ESTADO DE INVALIDEZ. PARA DETERMINARLO ES REQUISITO QUE EL ASEGURADO ESPECIFIQUE EN LA DEMANDA LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO QUE OCUPÓ EN EL ÚLTIMO AÑO DE TRABAJO, A EFECTO DE RELACIONARLAS CON SUS PADECIMIENTOS Y SU IMPOSIBILIDAD PARA OBTENER UN INGRESO SUPERIOR AL 50 % DEL SALARIO PERCIBIDO EN ESE PERIODO.
AMPARO DIRECTO 724/2020. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIA: YOLITZMA YASMIN ROSALES MÁRQUEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio. Para mayor comprensión de esta resolución, los conceptos de violación se estudiarán por temas.
Cabe precisar que no es obligatorio transcribir el contenido del acto reclamado, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en el dictado de las sentencias de amparo, ya que los artículos 73 a 77 de la ley de la materia que rigen su dictado, no lo exige así.(6) Sin embargo, se ordena agregar copia certificada de ese documento a la presente ejecutoria.
Resulta preciso destacar que el análisis de los argumentos vertidos en el concepto de violación se realizará de manera conjunta, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.
Al respecto se comparte la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes:(7)
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."
Valoración de las excepciones opuestas.
En el capítulo de antecedentes del laudo reclamado, punto 3, el quejoso expuso que la Junta responsable no valoró las excepciones de prescripción, falta de acción y derecho del trabajador para demandar y la de oscuridad de la demanda.
Son infundadas las afirmaciones de que la Junta responsable no estudió la excepción de falta de acción y derecho, prescripción y oscuridad en la demanda que hizo valer pues, contrario a ello, de la lectura del laudo se aprecia que sí lo hizo, como se advierte del considerando IV que, en lo conducente, se transcribe a continuación:
"IV. En este contexto, por razón de método y atendiendo a la naturaleza de las excepciones opuestas, se procede al estudio de los presupuestos procesales, que en este caso consisten en la excepción de falta de acción y derecho, opuesta por el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual no constituye propiamente una excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer el demandado para retardar el curso de la acción o para destruirla, y la alegación de que la parte actora carece de acción, no entra dentro de esa división. Sine actione agis no es otra cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico solamente puede consistir en el que generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el de arrojar la carga de la prueba a la parte actora, y el de obligar al juzgador a examinar todos los elementos constitutivos de la acción, lo que se analizará en el transcurso de la presente resolución, por ir ligada con el fondo del asunto. Sirviendo de apoyo a lo anterior, lo señalado en la siguiente jurisprudencia:
"(se transcriben datos de localización)
"Sine actione agis (se transcribe texto)
"Por lo que hace a la excepción de oscuridad e imprecisión de la demanda, opuesta por el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, argumentando que existen diversas omisiones en la demanda de la parte actora, las cuales la dejan en estado de indefensión, debe señalarse que de autos se desprende que dicha demandada dio contestación a la demanda y opuso sus excepciones y defensas, lo que en consecuencia demuestra que no se encuentra en estado de indefensión como lo alega, razón por la cual se declara improcedente dicha excepción. Resultando aplicables las siguientes tesis:
"(se transcriben datos de localización)
"‘OSCURIDAD, EXCEPCIÓN DE. REQUISITOS DE LA.’ (se transcribe texto)
"(se transcriben datos de localización)
"‘OBSCURIDAD, EXCEPCIÓN DE. PROCEDENCIA.’ (se transcribe texto)
"(se transcriben datos de localización)
"‘EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD Y DEFECTO EN LA DEMANDA LABORAL, CUANDO ES IMPROCEDENTE LA.’ (se transcribe texto)
"Por lo que respecta a la excepción de prescripción que hizo valer el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de los artículos 279 de la Ley del Seguro Social derogada, y sus similares 300 y 302 de la Ley del Seguro Social vigente, tenemos que la pensión por invalidez es imprescriptible, toda vez que el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar es inextinguible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973, y su similar artículo 301 de la Ley del Seguro Social vigente, los cuales, en esencia, establecen lo mismo; al respecto, la última de las disposiciones jurídicas estipula lo siguiente:
"Artículo 301. (se transcribe texto)
