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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA URGENTE AL GRADO DE PONER EN PELIGRO LA VIDA DEL QUEJOSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 186/2024. · Registro digital (IUS): 33025
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-02-28
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.550.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 186/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, CONTRA ALGUNAS CONSIDERACIONES, Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS, PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 186/2024, entre los sustentados por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y el Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco.

2. La problemática jurídica a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y de ser así, determinar si debe concederse la suspensión de plano en el amparo indirecto, tratándose de la omisión de brindar atención médica especializada al quejoso derechohabiente del **********.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio 1/2024, recibido en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, denunció la contradicción de criterios entre los sustentados por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito al resolver el recurso de queja 197/2023, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito al resolver el recurso de queja 342/2023, y por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 80/2019; por ende, lo registró con el consecutivo 44/2024; no obstante, en auto de quince de febrero posterior, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho asunto, porque los Tribunales contendientes pertenecen a diferentes regiones, por lo que se ordenó remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determinara lo que en derecho correspondiera.

4. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante auto de cinco de marzo de dos mil veinticuatro, se avocó al conocimiento del asunto y en cinco de junio siguiente, determinó por una parte, carecer de competencia legal para conocer de la contradicción de criterios planteada entre el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y el Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, en consecuencia, ordenó su remisión a este Pleno Regional para su conocimiento y por la otra, resolvió que es improcedente la contradicción de criterios denunciada, respecto del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

5. En razón de lo anterior, por auto de Presidencia de dos de julio de do mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio de denuncia de la presente contradicción, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el Máximo Tribunal, se formó el expediente electrónico y se registró con el consecutivo 186/2024, se admitió a trámite y en el mismo auto, se requirió a los contendientes informaran si los criterios de la posible contradicción se encuentran vigentes y que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de cada uno de los asuntos involucrados; también, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal que guarde relación con la temática planteada en este asunto, aunado a que se realizó el turno electrónico de éste.

6. Por oficio 3158/2024-II, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, informó que el criterio contendiente sustentado en el recurso de queja 342/2023, de su estadística sigue vigente; asimismo, hizo del conocimiento que autorizó la vinculación del expediente electrónico relativo a la contradicción de criterios en que se actúa, comunicación que fue acordada el ocho de julio de dos mil veinticuatro.

7. A través del oficio 5223, de cuatro de julio posterior, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, comunicó que se encuentra vigente el criterio que sostuvo al dictar la resolución en el recurso de queja 197/2023 y que puso las actuaciones respectivas a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

8. Por oficio DGCCST/X/655/07/2024, de doce de julio ulterior, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

9. Mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados que se encuentran dentro de la región Centro-Sur.

11. Además, la presente contradicción tiene como antecedente la contradicción de criterios 60/2024, de la estadística de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que mediante resolución de cinco de junio de dos mil veinticuatro, determinó lo siguiente:

“34. Ahora, en este caso, la denuncia que dio origen al presente asunto señaló como contendientes a los criterios pronunciados por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito y Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito.

35. Respecto de esos órganos jurisdiccionales se advierte que los dos últimos Tribunales Colegiados pertenecen a la jurisdicción de los Plenos Regionales de la Región Centro-Sur.

36. Resulta ilustrativo a lo anterior, la tabla que a continuación se inserta:

Ver tabla

37. Consecuentemente, dos de los criterios contendientes corresponden a la Región Centro-Sur y, por razón de materia, es el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, el competente, para conocer de la denuncia de contradicción de criterios, respecto de esos tribunales colegiados, con excepción del sostenido por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Centro-Norte).

38. Por tanto, continuando con los dos siguientes pasos de la metodología aplicable, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalmente carece de competencia para conocer de la contradicción de criterios denunciada entre los Tribunales Colegiados pertenecientes a la jurisdicción de los Plenos Regionales de la Región Centro-Sur.

