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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE). LA FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LOS ACUERDOS A/058/2017, A/061/2017, A/002/2018, A/017/2018 Y A/032/2018, QUE CONTIENEN DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, NO AFECTA SU VALIDEZ SINO, EN TODO CASO, SU EFICACIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. · Registro digital (IUS): 30639
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-06-03
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN L
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo III, Pág.5160.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS EUGENIO REYES CONTRERAS (PRESIDENTE), PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ, RODRIGO MAURICIO ZERÓN DE QUEVEDO Y URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. DISIDENTES: ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y GILDARDO GALINZOGA ESPARZA, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, correspondiente a la sesión ordinaria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante oficio 2527 signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, se remitió a este Pleno de Circuito el escrito del autorizado en términos amplios de **********, por medio del cual se denunció la posible contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver los recursos de revisión 9/2015 del que derivó la tesis aislada I.1o.A.E.150 A (10a.), 502/2019 y 3/2020; así como los diversos 304/2019 y 400/2019, respectivamente.

SEGUNDO.—Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, el presidente de este Pleno de Circuito formó y registró la contradicción de tesis 1/2020, la admitió a trámite, solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes copia certificada de las ejecutorias emitidas en los amparos en revisión enunciados y les requirió para que cada uno rindieran su informe en cuanto a la subsistencia del criterio plasmado en las sentencias relativas.

TERCERO.—Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la presidencia de este Pleno de Circuito tuvo por desahogado el requerimiento precisado en el punto anterior, respecto del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencian en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

El veintitrés de septiembre siguiente se tuvo por desahogado el requerimiento referido, por lo que hace al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

CUARTO.—Mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, la presidencia de este Pleno de Circuito tuvo por recibido proveniente de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual se comunicó que no se advirtió en el Alto Tribunal la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar guardara relación con el tema materia de la presente contradicción. En dicho auto se turnó el asunto a la Magistrada Rosa Elena González Tirado, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

QUINTO.—En sesión celebrada, vía remota, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se determinó aplazar el asunto; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo ordenado en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el artículo 6 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, toda vez que la denuncia se refiere a criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa subespecializados.

No pasa inadvertido que con motivo de las reformas a la Constitución y a la legislación secundaria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, los Plenos de Circuito serán sustituidos por los Plenos Regionales; sin embargo, en términos del transitorio primero, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, la implementación de esos órganos está sujeta a que el Consejo de la Judicatura Federal emita los acuerdos generales conducentes, lo que a la fecha no ha acontecido, aunado a que en términos del artículo quinto transitorio del propio ordenamiento, este Pleno de Circuito debe resolver el presente asunto en términos de la normatividad aplicable al momento de su inicio. Para mayor claridad se transcriben los preceptos a que se ha hecho referencia:

"Transitorios

"Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo siguiente:

"...

"II. Las disposiciones relativas a los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, entrarán en vigor en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal."

"Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio."

SEGUNDO.—La denunciante de la contradicción de tesis se encuentra legitimada, en términos de lo dispuesto por los artículos 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, ya que se trata de **********, parte quejosa en uno de los asuntos que dieron origen al presente expediente.

TERCERO.—De manera previa se estima necesario tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los dos Tribunales Colegiados.

- Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones

I. Amparo en revisión 9/2015, resuelto en sesión de diez de marzo de dos mil dieciséis. En lo que es de interés para este asunto, las consideraciones de la ejecutoria emitida, por unanimidad de votos, son las siguientes:

"Son infundados los argumentos sintetizados en el inciso B) del apartado 5.2 precedente, en los cuales se aduce, en lo sustancial, que carece de eficacia y exigibilidad el PTFII, dado que no se notificó en forma personal a las quejosas, como lo exige el artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"De manera contraria a lo aducido, el PTFII no es un acto administrativo de efectos individuales, cuya eficacia se encuentre condicionada a su notificación personal, en términos de lo dispuesto por el precepto arriba mencionado.

"El artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone lo siguiente:

"‘Artículo 9. El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada.