"Por otra parte, si bien es cierto que el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar es inextinguible, también es cierto que cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo, prescriben en el término de un año, esto de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 279 de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973, y su similar artículo 300 de la Ley del Seguro Social vigente, los cuales, en esencia, establecen lo mismo; al respecto, la última de las disposiciones jurídicas estipula lo siguiente:
"Artículo 300. (se transcribe texto)
"Por lo anterior y de acuerdo con la disposición jurídica antes transcrita, y toda vez que la parte actora reclamó el otorgamiento y pago de la pensión de invalidez, así como sus prestaciones accesorias y asignación familiar, a partir de la fecha de la presentación de la demanda, esto es, a partir del 5 de agosto del año 2019, es a partir de ahí cuando nace el derecho al pago de la citada pensión, así como de sus prestaciones accesorias, por lo que se declara improcedente la excepción de prescripción opuesta por el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, lo anterior con fundamento en el artículo 134 de la Ley del Seguro Social, publicada el 12 de marzo de 1973 en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que no puede fijarse la fecha en que ocurrió el siniestro que provocó al actor la invalidez que reclama; asimismo, no existen datos o prueba alguna que establezca claramente la fecha en que la actora solicitó la pensión de invalidez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo anterior con apoyo en la siguiente jurisprudencia:
"(se transcriben datos de localización)
"‘INVALIDEZ. EL DERECHO A LA PENSIÓN COMENZARÁ DESDE EL DÍA EN QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO, Y SI NO PUEDE FIJARSE, DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O, EN SU CASO, A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CUANDO SE ACUDE DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (se transcribe texto)"
Por ende, si el quejoso en sus planteamientos alega que la Junta no analizó la excepción de falta de acción y derecho, de prescripción y oscuridad en la demanda y sí lo hizo, es incuestionable que parte de una premisa inexistente y, por tanto, es infundado.
Vicios formales del laudo.
En el preámbulo de los conceptos de violación se plantea que el laudo es ilegal, porque no se dictó a verdad sabida y buena fe guardada, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y debido proceso o garantía de audiencia; y no se dictó conforme a las leyes expedidas con anterioridad y los principios generales del derecho, transgredió los principios de exhaustividad, legalidad y seguridad jurídica, porque el laudo no está debidamente fundado y motivado.
Sobre este particular debe decirse que resulta inoperante por tratarse de afirmaciones genéricas sin sustento jurídico.
Esto es así, toda vez que el peticionario de amparo no hace valer ningún razonamiento para acreditar que el laudo viola el principio de exhaustividad, porque se transgreden las formalidades esenciales del procedimiento o el laudo no se dictó a buena fe guardada, ni se fundó y motivó, pues sólo se limita a denunciar la violación, sin hacer mayor razonamiento.
Cabe señalar que tampoco manifestó cómo es que estos principios impactaron en lo resuelto por la responsable, pues son meras afirmaciones sin sustento o fundamento que desvirtúen el laudo reclamado, luego, es al quejoso a quien le corresponde exponer razonadamente por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama o recurre y si no lo hace, como en la especie sucede al no decir cómo es que estos principios fueron aplicados en su perjuicio en el laudo reclamado, ergo, resultan inoperantes.
Cobra aplicación al presente caso, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO."(8)
Certificado de derechos, hoja indexa y el valor de la inspección ocular.
En otro orden de ideas, en el primer concepto de violación, el peticionario manifiesta, sustancialmente, lo siguiente:
- La responsable tuvo por cierto lo expuesto por la actora, porque no se exhibió la materia de la inspección en documentos físicos, y los presentados estaban incompletos, porque se desprendía un patrón en el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), que no estaba en el certificado de derechos.
- Que el instituto tiene la información contenida desde mil novecientos noventa y dos en forma electrónica, como se demostró y exhibió en la inspección ocular, no existiendo una sola hoja en físico, pues todos los movimientos afiliatorios, salarios y patrones quedan registrados en el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO).
