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Modo: Corpus Pro

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD, EN SU VERTIENTE DE VACUNACIÓN. EL LEGISLADOR FEDERAL ES COMPETENTE PARA EMITIR NORMAS QUE LO DESARROLLEN E, INCLUSO, LO AMPLÍEN A TRAVÉS DE PRINCIPIOS Y REGLAS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN DETERMINADAS CONDICIONES RELACIONADAS TANTO CON FINES COMO CON MEDIOS. DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD, EN SU VERTIENTE DE VACUNACIÓN. ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO, BAJO LA REGLA DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROCURAR EL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA Y GRATUITA DE VACUNAS, TANTO EN CAMPAÑAS ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, SIN SACRIFICAR SU CALIDAD EN ARAS DEL AHORRO. DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD, EN SU VERTIENTE DE VACUNACIÓN. POR ANALOGÍA, LAS REGLAS Y PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LA LEY GENERAL DE SALUD APLICABLES AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL, DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE SALUD, CON LAS MODULACIONES CONDUCENTES Y DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS VACUNAS. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH (BNT162b2) A MENORES DE CINCO A ONCE AÑOS DE EDAD PARA PREVENIR LA COVID-19, CON EFECTOS DE TUTELA ANTICIPADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH (BNT162b2) A MENORES DE CINCO A ONCE AÑOS DE EDAD PARA PREVENIR LA COVID-19, DERIVADO DE QUE CUENTAN CON EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU OTORGAMIENTO PARA EL EFECTO DE QUE SE APLIQUE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH (BNT162b2) A MENORES DE CINCO A ONCE AÑOS DE EDAD PARA PREVENIR LA COVID-19, NO CONSTITUYE UNA VARIACIÓN ESTRUCTURAL EN LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO O UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN PROGRAMADO. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU OTORGAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH (BNT162b2) A MENORES DE CINCO A ONCE AÑOS DE EDAD PARA PREVENIR LA COVID-19, NO EXCLUYE DE LA VACUNACIÓN A OTROS GRUPOS DE LA SOCIEDAD MÁS VULNERABLES.

Tipo de asunto: QUEJA 258/2022. · Registro digital (IUS): 30854
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-08-26
Promovente: SUBDIRECTOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO A LA OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE SALUD FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo IV, Pág.4103.

QUEJA 258/2022. SUBDIRECTOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO A LA OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE SALUD FEDERAL. 17 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CLAUDIA ALEJANDRA ALVARADO MEDINILLA, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA. SECRETARIA: ROSA EMMA MUÑOZ RODARTE.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Previo a la calificación de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, es pertinente relatar los antecedentes jurídicamente relevantes del presente asunto, que se desprenden de las constancias que en copia certificada remitió el juzgado federal, a saber:

1. **********, en representación de su menor hijo ********** –actualmente de seis años de edad–, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos del titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, traducidos en:

"D) Acto reclamado: La negativa y omisión de garantizar el acceso a la salud de mi menor hijo, reflejándose en la negativa que se ha presentado de la aplicación de la vacuna contra el virus COVID-19 y sus variantes, la discriminación de la que es víctima, ya que al ser menor de edad y encontrarse en buen estado de salud, recibe la negativa de recibir la aplicación de la vacuna de referencia, ni tan siquiera puede tener acceso al portal para el registro a recibir la vacuna como es en: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, que sólo contempla a menores de 12-17 años, pero con alguna comorbilidad y/o ser mayor de 15 años o para recibirla de las responsables, debería radicar fuera del territorio nacional, como lo hacen en consulados mexicanos, en el vecino país Estados Unidos de Norteamérica, por lo que sin distinción ni discriminación alguna mi hijo debería estar incluido en el Plan Nacional de Vacunación contra el virus COVID-19 y sus variantes, máxime que el contagio está teniendo un repunte en la localidad y sin justificación legal alguna se le niega el acceso a la salud.

"Aunado a lo anterior, es de conocimiento público y general que las autoridades responsables de ejecutar el plan de vacunación realizan jornadas de vacunación en consulados mexicanos fuera de territorio nacional, convocando a recibir y aplicar vacunas a todos aquellos mayores de 5 años de edad, lo que evidencia la discriminación y negativa en contra de mi hijo a recibir la vacuna requerida, pues esta convocatoria se hace en territorio nacional, limitado a las personas mayores de 15 años de edad."