"‘Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por éste al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia; así como los casos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de ésta u otras leyes, los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la Administración Pública Federal los efectúe.’

"El numeral transcrito señala que la eficacia y exigibilidad de los actos administrativos válidos se encuentra condicionada por su legal notificación al destinatario.

"El primer párrafo de la disposición en cita resulta genérico en su alusión a los actos administrativos cuya eficacia pretende regular, dado que no distingue de manera expresa si se refiere a actos de efectos generales o individuales.

"Por razones de consistencia sistémica, la disposición en estudio debe entenderse referida a los actos administrativos de efectos particularizados o individuales, y no generales como pretenden las quejosas.

"En su segundo párrafo se introduce una hipótesis de excepción a la regla contenida en el primero, consistente en que la legal notificación de los actos administrativos válidos no determinará su eficacia si dichas actuaciones se refieren a: a) el otorgamiento de ‘un beneficio al particular’; o, b) actos de inspección, investigación o vigilancia.

"La nota distintiva de los casos en mención que involucran el otorgamiento de un beneficio o la realización de actos de verificación, es que se dirigen a sujetos individualmente determinados, en tanto que la expresión ‘al particular’ empleada en su redacción denota un solo sujeto y no una generalidad.

"Por tanto, se estima que las normas contenidas en el precepto se refieren a actos administrativos de efectos individuales o particularizados.

"La postura precedente se corrobora con el contenido del diverso artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual contiene una regla complementaria a la disposición en estudio, en el sentido de que la publicación en el Diario Oficial de la Federación será la condición a la que se sujeta la eficacia de los actos administrativos de carácter general, tales como los reglamentos, los decretos, los acuerdos, las normas oficiales mexicanas, las circulares y formatos, los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que establecen obligaciones específicas en materia de competencia, y cualquier otro tipo de actos de naturaleza análoga.

"En el caso, el PTFII es un acto administrativo de carácter general, semejante en sus condiciones a las normas generales de naturaleza legislativa, al ser expresión del ejercicio del poder de creación normativa dirigido a regular un sector especializado de interés nacional.

"En relación con el tema en análisis –respecto de la naturaleza jurídica de las resoluciones emitidas por el IFT, en sustitución de la extinta COFETEL–, al resolver la controversia constitucional 117/2014, en sesión de siete de mayo de dos mil quince, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el siguiente criterio:

"• En la reforma de once de junio de dos mil trece al artículo 28 constitucional, se previó la existencia del IFT como un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado del desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

"• Para cumplir con la finalidad apuntada, el precepto constitucional en cita establece que el IFT tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes, así como la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.

"• En el vigésimo párrafo del artículo 28 constitucional se regulan, entre otras, las siguientes competencias generales, comunes al IFT y a la Comisión Federal de Competencia Económica: a) dictar sus resoluciones con plena independencia (fracción I); b) emitir su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada (fracción III); y, c) emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia (fracción IV).

"• El cúmulo de atribuciones y facultades constitucionales (competencias) previsto en favor del IFT es oponible a los tres Poderes de la Unión, en un ámbito material delimitado al desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Esto implica que, independientemente de lo que hagan los Poderes de la Unión, el IFT cuenta con un ámbito de poder propio que puede utilizar al máximo de su capacidad para realizar sus fines institucionales, como consecuencia de la titularidad de facultades constitucionales propias.

"• El IFT no tiene asignada una función jurídica preponderante, sino que conjunta las funciones de producción y aplicación de normas generales, así como de adjudicación.

"• La facultad cuasi-legislativa de producción de normas generales atribuida constitucionalmente al IFT es de naturaleza regulatoria, ya sea para emitir su propia normatividad orgánica (regulación interna), o bien, para dictar disposiciones administrativas de carácter general dirigidas a cumplir su función en el sector de su competencia (regulación externa).

"• El artículo 28 constitucional atribuye de manera expresa a las normas generales que el IFT puede emitir, la calidad de ‘disposiciones administrativas de carácter general’, las cuales tienen dos límites precisos, uno material y otro jerárquico.