39. En consecuencia, debe remitirse la denuncia de contradicción de criterios al Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, y en todo caso, una vez que se decida lo conducente y de subsistir un criterio contradictorio con el sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, será necesario presentar una nueva denuncia de contradicción de criterios.

(...)”

III. LEGITIMACIÓN

12. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien emitió los autos combatidos en los criterios en contradicción denunciados.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

14. Primer criterio contendiente. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, conoció del recurso de queja 197/2023.

15. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria pronunciada son:

16. Demanda de amparo indirecto y solicitud de suspensión. Una persona física promovió demanda de amparo, en la que señaló como autoridad responsable al ********** y otras, de quienes reclamó la omisión de brindar atención médica especializada en **********, así como la falta de suministros de medicamentos derivado de sus padecimientos y solicitó la medida cautelar, en los siguientes términos:

“... En términos de los numerales 128 y 138 de la Ley de Amparo y atendiendo a la apariencia del buen derecho y EL PELIGRO EN LA DEMORA solicito a su señoría se me conceda la medida constitucional DE PLANO para efectos de que a la brevedad se realicen el **********para la integración del expediente y se programe de manera inmediata la cirugía de **********, sin que me genere gastos, toda vez que por la situación en que me encuentro no cuento con recursos, por lo que pido que sean las responsables quienes se ocupen de los estudios, traslados e intervenciones que sean necesarias para que me permita una vida plena y activa, con la movilidad adecuada.

Se hace la mención que la parte quejosa, derivado de las condiciones ante la enfermedad COVID-19 que acontece en la entidad federativa, el actuar de la autoridad para su cumplimiento deberá estar ajustada los protocolos emitidos por las autoridades de salud, a efecto que la salud de la parte quejosa no se vea comprometida o perjudicada en caso de requerirse su presencia física ante el instituto de seguridad social.

Por ello, ante el riesgo de contagio que todavía existe a los derechohabientes y público en general que acude a las instituciones públicas de salud derivado del virus Covid-19, la autoridad responsable deberá implementar los mecanismos administrativos necesarios que le permitan a la parte quejosa- paciente tener acceso inmediato a la valoración médica, realización de estudios necesarios y la programación de cirugía, en su caso, lo cual deberá realizarse de manera urgente, sin dilaciones a fin de preponderar su derecho a la salud.”

17. Admisión de la demanda y apertura del incidente de suspensión. De dicha demanda, correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, que en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintitrés, la registró con el número 860/2023, y en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, ordenó abrir por cuerda separada el incidente de suspensión, precisó que no inadvertía que el promovente solicitó la suspensión de plano, pero dada la naturaleza del acto reclamado, consideró que no se actualizó algún supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo; así, en la incidencia referida, concedió la suspensión provisional para el efecto siguiente:

“... el **********, previa valoración médica de su situación de salud, otorguen atención médica integral al paciente..., acorde a sus padecimientos, y le suministren los medicamentos relativos.”

18. Recurso de queja. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del que por razón de turno, conoció el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, que por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite; lo registró con el consecutivo 197/2023, y en sesión de diez de mayo posterior, lo declaró parcialmente fundado, en consecuencia, modificó el acto recurrido.

Cuestiones jurídicas.

• En primer término, declaró infundados los agravios del recurrente en los que refirió que el juez federal debió conceder la suspensión de plano y no la provisional.

El tribunal contendiente, primeramente explicó, que de los hechos narrados y las pruebas aportadas en la demanda de amparo, desprendió que el quejoso padece **********, por lo que ha sido valorado para efectuar **********, asimismo, que le han sido efectuados ********** **********, y que en la última nota médica le fue reprogramada la cita; en consecuencia, tuvo la presunción de certeza de lo alegado por la quejosa recurrente, en el sentido de que necesita una cirugía y pese a que ya le han sido realizados diversos ecocardiogramas, seguían requiriendo otros, por motivos que no se mencionaron en la última nota médica, y que cuenta con una ********** que causa estragos en su salud.