2. El Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, en acuerdo de veintisiete de enero del año en curso, ordenó la apertura del incidente de suspensión deducido del juicio de amparo número 160/2022, solicitó a las autoridades responsables su informe previo, fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental y concedió la suspensión provisional de los actos reclamados bajo las siguientes consideraciones y para los efectos precisados a continuación:

• En la especie, del análisis integral del escrito inicial de la demanda se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables, esencialmente, consisten en:

• La "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México" y, consecuentemente, la omisión de actualizar su cobertura a fin de prever la vacunación para niñas, niños y adolescentes entre los cinco y once años de edad.

• A la fecha, en México se han emitido diversos acuerdos con el fin de implementar diversas medidas de seguridad sanitaria, de prevención y control de la epidemia, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud e implementadas por las dependencias y entidades de la administración pública federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado.

• Como parte de las referidas medidas de control para enfrentar la COVID-19 se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra dicha enfermedad para disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad, por lo que con el fin de disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionadas por la COVID-19, se determinó inmunizar como mínimo el setenta por ciento de la población en México para lograr la "inmunidad de rebaño" con el virus SARS-CoV-2, por lo que el Gobierno de México emitió el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", actualizado el once de mayo de dos mil veintiuno, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19.

• A través de dicho documento, la Secretaría de Salud presentó la política nacional para ejecutar el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

• Dentro de los grupos de atención prioritaria referidos en el mencionado documento se encuentran los niños, niñas y adolescentes, empero, se refiere que: "Desafortunadamente ninguna de las vacunas que actualmente cuentan con una autorización de uso en emergencia a nivel mundial, tienen autorizado (sic) su aplicación en menores de edad (si acaso la edad mínima de aplicación de alguna de las vacunas es de 16 años)."

• De lo anterior se aprecia que aun cuando los niños, niñas y adolescentes están dentro de los grupos de atención prioritaria, de acuerdo con la Política Nacional Rectora de Vacunación, en el momento de su actualización, es decir, once de mayo de dos mil veintiuno, ninguna de las vacunas que en ese momento contaban con una autorización de uso en emergencia a nivel mundial tenía autorizada su aplicación en niños, niñas y/o adolescentes.

• Bajo ese orden de ideas, con base en un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y del interés social, la concesión de la medida precautoria para los efectos que fue solicitada, por un lado, no causa perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público y, por otro lado, al reducirse el derecho a la salud del infante quejoso por no tener acceso al plan de vacunación, se estima que de no concederse produciría efectos en su perjuicio y, con ello, a la sociedad.

• En ese contexto, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, correspondiendo al Juez Federal examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto.

• En ese orden de ideas, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en junio de dos mil veintiuno, dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años.

• Asimismo, el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el once de junio de dos mil veintiuno y, por unanimidad sus integrantes, emitieron una opinión favorable.

• De acuerdo con lo anterior, el veintidós de junio pasado la farmacéutica Pfizer, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó a la Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue dictaminada por expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del citado Comité de Moléculas Nuevas (CMN). Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de doce años en adelante.

• Ahora, si bien el infante quejoso no se encuentra dentro de dicho grupo etario [doce (12) a diecisiete (17) años], sino en el de cinco (5) a once (11) años, pues de la copia del acta de nacimiento que se adjuntó a la demanda de amparo se desprende que cuenta con la edad de seis (6) años, no se puede considerar como un obstáculo para no aplicar la inoculación referida pues, además, se debe tener en cuenta la gravedad de los actos reclamados, como lo es la omisión de las autoridades responsables de aplicarle al amparista la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad COVID-19, porque incuestionablemente incide en su salud y en su vida.

• En ese orden, debe tenerse presente que es de orden público e interés social la tutela de los derechos de los niños y niñas, por lo que, en el caso concreto, el derecho a la salud vinculado con la observancia del interés superior de la infancia en toda determinación adoptada por las autoridades en el ámbito de su competencia, evidencia la pertinencia de la suspensión; lo anterior, pues el acto reclamado consistente en la omisión de girar instrucciones para proporcionar la vacuna respectiva al infante quejoso perteneciente al grupo etario de cinco (5) a once (11) años, como medida preventiva del contagio de la enfermedad COVID-19, efectivamente pone en peligro su vida, lo que obliga en términos de ley al otorgamiento de la suspensión solicitada.

