ACCIÓN CAUSAL. PROCEDE LA VÍA CIVIL CUANDO LA RELACIÓN JURÍDICA SUBYACENTE QUE DIO ORIGEN A LA EMISIÓN DEL TÍTULO DE CRÉDITO RESPECTIVO ES UN CONTRATO DE MUTUO.
AMPARO DIRECTO 93/2021. 13 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES. SECRETARIA: XÓCHITL ALICIA ROSALES PERAZA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Se adelanta que los motivos de inconformidad devienen infundados, por las consideraciones jurídicas que se expondrán a continuación:
La quejosa de forma medular expuso que el desechamiento de la demanda resultó ilegal porque se sustentó en un pagaré, el cual cumple con los requisitos establecidos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; que se soslayó el contenido de los artículos 75, 1093, 1104, fracción II, 1390 Bis 11 y 1390 Bis 12 del Código de Comercio y 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Que la autoridad responsable soslayó que la actora ejerció la acción causal con sustento en un título de crédito, por ende, estima procedente la vía oral mercantil y no considerarlo así, desnaturaliza el documento base de la acción.
Citó como aplicables las tesis de jurisprudencia y aisladas 1a./J. 65/2010, VI.2o. J/43, IV.2o.A.50 K (10a.), 1a./J. 33/2005, I.6o.T.175 L (10a.), 1a./J. 23/2020 (10a.) y I.7o.C.138 C, de rubros: "PAGARÉ. EL REQUISITO DE ESTABLECER EL LUGAR DE SU SUSCRIPCIÓN, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, SE SATISFACE AL SEÑALAR LA ENTIDAD FEDERATIVA DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN QUE AQUÉLLA SE REALIZÓ.", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", "SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.", "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.", "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL ISSSTE, CUANDO ORDENA A UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD REALIZAR DESCUENTOS ATRASADOS EN EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES, POR CONCEPTOS DE ‘PRÉSTAMO A CORTO Y MEDIANO PLAZO’.", "ACCIÓN CAUSAL. CUANDO SE EJERCE POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN CAMBIARIA, DEBE ATENDERSE A LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL NEGOCIO JURÍDICO SUBYACENTE, CON INDEPENDENCIA DE LO PACTADO EN EL TÍTULO DE CRÉDITO." y "ACCIÓN CAUSAL. EN LA EJERCIDA POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN CAMBIARIA, PUEDEN RECLAMARSE SÓLO LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL TÍTULO DE CRÉDITO."
Antes de analizar los motivos de inconformidad es necesario referir que el acreedor tiene dos vías establecidas en la ley, para hacer efectivo el derecho derivado de un crédito, toda vez que puede ejercer el derecho literal que en el documento se consigna, el cual puede tener causas diversas, mediante la acción ejecutiva, en términos de los artículos 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 391 del Código de Comercio, o bien, puede invocar o aducir la causa que dio origen al documento de crédito, incluso, cuando la acción ejecutiva ha prescrito, en términos del artículo 168 de la ley especial referida.
En cuanto a la vía en la que debe tramitarse la acción causal, en primer término, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 109/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, junio de 2010, página 192, con número de registro digital: 164423 y estableció lo siguiente:
"TÍTULOS DE CRÉDITO. LA PRESENTACIÓN DEL TÍTULO SUSCRITO POR EL DEMANDADO, ADMINICULADO CON SU CONFESIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LO SUSCRIBIÓ, Y LA NARRACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL SUBYACENTE EN LA DEMANDA, DESPUÉS DE PRESCRITA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, SON INSUFICIENTES PARA PROBAR LA ACCIÓN CAUSAL. La acción causal a que se refiere el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que subsiste después de prescrita la acción cambiaria directa, es aquella que eventualmente puede derivar de la relación causal que subyace a la suscripción del título de crédito, por lo que el juicio en que se ejercite dicha acción se regirá por las normas aplicables a la naturaleza de la acción de que se trate, en tanto que puede ser cualquiera que tutele el derecho que pretende reclamarse. Así, el actor debe probar en el juicio su acción, es decir, narrar y demostrar los hechos cuya actualización, en su concepto, dieron origen a la relación causal, a fin de que el Juez los valore y les atribuya la calidad y consecuencias jurídicas que en derecho procedan. Por ello y en virtud de que para probar la acción causal debe acreditarse la existencia de la relación causal, que es distinta e independiente del título de crédito, se concluye que la presentación del título suscrito por el demandado, adminiculado con su demanda, después de prescrita la acción cambiaria directa, son insuficientes para probar la acción causal, pues si bien tales probanzas pueden demostrar que existió la obligación cambiaria, no prueban la existencia de la distinta obligación cuya fuente es la relación causal subyacente en esa relación cambiaria. En efecto, el hecho de que determinada prueba, por sus características formales o de elaboración, es decir, por su continente, pueda