- Que exhibió todos los documentos materia de la inspección, de los que se desprende la totalidad de aportaciones; sin embargo, la responsable manifestó que el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), no era el que se debió exhibir.
- Que si el actuario de la Junta tuvo a la vista la pantalla del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), no era requisito que se acompañara documento alguno para que se glosara a los autos, pues basta la certificación respectiva que se realizara en torno a lo que sus sentidos percibieron, aunado a que se le entregaron impresiones del actor, y que se le puso a la vista el sistema referido.
- La segunda consideración de la responsable refirió que las impresiones del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO) exhibidas, eran totalmente incomprensibles, y que su mandante era la única que tenía conocimiento para interpretarlas, además de que esta información se alteró y manipuló en perjuicio de la actora, lo cual era falso y erróneo y, consecuentemente, llevaba a condenar al pago de la totalidad de las prestaciones que le fueron reclamadas, pues en todo caso la actora debió acreditar tal supuesto.
- Que la responsable señaló que la hoja indexada no era un documento al que se le debiera otorgar valor, por lo que el certificado de derechos era incongruente.
- Que demostró el salario promedio a través de las constancias de cotización que exhibió en la inspección ocular.
- Que el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas se desprendía de la hoja indexada a dicha certificación, la cual fue creada a partir de la reforma laboral para los conflictos especiales de seguridad social.
- Que se le restó valor al certificado de derechos, por tener incongruencias en sí mismo, y las bases de integración del número de seguridad social lo desvirtuaban, siendo que era el documento oficial de control e información donde se ven reflejadas las semanas que un derechohabiente ha cotizado, tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario.
- Que contrario a lo establecido por la Junta, está debidamente firmado por el funcionario que contaba con facultades para ello (titular de la subdelegación), pues la parte actora debió demostrar que las firmas eran falsas o alteradas.
- Que el certificado de derechos expresamente señala las semanas y los salarios generados por la actora, por lo cual no existía ningún motivo de confusión ni oscuridad, pues en el formato que se utiliza hay dos tipos de pensiones por lo que les aplica la ley de 1997 y la de 1973.
- Que la responsable tuvo por cierto que la actora inició a cotizar desde mil novecientos noventa y dos, en forma ininterrumpida, con base a la integración del número de seguridad social, lo que es antijurídico, pues el manual de bases para demostrar cómo se integra el número de afiliación no es prueba para demostrar que existió una relación laboral, ni que estuvo aportando al régimen pensionario.
- Que la inspección ocular no puede desvirtuar el certificado de derechos, ya que el instituto no fue su patrón ni le dio aviso de los patrones, por lo que correspondía a la actora acreditar que sí laboró y cotizó los falsos salarios y semanas inexistentes.
- Que la inspección no puede surtir efecto alguno, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social jamás fue su patrón, y negó lisa y llanamente la existencia de las cotizaciones; de ahí que correspondía a la parte actora acreditar la existencia de las relaciones laborales.
- Que ilegalmente se condenó al pago de una pensión con base a un total de 1269 semanas de cotización, siendo que la actora sólo contaba con 259 semanas, así como reconocer un salario de $**********, cuando lo correcto era de $**********.
Tales argumentos son inoperantes, al ser sólo manifestaciones genéricas que no confrontan la totalidad de las consideraciones expuestas por la responsable, para no otorgar valor a la hoja de certificado de derechos, así como a la inspección ocular, siendo las siguientes:
- Que de las copias de las bases para la integración de los números de seguridad social, se acreditó que la actora fue dada de alta en el régimen obligatorio del Seguro Social en 1992, dado que el tercero y cuarto dígito del número de seguridad social **********, correspondían al año en que fue dada de alta, lo cual determinó se corroboró con el certificado de derechos exhibido por la demandada, del cual se desprendía que el primer movimiento laboral fue en el referido año.