"• El límite material implica que el IFT sólo puede emitir normas generales en el ámbito material de competencias en el que tiene poderes regulatorios, a saber: a) en el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y en los términos que fijen las leyes; b) en la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales; y, c) en la materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

"• El límite jerárquico ubica a las normas generales que el IFT puede emitir, ‘debajo de la Constitución y, en un peldaño inferior, también debajo de las leyes que emita el Congreso de la Unión’.

"• Los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica de la ley no son susceptibles de aplicarse a las disposiciones administrativas de carácter general que puede emitir el IFT, con el mismo grado de exigencia aplicable a los reglamentos expedidos por el titular del Poder Ejecutivo, dado que constitucionalmente se atribuyó a aquel instituto la facultad de emitir regulación autónoma de carácter general, aun ante la ausencia de una ley, siempre y cuando sea exclusivamente para el cumplimiento de su función reguladora en el sector de su competencia.

"• La deferencia apuntada se sustenta en el hecho de que el IFT es un órgano cuya autonomía y aptitud técnica son idóneas para producir normas en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede darse seguimiento en el corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera. Tales reglas son indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos irrealizables bajo la ley de la oferta y la demanda. De esta forma, el IFT se erige en un órgano constitucional autónomo investido de las atribuciones necesarias para regular las materias que se ubiquen dentro de su ámbito de competencia, al margen de los procesos políticos, sobre la base de racionalidades técnicas propias de los sectores especializados.

"• Constitucionalmente se estableció un esquema de división de trabajo para la producción normativa entre el legislador y el órgano constitucional autónomo (IFT) –uno para legislar y el otro para regular–, que no incluye un criterio material para distinguir con nitidez un espacio apartado y diferenciado reservado a cada uno de ellos, sino que se dispone de un espacio material común (sectores de telecomunicaciones y radiodifusión), a los que ambos están llamados a desplegar sus facultades de producción normativa de una manera concurrente.

"De las consideraciones sintetizadas se advierte que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los actos administrativos de carácter general que emite el IFT son semejantes en sus condiciones a las normas generales de naturaleza legislativa, al ser expresión del ejercicio del poder de creación normativa dirigido a regular ciertos sectores especializados de interés nacional.

"El criterio precedente se estima aplicable por extensión a la Cofetel, dada la identidad jurídica que guarda respecto del IFT que la sustituyó en su carácter de órgano regulador en la materia de las telecomunicaciones.

"Dado que el PTFII cuya aplicación cuestiona la parte quejosa es una disposición administrativa emitida por la extinta Cofetel dentro del ámbito material de su competencia regulatoria, entonces es dable considerar que se trata de un acto administrativo de carácter general.

"En consecuencia, la eficacia de dicho plan no se encontraba condicionada a su notificación individual a cada uno de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que conforman la generalidad a la que se dirigió, como lo exige el artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, precisamente por la indeterminación de cada uno de los sujetos que pudieran tener la calidad de destinatarios de dicho acto.

"Si la resolución por la que se expidió el PTFII se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil nueve, lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2o.; entonces aquel acto administrativo de carácter general resultó eficaz.

"Por tanto, son infundados los argumentos en estudio. ..." (Énfasis añadido)

II. Amparo en revisión 502/2019. Las consideraciones sustanciales, para efectos de esta contradicción de tesis de la ejecutoria emitida, por mayoría de votos, son las siguientes:

"Segundo, por otro lado, también es fundado el argumento en el que la inconforme sostiene que el a quo no analizó la litis en los justos términos en que fue planteada, ya que ésta no consistía en determinar si la autoridad le dio a conocer –o no– las disposiciones administrativas de carácter general que contienen la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales para el suministro de (sic) básico de energía eléctrica por algún medio electrónico o cualquier otro instrumento, sino en determinar si la autoridad incurrió en la omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación, la metodología mencionada, como lo ordena el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que surtan efectos jurídicos en la esfera jurídica de los usuarios finales, al tratarse de normas de carácter general, así como las memorias de cálculo y si el incumplimiento de esa formalidad produce la invalidez de las mismas por la violación a los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídicas.