producir valor probatorio pleno para demostrar hechos en general, no significa que, por su contenido, sea apta para acreditar los hechos que afirma su oferente; de ahí que en el supuesto referido el alcance probatorio tanto del título de crédito como de la confesión judicial se limita a demostrar la existencia de la obligación cambiaria extinguida por prescripción, e incluso indiciariamente pueden demostrar que el actor, de buena fe, pretende hacer valer la acción derivada de la relación causal subyacente a la suscripción del título, pero con ello no se demuestra que los hechos narrados sean ciertos, y mucho menos que merezcan la valoración jurídica que hace procedente la acción, pues tal extremo no es consecuencia ordinaria del hecho conocido demostrado. Además, no es jurídicamente válido revertir la carga probatoria en perjuicio del demandado para que, en su caso, demuestre no solamente lo que argumenta en sus excepciones o defensas, sino la verdadera naturaleza de la relación causal en que se sustenta la demanda, pues ello, además de implicar una indebida carga probatoria, puede desvirtuar la naturaleza del juicio entablado en su contra, que debe tramitarse en la vía y con los requisitos correspondientes a la naturaleza de la acción causal."
De ese criterio jurisprudencial obligatorio cabe colegir, en lo que interesa, lo siguiente:
a) La acción causal que subsiste al prescribir la acción cambiaria directa, es aquella que eventualmente puede derivar de la relación causal subyacente a la suscripción del título de crédito.
b) De esa manera, el juicio en donde se ejerce esa acción se regirá por las normas aplicables a la naturaleza de la acción de que se trate, que puede ser cualquiera que tutele el derecho que pretende reclamarse, que debe tramitarse en la vía y con los requisitos correspondientes a la naturaleza de la acción causal.
c) Conforme a lo anterior, el actor debe probar en el proceso los hechos que dieron origen a la relación causal, que es distinta e independiente del título de crédito. De esa manera, el título de crédito y la confesión de su suscripción sólo demuestran la existencia de la obligación cambiaria extinguida por prescripción e, incluso, indiciariamente que el actor de buena fe pretende hacer valer la acción derivada de la relación causal.
De igual manera, se tiene presente la tesis de jurisprudencia 1a./J. 51/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de carácter vinculatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que se reproduce a continuación, en donde se considera que cuando se plantea la acción causal en el supuesto de que la acción cambiaria haya prescrito o caducado, es indispensable revelar la relación jurídica o negocio que dio origen al título de crédito, porque es a partir de la determinación de esa relación subyacente que se puede ejercer plenamente el derecho de defensa y, además, determinar la procedencia de la vía, el tipo de acción que ha de ejercerse, la prescripción, etcétera.
La citada jurisprudencia se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 279, con número de registro digital: 2010007, y es del tenor siguiente:
"ACCIÓN CAUSAL. LA CARGA PROCESAL DE REVELAR LA RELACIÓN JURÍDICA QUE DIO ORIGEN AL TÍTULO DE CRÉDITO POR EL QUE SE EJERCE CORRESPONDE AL ACTOR, SIN QUE LA OMISIÓN DE EXPRESARLA SE SUBSANE CON LO MANIFESTADO EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, último párrafo, prevé la posibilidad de que el tenedor del título de crédito pueda ejercer la acción causal en caso de que la cambiaria haya prescrito o caducado, en cuyo caso, su procedencia forzosamente requiere revelar la relación jurídica o negocio que dio como consecuencia la suscripción del título de crédito, porque su naturaleza derivada de la propia denominación exige el cumplimiento de ese requisito. Así, la carga procesal de esa revelación recae en el actor, por ser quien precisa los hechos en los que funda su pretensión, la que debe motivarse adecuadamente, no sólo para lograr un fallo favorable sino, de manera concomitante, para dar oportunidad al demandado de conocer a cabalidad los hechos que se le imputan y darles respuesta. Lo anterior se justifica porque es en atención a las afirmaciones atinentes a la causa de pedir de las pretensiones, que se abre el proceso, se escucha al demandado, se reciben pruebas, se formulan los alegatos, y sólo respecto de esa precisa causa se puede resolver en el juicio. Además, porque la individualización de la relación causal tiene gran importancia en este proceso, pues de ella dependen aspectos como la procedencia de la vía, el tipo de acción que ha de ejercerse, la prescripción, etcétera, que pueden determinarse según el tipo de relación jurídica, de manera que si no se identifica plenamente el acto jurídico subyacente, se imposibilita el ofrecimiento de pruebas a cargo del actor y se impide la defensa del demandado, quien debe tener conocimiento de la causa que origina la pretensión de su contraparte para estar en aptitud de oponer sus excepciones y defensas; de ahí que la omisión del actor de expresar cuál fue esa relación subyacente, no puede subsanarse con la referencia que se haga en la contestación de demanda."