- Que el certificado de derechos tendría valor pleno, siempre y cuando el trabajador no aportara prueba alguna, lo cual no acontecía, pues ofreció la inspección ocular en la que se desvirtuó la hoja de certificado de derechos, sin que fuera oponible el certificado porque su contenido fue el objeto de la prueba.
- Que la inspección ocular se ofreció para desahogarse en la Junta sobre los documentos consistentes en altas y bajas del régimen obligatorio de seguridad social, modificaciones al salario, constancia de semanas cotizadas, sin que fueran exhibidos.
- Que en el certificado de derechos se omitió asentar las semanas cotizadas con cada una de las patronales, pues sólo se anotaron los días cotizados, faltando al principio de transparencia.
- Que el certificado carecía del salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, pues en el apartado del salario promedio no aparecía dato alguno, sin que estableciera en ninguna parte dicho salario, por lo que se encontraba incompleto, al ser el documento oficial para establecer las semanas cotizadas y el salario promedio.
- Que no pasaba inadvertido que el demandado exhibió una hoja indexada, con las operaciones efectuadas para arribar al salario, empero, el documento oficial y válido para establecer el salario promedio era el certificado de derechos; además, que ni de los artículos 258 C y 258 D de la Ley del Seguro Social, Régimen 73, ni de los numerales 78, fracción II, inciso d), y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advertía que dicha hoja indexada formara parte del certificado de derechos, incluso no se encontraba establecida en tales normativas; aunado a que la hoja indexada carecía de los registros patronales que correspondieran a cada salario, siendo necesario su registro para que la jurisdicente pudiera valorarla adecuadamente, por lo que no produjo convicción.
Consideraciones emitidas por la responsable que no fueron controvertidas por el hoy impetrante de amparo, en sus conceptos de violación, y que tornan inoperantes los argumentos vinculados con la valoración del certificado de derechos y la inspección. Por lo que, tales consideraciones deben quedar incólumes y seguir rigiendo el sentido del fallo.
Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia III.2o C. J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes:(9)
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada."
En relación con los criterios de jurisprudencia y ejecutorias que cita, se refiere:
Ver criterios
En relación con los precedentes de los amparos directos **********, **********, **********, ********** y **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito; amparos directos **********, ********** y **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito; amparos directos **********, **********, **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito; y, **********, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, son determinaciones de otros órganos jurisdiccionales, que no constriñen a este órgano colegiado, ya que sólo nos obliga lo establecido en los criterios del Pleno y la Segunda Sala, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Pleno en Materia de Trabajo de este Circuito; amén de que cada juicio es distinto atendiendo a sus particularidades, que por sus variantes pueden o no prosperar sus pretensiones.
Y por lo que se refiere a los siguientes precedentes: amparos directos **********, **********, **********, ********** y **********, si bien corresponden al índice de este tribunal, tampoco es vinculante lo decidido en ellos, ya que fueron resueltos por un distinto órgano, a saber, por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en auxilio de este órgano.
Valoración de las periciales.
En parte del tercero (sic), cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo conceptos de violación el quejoso alega que el perito del actor y tercero en discordia no acreditaron los supuestos normativos establecidos en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, pues no externaron razonamientos mediante los cuales justificaran su afirmación en el sentido de: - Que con la ayuda de los dictámenes periciales debió señalar por qué existió estado de invalidez del actor, precisando de manera clara, objetiva y razonada los elementos por los cuales el trabajador presentó la imposibilidad de obtener la remuneración que refiere el artículo 128 de la Ley del Seguro Social.
- Que no señalaron cómo las enfermedades detectadas influían para no poder percibir el ingreso señalado, así como los motivos por los cuales el actor no podía desempeñar otro puesto que le permitiera obtener la cantidad de referencia, o por qué ya no pudiera desempeñar la última actividad que el actor realizaba mientras laboraba.
- Que no señalaron la forma en la que los padecimientos influyeron para que el actor no estuviera en aptitud de percibir un ingreso superior al cincuenta por ciento del que venía percibiendo habitualmente, durante el último año de labores, o por qué no podía desempeñar otro puesto que le permitiera obtener tal cantidad, así como en qué se basaron para afirmar que el actor ya no podía laborar en el puesto anterior.