• Sin que pueda soslayarse que en el presente asunto se presenta un dilema, es decir, o se protege anticipadamente el derecho humano a la salud, traducido en la universalidad y gratuidad de la vacuna, incluso, a riesgo de que quede sin materia la sentencia del juicio de amparo, o se expone la salud y la vida de los menores quejosos, si se opta por conservar la materia para el fondo de la sentencia principal al negar la suspensión por ese motivo. La respuesta es obvia, habida cuenta que es de sobra conocido que la prolongada cuarentena como medida de contención de la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha venido a ser cada vez menos eficaz por la sociedad que por diversas necesidades económicas, sociales y hasta psicológicas ha debido regresar a su interacción social, lo que incrementa el riesgo de contagio que debe ser aminorado con una vacuna, la cual no se tenía al inicio de la pandemia.

• En consecuencia, por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, fracción V, en relación con los numerales 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo se concede la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa.

• Por ende, tomando en cuenta que de acuerdo con las etapas de la estrategia de vacunación a la fecha nos encontramos en la etapa cinco que va de junio de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintidós, que comprende al resto de la población, los efectos de la suspensión consisten en que las autoridades de salud señaladas como responsables, Secretaría de Salud y Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua, realicen lo siguiente:

• Dentro del plazo de cuarenta y ocho horas giren las instrucciones necesarias, en el ámbito de sus facultades, para que se aplique al infante quejoso perteneciente al grupo etario de cinco (5) a once (11) años la vacuna Pfizer-BioNTech, a fin de que esté inmunizado contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en la dosis y fórmula apropiada que resulte idónea acorde a su edad y condición física, dentro de la disponibilidad que de esas vacunas existan en esta entidad federativa para otros grupos dentro del esquema de vacunación que esté en curso, pues deben considerarse incluidos en la actual etapa de vacunación los infantes de dicho grupo etario, según lo expuesto en la presente resolución.

• Lo anterior deberá ser realizado bajo la más estricta responsabilidad de sus padres o tutores y previo conocimiento informado y firma del mismo que debe tener respecto de los posibles riesgos que implica la aplicación de la vacuna citada, que deben ser hechos de su conocimiento por la autoridad sanitaria, y conforme a las cuestiones de logística y disponibilidad, apliquen la vacuna.

• Es oportuno indicar que la aplicación de la vacuna al infante se encuentra condicionada a que los médicos del área correspondiente, o bien, el médico tratante del niño, en caso de tener algún padecimiento, estimen que es apta físicamente y conforme a su estado de salud, para recibir la vacuna y a que exista consentimiento expreso de los padres o tutores, junto con éstos, pues la oposición eventual del menor no es materia de esta resolución.

Determinación que se impugna en el presente recurso de revisión.

Por su parte, la autoridad recurrente señala esencialmente en sus agravios, lo que a continuación se sintetiza:

A. El a quo en franca contravención a los artículos 128, 129, fracciones V y X, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, emitió el auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el que concede la suspensión de plano al quejoso que tiene seis años de edad, sin que el acto reclamado, consistente en la negativa de inocular a los menores de edad contra el virus SARS-CoV-2, encuadre en alguna de las hipótesis previstas en el numeral 126 de la legislación en cita.

En esa tesitura, la falta de vacunación al menor de edad y el regreso a clases son circunstancias que por sí mismas no ponen en riesgo su vida, ya que su protección está garantizada por el Estado a través de diversas acciones.

B. Aunado a lo anterior, del contenido de las "Recomendaciones provisionales sobre el uso de la vacuna BNT162b2 de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19 en el marco de la lista de uso de emergencias",(3) de la Organización Mundial de la Salud que, entre otras cosas, prevé que en México los grupos de atención prioritaria son las niñas, niños y adolescentes de doce a diecisiete años con alguna comorbilidad o condición contemplada como sexto eje de priorización de vacunación, lo que en su momento garantiza el acceso a la vacuna.

Por otro lado, la suspensión otorgada por el juzgado federal, dados sus efectos, impide la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, en atención a que altera de modo sustantivo las etapas de vacunación, contrario a lo que dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo.

Lo anterior, de acuerdo con la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 9.0 de fecha 25 de enero de 2022, en la que no se prevé una etapa específica para la vacunación de menores de doce años, en razón de que no se cuenta con estudios y análisis específicos a gran escala de seguridad y eficacia de las vacunas para este grupo de población.

C. Reitera que no se satisface alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo que haga procedente la concesión de la suspensión de plano, toda vez que el único posible impacto que pudiera tener la negativa es no contar con un beneficio clínico que pueda aminorar la transmisión del virus o sus consecuencias, sin que ello pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de la vida del menor quejoso, además de que el otorgamiento de la medida cuestionada afecta al orden público y al interés social, pues es evidente que la política fue emitida en apego a lo señalado desde el ámbito constitucional.