Acorde con lo anterior, como lo consideró la autoridad responsable, no puede aceptarse que en todos los casos la vía para ejercer la acción causal derivada de un título de crédito sea la mercantil, porque el específico procedimiento en el que debe ejercerse la acción causal dependerá de la naturaleza de la relación causal subyacente, que es distinta e independiente del título de crédito.
En ese sentido, si la relación jurídica subyacente al título de crédito es de naturaleza mercantil, la vía correcta para ejercitar el juicio será la mercantil, ya sea en juicio ordinario u oral.
Por otro lado, si esa relación jurídica subyacente al título de crédito es de naturaleza civil, la vía correcta para ejercitar la acción causal será la civil.
En el caso a estudio, la actora –hoy quejosa–, demandó en la vía oral mercantil y en la acción causal, de **********, el pago de ********** y otras prestaciones. Asimismo, la actora allegó el pagaré **********, en el cual se estableció lo siguiente:
"**********.—Préstamo a corto plazo.—Pagaré No. **********.—Nombre: **********.—RFC: (se indica).—No. Elemento: (se indica).—Corporación: **********.—Expediente (se indica).—Debo y pagaré incondicionalmente en esta plaza o en cualquier otra que se me requiera, a la orden de la **********, la cantidad de **********, misma que recibo a mi entera satisfacción por concepto de préstamo a corto plazo, de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal; 47, 48 y 49 de su reglamento; 170 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; suma que cubriré con sus intereses al 9% anual sobre saldos insolutos en un plazo de 36 quincenas, mediante la realización de 34 pagos quincenales consecutivos a partir de la quincena 12-2009, los cuales serán descontados de mi sueldo que percibo de la **********; autorizando a esta entidad para girar las instrucciones que correspondan a efecto de que se me apliquen estos descuentos; en caso de no realizarse los mismos, me obligo a notificarlo de inmediato a la ********** y a cubrir directamente a ella el importe de los adeudos vencidos. Para el caso de no cumplir con esta obligación, cubriré los intereses moratorios a razón del 27% anual sobre saldos insolutos, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.—Lugar y fecha de emisión: México, D.F., a 20 de mayo de 2009.—Fecha de vencimiento: 15-nov-2010.—Acepto: ********** (una firma). (se insertan cuadros denominados ‘bonificaciones pagaré anterior; deducciones; totales; importes del pagaré’)."
De lo anterior se advierte que en el título de crédito se precisó expresamente que la relación jurídica subyacente a éste es el préstamo a corto plazo entregado al demandado, como miembro de una **********, en términos de los artículos 41 y 42 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
En ese tenor, resulta necesario destacar que los artículos 41 y 42 de la citada ley disponen lo siguiente:
"Artículo 41. Los préstamos se concederán a un plazo máximo de 18 meses y se pagarán en abonos quincenales.
"Los préstamos se harán de tal manera que los abonos para reintegrarlos, sumados a los descuentos por préstamos para vivienda y a los que deban hacerse por cualquier otro adeudo a favor de la caja, no excedan del 50% del sueldo básico del interesado."
"Artículo 42. Los préstamos a corto plazo causarán un interés no mayor del 9% anual sobre saldos insolutos.
"Para garantizar los saldos insolutos de los préstamos se constituirá un fondo de garantía con una prima de aseguramiento que se descontará del valor de cada préstamo, con la cual en caso de muerte del acreditado, queden totalmente cubiertos los adeudos."
En tanto que los preceptos 47, 48 y 49 del reglamento indicado precisan lo siguiente:
"Artículo 47. La caja concederá préstamos a corto plazo, que se otorgarán en un término máximo de 36 quincenas, con intereses hasta del 9% anual sobre saldos insolutos."
"Artículo 48. El monto del crédito lo constituirá el capital y los intereses a devengar durante el plazo del mismo, lo que será la base para determinar los abonos iguales que deberán descontarse."