- Que las periciales no resultaron idóneas para acreditar el segundo supuesto del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, y al ser el único elemento que proporcionó el actor para acreditar su acción, era claro que no lo acreditó.
- Que el dictamen del actor y del perito tercero no fueron suficientes para saber el origen de los padecimientos, pues no se sabía si derivaron de una enfermedad general o de un accidente no profesional; si eran irreversibles o incorregibles mediante algún método quirúrgico; y no se justificó que la imposibilidad física le generaron al actor los padecimientos para allegarse el 50 % de sus ingresos. Además de que no quedó demostrado el trabajo habitual del actor, para justificar que no podía realizar trabajo intelectual, así como que una persona de cincuenta años pudiera estar imposibilitada por el resto de su vida para continuar laborando, pues la responsable lo valoró como si el tercero fuera albañil, cargador u obrero.
Lo anterior es fundado, porque como se alega, la Junta no estaba en condiciones de imponer condena en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que la parte actora no demostró los extremos del artículo 119 (antes numeral 128) de la Ley del Seguro Social.
Dicho precepto establece que el estado de invalidez se define a través de la concurrencia de dos requisitos:
1) Que el asegurado no está en posibilidad de procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración laboral superior al 50 % (cincuenta por ciento) de la habitual que hubiere percibido en el último año de trabajo; y,
2) Que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. En ese sentido, es obvio que la prueba pericial médica es la idónea para demostrar que el trabajador tiene un padecimiento o accidente de origen no profesional.
Sin embargo, no puede decirse lo mismo tratándose del requisito previsto en la norma en examen, consistente en que el trabajador, a causa de ese padecimiento, no está en condiciones de obtener una remuneración en un monto superior al 50 % (cincuenta por ciento) de la que obtenía antes de aquél.
Por tanto, si bien al respecto opera la regla general prevista por el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, relativa a que las partes pueden aportar al juicio todas las pruebas que estimen necesarias para acreditar su dicho, excepto aquellas contrarias a la moral o al derecho, pruebas que tendrán que ser cuidadosamente analizadas por la Junta, tanto en lo individual como en conjunto, a fin de decidir si está o no demostrado el hecho de que se trata; cierto es también que dentro de las pruebas que el trabajador está en aptitud de rendir con este propósito, no debe excluirse la prueba pericial médica, porque es factible considerar que en ciertos casos, por las particularidades de los padecimientos no profesionales del obrero, dicha probanza puede evidenciar que éste no se halla en condiciones de obtener una remuneración en el monto considerado por el legislador cuando, por ejemplo, del citado dictamen se desprendiera con toda claridad la imposibilidad del trabajador para desempeñar su misma actividad o cualquier otra remunerada, al ser los padecimientos graves que le impiden realizar cualquier función, en cuyo supuesto puede afirmarse que esa prueba basta para acreditar los dos requisitos que definen el estado de invalidez.
Por tanto, para entender satisfechos los requisitos de la hipótesis del artículo 119 de la Ley del Seguro Social (128 de la legislación anterior), no basta demostrar a través de la pericial médica, que el trabajador sufre padecimientos o enfermedades que disminuyen su estado de salud, ni tampoco es suficiente que en el mismo dictamen se asiente por los médicos que, en su opinión, el trabajador reúne las condiciones previstas por el preindicado precepto legal en análisis, y se halla en estado de invalidez ya que, en todo caso, es preciso acreditar tanto el orden general o no profesional de los padecimientos, así como que el trabajador ya no puede, mediante un trabajo igual, obtener una remuneración en el porcentaje considerado por el legislador, para que sea la Junta quien, en ejercicio de su facultad de apreciación de las pruebas, cuente con los elementos necesarios a fin de decidir, de manera razonada y fundada, si de acuerdo con la prueba pericial médica y las demás pruebas rendidas por las partes en el juicio, está o no demostrado el estado de invalidez.