D. El acuerdo recurrido es ilegal, toda vez que el a quo se extralimitó en sus facultades al dictar la suspensión de plano y desechar el incidente promovido en contra de dicha suspensión, sin aplicar la política de vacunación, cuando en el documento rector no se ha incluido al menor quejoso, determinación que es competencia exclusiva de las autoridades sanitarias que han emitido dicho documento.

Por lo que resulta procedente dejar sin efecto el proveído, en virtud del cual se desechó el incidente promovido en contra de la suspensión dictado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

La confrontación de las resumidas alegaciones contra el auto del que se duele la autoridad recurrente conduce a determinar su inoperancia, en la medida en que tienden a sostener que el Juez de amparo indebidamente concedió la suspensión de plano al menor quejoso para el efecto de que se procediera a su vacunación contra el virus COVID-19 y desechó el incidente promovido en contra de la suspensión dictado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, toda vez que, a su parecer, no se encuentran satisfechos los requisitos que para su otorgamiento establece el artículo 126 de la Ley de Amparo.

En ese contexto, los cuestionamientos de la autoridad disconforme toman como base un postulado falso, a saber, que en el controvertido constitucional que se estudia se decretó la suspensión de plano y se desechó un incidente de veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

Ello es así, pues como se evidenció al reseñar los antecedentes jurídicamente relevantes del caso, el auto recurrido se dictó dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 160/2022 del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y en dicho proveído, contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, aquí recurrente, no se concedió la suspensión de plano a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, sino que el titular del citado órgano de control constitucional, al estimar satisfechos los requisitos del diverso 128 del ordenamiento en cita, concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados.

Además, el trámite del citado incidente de suspensión se inició el veintisiete de enero de dos mil veintidós, por lo que en el controvertido constitucional de que se trata no pudo haberse dictado el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno al que se refiere la disconforme.

Luego, si los agravios expresados, lejos de consistir en razonamientos tendentes a evidenciar que las consideraciones que rigen el auto recurrido son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica, constituyen razonamientos que parten de una premisa falsa, es inconcuso que no combaten los motivos y fundamentos que sostienen la decisión del Juez de Distrito de conceder a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados que le solicitó, por lo cual resulta innegable su inoperancia.

Apoyan lo expuesto los criterios de rubro y texto que a la letra rezan:

"Registro digital: 173401

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Novena Época

"Materias: común

"Tesis: XVII.1o.C.T.36 K

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 1603

"Tipo: aislada

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN SITUACIONES, CONSTANCIAS O PRUEBAS QUE NO OBRAN EN LOS AUTOS DE DONDE EMANA EL ACTO RECURRIDO. Los agravios en la revisión deben consistir en razonamientos lógico-jurídicos tendentes a evidenciar que las consideraciones que rigen la resolución recurrida son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica; sin embargo, si esos razonamientos descansan o parten de situaciones, constancias o pruebas que no obran en los autos de donde emana el acto recurrido, ello torna inoperantes los agravios, por no contar el tribunal con elementos para determinar si son correctas o no las apreciaciones del recurrente."

"Registro digital: 2001825

"Instancia: Segunda Sala

"Décima Época

"Materias: común

"Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.)

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, página 1326

"Tipo: jurisprudencia

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." "Registro digital: 159947

"Instancia: Primera Sala

"Décima Época

"Materias: común

"Tesis: 1a./J. 19/2012 (9a.)

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 731

"Tipo: jurisprudencia

"AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo."

No obstante lo anterior, es necesario puntualizar que este órgano colegiado, como criterio reiterado, al resolver sobre el tópico de vacunación contra la COVID-19 a infantes de entre 5 a 11 años, ha analizado los siguientes temas:

A. Naturaleza y alcance de la suspensión en el juicio de amparo. B. Derecho a la protección de la salud y las distintas dimensiones que han sido reconocidas por la Suprema Corte. C. Interés superior de la niñez. D. Derecho a la vacunación conforme al marco legal vigente. Y E. La garantía para la eficacia del derecho humano a la salud, lo cual se ha estudiado a partir de los seis apartados siguientes:

A. La suspensión en el juicio de amparo

Como punto de partida conviene precisar que el artículo 107,(4) fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la posibilidad de que los actos reclamados en amparo sean objeto de suspensión, en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria.