"Artículo 49. No se concederá un nuevo préstamo mientras permanezca insoluto el anterior. Podrá renovarse cuando hayan sido cubiertos los abonos correspondientes al 50% del adeudo y se pague la prima de renovación que fije el Consejo Directivo, de acuerdo a las condiciones financieras de la caja.
"Al renovarse el préstamo conforme al párrafo que antecede, se deducirá el saldo que falte de cubrir."
Al respecto, es relevante destacar que en términos del artículo 358 del Código de Comercio, ese préstamo sólo podría considerarse mercantil, si las cosas prestadas se destinan a actos de comercio o se contrae entre comerciantes. Así se obtiene del artículo invocado, que dice:
"Artículo 358. Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de éste. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes."
En el caso no se surten esos extremos, porque no consta que el préstamo hubiese tenido como destino un acto de comercio, ni que las partes se dediquen a actos de comercio, ni esto puede asumirse de alguna manera de su contenido, porque en términos de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, esa ********** es un organismo público descentralizado que tiene patrimonio propio, su objeto es administrar y otorgar las prestaciones y servicios establecidos en esa ley en beneficio de los elementos de seguridad, sus pensionados y los familiares derechohabientes. (artículos 1o., 3o. y 47)
Esas prestaciones son las siguientes: pensión por jubilación; pensión de retiro por edad y tiempo de servicios; pensión por invalidez; pensión por causa de muerte; pensión por cesantía en edad avanzada; paga de defunción; ayuda para gastos funerarios; indemnización por retiro; préstamo hipotecario; servicios sociales, culturales y deportivos; servicios médicos, seguro por riesgo del trabajo y préstamos a corto o mediano plazo. (artículo 2o.)
En términos del artículo 53 de esa ley, el patrimonio de la ********** se constituye, entre otros, por las aportaciones de los elementos, pensionistas, así como por el importe de los créditos e intereses de los préstamos concedidos.
Así, se colige que la ********** ejerce una función de seguridad social y prestaciones laborales complementarias, como lo es el otorgamiento de créditos al personal referido, con facilidades en su otorgamiento y pago mediante descuento a través del sueldo y un interés ordinario racional, equivalente al tipo legal en materia civil.
De esa manera, no se advierte que le corresponda a alguna de las partes el carácter de comerciante, en términos del artículo 3o. del Código de Comercio, ni que pueda considerarse comerciante, en términos del artículo 4o. de ese ordenamiento. Es conveniente referir que los citados preceptos establecen lo siguiente:
"Artículo 3o. Se reputan en derecho comerciantes:
"I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;
"II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;
"III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio."
"Artículo 4o. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas."
No es obstáculo a lo anterior, que en dicho documento se haya pactado el interés moratorio, a razón del 27% (veintisiete por ciento) anual porque, en primer término, los intereses moratorios tienen una finalidad indemnizatoria por la entrega tardía del dinero que, al margen de que puede ser sujeta de control de convencionalidad ex officio, no es determinante del carácter comercial de un acto.
Por otra parte, la referida **********, tiene facultad de administrar su propio patrimonio y éste se forma también con los intereses cobrados en los préstamos que otorga, lo cual a su vez sirve para que continúe la prestación a los elementos que integran dicha corporación, por lo que no se advierte una función lucrativa o de especulación.
De esa manera, toda vez que el organismo descentralizado con función de seguridad social otorgó un crédito a quien se estableció era elemento de esa corporación, sin que se advierta algún destino mercantil del crédito, por ende, ese préstamo no puede considerarse mercantil en términos del artículo 358 del Código de Comercio, tal como estimó el Juez responsable.
Así, no se surte el supuesto previsto en el artículo 1049 del Código de Comercio, el cual dispone que son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76 del mismo código, se deriven de actos comerciales. Además, tampoco beneficia a la quejosa el artículo 1o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque si bien es cierto que la primera parte del precepto considera cosas mercantiles a los títulos de crédito, pero también es verdad que se ejerció una acción causal, en donde, como se dijo previamente, lo relevante es la relación jurídica subyacente y las acciones que se rigen según lo dispuesto en la última parte de ese artículo: "por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos".
Asimismo, no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 75 del Código de Comercio, toda vez que no quedó demostrado que se tratara de un acto de comercio.
