y resolverá el presente asunto de conformidad con los artículos 1, 2, 20 y 27 del Acuerdo General 21/2020 reformado por el diverso Acuerdo General 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
11. La resolución de este asunto se llevará a cabo de manera remota, por videoconferencia, mediante el uso de medios electrónicos autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracciones I, III y V, del referido Acuerdo 21/2020; y
CONSIDERANDO:
12. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en la fracción segunda del artículo primero transitorio(5) del Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio(6) del Decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el trámite y resolución del presente asunto se rige por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sostenidos por un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar (sic), en apoyo de un Tribunal Colegiado de Circuito, frente a diversos Tribunales Colegiados del mismo Circuito.(7)
13. Asimismo, se surte la competencia de este órgano colegiado para conocer de la presente contradicción de criterios conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de justicia federal, publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación", cuya parte conducente establece lo siguiente:
"PRIMERA.—En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta en tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."(8)
14. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la contradicción de que se trata proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(9) puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
15. TERCERO.—Contexto de los asuntos y posturas jurídicas. Por cuestión de metodología, en principio resulta oportuno dar a conocer el contexto de los asuntos que son materia de esta contradicción de criterios, así como los antecedentes y consideraciones sustanciales en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes para emitir sus respectivas resoluciones.
Contexto de los asuntos: Desde el 13 de noviembre de 2013, el Gobierno de Jalisco implementó el programa Salvando Vidas, el cual da cumplimiento a lo establecido en los artículos 72 y 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los cuales se prohíbe la conducción de vehículos bajo el efecto de las bebidas embriagantes y en caso de hacerlo se tienen contempladas sanciones como arrestos administrativos, pago de multas y retención de vehículos de motor.(10)
16. En ese contexto se suscitan los asuntos que forman parte de la divergencia de criterios, cuyos antecedentes y consideraciones se exponen a continuación:
17. PRIMERA POSTURA. Antecedentes y consideraciones de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 257/2021.
• Una persona, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, en contra del gobernador Constitucional, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Transporte y otras autoridades, todos del Estado de Jalisco, de quienes reclamó i) la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; ii) la cédula de infracción con número de folio ********** y, iii) sus demás consecuencias, esto es, el arresto administrativo y retención de un vehículo automotor que dice, es de su propiedad.
• Al respecto, la parte quejosa solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados, en los siguientes términos:
"1. SE SUSPENDAN LOS EFECTOS DE LAS NORMAS TILDADAS DE INCONSTITUCIONALES, LO QUE SE EXTIENDE AL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, MATERIA DEL ACTO RECLAMADO, POR LO QUE SE DEBE DE DEVOLVER EL VEHÍCULO RETIRADO DE CIRCULACIÓN CON BASE EN ESAS DISPOSICIONES, YA QUE ESAS PERMITEN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SANCIONAR Y LLEVAR A CABO MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE NO LES CORRESPONDE POR MANDATO CONSTITUCIONAL, LO CUAL ES EVIDENTE PUES NO HAY CONVENIO VIGENTE QUE LO JUSTIFIQUE, PUES NI SIQUIERA SE CITA COMO FUNDAMENTO EN LA CÉDULA DE INFRACCIÓN MATERIA DEL ACTO RECLAMADO.
"2. NO SE EJECUTE EL ARRESTO ADMINISTRATIVO QUE SE DESPRENDE DE LA CÉDULA DE INFRACCIÓN CON FOLIO ..., NI COMO REQUISITO PARA LA EXPEDICIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO TENDIENTE A RECUPERAR LA POSESIÓN MATERIAL DE MI VEHÍCULO ...
"3. SE DEVUELVA EL VEHÍCULO ... AL SUSCRITO, DEBIENDO COMUNICARSE Y ORDENARSE QUE SE ACATE TAL EFECTO DE INMEDIATO PARA CUMPLIMENTAR LA SUSPENSIÓN EN EL TIEMPO QUE LA LEY DE AMPARO DETERMINA, A QUIEN LO TENGA EN SU RESGUARDO, YA SEA UN CENTRO PARTICULAR O PÚBLICO.
"4. NO SE EJECUTEN LAS ORDENES VERBALES, ES DECIR, SE DEVUELVA EL VEHÍCULO AL SUSCRITO Y SE EXPIDA EL DOCUMENTO DE LIBERTAD PARA PODER RECUPERAR LA POSESIÓN DEL VEHÍCULO ..., SIN QUE SEA REQUISITO ESTAR ARRESTADO."
• Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 1423/2021, quien inició el trámite del incidente de suspensión relativo, en donde negó la suspensión provisional respecto de algunos actos y la concedió por otros.