Ilustrativa sobre lo antes destacado resulta la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, identificada con el número 2a./J. 51/96, que dice:(21)
"INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Del artículo 128 de la Ley del Seguro Social se desprende que son dos los requisitos que han de satisfacerse para demostrar el estado de invalidez de un asegurado: que el mismo no esté en posibilidad de procurarse una remuneración laboral superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que hubiere percibido en el último año de trabajo; y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. Si bien es exacto que para demostrar la existencia del segundo de los requisitos mencionados, resulta idónea la prueba pericial médica, en cuanto aporta a la Junta los conocimientos técnicos y científicos necesarios para conocer la existencia de un padecimiento o accidente y el origen no profesional del mismo, no ocurre sin embargo igual tratándose del primero de los requisitos mencionados, a saber, la imposibilidad del asegurado de obtener una remuneración en el porcentaje especificado, toda vez que para demostrar este hecho el interesado goza de la facultad de ofrecer todas las pruebas que estime necesarias para acreditar su dicho, siempre que las mismas no sean contrarias a la moral o al derecho, pruebas entre las cuales puede figurar incluso la prueba pericial médica, cuando de la misma se desprenda, por las particularidades del caso o la naturaleza de la enfermedad o accidente, que el asegurado esté impedido para desempeñar alguna actividad con una remuneración como la establecida por el legislador, considerando que para resolver la cuestión propuesta, la Junta está obligada a analizar todas las pruebas que le rindan las partes, tanto en lo individual como en conjunto, a fin de establecer si está o no demostrado el estado de invalidez del asegurado."
Ahora, cabe señalar que el actor, en su demanda laboral, precisó que trabajó en los puestos siguientes:
- 1o. de enero de 1992 al 20 de diciembre de 1996, de ayudante general para la patronal **********.
- 2 de enero de 1997 al 2 de abril del 2000, de ayudante general para la patronal **********.
- 10 de abril de 2000 al 17 de mayo de 2004, de ayudante general, en la empresa **********.
- 20 de mayo de 2004 al 13 de septiembre de 2007, de encargado general **********.
- 20 de septiembre del 2007 al 12 de noviembre de 2008, de secretaria, (sic) en la empresa **********.
- 19 de noviembre de 2008 al 10 de junio de 2016, de encargado de piso, en la empresa **********.
Luego, en relación con las actividades, precisó:
"2. Con la finalidad de acreditar los extremos de la acción e ilustrar a quien aquí juzga, se mencionan las actividades que realizaba y que son las que ya no puede desempeñar mi patrocinado y la razón por la que no puede percibir salario alguno, enfatizando que son las actividades que ya no puede realizar y no las que producen el estado de invalidez, ya que la invalidez se desarrolló por el desgaste propio de la edad y el paso del tiempo derivado de enfermedades del orden general, sus funciones consistían en supervisar la calidad del producto; esta actividad implicaba cargar y descargar cajas, subir y bajar escaleras constantemente, toda vez que se encargaba de hacer inventarios del (sic) todo el producto en estas actividades tenía que subir y bajar escaleras para estar verificando el control del producto, estando en flexiones constantemente ya que verificaba caja por caja que se encontraba dentro del área de almacén así como en exhibición, esto implicaba estar por tiempos prolongados en cuclillas, tenía que transportar de un lugar a otro las cajas lo cual implicaba moverlas por ella misa (sic) jalando y cargado con ayuda de un gato-patín las cajas que contenían el producto con (sic) pero alrededor de los 50 a 70 kg, otra de su funciones era la de acomodar el producto para la exhibición, por lo cual en ocasiones tenía que subir cajas a una mesa para poder verificar y contabilizar las piezas; estas labores implicaban estar por varias horas de pie; otra de las actividades que realizaba era que tenía que estar (sic) supervisión del personal, ocasionando con tanto esfuerzo en la columna, brazos, muñecas, piernas y hombros. Esfuerzo r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30690-55356e3d/estado-de-invalidez-para-determinarlo-es-requisito-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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