Bajo ese contexto, no favorecen a la quejosa las tesis 1a./J. 65/2010, VI.2o. J/43, IV.2o.A.50 K (10a.), 1a./J. 33/2005, I.6o.T.175 L (10a.), 1a./J. 23/2020 (10a.) y I.7o.C.138 C, que citó de rubros: "PAGARÉ. EL REQUISITO DE ESTABLECER EL LUGAR DE SU SUSCRIPCIÓN, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, SE SATISFACE AL SEÑALAR LA ENTIDAD FEDERATIVA DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN QUE AQUÉLLA SE REALIZÓ.", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", "SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.", "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.", "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL ISSSTE, CUANDO ORDENA A UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD REALIZAR DESCUENTOS ATRASADOS EN EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES, POR CONCEPTOS DE ‘PRÉSTAMO A CORTO Y MEDIANO PLAZO’.", "ACCIÓN CAUSAL. CUANDO SE EJERCE POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN CAMBIARIA, DEBE ATENDERSE A LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL NEGOCIO JURÍDICO SUBYACENTE, CON INDEPENDENCIA DE LO PACTADO EN EL TÍTULO DE CRÉDITO." y "ACCIÓN CAUSAL. EN LA EJERCIDA POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN CAMBIARIA, PUEDEN RECLAMARSE SÓLO LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL TÍTULO DE CRÉDITO.", porque en el caso a estudio no se desechó la demanda, en virtud de que el pagaré allegado no reúne los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sino que el sustento fue que la inconforme ejerció acción causal y, por tanto, la vía corresponde conforme al negocio subyacente que dio lugar a la emisión del citado documento, en este caso, conforme a la ley que rige al préstamo, el cual no fue mercantil.
Aún más, no se dejó en estado de indefensión a la quejosa, ya que el Juez responsable la previno y le dio oportunidad de que cambiara la vía y ésta tuvo oportunidad de formular consideraciones, pero insistió en la acción causal en la vía mercantil, no obstante que el documento base de la acción se originó en virtud de un préstamo.
Es infundado el argumento respecto de la transgresión a los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como a los principios de congruencia y exhaustividad de las resoluciones judiciales, e indebida aplicación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del artículo 75 del Código de Comercio, porque la quejosa sustentó su pretensión en la premisa incorrecta de que los conceptos de violación anteriormente examinados, debían prosperar; empero, esos motivos de disenso fueron desestimados.
Asimismo, cabe señalar que el artículo 1104 del Código de Comercio, que la quejosa estima infringido en su perjuicio, se refiere a la competencia del Juez para conocer de un asunto y, en el caso, la demanda no se desechó por una cuestión de competencia, sino porque se estimó que resultó improcedente la vía en la que intentó su reclamo.
De lo que se concluye que es apegado a derecho que la autoridad responsable haya estimado que, en atención al negocio subyacente que dio origen al título de crédito respectivo, no se trata de un préstamo de naturaleza mercantil, sino de un préstamo de dinero a un elemento de la Policía Preventiva, y que ello no constituye un acto entre comerciantes o acto de comercio, por lo que no es procedente la vía oral mercantil intentada.
Es conveniente referir que este Tribunal Colegiado de Circuito ha sustentado el mismo criterio al resolver, entre otros, los amparos directos ********** y **********, fallados en sesión de veintidós de octubre de dos mil veinte, así como los expedientes ********** y **********, resueltos el veintinueve de octubre del año pasado, el expediente **********, resuelto el veintisiete de noviembre del indicado año, así como el amparo ********** resuelto el veinticinco de enero de dos mil veintiuno.
Conclusión.
Ante la desestimación de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto que reclamó al Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, consistente en la resolución que puso fin al juicio, dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio oral mercantil **********.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Fortunata Florentina Silva Vásquez presidente, Ismael Hernández Flores y Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley mencionada y 79, 80 y 85 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 65/2010, VI.2o. J/43, 1a./J. 33/2005 y aislada I.7o.C.138 C citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXXII, octubre de 2010, página 105; III, marzo de 1996, página 769; XXI, abril de 2005, página 108 y XXX, diciembre de 2009, página 1439, con números de registro digital: 163596, 203143, 178783 y 165896, respectivamente.
Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2020 (10a.) y aisladas IV.2o.A.50 K (10a.) y I.6o.T.175 L (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 9 de octubre de 2020 a las 10:19 horas, 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas y 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 79, Tomo I, octubre de 2020, página 67; 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2241 y 73, Tomo II, diciembre de 2019, página 1022, con números de registro digital: 2022180, 2005777 y 2021198, respectivamente.
La tesis de jurisprudencia 1a./J. 51/2015 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30684-83a63159/accion-causal-procede-la-via-civil-cuando-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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