En concreto, se negó la medida cautelar por lo que hace a la devolución del vehículo propiedad de la parte quejosa por no existir la apariencia del buen derecho necesaria para otorgarla; lo anterior, porque el automotor fue asegurado con motivo de la actualización de un ilícito, esto es, porque su conductor no estaba en aptitud de conducirlo por los grados de alcohol en su sangre. Máxime que esas medidas de seguridad realizadas por las autoridades de la Secretaría de Vialidad del Estado de Jalisco, fueron reclamadas de forma destacada y, por ende, de existir un pronunciamiento sobre esos actos, se estaría resolviendo sobre el fondo del amparo y dejándolo sin materia.
• Por otro lado, el juzgador de amparo concedió la suspensión provisional, en relación con el arresto administrativo, para efectos de que no se ejecutara esa medida de seguridad, hasta en tanto se resolviera definitiva sobre la suspensión. Ello, porque: "...como lo manifiesta el quejoso, el mismo no se encuentra recluido, pues tramitó un diverso juicio de amparo en el que se le concedió la medida cautelar para el efecto de que fuera puesto en inmediata libertad".
Recurso de queja.
• No conforme con la parte de la resolución en que se negó la suspensión provisional, la parte quejosa, por conducto de su autorizado en términos amplios, interpuso recurso de queja, del que por razón de turno le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito bajo el número de expediente 257/2021; y mediante sesión extraordinaria celebrada vía remota el trece de septiembre de dos mil veintiuno,(11) se dictó la sentencia respectiva, en la cual se declaró fundado el recurso y, consecuentemente, se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa.
• Para arribar a esa decisión, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, de entrada, anunció que los agravios resultaban fundados, con apoyo en los siguientes razonamientos jurídicos:
• Del análisis de los artículos 173 y 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, el Tribunal Colegiado advirtió, en primer lugar, que en la hipótesis de que un conductor maneje un vehículo automotor presentando una concentración de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se tendrá que imponer el arresto administrativo inconmutable y el vehículo será remitido al depósito público o privado concesionado correspondiente.
• Por otro lado, la infracción administrativa de que se trata es de carácter momentáneo (durante el lapso que dura el estado de ebriedad), en tanto que la retención del vehículo es de tracto sucesivo, pues aun después de recuperar la sobriedad el conductor, el vehículo permanece retenido, hasta tanto se lleve a cabo el trámite administrativo correspondiente en el que se exige la documentación que demuestre el cumplimiento del arresto.
• Con base en lo anterior, el órgano jurisdiccional precisó que los bienes jurídicos que se tutelan con la retención del bien mueble, son la vida, la integridad física y/o los bienes tanto del conductor como de terceros, puesto que tal retención tiene por objeto prevenir accidentes ocasionados por manejar automotores en estado de ebriedad, riesgo que finaliza cuando el conductor recupera la sobriedad y puede conducir sin atentar contra los bienes de que hablamos por manejar en estado inconveniente.
• Pero que, por meras razones de temporalidad, ha desaparecido el riesgo que supone que el quejoso conduzca el vehículo de su propiedad y, por tanto, se estima que la retención del vehículo ya no cumple con su finalidad y puede debe (sic) ser devuelto. Más aún, se advierte, para efectos de la suspensión, que la retención podría resultar desproporcional a la infracción administrativa cometida, por el costo económico que supondría para la parte quejosa la estancia del automóvil por un lapso prolongado en el depósito correspondiente, más aún si se toma en cuenta que el vehículo permanece retenido desde el **********, según narra el quejoso en el apartado de hechos de la demanda.
• De conformidad con lo anterior, el tribunal contendiente estimó que la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la retención del vehículo automotor conducido por el quejoso resulta procedente porque desapareció el supuesto peligro referido en la resolución recurrida, consistente en la conducción del vehículo en estado inconveniente, y por esas razones, se colma la apariencia del buen derecho.
• Consecuentemente, el órgano de control constitucional revocó el auto recurrido en la parte que negó la suspensión provisional y, por ende, procedió a concederla para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, ordenaran la devolución al quejoso del vehículo retenido, previa prueba de su titularidad.
• Lo anterior, con la acotación de que, con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, relacionándolo con el 7o. del Código Fiscal del Estado de Jalisco, la medida precautoria surtirá sus efectos si el quejoso constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora respecto a las multas que se hubieren generado con motivo de la infracción cometida por el conductor del vehículo; del pago de los servicios de arrastre y la pensión.
• Por último, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito no desatendió que en la resolución recurrida se citó como precedente el recurso de queja 94/2021 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; criterio que no fue compartido por el órgano contendiente y que motivó al tribunal a denunciar la posible contradicción de tesis.