• Sin embargo, el órgano colegiado destacó, que de los documentos de referencia, también apreció que la autoridad responsable ha dado seguimiento al referido padecimiento, tan es así, que la última valoración aconteció en el mes de abril de dos mil veintitrés; por ende, determinó, que si la pretensión de la parte quejosa era que la suspensión se decretara de plano a efectos de que se ordenara a la autoridad responsable llevar a cabo de inmediato la cirugía, que señaló requiere con urgencia, en ese momento procesal no era posible.

• El tribunal colegiado consideró que el juzgador actuó correctamente al conceder la suspensión provisional y señalar fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental, donde se resolvería sobre la medida en definitiva, esto, a la luz de las constancias con que contaba al momento de decretar dicha medida, de las que desprendió, que el recurrente solicitó la protección de su derecho a la salud, lo que así se hizo, ordenando que se prestara con prontitud la atención médica solicitada.

• Para clarificar la ineficacia del argumento, el tribunal colegiado contendiente estimó necesario relatar las diferencias que existen entre la suspensión provisional y la suspensión de oficio o de plano; en relación con la primera, indicó que se dicta cuando hay peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el impetrante de amparo, y surte el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva, en la audiencia correspondiente, y en todo caso, podría ser mayor el daño de no conceder dicha suspensión en los casos para los cuales está prevista; en cambio, dijo, la suspensión de oficio y de plano, se otorga cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.

• Es decir, precisó, es una medida que se decreta de plano en el mismo auto en que el Juez admite la demanda, y que ya no está sujeta a ratificación o rectificación en la audiencia incidental, mediante la concesión o negativa de la suspensión definitiva, en consecuencia, la concesión de la suspensión de oficio o de plano surte efectos semejantes a los de la suspensión definitiva, y no a los de la suspensión provisional, efectos que duran hasta que se dicta sentencia definitiva en el juicio de amparo.

• Por tanto, el tribunal colegiado concluyó que, aun cuando el quejoso señaló que es que urgente que le sea realizada una cirugía por encontrarse en peligro de perder la vida, la suspensión provisional concedida no le es desfavorable, en tanto, el juzgador ordenó a la responsable que otorgara atención médica integral acorde con sus padecimientos y suministrara los medicamentos relativos, con lo cual, se satisfizo la solicitud en el sentido que fuese valorado y fuesen brindadas las providencias médicas y clínicas pertinentes, idóneas, urgentes e inmediatas para atender sus padecimientos.

• En cambio, declaró fundados los restantes agravios, porque estimó que en la concesión de la suspensión, el Juez de Distrito perdió de vista el contenido de la demanda de amparo, donde refirió que el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el doctor especialista en **********, informó que su expediente no podía ser remitido al Comité Médico, porque no aparecía el disco compacto con los resultados del ********** que se le había practicado con anterioridad, por lo que ordenó practicar uno nuevo, previa solicitud y autorización del **********, en razón de que el referido Comité Médico sesionaría el diez y diecisiete de mayo siguiente y en la que se podría programar la cirugía de **********; que de no ser programado en esa fecha, tendría que esperar hasta el mes de agosto de dos mil veintitrés, para que fuera realizado el **********; asimismo, que ha ocupado de sus propios recursos para trasladarse a la **********, y acudir a la unidad médica que ahí se encuentra, que los viajes por su estado de salud han sido incómodos, incluso, el médico especialista ha señalado que no se encuentra en condiciones de viajar.

• Así, el tribunal colegiado estimó que era necesario que el juzgador federal ponderara dichos argumentos en los efectos de la suspensión provisional concedida, en razón de que el acceso a los servicios de salud constituye un derecho público subjetivo garantizado por la Constitución Federal, y que tal prerrogativa incluye la atención médica oportuna, lo que implica brindar todas las providencias médicas y clínicas pertinentes, idóneas, urgentes e inmediatas para atender el padecimiento del impetrante, con la urgencia que amerita el caso para el oportuno combate al padecimiento que afecta de manera particular la **********, dando el seguimiento pertinente, continuo, así como de ser necesario, la programación de la cirugía de ********** y los medicamentos necesarios para el restablecimiento de su salud, pues dijo, así lo exige el derecho humano a la salud que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los estándares básicos para proteger ese derecho de cualquier persona y de la sociedad en general, dirigidas a promover y restaurar la salud.