"Se afirma lo anterior, porque –como lo aduce la inconforme– en el escrito inicial de la demanda y ampliación a la misma, la quejosa alegó, en esencia, que la Comisión Reguladora de Energía, en su carácter de dependencia de la administración pública federal centralizada, se encontraba obligada a publicar en el Diario Oficial de la Federación, las memorias de cálculo y las disposiciones de carácter general que contenían la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del servicio de suministro básico de energía eléctrica, plasmadas en los acuerdos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que dichas normas produjeran efectos jurídicos y se brindara certeza y seguridad jurídicas a los usuarios finales. "Luego, como se advierte de la literalidad de la sentencia, cuyas razones han quedado resumidas con antelación, el a quo sostuvo –en lo medular– en el considerandos sexto, que con motivo de la transformación de las instituciones del Estado y del derecho de acceso a la información se crearon otros medios de difusión diversos al Diario Oficial de la Federación, para dar publicidad a las decisiones y normativa expedida por las autoridades; que en el caso concreto, la Comisión Reguladora de Energía determinó que el medio de difusión oficial para la publicación de los acuerdos reclamados, que constituían las disposiciones de carácter general relativas a la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del servicio de suministro básico de energía eléctrica, era el Registro Público, previsto en los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 4o. y 16 del reglamento interno de la propia comisión.

"Y que, por tanto, al haberse ordenado la difusión de los acuerdos reclamados a través de un medio distinto al que alega la promovente, que además es el adecuado en función a su naturaleza y a la de la autoridad emisora, a su juicio, la Comisión Reguladora de Energía, no estaba constreñida a enviar al Diario Oficial de la Federación, para su publicación los acuerdos reclamados, lo que demuestra que los acuerdos reclamados constituyen la regulación económica relativa a las metodologías para determinar las tarifas reguladas del suministro de energía eléctrica; por tanto, no resulta contrario a derecho que la responsable no haya gestionado su difusión a través del Diario Oficial de la Federación, ya que ordenó su publicación a través del medio que determinó el legislador, el cual es un registro público.

"Sin embargo, aun cuando el a quo estableció al inicio de tal estudio que el vicio de inconstitucionalidad que la quejosa atribuía a los acuerdos reclamados radicaba en que no estaban publicados en el Diario Oficial de la Federación, no menos lo es que, no se dio respuesta a las cuestiones concretas planteadas en los conceptos de violación en cita y negó el amparo bajo parámetros diversos a la pretensión expuesta en la demanda y ampliación.

"Lo anterior, en tanto que el a quo omitió establecer si la publicación de las normas reclamadas en el Registro Público en cita cumplía la misma finalidad que la formalidad prevista en el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para las normas de carácter general (publicación en el Diario Oficial de la Federación) consistente en que surtieran efectos jurídicos para garantizar que por ese medio oficial, se otorgara certeza y seguridad jurídica a sus destinatarios, es decir, que éstos tuvieran conocimiento integral de esas disposiciones y de las repercusiones que podrían tener en su esfera jurídica y a partir de cuándo se actualizaría ese supuesto, pues ello constituía la base toral de la impugnación de la quejosa.

"Luego entonces, acorde a lo expuesto se llega a la convicción de que la razón fundamental de la que partió el a quo, para concluir que la falta de publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos reclamados, no incidía en su validez, se hizo sin considerar lo específicamente señalado por la quejosa en relación con la finalidad de esa formalidad.

"En consecuencia, por las razones indicadas, asiste la razón a la recurrente en la parte en la que sostiene que la sentencia sujeta a revisión es contraria a los principios de congruencia y exhaustividad y a lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, por no atender en su justa dimensión la litis planteada, lo que es suficiente para modificarla.

"Dado lo fundado del agravio analizado, deviene innecesario avocarse al estudio de los agravios que no se incluyen en el planteamiento desarrollado.