18. SEGUNDA POSTURA: Antecedentes y consideraciones de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 94/2021.
• Una persona por sí y como representante de una persona jurídica, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y otras autoridades, de quienes reclamó destacadamente el arresto administrativo decretado en su contra, así como la retención del vehículo automotor que conducía y la negativa de su devolución.
• Sobre esa base, en la demanda de amparo la parte quejosa solicitó la suspensión provisional, para el efecto de que se ordenara la liberación del vehículo que dice es de su propiedad, cuya retención se realizó con motivo de la aplicación del programa "Salvando Vidas".
• Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió al Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 382/2021, quien inició el trámite del incidente de suspensión relativo y, en lo que interesa, negó la suspensión provisional solicitada, entre otras razones, porque la retención del vehículo que se reclama derivó de la ejecución del operativo "Salvando Vidas", por lo que estimó que no resultaba procedente conceder la medida cautelar, al no existir la apariencia del buen derecho necesaria para ese efecto.
• Además, porque el interés de la sociedad es prevenir accidentes derivados en (sic) la conducción de vehículos automotores por personas en estado de ebriedad y, en consecuencia, el Juez del conocimiento no consideró satisfecho el requisito de la no afectación al interés social, ni que exista la apariencia del buen derecho en favor del solicitante del amparo.
Recurso de queja.
• No conforme con la negativa de la suspensión provisional, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que por razón de turno le tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito bajo el número de expediente 94/2021, en el que mediante sesión extraordinaria celebrada vía remota el veinte de abril de dos mil veintiuno(12) se dictó la sentencia respectiva, en la que se declaró infundado el recurso. • Para arribar a esa decisión, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente declaró ineficaces los agravios expresados en el recurso, pues tal como lo resolvió el juzgador federal de origen, por un lado, la suspensión provisional solicitada no satisface el requisito legal exigido por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo y, por ende, no puede operar la apariencia del buen derecho; y, además, en caso de proceder a la devolución del vehículo del que se ostenta propietario el quejoso, implicaría resolver el fondo de la controversia principal.
• En ese contexto, el Tribunal Colegiado reforzó de manera oficiosa las consideraciones del Juez de Distrito, en los términos siguientes:
• La retención del vehículo por parte de las autoridades responsables ocurrió durante el programa de control y prevención de accidentes relacionados con la ingesta de alcohol y estupefacientes, el cual es implementado en términos del artículo 20 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, para impedir que personas en estado de ebriedad circulen en la vía pública manejando vehículos de motor.
• Del contenido de los artículos 48, 72 y 73 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, así como de los numerales 170 a 174 del reglamento de dicha legislación, se advierten como medidas de seguridad, entre otras, la interrupción o suspensión de la circulación del vehículo, en las hipótesis que las propias normas generales describen.
• En ese contexto y analizando el acto reclamado en el juicio de amparo –retención de un vehículo que deriva del arresto administrativo al conducir un automotor bajo una concentración de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado–, el órgano de control constitucional contendiente precisó que la ineficacia de los agravios deriva de que, de concederse la suspensión para el efecto solicitado (devolución del vehículo retenido), implicaría resolver el fondo de la controversia principal, lo que equivaldría a dejar sin materia el amparo, precisamente porque la retención del vehículo se reclama de manera autónoma. Es decir, lo anterior supone el análisis y valoración de los elementos de prueba allegados al juicio, a efecto de determinar si dicho acto se emitió o no conforme a derecho, en términos de los planteamientos de la parte quejosa.
• Además, el otorgamiento de la suspensión provisional conlleva la insubsistencia del acto reclamado, toda vez que sus determinaciones se concretan al resguardo del vehículo como medida de seguridad, por lo que la orden de su entrega a la parte quejosa provocaría que ya no existiera materia en el juicio de amparo; pues aunque no se desconoce que una suspensión puede tener efectos restitutorios en ciertos casos, ello no implica modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no se tienen antes de la promoción del juicio de amparo, según lo previsto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo.
• Luego, aunque el diverso numeral 147 de la Ley de Amparo establece que la suspensión puede llegarse a otorgar para restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, esa hipótesis no es irrestricta, sino que se encuentra expresamente acotada a que ese restablecimiento sea jurídica y materialmente posible; lo que se traduce en que los efectos suspensorios no alcancen el tema de fondo de la litis constitucional, o que dejen sin materia el amparo.