• Citó como apoyo la jurisprudencia P./J.136/2008 y tesis aislada 1a. LXV/2008, de rubros siguientes: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL.”, y “DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.” • En consecuencia, modificó los efectos de la suspensión provisional para: “**Que el ********** de inmediato, previa valoración médica de su estado de salud, le otorgue un tratamiento adecuado y sea atendido respecto de los padecimientos que manifiesta tener, ponderando su integridad física en caso de que requiera traslado a otra unidad médica en lugar distinto al de la clínica con sede en esta Ciudad Capital, asimismo de inmediato, le sean practicados los estudios necesarios, en especial el **********, así como que de inmediato se realicen todas aquellas gestiones administrativas y valoraciones médicas que sean necesarias para tratar sus padecimientos y de ser procedente una intervención quirúrgica se lleve a cabo la programación de la misma de inmediato que el caso amerite, surtiendo los medicamentos que requiera, lo que incluso podrá suceder de forma subrogada o a través de medicamentos patentados, siempre y cuando así lo requiera su estado de salud.”

19. Segundo criterio contendiente. El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, conoció y resolvió el recurso de queja **********.

20. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria pronunciada son:

21. Demanda de amparo indirecto y solicitud de suspensión. Una persona física promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables al ********** todos pertenecientes al **********, de quienes reclamó la omisión de brindar atención médica y no expedir la incapacidad correspondiente, asimismo, solicitó la medida cautelar, en los siguientes términos:

“... Con fundamento en la tesis que se transcribe a continuación, solicito se decrete procedente en el presente juicio, la suspensión de oficio y de plano con efectos restitutorios, ya que si bien es cierto que el presente juicio de amparo no versa sobre algún supuesto en el que la ley de amparo decrete procedente la suspensión de oficio y de plano con efectos restitutorios, también lo es que la tesis que se invocan, deja ver que la suspensión de plano y de oficio con efectos restitutorios que se solicita en el presente juicio, es procedente es casos específicos como el que nos ocupa, ya que está de por medio mi salud.

En ese sentido, solicito la suspensión de oficio y de plano con efectos restitutorios para los efectos de que se le ordene a las autoridades responsables que me brinde inmediatamente la atención médica que requiero, consistente en la realización de una ********** de mi **********, así como que a la brevedad se me expida la incapacidad pertinente para no perder mi empleo, aunado a que la responsable realice todo lo médicamente posible para brindarme la atención médica y a la brevedad posible, debido a la gravedad de mi padecimiento; Y EN CASO DE QUE LA RESPONSABLE NO CUENTE CON LOS INSUMOS, EQUIPOS MÉDICOS Y/O DOCTORES ESPECIALISTAS PARA REALIZARME LA OPERACIÓN QUE NECESITO, QUE A LA BREVEDAD SE ORDENE LA SUBROGACIÓN DE LA MISMA.

(...)”

22. Admisión de la demanda y apertura del incidente de suspensión. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco; en proveído de doce de diciembre de dos mil veintitrés, la registró con el número 2748/2023, y en esa misma data, ordenó abrir por cuerda separada el incidente de suspensión, porque dijo, así lo solicitó la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 128, de la ley de la materia; en el incidente respectivo, concedió la suspensión provisional para el efecto de que fuera proporcionada la atención médica necesaria al quejoso, y determinar su estado de gravidez, en el entendido de que debería realizar los estudios médicos conducentes, a fin de que estuviera en aptitud, en su caso, de expedir las incapacidades médicas por el tiempo que estimara necesario, hasta en tanto las autoridades señaladas como responsables recibieran notificación sobre la suspensión definitiva.