"Noveno. En las apuntadas condiciones y al ser suficiente el concepto impugnativo de la quejosa-inconforme, se procede, acorde con la fracción V del artículo 93 de la Ley de Amparo, a emitir la resolución correspondiente.

"En ese contexto, de los autos remitidos para la sustanciación de esta alzada se obtiene que, no existe alguna causal de improcedencia –de las planteadas por la autoridad responsable– pendiente de análisis ni se advierte de oficio que se surta alguna otra.

"En relación con lo anterior, resulta conveniente destacar que el Juez del conocimiento, en una parte del considerando cuarto de la sentencia recurrida estableció que no era conveniente estudiar si la quejosa tuvo conocimiento pleno de los acuerdos reclamados con base en los recibos de pago exhibido en autos, pues afirmar que no fue así, puede implicar una afirmación que se confunde con el diverso estudio, consistente en determinar si era o no necesario que los acuerdos se publicaran en el Diario Oficial de la Federación, como lo afirma la quejosa, precisamente para tener conocimiento pleno de los mismos. Se trataría, pues, de una inmersión en el estudio de fondo, siendo que en el presente considerando debe analizarse únicamente y por razón de método, la procedencia del juicio.

"Asimismo, que si el estudio sobre el posible consentimiento tácito de los acuerdos debe analizarse a partir de elementos que involucran el estudio de fondo, debe desestimarse la causal de improcedencia y hacerse el estudio de fondo respectivo en el apartado que corresponde.

"Y que además, la responsable no allegó algún elemento de convicción que demostrara la fecha en que la quejosa conoció de los acuerdos reclamados, o bien, de su primer acto de aplicación, lo que se destaca porque la oportunidad de la demanda toma como punto de partida el momento en que los acuerdos reclamados se materializaron, esto es, cuándo se aplicaron en perjuicio del gobernado por primera vez.

"Esa determinación no es controvertida en esta alzada por la parte a quien pudiera afectar; por tanto, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento en torno a la oportunidad de la impugnación de la quejosa.

"Sobre esa base, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda inicial y su ampliación.

"No se transcriben tales conceptos por no ser un requisito de la sentencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo.

"Sin embargo, para el estudio del asunto, se entregó a los Magistrados que integran este tribunal una copia legible e íntegra del escrito inicial de demanda y de su ampliación; asimismo, se agrega a los autos del presente toca, copia certificada de tales escritos.

"Y, como se precisó en el considerando previo, la quejosa sostuvo en los conceptos de violación, primero del escrito inicial de demanda y primero de la ampliación, respectivamente, que la Comisión Reguladora de Energía, en su carácter de dependencia de la administración pública federal centralizada, se encontraba obligada a publicar en el Diario Oficial de la Federación, las memorias de cálculo y las disposiciones de carácter general que contenían la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del servicio de suministro básico de energía eléctrica, plasmadas en los acuerdos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que dichas normas surtieran efectos jurídicos y se brindara certeza y seguridad jurídicas a los usuarios finales.

"Como punto de partida para el análisis de tales argumentos, resulta conveniente transcribir el artículo en el que funda su reclamo la quejosa:

"Ley Federal de Procedimiento Administrativo

"‘Artículo 4. Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos.’

"El precepto transcrito prevé que los actos administrativos de carácter general que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos ahí descritos (reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares, formatos, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones, acuerdos, manuales o disposiciones) expedidos por las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, para que produzcan efectos jurídicos.

"Ahora, a fin de determinar si los acuerdos reclamados cumplen las características aludidas, es decir, si se trata de actos administrativos de carácter general emitidos por alguna de las dependencias de la administración pública federal y, en consecuencia, si la autoridad responsable se encontraba obligada a cumplir con la formalidad aludida, resulta oportuno realizar las siguientes precisiones.

"El artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía.

"Por su parte, la Ley Orgánica de la Adm

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30639-b70b753b/comision-reguladora-de-energia-cre-la-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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