• En ese aspecto, el Tribunal Colegiado estimó que, de conformidad con el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, será requisito para la liberación del vehículo, presentar el acta de libertad emitida por el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, o el lugar que determine el Juez calificador, lo que implica como requisito indispensable que, para recuperar el vehículo retenido como medida de seguridad, deba acreditarse indefectiblemente que se cumplieron las horas de arresto legalmente impuestas al conductor, lo que constituye un requisito ineludible que debe satisfacerse, con independencia de que se acredite o no el derecho subjetivo de propiedad, pues finalmente esa medida de seguridad se complementa con la restricción de libertad temporal que debe cumplirse para acatar el propósito del citado programa antialcohólico, que es disminuir la irresponsabilidad de quienes manejan bajo el influjo de la sustancia.
• Por tanto, refirió el tribunal contendiente, al no advertirse que el conductor-quejoso haya cumplido con la presentación del acta de libertad referida, es innegable que no hay elementos para que sea concedida la suspensión provisional, pues con ello se le estaría reconociendo un derecho que no tenía antes de la presentación de la demanda.
• En esa medida, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito reiteró la ineficacia de los agravios, porque:
"...contrario a su señalamiento en el sentido de que al negar la suspensión el juzgador federal omitió ponderar el peligro en la demora de la violación al derecho de posesión del bien respecto de la contravención del orden público e interés social, porque de restituirle la posesión del bien no se estaría afectando el orden público ni el interés social, porque ha cesado la situación que lo pone en riesgo, dado que actualmente no se encuentra en estado de ebriedad; toda vez que, como se vio, es dable concluir que la decisión del a quo armoniza la intención del legislador en la previsión del programa antialcohólico detallado, en el que el aseguramiento del automotor enlaza la finalidad de que el conductor ebrio cumpla con el arresto, como un mecanismo que asegura que así se efectúe, pretendiendo concientizar con la sanción del peligro al que se expone y, más importante, al que expone a la sociedad en pleno, conduciendo un automóvil bajo los influjos del alcohol."
• El Tribunal Colegiado de Circuito también razonó que no procedía otorgar la medida cautelar bajo la apariencia del buen derecho aducida por la parte quejosa-recurrente, porque como ya se expuso, de examinar ese aspecto se resolvería el fondo del asunto y el amparo quedaría sin materia; aunado a que esa ponderación escapa del simple asomo propuesto en los agravios; y, sobre ese tópico, el órgano jurisdiccional acotó lo siguiente:
"...el presupuesto de la apariencia del buen derecho, se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; sin embargo, como ya se explicó, el problema jurídico que plantea la recurrente, no se basa en un conocimiento o análisis ligero de la cuestión debatida, sino de un verdadero estudio de fondo de la misma, de donde se colige que no es dable realizar una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, como equivocadamente se alega."(13)
• En esas condiciones, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito estimó que no era jurídicamente factible emprender, ni siquiera someramente, el análisis de la apariencia del buen derecho aducida por el recurrente, porque ello conllevaría un análisis del fondo del asunto, lo que es propio de la sentencia que se dicte en el principal.(14)
• En otro aspecto, el propio Tribunal Colegiado hizo las siguientes acotaciones en torno a la nueva regulación de amparo:
"...aun cuando se acepta que de acuerdo con la actual regulación en materia de amparo, la suspensión de los efectos de los actos reclamados pueda no sólo actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto perturbador se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada); lo cierto es que ello siempre será bajo la condicionante de que la suspensión no podría llevar a constituir derechos que el quejoso no tenía antes de solicitar la medida cautelar (lo que en la especie acontece, según se explicó, ante la falta del acta de libertad referida), pues la suspensión sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional, por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional.
"Esto, a reserva de que, al dictarse la sentencia, se consolide tal protección por estimar que efectivamente le asiste el derecho advertido en el examen preliminar del asunto que se hizo al conceder la medida; o bien, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado en razón de haber encontrado que a la parte quejosa no le asiste el derecho alegado."
• En ese tenor –dijo el órgano colegiado–, opuesto a lo esgrimido por el recurrente, el hecho de que con sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, así como sus argumentos expresados en su demanda y ampliación se llegara a acreditar la verosimilitud de sus derechos, ello resulta inconducente por sí mismo para obtener la suspensión con efectos de tutela anticipada, pues no se desconocen sus derechos de propiedad o posesión respecto del bien retenido, sino la falta del requisito restante, esto es, el acta de libertad que exige la normatividad aplicable. Lo anterior porque:
"...el análisis de la apariencia del buen derecho debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el Juez al resolver sobre la suspensión y, en este caso, el Juez de amparo al resolver sobre la suspensión provisional, analizó la demanda de amparo y ampliación correspondiente, de cuyos hechos relatados en las mismas bajo protesta de decir verdad, se advierte que opuesto a lo que alega la recurrente, no es posible advertir verosimilitud en el derecho que reclama para efectos de conceder la suspensión provisional en los términos solicitados, en razón de que de su propio dicho es posible conocer que el a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30587-502235e9/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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