23. Recurso de queja. El amparista interpuso recurso de queja, del que por razón de turno, conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, que por auto de quince de diciembre de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite y lo registró con el consecutivo 342/2023, finalmente, en sesión de dieciocho de diciembre posterior, lo declaró fundado.

Cuestiones jurídicas

• Calificó esencialmente fundados los agravios, para lo cual, previamente hizo referencia al derecho fundamental de acceso a la salud y citó la jurisprudencia P./J. 136/2008 de rubro: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL”, así como la tesis aislada 1a. LXV/2008 de título: “DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS” y la diversa 2ª. CIX/2014 (10ª.), intitulada: “DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO.”

• Enseguida, señaló que de la revisión efectuada al acuerdo recurrido, advirtió que el juez de distrito después de admitir a trámite la demanda de amparo, ordenó tramitar el incidente de suspensión por cuerda separada de conformidad con el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que pone de manifiesto, dijo, que si el quejoso solicitó la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado, con motivo de la falta de atención médica reclamada, el juzgador federal debió pronunciarse al respecto, conforme a lo señalado en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

• Para sostener esa determinación, el órgano colegiado citó el contenido de los artículos 15, 125 y 126 de la ley de la materia, de los que indicó, se establecen los supuestos para conceder la suspensión a petición de parte y la de oficio, asimismo, se hace una distinción entre éstas; y, en cuanto a la de oficio, se distinguen dos posibilidades: la de plano y aquella en la que, siendo de oficio, debe abrirse el incidente relativo que habrá de tramitarse conforme a las reglas de la suspensión a petición de parte; y tratándose de la suspensión de oficio y de plano (artículo 126), se prevé que procede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; además, establece que debe decretarse en el auto de admisión de la demanda.

• En ese escenario, precisó, que del análisis efectuado a la demanda de amparo, el quejoso tiene un padecimiento en su ********** izquierda, específicamente una **********, respecto de la cual, solicita atención médica urgente porque requiere una cirugía ante las molestias que ocasiona; en consecuencia, consideró que no debe privarse al quejoso del servicio médico que requiere, pues estimar lo contrario, podría atentar no sólo con su salud física sino, eventualmente y bajo ciertas circunstancias o comorbilidades, su propia vida, lo que revela la imperiosa necesidad de que se le proporcione la atención médica que requiere y que se le otorgue la licencia correspondiente.

• En esa virtud, el tribunal contendiente indicó que la omisión de brindar al quejoso la atención médica que requiere, relativa a la cirugía que necesita con motivo del padecimiento de su **********, implica contravención al derecho fundamental a la salud que establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues se le priva del servicio médico adecuado, sin que exista una resolución que justifique la negatividad del derecho a tal prestación.

• En consecuencia, el tribunal colegiado determinó que, atendiendo a que el acto reclamado eventualmente y bajo ciertas circunstancias o comorbilidades, pudiera poner en riesgo la integridad, salud y vida del quejoso, declaró fundado el recurso de queja y concedió la suspensión de oficio y de plano solicitada, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que la autoridad responsable cumpla debidamente con la obligación de proteger y restaurar su salud, esto es, para que le proporcione de inmediato la atención médica que requiere, a fin de salvaguardar su integridad física, le suministren los medicamentos correspondientes, incluso, la o las cirugías que requiera, la rehabilitación que necesite, o en su caso, lo canalicen ante quien deba atenderlo y se le expidan las incapacidades médicas necesarias justificadas en la lesión y secuelas que presenta con motivo del accidente que refiere; con apoyo en las tesis aisladas I.18o.A.33 K (10a.) y I.13o.A.1 K (11a.) de rubros: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA.”, y “SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA, AL PONERSE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA E, INCLUSO, LA VIDA DEL QUEJOSO, AUN CUANDO EXISTA LA PRESUNCIÓN DE QUE EN UN DIVERSO JUICIO

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33025-3d4306a6/suspension-de-oficio-y-de-plano-en-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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