Por su parte, el artículo 15,(5) párrafos primero y segundo, del mismo ordenamiento prevé, entre otras cosas, que el órgano jurisdiccional decretará la suspensión de los actos reclamados cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo.

El artículo 125(6) de la ley de la materia dispone que la suspensión se decretará de oficio o a petición de parte y el diverso 126,(7) en sus párrafos primero y segundo establece que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en esos casos, agrega el precepto, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

Fuera de estos casos, la suspensión se decretará a instancia de parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo que establece, en lo conducente, que "con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo", siempre que concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el quejoso; y

"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."

O, incluso, de oficio, pero siguiendo el trámite de la suspensión a instancia de parte, en los casos de extradición y siempre que se trate de algún acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, según lo prevé el artículo 127 de la ley en consulta.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada(8) que la existencia de esta regulación diferenciada obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo.

En los demás casos, ante la ausencia de este riesgo de consumación irreparable de la violación a derechos fundamentales de especial relevancia, la suspensión procede a petición del quejoso.

Además, de acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución y la interpretación teleológica subjetiva de ese precepto, cuando la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, el principal presupuesto de procedencia u otorgamiento al que debe atender el órgano de amparo es el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, pues es este "juicio de ponderación" la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora.(9)

En relación con esto último, conviene tener presente que la "apariencia del buen derecho" ya ha sido definida previamente por el Alto Tribunal –inclusive, así lo reconoce el Órgano Reformador de la Constitución en la exposición de motivos– y al efecto ha dicho, en síntesis, que la apariencia del buen derecho es un juicio de probabilidad o verosimilitud de la existencia del derecho alegado por la parte quejosa mediante el examen preliminar que se hace del fondo del asunto; de tal modo que conforme a un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.

En ese sentido, bajo la nueva regulación del juicio de amparo, en lo concerniente a la suspensión, se privilegia la discrecionalidad de los juzgadores en materia de amparo; de modo que, en principio, todo acto reclamado es susceptible de ser suspendido (con las excepciones expresas que establezca la Ley de Amparo, como por ejemplo, las referidas en los artículos 128 y 129) y esto deriva directamente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, pues como lo expuso el legislador en el proceso de creación de la actual Ley de Amparo, "la necesidad de acudir al proceso para obtener la razón, no puede perjudicar a quien tiene la razón." (Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación; de Estudios Legislativos, Segunda, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictamen, Cámara de Origen (Senadores); publicado en la Gaceta Parlamentaria 288 el 13 de octubre de 2011).

Ahora bien, una lectura sistemática de los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo que regulan la suspensión del acto reclamado, también pone en relieve que el Juez de amparo, para determinar si un acto en específico debe o no ser suspendido, en vez de atender a requisitos rígidos derivados de la ley, deberá realizar una ponderación entre distintos elementos como son la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención a disposiciones de orden público.

Efectivamente, acudiendo a la mencionada interpretación sistemática también es posible arribar a la conclusión de que lo relevante para resolver si se concede o no la suspensión respecto de un acto de autoridad concreto es que se actualicen los presupuestos consistentes en la apariencia del buen derecho, ponderado con la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.

Es decir, el nuevo diseño normativo de la suspensión en el juicio de amparo presenta un cambio sustancial en comparación con la forma en que se encontraba regulada la suspensión en la Ley de Amparo abrogada, pues ahora conforme a la Ley de Amparo vigente, la suspensión puede tener dos clases de efectos:

a) Un efecto conservativo (media conservativa).

b) El efecto de una tutela anticipada o anticipatoria, es decir, conforme a la actual Ley de Amparo la suspensión puede tener por efecto el restablecimiento en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (decisión o tutela anticipada), como se desprende del contenido del artículo 147 de la Ley de Amparo.(10)

En la primera parte del segundo párrafo del precepto citado se encuentran regulados los efectos tradicionales de una medida cautelar (medida conservativa), en tanto que ahí se establece que el Juez de amparo al otorgar la suspensión, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, aspecto que, evidentemente, parte de la premisa de que el acto reclamado no se ha ejecutado con todos sus efectos y consecuencias, por lo que la medida cautelar que se conceda tiene como propósito evitar que el acto reclamado se ejecute, particularmente, cuando dicha ejecución pudiere dejar sin materia el juicio de amparo ante una irreparabilidad absoluta.

La segunda porción del párrafo segundo del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30854-2f847d48/derecho-fundamental-a-la-salud-en-su-vertiente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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